RAJOY MANTIENE EL PULSO

                          El conflicto diplomático entre España e Inglaterra por Gibraltar sigue “in crescendo”. Tras el diálogo entre Cameron y Rajoy ha quedado claro que hay que sentarse a negociar, que no se puede seguir mirando hacia otro lado ante las decisiones unilaterales que toman las autoridades gibraltareñas cuando les viene en gana. Rajoy, desde mi punto de vista, acierta al plantear que está dispuesto a suavizar las medidas de control y a ralentizar las que anunciara Margallo hace un par de días si se abre una mesa negociadora entre España e Inglaterra que incluya a autoridades del Peñón y de la Junta de Andalucía, frente al Foro Tripartito, que incluía a España, Inglaterra y el Peñón. Si el contencioso de Gibraltar atañe estrictamente a dos estados soberanos, España e Inglaterra, no tiene sentido que en la negociación se considere a Gibraltar como una tercera parte, en términos de igualdad, tal como en su día decidieron, erróneamente a mi juicio, gobiernos españoles anteriores; por tanto, considerando que los gibraltareños, como parte afectada, tienen algo que decir, si forman parte de la negociación también deben tenerse en cuenta los criterios de los españoles de la zona que, igualmente, son parte directamente afectada por las decisiones que pudieran adoptarse. Sólo desde esta perspectiva se podría entender la presencia de gibraltareños en la negociación. Dado que Gibraltar tiene un gobierno, democráticamente elegido, y que Andalucía también lo tiene, lo razonable es que, o se negocie bilateralmente entre España e Inglaterra, que sería lo más razonable, o, en caso contrario, que se haga a cuatro bandas (nunca a tres bandas) con la participación de los gobernantes gibraltareños y andaluces, quienes, al fin y al cabo, serán los más directamente afectados en cualquier decisión de futuro que se pueda tomar. Esta propuesta, como medida de presión, para suavizar entretanto los controles que España debe hacer en la frontera, deja la pelota en el tejado de Inglaterra, de quien depende, aceptándola o no, que, hasta llegar a un acuerdo satisfactorio, se tenga una actitud más o menos favorable a los intereses que puedan tener las autoridades gibraltareñas. Si tanto Cameron como Rajoy consideran “inaceptable” lo que sucede en Gibraltar, puede que, en efecto, ambos lleven razón, aunque con distintos argumentos. Lo realmente inaceptable por tanto es que, después de trescientos años, no se haya llegado a un acuerdo satisfactorio y basado en el Tratado de Utrecht que originó el conflicto, pues son demasiados los incumplimientos que, a lo largo de estos años, se han ido produciendo por parte de las autoridades y muchas las diferencias del contexto internacional, al extremo de que, hoy en día, la literalidad de aquel tratado y las circunstancias que lo motivaron, entre otras cosas, lo convierten en obsoleto, al margen de que la evolución jurídico-política del Peñón durante estos años para nada se corresponde con lo que, al respecto, se firmó en Utrecht. Ni siquiera caben ya razones internacionales de carácter estratégico o razones ideológico-políticas, tan utilizadas en épocas anteriores, que justifiquen este residuo colonial, anacrónico e impresentable, en territorio europeo y, menos aún, entre dos estados soberanos, socios y aliados, que comparten buena parte de objetivos sociales, políticos y económicos dentro de la UE.

                          Por lo demás, llama la atención la postura de IU en Andalucía sobre el asunto de los EREs fraudulentos que, con 116 imputados, es un grave problema para la ya más que mermada confianza de los ciudadanos en nuestros gobernantes. Que el vicepresidente actual de la Junta de Andalucía y destacado miembro de IU, arremeta contra la investigación de la jueza Alaya, que califica de lenta, y, en vez de aplaudir que, cueste lo que cueste, hay que llegar hasta el fondo del asunto, manifieste que lo que necesita Andalucía es “pasar página” y “pasarla conociendo el alcance de las responsabilidades política y penales” de este caso de corrupción, cuyos imputados están en situación de “indefensión” me parece impresentable, sobre todo porque, cuando estaba en la oposición y en plena campaña electoral el ataque a dicha presunta corrupción de la Junta fue uno de sus más acertados argumentos. ¿Acaso Alaya no está buscando las responsabilidades penales? ¿Qué responsabilidades políticas exige él y a quién se las exige?  Y es que no hay mejor forma de quitar la careta a nuestros políticos que darles un cargo de gobierno. Lamentable, se mire como se mire. Tan lamentable, pero, al menos, previsible, como que Artur Mas decida prorrogar los presupuestos de la Generalitat de Cataluña y llevar a los tribunales el reparto del déficit que ha hecho el Gobierno, máxime cuando ha sido una de las comunidades autónomas más beneficiadas y ha recibido más de 28.000 millones. En fin, más méritos de nuestros gobernantes para seguir cosechando mayores cotas de descrédito de las que ya tienen.

                          Por cierto, a propósito del descrédito, acabo de colgar en mi blog Ojo crítico, http://jcremadesena.blogspot.com.es/ un artículo titulado “Cuestión de credibilidad” que, desde mi punto de vista, es probablemente el principal problema que hoy padece nuestro sistema político.

                                               Jorge Cremades Sena