TERROR Y MÁS TERROR

                        Sin lugar a dudas las imágenes televisivas de las consecuencias del ataque del régimen sirio a los suburbios de Damasco con armas químicas, noticia que recogen en portada o destacan todos los diarios, acapara la atención, la rabia y el asombro de la comunidad internacional. Las imágenes no dejan lugar a dudas. Por encima de cualquier especulación son el reflejo del terror más espeluznante ejercido sobre una población inocente por parte de los maestros de la perversión. Y las palabras de un médico sirio (“por mis manos pasaron 50 niños, todos muertos”) en medio de un caos repleto de cadáveres y heridos, que se retuercen de dolor y de asfixia, ponen en evidencia que hay actuaciones intolerables que ni siquiera pueden tener la más mínima justificación aunque se trate de ganar una guerra. Que el Consejo de Seguridad de la ONU sea incapaz de ponerse de acuerdo y se conforme, ¡faltaría más!, con pedir “claridad” sobre lo sucedido sin ordenar una profunda investigación con sus propios técnicos para que tales atrocidades no queden impunes, demuestra una vez más la ineficacia de una organización que depende de los intereses o caprichos ideológicos de unas cuantas potencias. Que se siga manteniendo esta guerra cruel sin que haya una intervención internacional eficaz, desacredita, una vez más, el proyecto de un mundo globalizado y cohesionado en la búsqueda de un progresivo bienestar de los distintos pueblos que lo integran. ¿Nadie es capaz de evitar estas masacres? ¿Nadie es capaz al menos de castigar a los culpables cuando dichas masacres se han producido? Por lo visto, ni lo uno, ni lo otro.

            A propósito de estas preguntas, sería buen momento para que la Comunidad Internacional evitara a tiempo lo que puede convertirse en una segunda Siria. Me refiero a Egipto, que ha iniciado un camino hacia una guerra civil, como el iniciado por los sirios hace unos años. El encarcelamiento del jefe espiritual de la Hermandad y del depuesto presidente Morsi, junto a la excarcelación momentánea de Mubarak, que pasa a un arresto domiciliario, en nada favorece cualquier intento de diálogo que, al no ser exigido de forma contundente ni por la UE, ni por EEUU, ni por la ONU, ni por nadie, puede seguir esperando hasta que, como en Siria, sea demasiado tarde. No basta con suspender la exportación de armas a Egipto, ¡faltaría que siguiéramos armándolos hasta los ojos!, ni con aconsejar que no se siga la escalada de violencia, ni con escudarse en que lo sucedido en Egipto “es más complejo que un golpe”, ya lo sabemos. Se requieren, desde mi punto de vista, medidas mucho más contundentes y eficaces que impidan la consolidación de un nuevo régimen dictatorial que, precisamente por tratarse de algo “más complejo que un golpe”, ni siquiera le sería fácil conseguir y puede desembocar en un largo conflicto civil tras una fracasada estrategia de represión intolerable. Como supongo que ni la consolidación de un régimen golpista, ni el desencadenamiento de una guerra civil pueden satisfacer a la comunidad internacional, ésta tiene que poner todos los medios a su alcance para evitar ambos supuestos. ¿Acaso no tienen medios para hacerlo? Entonces, ¿para qué nos sirve? Que le pregunten a sirios o egipcios. O a tantos y tantos pueblos sometidos a regímenes dictatoriales más o menos sanguinarios.

Ante la envergadura de las noticias comentadas queda poco margen para las que suceden en España que, afortunadamente, ni por asomo tienen tanta trascendencia. El conflicto de Gibraltar, la investigación del accidente ferroviario, la supuesta malversación de fondos de UGT, junto a los permanentes incendios forestales (endémicos ya durante nuestros calurosos veranos), siguen su curso. En todo caso son los acontecimientos que rompen el lógico silencio durante las vacaciones de nuestros políticos que no desaprovechan la ocasión para seguir tirándose los trastos a la cabeza. Como era de esperar sobre el accidente ferroviario la oposición (especialmente el BNG e IU) le exigen responsabilidades al gobierno, el PP se las traspasa a la urgencia del ministro socialista Blanco por inaugurar el tramo, y el PSOE, por si acaso, mantiene un prudente silencio o leve ruido. El mismo que mantiene la oposición ante el escándalo en la UGT de Andalucía por presunto uso fraudulento de fondos europeos, donde, como en el caso de los EREs fraudulentos o en el caso Bárcenas, van conociéndose nuevos detalles que, según afecten los casos, reavivan el silencio de unos y el ruido de otros de forma bochornosa. Tan bochornosa como los tímidos y matizados apoyos, cuando no son veladas críticas, al gobierno en el asunto de Gibraltar que sigue enquistado y a la espera de esos observadores que, al parecer, serán enviados por la UE.

Y para que no falte de nada, Egibar, el líder peneuvista, manifiesta que cada vez “se impone más el que se piense y se actúe como un Estado vasco, porque el actual Estado, desde el punto de vista económico, está lastrando a Euskadi” añadiendo que “para lograr esa relación de igualdad hace falta voluntad política” y rematando que “lo que libre y democráticamente decida la ciudadanía vasca, será lo que tendrá que asumir el Estado. En fin, una oferta de diálogo en toda regla, al estilo del que exigen los independentistas catalanes. Es decir, dialoga, de igual a igual, para aceptar y someterte a lo que yo decida, pero omitiendo, aunque no tenga capacidad legal para decidir, entre otras cosas porque no soy igual que tú y sólo soy una parte de ti. Sólo le ha faltado afirmar con toda rotundidad que España está robándole a los vascos al igual que, según Artur Mas, roba a los catalanes, a pesar de que los vascos gocen del injusto, insolidario y anacrónico sistema de cupo o concierto económico. Pero, si se trata de hacer demagogia, qué más da. Si además advierte que el Gobierno español carece de capacidad económica y financiera “para solucionar vía pacto la situación de Cataluña”, es obvio que la solución sólo está en la siguiente disyuntiva: o se soluciona sin “vía pacto” o se disuelve el Estado español, cuyo gobierno es incapaz de solucionar los problemas de sus distintos territorios, cuyos gobiernos autónomos juegan permanentemente en su contra. Una disyuntiva que se resume en aplicar la legalidad con todas las consecuencias o permitir que la ilegalidad institucional acabe con el Estado. La elección es obvia.

Jorge Cremades Sena