En plena rebelión interna del PSC, el PSOE
decide finalmente poner fecha a la celebración de primarias para finales de
noviembre próximo, pero, casi antes de finalizar la reunión del Comité Federal,
ya está el asunto patas arriba. Algunas federaciones, como la madrileña o la
castellano-manchega, cuestionan el calendario, mientras que la ex ministra
Chacón, una de las previsibles aspirantes a la candidatura, pone el grito en el
cielo porque el Reglamento de las Primarias se ha aprobado “en dos horas” y sin
tiempo para “discutirlo y enmendarlo” (a diferencia del texto surgido de la
pasada Conferencia Política), acusando además a Rubalcaba de impedir “primarias
masivas” a diferencia de lo que se hace en otros países vecinos como Francia o
Italia. En fin, toda una declaración de intenciones o aviso a navegantes que,
teniendo en cuenta lo sucedido en anteriores primarias, como, por ejemplo, las
del PSOE de Andalucía, cuestionadas incluso por los aspirantes antes de ser derrotados
al final del proceso, albergan dudas sobre la limpieza de las mismas y la
necesaria objetividad de la cúpula dirigida por Rubalcaba y compañía.
Entretanto, se produce la enésima rebelión interna en el
PSC. Navarro, su secretario general, emplaza a los diputados díscolos e
indisciplinados a que entreguen sus actas de diputados autonómicos aunque sólo
sea por honradez personal. Se equivoca Navarro al decir “estoy convencido de
que estos tres compañeros van a renunciar a su acta, van a ser honrados y
coherentes”. Tararí que te vi. Uno de ellos, Marina Geli, ex consejera de
Salud, manifiesta tajantemente que no piensa tener el gesto de honradez y
coherencia al que apela Navarro y advierte incluso del riesgo de ruptura del
PSC si es expulsada del mismo, aunque niegue, de momentos, que pretenda crear
un nuevo partido. Los demás “compañeros” díscolos son del mismo parecer y, como
ella, se sienten reforzados ante las muestras de apoyo que a nivel interno les
están prestando otros compañeros para quienes, por lo visto, las decisiones
democráticas adoptadas por los órganos de dirección del partido carecen de
valor, valorando mucho más la apuesta minoritaria del partido de que, sí o sí,
como dice Artur Mas, se convoque el referéndum independentista. Una vez más,
nadie entiende que ni Rubalcaba, ni Navarro, sean capaces de ejercer la
autoridad democrática y, simplemente aplicando las normas de disciplina
interna, pongan a semejantes personajes fuera de la organización, aunque en su
expulsión decidan llevarse sus respectivas actas de diputados. ¿Para qué les
quieren como parlamentarios dentro de sus filas? Seguro que le hacen menos daño
a los socialistas y su credibilidad, dentro y fuera de Cataluña, si desaparecen
del grupo parlamentario socialista en el Parlament, ya que si siguen así no hay
por dónde cogerlos.
Tampoco
hay por dónde coger el cacao mental de Artur Mas y sus colegas a medida que
inexorablemente su locura se estrella contra los muros de la sensatez y se
incrementan sus despropósitos e incoherencias. Ni siquiera su reunión con el
xenófobo y euroescéptico Maroni, único líder político europeo que apoya el
objetivo independentista del catalán, se libra de las sinrazones de su utópico
proyecto soberanista y europeísta a la vez, especialmente cuando le aclara su
vocación europea (una contradicción más) al italiano quien, asumiendo la no
pertenencia a la UE en caso de consolidar la independencia, es más coherente y
honesto con su programa euroescéptico. Al menos, el italiano, asumiendo todas
las consecuencias, no engaña a nadie y, a diferencia de Mas, no tiene reparos
en reconocer que la hipotética independencia de un territorio europeo del
estado-matriz al que pertenece conlleva (como ya le han dicho a Mas por activa
y pasiva) la inmediata salida de la UE y que su hipotético regreso futuro, que
no inmediato, queda sujeto, entre otras condiciones, a la unanimidad de los
estados miembros.
Y
mientras el pulso de Mas al Estado Español y a la propia UE se estrella, una y
otra vez, contra la lógica y el sentido común democrático, el presidente
catalán sigue haciendo el ridículo dentro y fuera de España, manifestando que
siente “envidia” de lo que sucede en Escocia y que le gustaría que el gobierno
español actuase con “la misma mentalidad” que el británico, preguntándose que
“¿cómo se puede convencer a los catalanes de que no tienen derecho a votar?”
siendo “difícil parar un movimiento político y pacífico” y concluyendo con una
crítica al Gobierno español porque le hace “arrodillarse” para recibir créditos
ya que es “una ofensa a la dignidad del pueblo catalán”. Se olvida decir que no
es cuestión de mentalidad de un gobierno u otro, sino de legalidad democrática
que, surgida del devenir histórico de los distintos territorios y pueblos, cada
estado se ha dado; que Escocia, con una larga historia como estado
independiente, nada tiene que ver con Cataluña, jamás constituida como tal y,
desde el final del medievo, coautora con otros territorios españoles del estado
moderno español y, por tanto, perteneciente de forma indisoluble al mismo; que
Reino Unido y España, por su historia, conformación, estructura estatal y
legalidad democrática son radicalmente diferentes, siendo indecente exigir
medidas iguales para situaciones desiguales; que el problema no es convencer a
los catalanes de que no tienen derecho a votar, sino engañarles de que lo
tienen de forma torticera con mentiras y argumentos irracionales; que dichas
prácticas políticas fomentadas ilegalmente desde las instituciones
democráticas, asumiendo competencias que no tienen, demuestran que el
movimiento político independentista que lo hace tiene bien poco de pacífico y
fiable; que aplicar y obligar a cumplir los requisitos establecidos para los distintos
territorios de un estado por parte de quienes tienen la responsabilidad y
obligación de hacerlo no supone “arrodillar” a nadie, sino velar por el interés
general y el principio de igualdad; y, finalmente, que lo que realmente supone
una “ofensa a la dignidad del pueblo catalán”, o de cualquier otro pueblo, es
engañarle para justificar el derroche de su dinero en cuestiones identitarias
en vez de priorizarlo en garantizar sus necesidades básicas, es malversar el
erario público mediante comportamientos corruptos e ilegales de cualquier
índole, es dividir el pueblo entre buenos y malos según obedezcan o no las
consignas del régimen y, sobre todo, es transformar las críticas merecidas a
los gobernantes en ofensas a la dignidad de sus gobernados para vendérselas de
forma torticera y eludir así ante ellos el coste de su irresponsable y
temeraria gestión, a todas luces catastrófica. Fusionar territorios, pueblos y
gobiernos en entes monolíticos con destino en lo universal es puro fascismo. No
es indigno pedir créditos para financiarse y afrontar las necesidades del
pueblo que gobiernas, lo indigno es tener que pedirlos por haber derrochado los
recursos en gastos superfluos en vez de
invertirlos en mejorar la calidad de vida de los pueblos gobernados. Pero, en
este caso, el indigno no es el pueblo, ni el responsable tampoco; es el
gobernante por su irresponsabilidad o incompetencia. Si además pretende engañar
al pueblo para seguir ejerciendo semejante irresponsabilidad, señalando
enemigos externos inexistentes como los causantes de las penurias que el
gobernante provoca, el término “indignidad” es un halago ante el calificativo
que realmente debiera merecer semejante gobernante.
Jorge Cremades Sena
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