Sin la histórica “conjunción planetaria” que
anunció en su día Leire Pajín ante el hecho de que EEUU fuese presidido por
Obama y la UE por Zapatero de forma simultánea, el actual Presidente de
Gobierno, Mariano Rajoy, ha sido recibido por Obama en la Casa Blanca,
desencadenando en España una tormenta política entre el PP y casi todos los
partidos de la oposición. Algo insólito para cualquier observador extranjero,
pero habitual en España, donde, lamentablemente, unos y otros prefieren
analizar los acontecimientos en clave partidista aunque sean buenos para todo
el país en su conjunto. Que Obama haya reconocido a Rajoy sus logros económicos
(aún en fase embrionaria) y le recuerde que el reto está en la creación de
empleo (dos obviedades indiscutibles) debiera provocar un cierto sosiego cuando
no hace mucho lo que todos temían, incluido Obama, era una intervención en España
de padre y muy señor mío. Que el presidente de EEUU reciba de forma amistosa al
presidente de España o de cualquier otro país amigo, sólo puede ser analizado
como algo positivo. Que en este tipo de visitas, al margen de la cortesía
diplomática, se posibiliten futuros contactos de tipo económicos, tal como
demuestra el acompañamiento de importantes empresarios y las reuniones al
efecto en la agenda, es digno de elogio al margen de las inversiones que puedan
concretarse. Por todo ello, no se entiende que determinados líderes políticos
intenten minusvalorar el viaje de Rajoy o incluso lo ridiculicen. Tal como está
el patio, menos aún se puede entender.
Tampoco se puede entender que la violencia callejera se
imponga a decisiones gubernamentales, sean éstas de ámbito nacional, autonómico
o local. Es lo que ha sucedido en Burgos, donde la construcción de un bulevar
desencadena protestas callejeras violenta con quema de contenedores, rotura de
escaparates, detenidos y heridos…. que han hecho recular al alcalde paralizando
el proyecto al menos de forma temporal. Al margen de las razones o no de los
vecinos del barrio que no quieren el bulevar, al margen de la oportunidad o no
de la obra y al margen de la mayoritaria o minoritaria participación en la
protesta, lo cierto es que no se puede consentir que el vandalismo violento
anule las decisiones de los gobierno legítimos en democracia. Es lo peor que le
puede pasar a un sistema democrático cuando hay cientos de formas pacíficas de
oponerse a las decisiones por parte de quienes no las comparten, incluso la vía
judicial si dichas decisiones no se ajustaran a derecho. Todo menos imponer
violentamente la voluntad popular frente a la legitimidad gubernamental de
quienes precisamente el pueblo ha elegido libremente como sus gobernantes. Para
que luego nos rasguemos las vestiduras ante una reforma de la Ley de Seguridad
Ciudadana que, como ven, a todas luces es insuficiente y no da respuestas
adecuadas a los desafíos que los violentos someten a los demócratas.
Menos aún se entiende que Urkullu se ofrezca a la Moncloa
como garante del final de ETA. Los últimos acontecimientos ponen de manifiesto que
ni los “abertzales” están en disposición de garantizarlo. Más bien parece que
tienen razón quienes, como Arantza Quiroga, la presidenta del PP vasco,
manifiestan que “Urkullu ha cometido un grave error” al dar cierta cobertura al
proyecto totalitario de ETA en lugar de defender sin fisuras la libertad. A
Euskadi, como en Cataluña, sólo les falta que los partidos supuestamente
democráticos (y por tanto respetuosos con las reglas de juego constitucionales)
se les nublen las neuronas de sus dirigentes más sensatos y cualificados
colocándose del lado de quienes consideran la democracia como oportunidad de
consolidación de sus proyectos liberticidas.
Y, como siempre, hablando de corrupción o conductas que
dejan mucho que desear, el juez Castro adelanta la comparecencia de la Infanta
al día 8 de febrero al no recurrir nadie su imputación, mientras que el asunto
del ático de González (presidente de la Comunidad de Madrid) y el de las ITV
catalanas aportan novedades. Ante una serie de noticias publicadas por El
Mundo, el presidente madrileño y el director del citado diario, mantienen una
acalorada discusión radiofónica sin precedentes con acusaciones que debieran
tratarse en sede judicial y no en un espectáculo bochornoso entre personas que
por sus respectivas responsabilidades debieran eludirlo y no entrar al trapo.
Si el diario además insiste en que González no dijo la verdad y mintió, más
claro todavía. El juzgado de guardia está abierto. Entretanto Oriol Pujol, ex
número dos de CDC, ya imputado por tráfico de influencias, es acusado ahora por
Fiscalía de vender su voto por 30.000 euros para apoyar las ITV. El que no
corre vuela. No se sabe cómo sentarán estas cuestiones en la Generalitat donde,
por cierto, Artur Mas intenta burlar la ley que permitirá rotular en español
(una burla más a la legalidad) y Durán deja la Comisión Gobierno-Generalitat en
manos de Joana Ortega.
Entretanto parece ser que el PSOE baraja la posibilidad
de presentar a Valenciano a las europeas, mientras Rubalcaba inventa un órgano
para controlar las inminentes primarias. Nada nuevo bajo el sol. Bueno, sí. En
el cuarto trimestre el PIB en España ha crecido un 0´3%, otro nuevo aval para
agarrarnos a la esperanza. Y sin ninguna conjunción planetaria.
Jorge Cremades Sena
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu comentario, gracias