“Argucias
jurídicas” y “falta de lealtad” (supongo que al Estado de Derecho y, por tanto,
a la ciudadanía) es, por lo visto, lo más grave del comportamiento de Artur Mas
y compañía según la Junta de Fiscales de Cataluña que, por lo tanto, niega la
existencia de delitos. Menos mal que, al menos, el Fiscal General del Estado,
Torres-Dulce, considera que han podido cometerse delitos de malversación,
desobediencia, prevaricación y usurpación de funciones y, al efecto, convoca de
urgencia a la Junta de Fiscales de Sala, la cúpula de la carrera, para
presentar su propia querella contra lo actuado por parte de la Generalitat el
9-N, al parecer, concretamente contra el president, su vicesecretaria y la
consellera Rigau. Es la única forma de que los ciudadanos españoles, incluidos
los catalanes, tengan amparo oficial tras el portazo dado por los fiscales
catalanes, que para muchos supone una rebelión en toda regla contra el propio
Fiscal General del Estado, quien, como le corresponde jerárquicamente, había
ordenado intervenir en el asunto. Por tanto, la Junta de portavoces se reunirá
de urgencia y se espera que dé luz verde a la actuación judicial, aunque, tal
como está el patio, cualquier cosa puede pasar en este país. En todo caso, las
“argucias jurídicas” y la “falta de lealtad” por parte de un gobernante en un
Estado de Derecho, por mero sentido común, debieran merecer la consideración de
ser susceptibles al menos de una investigación judicial al respecto por si al
practicar dichas conductas antidemocráticas se hubiese rebasado la raya de lo
jurídicamente tolerable. Y si así no está legislado, debiera de hacerse. No
acatar el dictamen del TC, como es el caso, ya que prohibía cualquier apoyo de
las autoridades a la argucia del simulacro, e incluso apoyarlo públicamente de
palabra y obra, como es el caso, no es un asunto baladí, salvo que todos nos
hayamos vuelto ya locos. ¡Cómo se les puede exigir al resto de los mortales que
cumplan la ley! Y, entretanto, Rajoy responde a la carta de Mas, reiterándole
que “la soberanía nacional no es negociable” y ofreciéndole hablar de
“problemas concretos” pero no de la consulta que pretende Mas. ¡Cómo si los
problemas concretos le importasen al president! No extraña pues que, con todo
lo acontecido, aumente la sospecha de que tras el pulso al Estado por parte del
gobierno catalán de CiU se esconda algo más que el mero objetivo soberanista,
como puede ser desviar la atención sobre la presunta corrupción política
existente en sus aledaños y, por qué no, en el caso hipotético de conseguir la
independencia, una mayor posibilidad de impunidad.
Por cierto, en asuntos
de corrupción, la comisión en el Parlament de Cataluña sobre el caso Pujol,
lleva camino de convertirse en un espectáculo circense (con todos los respetos
al circo y sus artistas), al extremo de que CiU no cita a declarar a Mas (mano
derecha de Pujol mientras, tanto él como su familia, cometía sus supuestas
fechorías) pero pide sin embargo que declare Bárcenas, quien, como es público y
notorio, como tesorero del PP, que tanto apoyo tiene en Cataluña, era, al igual
que Mas, un mandamás del Gobierno catalán. ¿Qué les parece la broma? Por su
parte, la Junta de Andalucía pedirá que el sueldo de Errejón se justifique o
que, en caso contrario, lo devuelva como indebidamente cobrado, justo cuando
Podemos intenta hacer borrón y cuenta nueva, soltando lastre sobre los pasados
pronunciamientos de sus líderes para ofrecer un programa que parta de cero. Y,
para cuadrar el círculo, el juez devuelve a Matas a la cárcel para no dar
“sensación de impunidad”, cuando todos pensábamos que lo hacía por razones
jurídicas. Ya ven que en este país, todo es posible. ¿No sería mejor legislar
para eliminar cualquier tipo de ventaja o beneficio carcelario para casos de
corrupción que, en general, generan tantas sensaciones de impunidad? De momento
tendremos que contentarnos con que los partidos políticos tengan que
identificar sus bancos y las condiciones de sus préstamos, según la propuesta
que llevará Rajoy al Congreso próximamente para dificultar la financiación
ilegal de organizaciones políticas y sus respectivas penas una vez considerado
como delito. Algo es algo.
En temas económicos,
se inician las prospecciones de Repsol en Canarias que, en caso de encontrar
petróleo, ahorraría a España 1.500 millones anuales, lo que supondría que
nuestro país (el que menos explota sus materias primas, que tanto nos cuestan)
recibiría una inversión de 10.000 millones y se crearían 5.000 empleos que, tal
como está la situación, no vendrían nada mal. Por cierto, más de mil empleos
están en riesgo tras el gigantesco incendio (al parecer provocado por un
cortocircuito) de la factoría de Campofrío en Burgos que se ve abocada a un
ERE, mientras sus trabajadores afirman que “Burgos se acaba si no levantan la
fábrica”, uno de sus principales focos de riqueza, por lo que, en principio,
sus propietarios aseguran que se volverá a poner de nuevo en marcha aunque
requiere un tiempo prudencial.
Y el Papa Francisco,
que no deja de sorprendernos, actúa en persona contra un caso de abuso sexual
en Granada y obliga a su arzobispo a suspender a doce religiosos por
pederastia.
En cuanto a otros
asuntos fuera de nuestro país, mientras el Estado Islámico exhibe a sus
verdugos europeos en sus ya escalofriantes matanzas, el estrecho de Gibraltar
se convierte en objetivo yihadista; mientras en plena crisis el Gobierno
venezolano de Maduro anuncia una gran inversión en medios públicos (¡por qué
será, cuando se han cerrado demasiados medios privados!), en Colombia peligra
el proceso de paz por el secuestro de un general (el cuento de nunca acabar);
y, mientras la UE fija un plazo de cinco años para reconocer a Palestina, se
produce una masacre en Jerusalén en un atentado de radicales palestinos que
finalmente han sido abatidos (el infierno que no cesa). Y, para colmo, Japón,
la tercera potencia, recae y vuelve a la recesión económica, amenazando así de
nuevo la economía mundial. ¡Como para ser optimistas de cara al futuro
inmediato!
Jorge Cremades Sena
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