Resulta que Artur Mas, acompañado de un
nutrido séquito para emular los viajes de los jeques árabes a Marbella en los
buenos tiempos, visita Israel, acompañado de su esposa, como los verdaderos
jefes de estado, y en España se monta un circo que no hay por dónde cogerlo.
Él, obviamente, monta otro como ya viene siendo habitual. Si de una parte,
según dicen los medios, las pretensiones del presidente catalán son
ninguneadas, como es lógico, por las autoridades israelitas que, obviamente le
iban a tratar como lo que es, un presidente autonómico español más, acompañado
por el embajador, al final resulta que, semejante obviedad, que para nada es un
ninguneo sino lo normal en estos casos, desemboca en que para hacerse la foto
con el jefe del estado Simón Peres se quita la bandera española a instancias de
Mas, según unos, o por iniciativa de Peres, según otros, colocando en su lugar
una segunda bandera israelí, ya que colocar la catalana sería excesivo. Y todo
ello mientras Mas busca un acercamiento a la Corona española enviando a
Zarzuela por primera vez a su Consejero de Presidencia para presentar al Rey a
su nuevo delegado en Madrid (embajador catalán, para los independentistas, en
el Estado Español) y, además, mientras prepara una educada solicitud al
gobierno español de que le ceda sus competencias para convocar el referéndum.
¿Se puede pedir más a Mas? Desde luego que no. ¿Se puede pedir menos al Gobierno
español? Desde luego que tampoco. No extraña, ante semejantes espectáculos, que
unos cien abogados denuncien al Colegio de ídem por apoyar expresamente el
soberanismo catalán. Cuando se pone a los zorros cuidando las gallinas, suelen
suceder estas cosas.
Y por si no tuviéramos bastante, en otro asunto que, con
razón, levanta ampollas, se monta otro pollo de cuidado. Tras el absurdo anuncio
de Wert de quitar parte de las becas Erasmus ya concedidas, aplicando por tanto
su medida con efecto retroactivo (una especie de doctrina Parot educativa),
para tener que retirar tan pintoresca decisión al día siguiente, anuncia ahora que
el recorte será para el próximo curso y que, en todo caso, los Erasmus se reducirán
a la mitad por decisión de la UE, al cambiar el modo de cuantificar las ayudas.
Y lo dice a los consejeros de educación de las CCAA reunidos en Consejo, para
que, inmediatamente Bruselas censure con dureza inusitada al ministro español
desmintiendo que eso vaya a suceder y que por tanto las informaciones
publicadas son mera basura. Wert desmiente que lo haya dicho, una nota del
ministerio parece reafirmar que lo dijo, Rajoy da su “total apoyo” al ministro
y, entretanto, se dice que han sido los consejeros socialistas de Andalucía y
Asturias quienes públicamente han difundido las declaraciones de Wert de forma
distorsionada. ¿Quién dice la verdad de este absurdo acontecimiento? Siempre
cabe la posibilidad de que haya sido una mala interpretación del mensaje (menos
mal que el Instituto Cervantes está haciendo precisiones sobre el mal uso del
lenguaje), pero, tal como está el patio, me temo que no se trae de eso. Sea una
nueva prueba de la capacidad singular de comunicación del ministro, o sea una
intencionada manipulación, no se puede permitir, como viene sucediendo, inundar
el país de tanta basura política. De la otra basura, la de los desperdicios
domésticos, ya tenemos bastante con la de Madrid que, para mayor vergüenza
nacional e internacional, es un ejemplo evidente más de la incapacidad de
demasiados políticos para gestionar las responsabilidades que les hemos dado.
Y si de incapacidad hablamos, no es precisamente eso lo
que se le puede atribuir a UGT-A, por acción, y a UGT, por omisión. Es algo
mucho más grave. Cada día aparecen nuevas fechorías que desacreditan
aceleradamente el papel de los sindicatos que, tal como está el asunto,
debieran ser instrumentos de indudable ayuda para los trabajadores. Si hace
unos días dimitió la ejecutiva ugetista de Cádiz, valdría la pena que lo
hiciera la de UGT-A en pleno. A todo lo ya publicado se añade últimamente que
de los cursos subvencionados por la Junta y por la UE se quedaban un sustancial
porcentaje, resumido en un documento “para nosotros un 15%”, que pagaban
sobresueldos de 450 euros a costa de la Junta, que cargaron al Gobierno andaluz
los preparativos de la huelga general contra Zapatero, o que se financiaba con
fondos para la formación a través del Instituto para la Formación y Estudios
Sociales, creado por el propio sindicato, que sólo en 2012 recibió más de 48
millones de euros. No está nada mal. No extraña que dos de sus filiales, que se
dedican a alquileres de locales y a la venta de libros, acumulen un patrimonio
de más de 13 millones, que UGT mantenga con dicho Instituto una deuda de más de
23 millones y que el gerente de IFES curiosamente sea a la vez el tesorero del
sindicato. Se está poniendo de moda que cada vez que se habla de tesoreros en
España es como para echar a correr. Y Cándido Méndez, ni esta boca es mía,
cuando los trabajadores exigen, bien que se desmientan dichas informaciones y
se interpongan las pertinentes querellas por difamación, bien que se tomen
medidas internas inmediatas y ejemplarizantes contra semejantes comportamientos
indecentes. Ni una cosa ni la otra. Y, por supuesto, entretanto, pedir perdón.
Por lo demás que acontece, casi nada que decir. En esta
España putrefacta ya casi no sorprende que un compareciente en un parlamento,
como ha sucedido a Rato en el Parlament catalán, sea tildado por un
parlamentario como “ladrón, carroñero y gánster” o se haya quitado una
zapatilla, supuestamente mal oliente, como el mayor de los desprecios, mientras
se le pregunta “si tiene miedo”. Actitudes más propias de algaradas
multitudinarias callejeras que de comparecencias parlamentarias, supuestamente
para exigir responsabilidades políticas o aclarar determinadas cuestiones,
pero, en ningún caso, para vejar, insultar o amenazar al compareciente. Pero,
qué vamos a hacer, es la España del descrédito que estamos consolidando, donde,
por cierto, el Supremo acaba de dar la razón a la Audiencia en el tema de las
excarcelaciones de etarras, contradiciéndose de lo que mantuvo sobre la aplicación
de la “doctrina Parot” que creó y avaló no hace tanto tiempo. O donde, la Audiencia Provincial de A Coruña acaba de
dictar sentencia, tras diez años de instrucción, sobre el caso del Prestige, ya
casi olvidado; al final, ningún responsable penal por los daños causados por la
marea negra y, por tanto, ninguna indemnización. Un simple accidente, que, al
igual que sucederá con el accidente ferroviario de Santiago (RENFE ya ha
entregado al juez un informe que demuestra que todo estaba perfectamente), que
tanto ruido dio, al extremo de generar un polvorín mediático de acusaciones
entre gobernantes y oposición, con petición de dimisiones incluidas, para que
después de diez años, se concluya en lo obvio. Bueno, para ser exacto, el
capitán del petrolero ha sido condenado a nueve meses de prisión por el delito
de desobediencia al no atender las órdenes de las autoridades españolas a la
hora de facilitar el remolque del barco tras la primera fuga. Algo es algo,
aunque, después de once años….
Jorge Cremades Sena
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