Las noticias aparecidas en los medios sobre
determinados actos de violencia política en las universidades españolas, como
la recientemente acaecida en la Complutense, protagonizada por grupos de
extrema izquierda, hiriendo a cinco estudiantes de Derecho y destrozando determinadas
instalaciones, exige un rechazo generalizado por parte de cualquier demócrata (de
izquierdas, centro o de derecha) que, como tal, aprecie la paz en y desde la
libertad. Es intolerable que, desde los medios e incluso desde los propios
partidos, se adopten posturas condescendientes ante semejante barbarie según la
violencia proceda de la ultraizquierda, como es el caso, o la ultraderecha,
como ha sucedido en otros sucesos recientes. Los extremos se tocan a la hora de
exhibir sus actitudes totalitarias, y una equidistante condena hacia ellos es
la única postura sensata de cualquier persona decente, libre y pacífica, como
es la inmensa mayoría de españoles. Cometen una grave irresponsabilidad
quienes, en vez de denunciar y condenar hechos tan lamentables, dedican su
tiempo a encubrirlos, tolerarlos o ignorarlos, creyendo que, según el color de
la violencia, pueden conseguir réditos políticos o ideológicos, cuando la
violencia carece de color. Es intolerable que semejantes sucesos queden impunes,
bien por las limitaciones de intervención de las fuerzas de orden público a
causa de la autonomía universitaria, bien por la pasividad de las autoridades
de la Universidad o bien por cualquier otra causa negligente de quien tenga la
responsabilidad de acabar con la impunidad.
Bastante violencia nos inunda la sociedad, como la
interminable violencia de género que no cesa, la circunscrita al ámbito
familiar, como el horripilante caso del asesinato de Asunta, amén de la
protagonizada por verdaderos monstruos, como los que se están poniendo en
libertad en estos días, como para añadir o tolerar una violencia política de
quienes son incapaces de someterse a las reglas del juego democrático y
prefieren imponer por la fuerza sus siniestros proyectos. No sabemos si
inspirados, como Maduro en Venezuela, por designios de ultratumba trasmitidos
mediante apariciones y pajaritos, que le animan a obtener superpoderes
terrenales, o, por mero convencimiento
personal, como el tirador de París a “Liberacón”, de considerarse el elegido de
una causa ineludible, en su caso, de la causa argelina.
Y, dejando la violencia a un lado, otros asuntos merecen
el interés mediático en este paso del ecuador de la legislatura de Rajoy, que,
tras agradecer a los españoles el esfuerzo realizado hasta ahora, anuncia su
intención de no cambiar el gabinete y de poner en marcha las reformas en marcha
antes de fin de año, fiando la recta final de su mandato a la reforma fiscal.
Así, mientras propone de momento regular los servicios mínimos de las huelgas,
para evitar abusos como los que se han dado en la huelga de la recogida de
basura en Madrid, afirma que creará un millón de puestos de trabajo en los dos
años que le restan como presidente. Un asunto que, teniendo en cuenta la
antigua y fallida promesa de Felipe Gónzález de crear 800.000 puestos de
trabajo y la posterior de Zapatero, más vale poner en cuarentena, salvo que la
anunciada salida del túnel, a diferencia de los “brotes verdes”, sea una
realidad y no una falacia. Casi es preferible que nos quedemos con las nuevas
reformas que anuncia, entre más ajustes económicos, para evitar luego
sobresaltos de última hora. Si entre dichas reformas consolida las encaminadas
a la trasparencia de los partidos (control de subvenciones por el Tribunal de
cuentas, comparecencias periódicas del tesorero, fiscalización patrimonial de
altos cargos, etc) al menos se evitará que, como dice el tesorero del PP
manchego para responder sobre la adjudicación exprés de las basuras en la mesa
que él presidía (siendo además concejal de Hacienda y jefe directo del gerente
que firmó el recibí de los 200.000 euros famosos), “era una figura decorativa”.
Los tesoreros deben ser algo más que figuras decorativas a modo de los famosos “jarrones
chinos” en que se convierten los expresidentes de Gobierno.
Por lo demás, mientras Amaiur se opone en el Congreso a
que se retire los subsidios a los etarras excarcelados y desde el gobierno se
intenta capear el temporal al respecto (me temo que se pueda volver a caer en
una especie de “Parot bis” y que, en todo caso sería preferible enfocar el
asunto por la vía del embargo que corresponda para afrontar las indemnizaciones
impagadas por los etarras), la Audiencia Nacional desata una verdadera crisis
diplomática con China, tras la orden de detención de su ex presidente Jiang
Zemin por las matanzas del Tibet, por más que el Ejecutivo español manifieste
que la división de poderes le impide intervenir en el asunto. A los chino con
división de poderes… Costará hacérselo entender…Si no lo entienden ni los
españoles…¡cómo lo van a entender los chinos!
Quien sí parece entender la necesidad de una política de
austeridad, frente al despilfarro anterior, es el Gobierno Valenciano de Fabra
que ha aprobado un proyecto de ley orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía
por el que se reduce el número de diputados autonómicos en un 20% (de 99 a 79)
como otra medida más para reducir el déficit. Si, como parece, la oposición no
está muy de acuerdo con la medida, debieran explicárselo a los valencianos que,
seguramente, la acogerán con alegría. Si además del asunto reciente del cierre
de la ruinosa e insostenible RTVV, Fabra ha desactivado la bomba que suponía el
apoyo a un corrupto condenado por parte de un buen número de diputados
autonómicos, parece que el presidente tiene el mérito de intentar cambiar el
rumbo de lo que hicieron sus antecesores en el cargo.
Para terminar este repaso a la actualidad más reciente,
es obligado referirse al varapalo que las encuestas dan a Artur Mas y a CíU que
seguiría perdiendo apoyos electorales, en favor de ERC, que ganaría las
elecciones, mientras que Ciutadans se alzaría como el tercer partido en
Cataluña, relegando al PSC, salvo que, tras su vuelta a la cordura, comience a
recuperar parte del terreno perdido. Mientras se estabiliza en un 54% el apoyo
ciudadano catalán a la independencia (el de toda España sería infinitamente
mayor), a pesar de la agresividad de la Generalitat contra el resto de España y
de tantos años de educación parcializada y engañosa, se demuestra que, en el
mejor de los casos para el soberanismo, sólo se ha conseguido una división
paritaria de la sociedad catalana que echa por tierra el esperpéntico proyecto
independentista. Y eso que lo intentan vender con objetivos proselitistas como
si al día después de conseguir la supuesta independencia tanto la UE como
España (que en ese supuesto nada tendría que ver con Cataluña) le siguieran
dando un trato idílico de favor solidario como premio a su demostrada
insolidaridad. Sólo cabe recordar a quienes puedan haber sido engañados por
esta especie de futuro edén que, incluso en casos con verdadera posibilidad
legal de independizarse, como es, por ejemplo, el caso de Escocia, son
advertidos de las consecuencias de su decisión. Aun estando ya en proceso
avanzado de que los escoceses se pronuncien por su independencia legalmente (porque
así lo contempla su estatus como antiguo reino independiente históricamente que
decidió formar parte del Reino Unido, caso totalmente contrario al de los
catalanes), el Gobierno de Londres, por si los independentistas escoceses
deciden vender milongas para conseguir adeptos, acaba de sentenciar de forma
tajante a Escocia: “si se convierte en un país extranjero lo trataremos como
tal”. Un verdadero aviso a navegantes.
Jorge Cremades Sena
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