Vaya, vaya con Urdangarín, el duque
empalmado. Ahora resulta que intenta negociar un pacto con el fiscal para
eludir el juicio, mediante la estrategia de declararse culpable a cambio de una
pena que le permita eludir la cárcel. A su vez, su socio, el listo de Diego
Torres, aceptaría una condena de cuatro años siempre que su esposa quede exenta
de responsabilidad. Seguramente las palabras del juez decano de Zaragoza acerca
de la Infanta, “cualquier española habría sido imputada desde el primer día”,
han animado a Torres a semejante propuesta, ya que si Doña Cristina no va a ser
imputada, tampoco debiera serlo su mujer, pues como dice Torres-Dulce, el Fiscal
General del Estado, “sería trato de desfavor imputar a la Infanta” y con este guirigay
entre profesionales del derecho, como es el caso, cualquier cosa es posible.
Menos mal que, de momento, el fiscal del caso ha contestado a los abogados de
Urdangarín que no acepta pactos sin ingreso en prisión y sin que devuelvan lo sustraído.
Si, junto a estas noticias, se publica además que la empresa de los Duques de
Palma defraudó a Hacienda nada menos que 280.000 euros y que “el empalmado”
cobró por trabajos ficticios, mientras que la Agencia Tributaria dice que ello
no supone delito fiscal, me temo que la esperada lucha contra el fraude fiscal,
que resolvería gran parte de los problemas económicos que tiene España, quedará
para posteriores legislaturas. Es obvio que, de momento, a quien hay que seguir
crujiendo es a los que no defraudan.
Tampoco está muy claro si la aclaración de las “irregularidades” (llamémosle así eufemísticamente) de los sindicatos en cuanto a su financiación se refiere, sea una prioridad
política. Ni los karaokes y mariscadas de promoción de UGT en el Caribe, ni la
vertiginosa multiplicación del patrimonio de UGT-A, ni las ayudas millonarias
de Griñán para hacer cursos en Venezuela y Ecuador, ni el cargo a la Junta de
25.350 euros por un curso que costó 7.200, publicados últimamente, que engrosan
el rosario de otras “irregularidades” publicadas desde hace tiempo, animan a la
Justicia a tomar cartas en el asunto, ni a las cúpulas dirigentes sindicales
para tomar medidas internas. Al final, parece que la Audiencia Nacional va a
abrir diligencias sobre la financiación de UGT y el fiscal decidirá si pide la
imputación incluso de Cándido Méndez que, como Secretario General, según los
estatutos del sindicato, tiene poderes para “cobrar, pagar y liquidar cuentas”
con plenos poderes para “administrar toda clase de bienes del sindicato”.
Y, hablando de Justicia y de jueces, qué mejor noticia
que la de saber que por fin se ha llegado a un acuerdo para renovar el CGPJ,
bueno, mejor dicho, la renovación de caras en el mismo ya que su politización
sigue más que asegurada. No obstante, nada mejor que dar entrada a otros
partidos, como IU y nacionalistas, para conseguir un amplio consenso, incluida
la garantía de que el PP tenga la mayoría suficiente para imponer los
nombramientos estratégicos del Supremo. El pacto PP-PSOE para un nuevo gobierno
de los jueces, con sus respectivas cuotas de poder, y su generosa apertura a IU
y nacionalistas, es el mejor ejemplo de en qué asuntos se puede conseguir un
amplio consenso (en cuántos de los míos coloco) ya que, por ejemplo, erradicar
la politización de una vez por todas, sería imposible ponerse de acuerdo.
Pero, dejando a un lado los temas judiciales, la noticia
que, a mi juicio, tiene gran relieve es la salida del plan soberanista y la
hoja de ruta, programada por Junqueras y Mas, por parte del PSC de Navarro, que
ha demostrado la debilidad de la corriente nacionalista interna dentro del
socialismo, debilitando así el proyecto inviable de los independentistas. Navarro,
bienvenido a la cordura. Era tan sencillo como decir que no cabe una
declaración, ni un referéndum unilateral, que transgreda la legalidad vigente,
pues como dice Feijóo desde Galicia, la cuestión no es quien la tiene más
grande (se refiere a la bandera), mientras propone un pacto PP-PSOE para frenar
el independentismo. Al fin y al cabo, según las encuestas, más del 76%
manifiesta que deben ser todos los españoles quienes decidan sobre Cataluña,
más del 72% votaría contra la separación y más del 68% se opone a mejorar la
financiación para solucionar el problema. Como ven, hay mucha gente que rebasa
los cuatro dedos de frente que Durán i Lleida consideraba para no decir las
barbaridades que dijo Junqueras en Bruselas. Por cierto que, con cuatro dedos
de frente o no, el “modélico” Durán ha arremetido contra el PSC manifestando
que “nos falla en el momento más trascendente de Cataluña", mientras que
su colega y socio en CiU, Artur Mas, monta una red de 25 asociaciones para
promover el independentismo. Es obvio que para Durán, con mucho más de cuatro
dedos de frente, ponerse de parte de la Constitución, que es lo que ha hecho
Navarro, supone fallar a Cataluña. No hay más que decir las cosas claras para
desenmascarar a quienes se mueven en la falacia y el oportunismo de las
estrategias calculadas. Y esto, al final, se paga.
Entretanto, mientras Pedro Solbes admite que mintió en su
día sobre la crisis para no crear “preocupación” (ya ven que entre evitar la
preocupación o la crisis galopante no hay opción; la preocupación) y que
permaneció en el gobierno de Zapatero por lealtad al partido y al gobierno
socialista (ya ven que entre lealtad al partido o a lo que conviene al pueblo
tampoco hay opción, lealtad al partido), los populares andan celebrando el
ecuador de la legislatura en el gobierno con todas las luces y sombras que hay
en el horizonte. Sin duda las palabras de Solbes les han llenado al final de
razón sobre aquel debate entre el ex ministro y Pizarro sobre el diagnóstico de
la situación y, obviamente, sobre las medidas terapéuticas que se debían haber
tomado y, para no alarmar a la gente y, por ende, ganar las elecciones, se
tomaron justo las contrarias, dejando al final una herencia aun peor de la
esperada. Si nadie puede negar que las variables macroeconómicas han mejorado,
no es menos cierto que el esfuerzo impuesto al pueblo ha sido descomunal, y,
aunque no se está para lanzar cohetes, las palabras de Solbes regalan un
argumento más al PP para justificar incluso lo injustificable. Como mínimo una
doble e intolerable metedura de pata de Solbes; la primera por no haber hecho y
dicho lo que tenía que hacer y decir como ministro cuando se empezaba a
vislumbrar la crisis y, si no le dejaron, no haberse ido del gobierno, causando
un grave perjuicio al pueblo español, que, si entonces le podía considerar
inútil por no enterarse, ahora tiene motivos para considerarle algo mucho peor;
la segunda por decir ahora, cuando no hay ya solución, qué no hizo y por qué no
lo hizo, causando un gran perjuicio a su partido, que, aunque sea a toro
pasado, queda retratado, con el aval del propio ex ministro, como un partido
que apoyó sin fisuras a un Gobierno, el de Zapatero, no sólo inútil o incapaz,
sino además irresponsable.
Jorge Cremades Sena
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