En plena conmoción social por la
excarcelación de asesinos y violadores peligrosos, como los de Anabel Segura y
de Olga Sangrador, que se suman a los ya excarcelados recientemente y a los que
se excarcelarán próximamente, como el de las niñas de Alcasser, la inminente
Ley de Seguridad Ciudadana se desvanece con sustanciales rebajas en la
tipología de los delitos y en sus pertinentes penas. Mientras Interior intenta
activar un dispositivo (veremos a ver si encaja en la legalidad) para paliar
los devastadores efectos de tanto “peligroso” reconocido suelto, sin que, por
lo visto, nada se pueda hacer para que los ciudadanos de bien se sientan más
seguros, por otra parte, al mismísimo Rubalcaba le impiden hablar libremente en
la Universidad de Granada. Es decir, da la sensación de que se trata de que los
ciudadanos no sólo se sientan inseguros, sino que además no puedan oír desde la
libertad los mensajes que cualquier otro ciudadano quiera darles, ni aunque se
trate de un representante de la soberanía nacional elegido en las urnas. Y, por
si fuera poco, UGT estalla en mil pedazos a causa de la corrupción, mientras
que la séptima ley educativa (que por cierto ya dice Mas que no se aplicará en
Cataluña, ¡menudo cachondeo!) nace con los votos exclusivos del PP y el
rechazo, por unas u otras cuestiones, de toda la oposición, pero sin texto
alternativo. Este es el retrato que dibuja la prensa de un país que como únicos
datos medianamente positivos sólo quedan, y no es poco, la salida de la
recesión por el repunte del consumo, la ganancia de poder adquisitivo de los
pensionistas por la contención del IPC y la detención de 19 energúmenos
(veremos con qué consecuencias) por los incidentes violentos en la Facultad de
Derecho de la Complutense. En fin, un panorama sombrío se mire como se mire.
En efecto, frente a la inmensa mayoría de ciudadanos,
representada en las Cortes Generales, las minorías antisistema, los extremistas
de izquierdas o derechas y los violentos en general, que entre todos juntos
siguen siendo una minoría notable, aunque bien ruidosa e intimidatoria, pueden
sentirse satisfechos tras los últimos acontecimientos. En el devaluado
anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, entre otras rebajas, no se multará
los escraches, sólo serán faltas leves actuaciones como rodear el Congreso o
insultar a la policía. Y, a pesar de estas concesiones a quienes, incapaces de
convencer con la palabra, prefieren imponerse con actos violentos
intimidatorios, políticos, como el socialista Madina, advierten al ministro que
“el proyecto será derogado y usted está derrotado”, considerando que se trata
de una norma “de represión ciudadana”. No sabemos bien si lo dice porque apoya
que a Rubalcaba, su supuesto jefe, le impidan dar una charla sobre “química y
política” en Granada al grito de “con Rubalcaba la poli te pegaba” o porque
entienda que en su partido no hay buena química con su líder y el título de la
charla no era adecuado. Sea por lo que fuere, la inmensa mayoría de ciudadanos,
apoyará siempre la libertad de expresión, se esté o no de acuerdo con el
orador, frente a quienes lo impidan, menos aún si lo hacen cínicamente bajo el
pretexto del derecho, precisamente, a la libertad de expresión, cuando debieran
decir que, en todo caso, será el derecho a decidir quién puede expresarse o no,
como es el caso. Se equivoca Madina, como se equivoca el PSOE, creyendo que
apoyando a estos grupos antidemocráticos pueden sacar algún beneficio político.
Lo actuado contra Rubalcaba es el mejor ejemplo. Por cierto, que yo sepa, la
primera vez que sucede en Andalucía contra los socialistas y, curiosamente,
desde que Susana preside la Junta y lidera el PSOE-A. Una casualidad, sin duda.
Y, entretanto, elucubrando sobre si los recibimientos con cohetes y gran
ambiente festivo a etarras asesinos excarcelados suponen apología del
terrorismo o no. Para que algunos se sorprendan luego de que cada vez es mayor
la sensación de que la ley ni castiga suficientemente a los delincuentes y a
los violentos, ni protege a los ciudadanos honrados y pacíficos. Es obvio, una
cosa tiene relación directa con la otra.
Tampoco parece sorprender a nadie que UGT ande en turbios
asuntos en vez de dedicarse a lo que le es esencial, la defensa de los
trabajadores. Al final la reiterada denuncia mediática de innumerables
supuestos delitos por parte de los dirigentes sindicalistas, sobre todo en Andalucía,
parece que ha dado sus frutos. La dimisión del Secretario General de la UGT-A,
pues, hasta el mismísimo Méndez, poco antes insinuó que estaba sentenciado.
Tras la permanente presión mediática, ignorada e incluso atacada por los
interesados, al final hasta la propia Junta, copartícipe y colaboradora
necesaria de los hechos supuestamente delictivos, se ha visto obligada a poner
bajo sospecha ayudas a UGT por más de siete millones, estimando que el
sindicato tendrá que devolver casi dos millones, para que, por fin, reaccionen,
asumiendo los hechos y dimitiendo el líder sindical andaluz. Ya sabemos que,
como siempre sucede en estos casos (hace poco lo hizo Griñán), la dimisión es
para no perjudicar al sindicato, para evitar la presión y todas esa retahíla de
argumentos que todos conocemos. Ya es hora de que alguien por fin asuma que lo
que perjudica a las instituciones (en este caso al sindicato) son los hechos y
conductas impresentables, delictivos o no, que jamás debieran haber permitido
las cúpulas dirigentes, menos aún si las protagonizaban ellas mismas, y, si es
que las superiores las conocían o, en el mejor de los supuestos, no se
enteraban, sólo cabe la dimisión inmediata, de los actores directos por
chorizos y del resto por incompetentes. El daño causado por toda esta caterva
de impresentables no se cura sólo con la dimisión del Secretario General de
Andalucía.
Y lo que parece seguro es que, si en Italia se ha puesto
punto y final a la era Berlusconi, expulsándolo del Senado tras ser condenado a
cuatro años de cárcel por uno de sus diversos casos en que está imputado, en
España se pondrá punto y final a la era Rajoy si en las próximas elecciones el
PP no gana por mayoría absoluta. Si Madina anunciaba que la Ley de Seguridad Ciudadana
será derogada, como otras muchas medidas adoptadas por este gobierno, también se
anuncia la derogación de la LOMCE, que acaba de aprobarse con los votos del PP.
Aunque no sabemos qué medidas sustituirán a éstas en caso de derogación,
esperemos que, si la primera trata de garantizar la seguridad ciudadana y la
segunda la calidad de la educación, las próximas medidas que las sustituyan se
encaminen a superar y garantizar tan loables objetivos, pues si se trata de
volver a un pasado con tan precaria seguridad ciudadana y tan baja calidad de
la educación, estamos arreglados.
Jorge Cremades Sena
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu comentario, gracias