La decisión de la juez Alaya de imponer a la ex ministra socialista Magdalena Álvarez la gigantesca
fianza de 29´5 millones de euros, al verla como responsable de eludir controles
de los ERE falsos, está provocando ampollas en las filas del PSOE que, entre
otras cosas, acusan a la jueza de “afán justiciero” en una campaña de acoso sin
precedentes, mientras los jueces piden para ella el apoyo del CGPJ hasta que
finalice la instrucción de la supuesta trama de corrupción en la mismísima
Junta de Andalucía, igualmente sin precedentes. En cualquier otro país del
mundo civilizado, este tipo de actuaciones serían impensables; ni el acoso, ni
la magnitud de la trama corrupta, pero esto es España y así nos va. Con afán o
sin afán justiciero, lo procedente es que al final se haga justicia y, mientras
llega la sentencia definitiva, hay que dejar que trabajen los jueces con absoluta
independencia, salvo que de forma flagrante se observe en ellos una conducta delictiva
que, en todo caso, exigiría la interposición de una demanda, pero nunca la
emisión gratuita de insinuaciones veladas con claros intereses espurios que
empañen la limpieza de un proceso encaminado a buscar la verdad sobre los
hechos denunciados. La presunción de inocencia de Álvarez, como la de cualquier
otro imputado o investigado, no la exime de la imposición de fianzas u otras
figuras jurídicas que avalen sus supuestas responsabilidades civiles o penales,
siempre que se ajusten a los procedimientos legales. El posible embargo de los
bienes, al margen del afán justiciero que pueda tener la jueza o que se le
atribuya, ni es una amenaza ni una coacción, simplemente es la consecuencia
normal en el caso de que no se deposite la fianza transcurrido el plazo dado
por ella.
Y con afán justiciero o sin él la
investigación sobre los supuestos cursos de formación fraudulentos de la
patronal va dando sus frutos y se va sabiendo algunos detalles interesantes
como el pago de la patronal madrileña a sus directivos con los fondos de
formación, un chollo sin control, con miles de alumnos inventados para percibir
las subvenciones pertinentes. Obviamente los responsables de que estas cosas no
sucedan, al margen de habérselo llevado calentito o no para su beneficio
personal, deben pagar severamente el fraudulento uso de fondos públicos. Y si
es con afán justiciero, mejor aún. Es lo que España necesita en todos y cada
uno de los casos de corrupción que nos apestan y tanto nos preocupan.
Otro asunto que preocupa no sólo a
nosotros sino a la comunidad internacional es la escalada de tensión que se
vive en el este de Europa a medida que se acerca el ilegal referéndum en
Crimea, desatando una escalada militar en toda la región con un despliegue de
8.000 soldados por parte de Rusia, el envío de cazas a la zona por parte de
EEUU y el anuncio desde Kiev de la creación de una milicia de 60.000 miembros
para defenderse de la amenaza exterior que sufre su territorio. Un escenario
prebélico de consecuencias imprevisibles. Tan imprevisibles como las que en su
día se darán en España si Artur Mas se mantiene en sus trece de mantener su
ilegal proceso independentista. Tras inundar las gradas del Nou Camp con
panfletos informativos de las mentiras soberanistas durante el partido
Barça-Mánchester City, moviliza a los mossos para hacer la consulta ilegal,
suspendiendo los permisos para garantizar la seguridad del acto ilegal que
pretende. Y, mientras sus seguidores independentistas de la Asamblea Nacional
Catalana le piden tomar el control de El Prat y de las fronteras tras declarar
la secesión unilateralmente, no tiene reparo alguno en difundir que con la
independencia en Cataluña habrá menos pobres (otra mentira más sin
justificación alguna), lo que añadido a anteriores informaciones sobre que los
futuros ciudadanos de la Cataluña independizada serán incluso más cultos, más
altos y vivirán más, no deja de ser un verdadero aliciente para apuntarse a su
particular paraíso perdido. Obviamente, lo de Crimea es mucho más prosaico.
Entretanto, mientras Italia aprueba una ley
electoral para acabar con la inestabilidad política que la caracteriza y Renzi
anuncia una rebaja de impuestos a las rentas más bajas, en España ya se conoce
el informe que los expertos recomiendan al Gobierno para que redacte la, tan
deseada como necesaria, reforma fiscal. Una verdadera revolución fiscal, según
algunos, que ya está levantando ampollas, incluso antes de conocer qué
propuestas de los expertos serán tenidas en cuenta y cuáles no. La última
palabra la tiene el Gobierno y en su instancia definitiva las Cortes Generales,
por tanto, extenderse en este espacio sobre los pormenores del informe
entregado al Gobierno es ocioso en estos momentos, ya habrá tiempo de ir
desmenuzando pormenorizadamente la reforma fiscal que se avecina.
Para terminar, la mala noticia de
que España ya encabeza el ranking de desequilibrio social de la UE al haber
crecido la desigualdad desde 2007 más que en el resto de sus socios. Algo se
estará haciendo mal si no se ataja esta perversidad lo antes posible ya que no
vale como escusa el hecho de que la crisis, tanto a nivel europeo como
internacional, haya provocado entre sus nefastos efectos una mayor distancia de
desigualdad entre pobres y ricos así como la acumulación de la riqueza cada vez
en menos manos. ¡Ah! Y algo se estará haciendo mal en Venezuela donde va
aumentando el número de muertos en las protestas callejeras contra Maduro,
mientras el Ejército acaba de tomar ya el control de Valencia, la tercera
ciudad venezolana en importancia.
Jorge Cremades Sena
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