Por fin el Ayuntamiento de Barcelona decide
zanjar el problema de la violencia en sus calles. Lamentablemente opta por la
peor de las soluciones, rendirse ante los violentos. Ya en su día otro alcalde
se sometió a las órdenes de los violentos por el ya famoso asunto de Gamonal, aunque,
curiosamente, el PP, partido al que pertenecía el citado alcalde, ha ganado de
nuevo las europeas hace sólo unos días. ¿Era la voz del pueblo a la que se
rindió? Si es así ¿por qué gana ahora las elecciones su partido? Sin entrar en
las razones de unos u otros para hacer una protesta amplia en la calle, que
puede o no estar más que justificada, jamás puede avalar la toma de las calles
de Barcelona o de cualquier otro lugar para sembrarla de pánico ante la mayoría
de los ciudadanos indefensos que aspiran simplemente a vivir en paz. Menos si
ante quien tiene la legitimidad
democrática de usar la violencia, las fuerzas de orden público, responden
usando ilegítimamente la fuerza y la violencia. Rendirse ante ellos es
sencillamente cargarse la democracia. Si la institución competente, por la
razón que sea, decide ejecutar un determinado proyecto para el que está
autorizado, sin un previo estudio del impacto ciudadano, podrá negociar a
posteriori su paralización o no tras pactarlo con los que se oponen al mismo,
pero jamás si éstos quieren imponerle el criterio por la fuerza. Ni me importa
si, como dice algún medio, el portavoz de los “okupas” a los que se rinde Trias
ha sido ya juzgado o no por la Audiencia Nacional por el asedio al Parlament y
ahora haga ruedas de prensa con nombre falso, aunque simplemente fuera una
hermanita de la caridad, rendirse ante su violencia es un error garrafal de
impredecibles consecuencias. Una vez más digo que luego nos quejamos de todo lo
que pasa.
Espero que no tengamos que quejarnos de las decisiones que
tomen ahora tanto el PP como el PSOE. No sólo de las decisiones internas sobre
sus respectivos partidos, sino en asuntos urgentes como puede ser el asunto
catalán. Al parecer, miembros del Gobierno apuestan ahora por una reforma
constitucional, siempre que se haga mediante un pacto con el PSOE (no podría
ser de otra forma), cuando éste resuelva su problema de liderazgo, formando un
gran consenso al respecto. Nadie con dos dedos de frente debiera oponerse a tal
iniciativa para dar un nuevo impulso político y resolver el problema de
Cataluña. Ni las constituciones, ni la legalidad vigente es inmutable. Ahora
bien, si todo ello es, como en el caso anterior, para rendirse a la violencia
de elementos totalitarios que están dispuestos a imponer sus criterios ilegales
sí o sí, se estará cometiendo un inmenso atentado contra la democracia establecida.
Me pongo a temblar cuando el presidente de la CEOE, Juan Rossell, dice
respaldar este cambio constitucional “para que no haya vencedores y vencidos”.
¿Se está refiriendo al desafío ilegal de Artur Mas? Cuando no hay enemigos no
se puede hablar de vencedores o vencidos, sino simplemente de gobernantes que
representan al Estado de forma torticera incumpliendo la legalidad que le
legitimó su poder simplemente porque no le interesa. Como mínimo dicho
personaje debiera pagar, pidiendo disculpas al menos, su manifiesto déficit
democrático. Quien actúe simplemente con el objetivo de no molestar a su
intransigencia se está equivocando peligrosamente.
Otros
miembros del PP, que no del Gobierno, como Esperanza Aguirre, intentan diseñar
una estrategia para dar ideas a Rajoy tras el revés electoral. La cuestión
interna, que tanto preocupa al PSOE, no debiera pasar desapercibida al PP si
ambos quieren evitar males futuros peores. Una cumbre de líderes provinciales
el martes en Génova intenta diseñar ya las municipales y valorar las
estrategias, aunque algunos, como Santamaría, se limite a responder a las
críticas sobre la deficiente comunicación del Gobierno que “nuestros esfuerzos
están en sacar a este país de la crisis”. Yo añadiría que falta explicársela
bien a los ciudadanos y recoger ampliamente sus principales inquietudes. En
fin, allá cada cual con lo suyo.
Y con lo suyo anda
Pablo Iglesias al revelar que Podemos renunciará a una subvención de 1´3
millones de euros, que añadido a la rebaja de sus sueldos como europarlamentarios
hasta el tope de tres veces el salario mínimo (unos 2.000 euros), suponen dos
medidas muy populares que, incluso quienes no creemos en su proyecto populista,
podríamos suscribir sin problemas al tratarse de medidas totalmente factibles.
En fin, que vaya tomando nota el resto de partidos y, en todo caso, que
expliquen por qué no se suman a tan curiosa iniciativa.
En otros asuntos,
mientras Google pone en marcha el derecho al olvido, mediante un formulario para
solicitar el borrado de enlaces, el presidente de Telefónica asegura que el
paro bajará al 14% en cuatro años. ¡Ojala que así sea! Lo que no mejora es la
situación en Melilla, donde cae una red española que enviaba yihadistas a Mali,
mientras, al margen de las avalanchas periódicas de inmigrantes, se conoce que
más de 1.500 sirios han entrado entre Melilla y Ceuta desde octubre pero
comprando documentos marroquíes falsos, por el módico precio de 500 euros por
pasaporte. Una verdadera tragedia provocada por demasiados sinvergüenzas sin
escrúpulos.
Es obvio que el modelo
democrático español necesita pasar por la ITV. Al final, al margen de
ideologías de izquierdas o derechas, de ocurrencias y despropósitos, de
chorizos de marcas varias y de incompetencias manifiestas, los pueblos tienen
lo que se merecen. No en vano dice Matteo Renzi, primer ministro italiano, que “Alemania
no es el enemigo, es un modelo” pues, evidentemente, al margen de quien
gobierne en Alemania, allí no suceden todas estas cosas que pasan en España y también
en Italia.
Jorge Cremades Sena
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