LAS BECAS DE WERT

                        Teniendo en cuenta la más que insuficiente calidad de la Educación en España, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE), debiera gozar del aplauso generalizado aunque sólo fuera para reconocer al ministro Wert su intención de mejorar los asuntos de su departamento que no funcionan. Sin embargo, ha sucedido todo lo contrario, generando un amplio rechazo a la iniciativa global y a cada una de las medidas concretas que se proponen al efecto (sobre la inmersión lingüística, selección del profesorado, becas….) que desembocan siempre en un absurdo debate público y mediático, poco práctico y plagado de argumentos filosófico-ideológicos con marcado interés partidista y clientelar, que en nada favorece el sosiego necesario para conseguir, entre todos, un consenso que propicie la necesaria estabilidad que requiere nuestro Sistema Educativo. Un debate en blanco y negro carente de alternativas concretas y argumentos racionales coherentes que, incluso cuando se tiene buena parte de la razón -como en el asunto de las becas, por ejemplo-, es pródigo en juicios de intenciones morales que, con marcado carácter maniqueo, sólo satisface a los respectivos creyentes y genera más dudas en el común de los mortales que no cree “a priori” en los buenos y los malos, sino en las cosas bien hechas o mal hechas, que es de lo que se trata. La necesaria LOMCE, como cualquier otra ley, tiene aspectos positivos y negativos más o menos discutibles, como no podía ser de otra forma, que, en todo caso, no pueden atribuirse a perversas intenciones por parte de nadie (al igual que sucedió con la LODE, LOGSE, LAU, etc) y lo que procede, al margen de especulaciones innecesarias, es mejorarla con aportaciones de todos para que, como su propio nombre indica, se mejore la calidad educativa.

            Pero además, en el tema de las becas ni siquiera cabe, como en otras medidas concretas, un debate con posicionamientos enfrentados de carácter pedagógico, según el valor que se dé para la calidad del proceso educativo a cuestiones como el esfuerzo, la disciplina, la planificación educativa, la autonomía de los centros, el currículo escolar, el papel de los padres, la ratio profesor-alumno, la gestión educativa… y otras tantas por el estilo, que dependen del modelo educativo que cada cual tenga. Las becas nada tienen que ver con la calidad educativa, sino con el principio solidario de igualdad de oportunidades en una sociedad civilizada para que nadie, con la capacidad y la voluntad mínima exigible, quede excluido de cualquier tipo de enseñanza por razones económicas. Así se entiende en la mayoría de los países de nuestro entorno que, con diferentes modelos de gestión y valoración, contemplan las dos variables básicas para la concesión de becas: el nivel económico y el académico. Es lógico que, tratándose de enseñanzas no obligatorias ni totalmente gratuitas, se considere un derroche de dinero público becar a quienes, teniendo recursos suficientes (aunque no sean ricos) o careciendo de la capacidad o voluntad necesaria, decidan recibirlas. Cuestión distinta es el límite que cada país pone a cada una de dichas variables que, si en la económica suele obedecer al nivel de bienestar global del país, en la académica, aunque no en todos se haga, jamás debiera rebasar los límites mínimos que se consideran satisfactorios o suficientes para evaluar el rendimiento como positivo. Por tanto, si en España la calificación de “suficiente” es numéricamente un 5 en una escala de 10, otorgando así a los alumnos el reconocimiento académico de un progreso adecuado para la progresión de sus estudios, es  racionalmente contradictorio y socialmente injusto exigir mayor calificación para ser becado, lo que supone algo así como reconocer que sí vales para dichos estudios, pero, que si quieres seguir estudiándolos, debes valer algo más que quienes tengan dinero para pagarlos.

            Dicho lo anterior, se entendería un debate de fondo sobre la eliminación de dicha injusticia que, en todo caso, nada tiene que ver con limitar el derecho a la educación para que sólo estudien los ricos, sino en ponérselo más difícil a los pobres. Bien lo sabemos quiénes estudiamos con becas concedidas con criterios mucho más injustos, cuando las becas, muy limitadas, no se garantizaban aunque tu expediente académico fuese excelente, pues dependía de si en la lista de solicitantes, ordenada de mayor a menor nota media, figurabas en un número de orden inferior o igual al del número de becas previstas para la provincia correspondiente. Pero los tiempos han cambiado y hoy no se entiende un debate en términos de principios ideológicos sobre ricos y pobres, máxime si el debate se basa, como es el caso, en discutir sobre qué nivel de injusticia se considera tolerable (cuánto más has de valer para ser becado, medio punto, uno, uno y medio…), es decir, si se mantiene el requisito del 5´5 de nota o se eleva al 6´5. La oferta pública de enseñanzas no obligatorias, tanto en centros como en plazas, sufragada en un elevado porcentaje con dinero público, desautoriza un debate en términos tan anacrónicos, pues ni hay tantos ricos, ni tantos becados, para que dichos centros estén saturados. Es más, en sociedades como la nuestra, nada impide que los ricos (sean de izquierdas o de derechas) derrochen sus fortunas privadas en mantener a sus hijos estudiando, aunque no quieran o no valgan, durante toda su vida. Nada que objetar si lo hacen en centros totalmente privados y asumen todo el gasto de dichas enseñanzas. Por tanto, si queremos coherencia en el debate, lo que habría que discutir es el exagerado nivel de tolerancia con la incompetencia cuando se estudia en centros públicos, donde el mayor coste de las enseñanzas la pagamos entre todos. Si somos tan intolerantes con los becados en su rendimiento académico, argumentando que no se derroche el dinero públicos incluso cuando rebasan el nivel mínimo de aceptación académica, deberíamos, con mucha más razón, hacer lo propio con el resto de estudiantes que, ricos o no, ni siquiera alcanzan dicho nivel y eternizan sus estudios “sine die” a base de suspensos bajo el amparo de que pueden seguir pagando la mínima parte de su coste que no corre a cargo del Estado. ¿No supone un derroche mayor? El problema es que plantear el debate en dichos términos nos llevaría muy lejos y, además, tampoco tendría nada que ver con el derecho a la educación diferenciado para ricos y pobres.  

            Curiosamente se acaba de producir la noticia de que se ha logrado un acuerdo para mantener el requisito académico del 5´5 para unos supuestos y el 6´5 para otros. Todos contentos. Acordado el nivel de injusticia tolerable los tintes revolucionarios precedentes vuelven a su cauce. Por fin la medida ya no busca que sólo estudien los ricos. ¿Era necesario tanto ruido para tan pocas nueces? ¿Ya no se divide la sociedad entre perversos y bondadosos? Esa es la cuestión. La revolución pendiente queda aparcada hasta la siguiente propuesta concreta.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

REFORMA ADMINISTRATIVA, GRAN ESPERANZA O FRUSTRACIÓN

                        Parece que, por fin, el Gobierno está decidido a acometer la reforma más compleja, demandada y necesaria. Se trata, nada más y nada menos, que de la Reforma de las Administraciones Públicas, una tarea, cuya complejidad, excede la voluntariedad de cualquier gobierno, aunque “a priori” cuente a su favor, como es el caso, con una gran demanda social, consciente de que mantener por más tiempo el “statu quo” es insostenible, lo que, no sólo le concede rango de necesaria, sino incluso, de urgente. Vaya por delante pues la felicitación por la iniciativa gubernamental y, en este caso, por su coherencia con su promesa electoral. Pocas voces criticarán “per se” la iniciativa ante la carencia de argumentos sólidos para posicionarse a favor del caos, frustrando la gran esperanza de conseguir simplemente la normalidad. Ni dentro, ni fuera de España se entiende ya el fracasado experimento de un insólito estado, híbrido entre federalismo y centralismo, que “de facto” se atomiza consolidando progresivamente diecisiete mini-estados centralistas, independientes unos de otros y con claras tendencias centrífugas, cuando “de iure” sólo son entes autónomos para gestionar sus propios intereses (siempre supeditados al interés general) y las competencias, transferidas por el estado del que forman parte, con el fin de acercar la administración a los administrados, para optimizar la calidad de los servicios públicos pertinentes. Esta perversión funcional, consolidada mediante una irresponsable y continuada política de transferencias, basada en intereses mercantilistas y no en el sentido común establecido en el derecho, es lo que hace insostenible nuestro modelo actual de Administraciones Públicas (despilfarrador, ineficaz, caro, opaco, insolidario, incontrolable y clientelar), siendo además el principal obstáculo para su ineludible reforma. Por tanto, obviando el acierto del gobierno al plantearla, el “quid de la cuestión” para saber si hablamos de la gran esperanza o de la gran frustración es el alcance de la misma y la posibilidad de consolidarla.

            La ineludible reforma de las Administraciones Públicas, tal como está el asunto, si no es de gran calado, acabará siendo una chapuza. Requiere, como mínimo, redefinir o clarificar el polémico título VIII de la Constitución y, para ello, es necesario, al menos, el concurso del principal partido de la oposición. Es decir, un gran acuerdo, lo más amplio posible, que el gobierno debiera promover echando un órdago al resto de los partidos políticos para que cada uno de ellos se posicione públicamente ante una ciudadanía asqueada con la situación actual. En caso contrario, sin menosprecio de las medidas que el gobierno tome unilateralmente, la reforma quedará reducida al ámbito de la Administración Central (fusión, supresión o reforma de algunos de sus organismos públicos; más renuncia de sus competencias para evitar duplicidades; y algunas normativas modernizadoras o de coordinación… y poco más) amén de recomendar que hagan lo propio las CCAA que, como siempre, harán de su capa un sayo y, ante cualquier medida legal coercitiva o correctiva, convertirán el Tribunal Constitucional en su último refugio, adobándolo con un público debate político-partidario sobre las perversidades que pretende el Gobierno Central mientras llegan sus lentas sentencias, que, al final, incumplirán si, finalmente, no son favorables a sus intereses, provocando, como se viene haciendo, un progresivo deterioro institucional. Baste señalar que de las más de doscientas propuestas de reforma que baraja el gobierno sólo unas ochenta afectan directamente a la Administración General del Estado, el resto, no, y, por ello, el propio gobierno, consciente de la situación, ya ha dicho que asumirá las suyas e intentará entenderse con las CCAA para que apliquen su parte correspondiente. Una reforma de la Administración Central, sin garantías de reformar el resto de las Administraciones es claramente insuficiente y, aunque palíe algo el despilfarro económico, deja intactas las estructuras políticas que lo permiten. Sólo definiendo con absoluta claridad las competencias reservadas al Estado Central con la consecuente recuperación de las que, ya transferidas, le sean propias, así como los mecanismos aplicables en caso de desviación de los objetivos –tal como sucede en todos y cada uno de los estados federales-, la reforma valdrá la pena. Pero ello excede la capacidad de un gobierno aunque cuente con mayoría absoluta.

            Bien sea para una reforma constitucional, bien, para aplicar la legalidad vigente al respecto con absoluta contundencia, se requiere un amplio respaldo político que excede el ámbito de un solo partido. Dice Montoro, y no le falta razón, que, sin necesidad de tocar la Constitución, hay mecanismos legales para aplicar la anunciada reforma en su integridad y apela a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiera. Cierto, pues dicha ley establece que, en caso de incumplimiento, se aplique de forma directa el art. 155 de la Constitución, que dice: “Si una Comunidad Autónoma no cumpliera las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la CA y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”. Pero no es menos cierto que en España el incumplimiento de la legalidad vigente, a base de ser costumbre, ha generado una especie de derecho consuetudinario que, en determinados supuestos, de aplicarse la legalidad establecida se daría la paradoja de que se considerase una agresión gubernamental. Precisamente si a lo largo de estos años el art. 155 se hubiese aplicado alguna vez, otro gallo nos cantaría. O ¿es qué no ha habido motivos en más de una ocasión para hacerlo? Me temo que a Rajoy, como a los presidentes anteriores, le temblará el pulso, salvo que, por mera supervivencia democrática, el resto de líderes políticos o, al menos, la mayoría de ellos, tengan la altura de miras para respaldarlo en el empeño o él tenga la habilidad necesaria para ponerlos en evidencia en caso contrario.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

QUE QUEDE CONSTANCIA, CATALONIA IS NOT SPAIN

                        En inglés, como debe ser. Descartado el catalán por ser una lengua minoritaria en el contexto internacional, desechado el español por ser la lengua opresora del imperialismo dictatorial, y reservado el francés estrictamente para el diálogo bilateral franco-catalán de la negociación sobre la futura defensa por parte del ejército francés de una Cataluña independiente sin ejército, es el inglés, sin lugar a dudas, la mejor opción para que al mundo entero le quede constancia de que Cataluña no es España. Al efecto, como viene siendo habitual en otros eventos deportivos, en la reciente celebración del Gran Premio de Cataluña de motociclismo, que ha supuesto un éxito aplastante de los pilotos españoles (tres victorias de tres posibles y ocho podios de nueve posibles), una enorme pancarta en la tribuna principal del circuito de Montmeló anunciaba a los miles de asistentes y a los millones de televidentes que “Catalonia is not Spain” y no precisamente para aclararles que, evidentemente no lo es, sino que sólo es una parte importante de ella que, como tal, contribuye al evento con algunos pilotos de indudable calidad, que, nacidos en Cataluña, pretenden conseguir un rotundo éxito para el motociclismo español. Al contrario, por si a alguien le quedaba alguna duda, conseguido el rotundo éxito, que, en honor de los vencedores, requiere emitir el himno de su país en el acto de entrega de trofeos y, por tanto, en este caso el de España, los silbidos y pitos de algunos descerebrados, perfectamente organizados, han puesto la nota discordante a una sinfonía perfecta, merecedora del reconocimiento respetuoso y el aplauso generalizado, que hubiesen brindado por unanimidad si los triunfadores hubiesen sido de cualquier otro país y, por lo tanto, el himno hubiese sido cualquier otro distinto del español. Es el enésimo esperpento bochornoso puesto en escena por los políticos independentistas catalanes que, utilizando el deporte como plataforma reivindicativa de sus delirantes elucubraciones mentales, provocan el desconcierto generalizado del común de los mortales en la propia Cataluña, en el resto de España y en cualquier otro país medianamente civilizado.

             En ningún otro país se dan semejantes comportamientos durante los actos de celebración de los éxitos nacionales en eventos deportivos importantes. En cualquiera de ellos a nadie, salvo a algún loco suelto –seguramente aquí hay muchos y además están organizados-, se le ocurriría perturbar las consecuentes manifestaciones de alegría colectiva nacional con silbidos, pitos o abucheos. Sólo aquí suceden estas cosas y de forma reiterada, al extremo de que, como dice Pedrosa, destacado piloto español y catalán, ya se trata de “un clásico” en Cataluña sin que suponga ninguna novedad. Cierto, los silbidos del público español al himno español ya se ven como algo normal en Cataluña. No extraña que, ante semejantes esquizofrenias, el piloto español y mallorquín Jorge Lorenzo, uno de los grandes triunfadores en Montmeló, al preguntarle su opinión al respecto, eluda valorarlo con un “yo no me meto en política”. Si en otros muchos países, donde ha ganado, el público asistente le ha reconocido su triunfo con absoluto respeto y en silencio mientras sonaba el himno español en su honor, es paranoico que sea precisamente en su país donde no se le rinda con todos los honores establecidos el merecido homenaje por su hazaña deportiva- ¿Qué himno tenía que sonar en honor del triunfo de Lorenzo? Quién sabe. Si hace bien poco algunos medios independentistas catalanes definían como “una final catalana” la final de Roland Garros de tenis entre el mallorquín Nadal y el alicantino Ferrer, ambos españoles pero ninguno de Cataluña, habría que recurrir directamente al surrealismo para obtener la respuesta. Por cierto, en París sonó el himno español, mientras Nadal, el vencedor, sin escuchar silbidos ni abucheos, lloraba emocionado al escucharlo. Francia no tuvo necesidad de anunciar con una pancarta en inglés que no es España, pues las obviedades no precisan aclaración alguna; las entelequias, sí. Por eso, hasta las “finales catalanas”, fuera de nuestro país, se desarrollan con absoluta normalidad y aquí no.

            Es kafkiano que la entelequia surrealista del independentismo catalán, no sólo prostituya los hechos históricos para autosugestionarse y autoafirmarse sino que además intente prostituir el presente negando evidencias que, al menos en el ámbito deportivo, son indiscutibles, aunque las minoritarias élites independentistas se empeñen en lo contrario. La explosión de alegría popular en las calles de todas las ciudades y pueblos de España, incluidos los catalanes, tras los triunfos de la selección española de futbol, plagada de jugadores del Barça, algunos de ellos catalanes, contrasta con la surrealista actitud de los gobernantes de turno en Cataluña, resistiéndose a instalar pantallas públicas para ver la final del Mundial contra Holanda o, directamente, negándose a instalarlas en la final de la Eurocopa contra Italia. Y así, tantos y tantos ejemplos. Pero, ni las maniobras políticas, preparando el ambiente con abundantes banderas catalanas (incluida la estelada) y con total ausencia de las españolas, ni con absurdas y permanentes declaraciones antiespañolas, los dirigentes independentistas consiguen sofocar el sentimiento de orgullo colectivo cuando “la roja” arrasa (como acaba de hacer la Sub-21) o cuando triunfa Nadal, Alonso, Lorenzo…o cualquier otro de los nuestros, es decir, cualquier otro español, al margen de su patria chica. Aunque, desatados los demonios nacionalistas, sus correrías hacia el independentismo son inescrutables y sus métodos imprevisibles, como le sucedió a Arthur Mas al ser silbado de forma ostensible mientras entregaba la copa a Jorge Lorenzo. Todo lo demás estaba previsto en Montmeló. Todo, salvo la pitada al Presidente, seguramente porque los asistentes no entendían qué hacía un presidente autonómico español entregando los trofeos si “Catalonia is not Spain” o, en caso contrario, cómo consentía, siendo la primera autoridad española en Cataluña, entregar los trofeos bajo la pancarta sin el más mínimo gesto de disconformidad, sino todo lo contrario. ¡A saber pues quiénes le pitaron! ¡A saber por qué lo hicieron! En el surrealismo político caben diversas explicaciones, pero la de soplar y sorber al mismo tiempo tiene difícil encaje. ¿O no, señor Mas?

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

CARMONA Y LOS EREs FRAUDULENTOS

                        No se confundan con el título del artículo. No trata sobre los EREs fraudulentos que la Junta de Andalucía ha tramitado en el municipio sevillano de Carmona, entre otras cosas, porque desconozco si allí concretamente ha tramitado alguno de ellos y si era fraudulento o no. Trata sobre el cínico rol mediático que juegan los partidos políticos y sus militantes cualificados ante casos de corrupción, propios o ajenos, mientras se investigan en sede judicial. El popular tertuliano y diputado socialista en la Asamblea de Madrid, Antonio Miguel Carmona, deja bien claro a sus compañeros de Chamberí que su partido, el PSOE, teledirige su papel en los programas televisivos en los que participa, poniendo como ejemplo el debate sobre los EREs fraudulentos, celebrado en Telecinco, mientras la jueza Mercedes Alaya decide el levantamiento del secreto del sumario. Tras reconocer lo obvio, “Tenemos un problema con los ERE”, les dice concretamente: “El partido me mandó a mí al debate en Telecinco sobre los ERE… Y puedo decir, sin que nadie me grabe, que yo estaba teledirigido por Griñán… Tan teledirigido que me mandaban mensajes por WhatsApp todo el tiempo, como es natural”. Más claro, el agua, cuando lo natural debiera ser que ningún caso de corrupción fuera objeto de debates, sino, simplemente, de amplia difusión informativa para que, sin interferencias interesadas, concitase el lógico y natural rechazo que se presume en las personas decentes ante tan indecentes conductas. Por tanto Carmona avala mi criterio, manifestado públicamente en varias ocasiones, de que en estas tertulias o debates de piñón fijo sobre temas escabrosos, bajo la apariencia de cierta imparcialidad razonada y razonable de cada tertuliano, se enmascara un indecente objetivo propagandístico partidista, minimizando las miserias propias y maximizando las ajenas, en vez de aportar a la opinión pública los datos detallados y argumentos sólidos racionales que, al margen de intereses partidarios, generen una conciencia unánime de rechazo radical ante hechos que no debieran ser debatibles, pues sólo merecen o debieran merecer el repudio generalizado.

            Entretanto, junto a otros indecentes casos de corrupción, con entradas y salidas de la cárcel de sus presuntos autores, el levantamiento del secreto del sumario del caso de los EREs fraudulentos de la Junta de Andalucía, sobre el que Griñán teledirigía a Carmona en el televisivo debate, desvela a la opinión pública, al margen de las especulaciones vertidas en los debates mediáticos, la dimensión de un gigantesco caso de corrupción que, tanto por su fondo como por sus formas, causa náuseas a cualquier persona decente, especialmente si es progresista de izquierdas. Una trama delictiva gigantesca, desarrollada en el seno de una administración gobernada por socialistas, que malversa fondos destinados precisamente a los más desfavorecidos; que tiene 57 imputados, entre ellos, 7 ex altos cargos de la Junta y algún que otro ex dirigente sindicalista; que cuenta con un elenco de presuntos delitos continuados, entre ellos, malversación, cohecho, contra la hacienda pública, asociación ilícita, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad en documento mercantil; que incluye “intrusos” en los EREs, familiares y amigos de los presuntos chorizos, para garantizarles indemnizaciones y prejubilaciones inmerecidas; y que, entre otras indecencias, abona sobrecomisiones millonarias a intermediarios y a empresas consultoras mediadoras en cuyo entramado societario aparecen “testaferros”, incluido algún indigente que figura como administrador en seis sociedades “tapadera” para blanquear parte del dinero. Un tinglado repugnante que, en vez de intentar aliviar la ruina generalizada, ha provocado un enriquecimiento indebido, público y notorio, de demasiados listillos impresentables, quienes, convencidos de su poder e impunidad, no tienen reparo alguno, ni vergüenza, en exhibir sus esperpénticas conductas individuales, sino que, al contrario, alardean públicamente de sus poderosas fechorías y sus desorbitadas fortunas fraudulentamente conseguidas. Sólo así se entiende trayectorias y conductas como, por ejemplo, las de Juan Lanzas, el “conseguidor” y ex dirigente ugetista, que, desde la nada y no precisamente para defender a los trabajadores, se incluye a sí mismo como “intruso” en los EREs y, además, incluye a sus familiares (su mujer, su cuñada, su suegra…) sin haber trabajado en las empresas; que, en sus cuentas y las de su esposa, mueve durante años unos tres millones de euros anuales cada uno; que compran dieciséis inmuebles, algunos pagados en metálico; y, por no seguir con más detalles, que ingresa veinte o veinticinco mil euros semanales en la cuenta de su madre, quien, orgullosa de su hijo, no repara en alardear de su pública y notoria fortuna, diciendo a la propia Guardia Civil que hay dinero “hasta pa´asar una vaca”. ¿Qué es lo que hay que debatir sobre esto? ¿Qué instrucciones de Griñán ha de recibir Carmona al respecto?

            Flaco favor se hace a la democracia y a la necesaria trasparencia si, ante asuntos tan turbios, no somos capaces de ser imparciales, especialmente cuando usamos los medios de comunicación de mayor repercusión. Su impacto es decisivo tal como dice Carmona a los suyos: “No nos preocupemos demasiado por lo que sale en los periódicos… Imagínate que es una mentira en un blog de El País, pues no pasa nada porque la leen 133 personas. Sin embargo, sales en TV y te ven siete millones de personas. Yo voy a La Sexta y me ven tres millones”. Y no le falta razón al añadir que, por ello, tanto Tomás Gómez como él mismo, han intentado “meter gente en los medios de comunicación” pues “No se trata de algo personal, sino de enviar el mensaje del partido” que “es lo que hay que hacer y los que opinan lo contrario están muy, muy equivocados”. Todo correcto, pero depende de para qué se utilice. Supongo que el mensaje del partido en el debate televisivo de los EREs fraudulentos no sería para decir mentiras ni ocultar verdades… Pero, de no ser así, ¿qué mensaje teledirigía el partido a Carmona si sólo cabía el de la repulsa contundente y sin paliativos más absoluta? Para ello, era innecesario teledirigir a tan popular dirigente socialista, pues cualquier militante sencillo y honesto lo hubiese hecho con éxito, como él, sin necesidad de ninguna teledirección simultánea. Hay asuntos que no debieran requerir ningún asesoramiento y, menos, a personas suficientemente preparadas.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

MI AMIGA ESTÁ QUE TRINA

                        Por más vueltas que le doy a la cabeza no tengo más remedio que darle toda la razón. Mi amiga está que trina y no es para menos. A sus cincuenta y siete años de edad, con treinta y cinco de ellos cotizando como trabajadora por cuenta ajena, es decir, tras toda una vida trabajando legalmente sin cesar, nuestro Estado de Bienestar le acaba de comunicar que, hasta que tenga la edad de jubilación o encuentre otro trabajo, tendrá que depender de su marido, de sus hijos o vaya usted a saber de quién, ya que con la nueva normativa, aprobada hace dos meses, para ella no hay previsto ningún tipo de ayuda. Para llegar a la edad de jubilación le quedan ocho años como mínimo y para encontrar un nuevo trabajo, tal como está el patio, le queda el resto de su vida.  

Ni pudo imaginar que, cuando hace dos años cerró la empresa donde trabajaba, su futuro se tornaría tan negro e incierto. Pasó, por primera vez en su vida, a “cobrar el paro” y, tras aceptar una oferta a la baja, como tenían que hacer casi todos los currantes, a percibir la pertinente indemnización, debidamente rebajada (de los 45 días por año trabajado, como decía entonces la ley, ni hablar). No perdió un instante en pensar en la ayuda que percibían algunos conocidos suyos por ser parados mayores de 55 años, pues estaba convencida de que, antes de agotar el subsidio por desempleo, un nuevo trabajo aparecería en el horizonte. Por ello, se puso a buscarlo desde el primer momento, aunque, mes a mes, se imponía la cruda realidad. Encontrar un puesto de trabajo en España, incluso siendo, como ella, sobradamente cualificada, era muy difícil y, a su edad, prácticamente imposible. Tristemente, la fue invadiendo la resignación a medida que se acercaba, sin que el nuevo empleo surgiese, la fatídica fecha del final del cobro del subsidio por desempleo que, visto lo visto, inexorablemente, la condenaría, después de toda una vida trabajando, a solicitar en el peor de los casos la citada ayuda que el Estado preveía -¡menos mal!- hasta que le llegase la edad de jubilarse y cobrar su merecida pensión, después de tantos años cotizados, que, en todo caso, quedaría mermada si no conseguía seguir trabajando y cotizando a su nivel estos últimos años.

El fatídico día llegó, pero el nuevo puesto de trabajo, no. Al final, mi amiga, se veía obligada a claudicar y, como aquellos conocidos suyos (incluso los que apenas habían cotizado a lo largo de su vida, bien porque no habían podido o no habían querido trabajar, pues no siempre ha habido crisis en los últimos cuarenta años, bien porque trabajaron de forma ilegal y no cotizaron) decide acudir al INEM para solicitar, como ellos, la ayuda pertinente a parados mayores de 55 años hasta que le llegue la edad de jubilarse. Pero, como si todo lo anterior no fuese suficiente para minar todas sus esperanzas de futuro, a mi amiga le esperaba la más ruin de las noticias, que arruinaba su dignidad presente. El INEM le comunica que desde hace dos meses el Gobierno ha cambiado las reglas, estableciendo nuevos requisitos de renta para tener derecho a la citada ayuda, que ahora requiere tener en cuenta los ingresos de toda la unidad familiar, y no sólo los del perceptor como se hacía antes; por tanto, como su marido, ya pensionista, tiene una pensión suficiente, según considera el Gobierno, para mantenerla a ella y a su hijo, todavía estudiante universitario, queda excluida como beneficiaria de dicha ayuda.

Mi amiga, en absoluto desacuerdo con que, en semejante trance, la hagan dependiente del resto de su familia, en este caso de su marido, como si ella no hubiera aportado a la sociedad méritos personales suficientes para que ésta le garantice valerse “per se” hasta el final de sus días, ante el nuevo planteamiento gubernamental decide entonces exponer con toda crudeza su realidad familiar. Aunque vive en régimen de separación de bienes con su marido y su hijo, todavía estudiante, también convive, tal como consta en el padrón, con otra hija y con dos nietos, hijos de ésta, quienes, tras una separación con violencia de género incluida, han tenido que cobijarse en el hogar familiar, según consta en resolución judicial. Una unidad familiar “de facto” compuesta de seis miembros, siendo obvio que la pensión de su marido, único ingreso de dicha unidad familiar, por suculenta que sea no rebasa la renta media familiar (suma de todas las rentas, dividida entre el número de miembros) que en 2013 el gobierno ha fijado en 484 euros. Sin embargo, la conclusión final es demoledora. La hija, al ser mayor de 26 años no cuenta como miembro de la unidad familiar, tenga o no ingresos; los nietos tampoco ya que “de iure” no están acogidos y la tutela sigue siendo de su madre, aunque “de facto” todos dependan de la pensión de su marido que, dividida por tres, si rebasa los 484 euros de media. Mi amiga, como último recurso, sólo puede solicitar una ayuda para mayores de 42 años, que sólo dura seis meses, pero que sólo requiere la situación personal y no las rentas familiares. Y, agotada dicha ayuda, después la nada. Es decir, un generoso gesto que te condena a la exclusión social no ahora, sino seis meses después.

            Es la indecente respuesta de una sociedad enferma a quienes se dedicaron a ganarse la vida honradamente con su trabajo, colaborando con los pertinentes impuestos al bien general, para que otros campen a sus anchas, malversando el erario público generado con tofo tipo de figuras delictivas que les permiten vivir al margen de la ley, bien al amparo de las fraudulentas fortunas amasadas, bien al del acogimiento fraudulento de determinados beneficios sociales, sin que los mecanismos supervisores hagan absolutamente nada para impedirlo. Por todo ello, mi amiga está que trina y, por más vueltas que le doy a la cabeza no me queda más remedio que darle toda la razón.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

A LA GRESCA CON EL DÉFICIT AUTONÓMICO

                        Las CCAA, entre ellas y con el Gobierno Central, andan a la gresca con el objetivo de déficit autonómico, sin que se vislumbre un acuerdo satisfactorio para todos. Es bien sabido el esfuerzo que viene realizando España para reducir su excesivo déficit que, según el Programa de Estabilidad 2011-14, fijaba el objetivo de situarlo en un 3% del PIB en 2013, atendiendo las recomendaciones del Consejo de la UE. Su distribución quedó en el 1´7 % para la administración central, el 1´1% para las CCAA y el 0´2% para los ayuntamientos, pero las posteriores previsiones económicas a la baja de la UE lo relajaron alargando el plazo para lograrlo hasta 2014 y permitiendo para el conjunto de España un techo del 4´5% para 2013. Y aquí empieza la polémica. El gobierno Rajoy no traslada dicha relajación a las CCAA en la nueva distribución, sino todo lo contrario (0´7%, frente al 1´1% anterior), reservándosela con creces para la administración central (3´8%, frente al 1´7% anterior) y dejando a los ayuntamientos el 0´0%. Es decir, mayor esfuerzo autonómico y mayor relajación para la administración central, aunque, ante las malas perspectivas de recuperación económica, el propio gobierno fija después el déficit de las CCAA en el 1´2% frente al 0´7% inicial. Este primer motivo de discrepancia con el gobierno de Rajoy, no está exento de razón por parte de las CCAA, pues no parece razonable su criterio a la hora de repartir la relajación del techo de déficit concedida por la UE para 2013 (del 3% al 4´5%), al exigir a las autonomías un esfuerzo de consolidación desproporcionado y hacer lo contrario con la administración central. Lo razonable es que ese diferencial del 1´5% del PIB para el conjunto de España, no sólo repercuta en un menor esfuerzo del previsto inicialmente para la administración central, sino que también lo “disfruten” las CCAA, que, de entrada, han de conseguir el 1´2% de su PIB.

Pero, si a lo anterior se añade el diferente comportamiento de las distintas CCAA en el ajuste del déficit previsto en 2012, la polémica está absolutamente servida con todo tipo de argumentos. En efecto, España, a pesar del ingente esfuerzo realizado, cerró el año 2012 con un 6´7% de déficit frente al 6´3% pactado con Bruselas (4 décimas más de lo previsto). Para la administración central más la Seguridad Social se previó el 4´5%, para las CCAA el 1´5% y para los ayuntamientos el 0´3% restante; sin embargo, sólo éstos con un 0´2% consiguieron superar el objetivo, pues ni la administración central-SS, con un 4´8%, ni las CCAA, con un 1´7%, lo consiguieron. Y aquí está el segundo motivo de la discordia que, al fin, es la madre del cordero, pues el asimétrico resultado de las CCAA en el ajuste del déficit en 2012, más la citada desviación global del 0´2% (al conseguir el 1´7% en vez del 1´5% previsto), coloca a las CCAA en un desigual punto de partida respecto al objetivo de déficit para 2013. Mientras ocho de ellas cumplieron con holgura en 2012 el objetivo del 1´5%  de su déficit, situándolo incluso por debajo del mismo (Extremadura, 0´6%; Asturias y La Rioja, 1%; Madrid y Cantabria, 1´1%; Galicia y Canarias, 1´2%; Navarra, 1´3%) y otras cuatro también lo consiguieron (País Vasco y Castilla-León, 1´4%; Aragón y Castilla-La Mancha, 1´5%), las cinco restantes lo incumplieron con amplitud (Baleares, 1´8%; Cataluña y Andalucía, 2%; Murcia, 3%; Comunidad Valenciana, 3´4%). Y, son éstas, precisamente, las que, obligadas obviamente a un mayor esfuerzo para conseguir el objetivo de déficit en 2013 (0´7% o 1´2%, que es lo probable), plantean que se les permita incluso un techo de déficit mayor. Es decir, que se haga una distribución asimétrica del mismo para suavizar el tremendo sacrificio que, en todo caso, habrán de realizar hasta el 2015. Una especie de “déficit a la carta” que, en caso de concederse sin más, penalizaría a las CCAA cumplidoras y premiaría a las incumplidoras en la consecución del objetivo.

Iniciado el conflicto por el independentista Artur Mas -quien, una vez más, lo plantea como un nuevo conflicto con España-, al reclamar a Rajoy para Cataluña un techo de déficit para 2013 como mínimo del 2´1% (mayor que el conseguido en 2012 y que el previsto para el conjunto de las Autonomías), el asunto hubiese quedado como un nuevo conflicto bilateral Cataluña-resto de España, pero se ha convertido en una gresca global, pues las cuatro comunidades restantes que, como Cataluña, no ajustaron su déficit en 2012, hacen causa común con los nacionalistas catalanes y, como entre ellas, las hay gobernadas por socialistas, como Andalucía, y populares, el guirigay está servido. La variable cumplidor-incumplidor con el déficit trasciende cualquier otro principio político o ideológico que, con más o menos virulencia, pone en evidencia la discrepancia entre los nacionalistas, entre los socialistas y entre los populares, según pertenezcan a una comunidad con el déficit ajustado o disparado en 2012, a la hora de criticar o no las tesis del gobierno central. Desde el “no pagaremos delirios soberanistas” del popular castellanoleonés De Santiago, hasta “el café para todos sería injusto” del socialista andaluz Griñán, pasando por silencios cómplices y otras exhibiciones argumentales, más o menos oportunas, en favor o en contra de las tesis de Montoro, lo razonable es que, si, por pura necesidad, se concede un trato asimétrico del problema –como la UE ha hecho con España- se exijan las contrapartidas pertinentes para evitar lo que, según Monago, provocaría “más gasto descontrolado”, premiando a las CCAA con gobiernos despilfarradores en vez de “tener una atención especial con las que han cumplido” como defiende Urkullo entre otros. Es fácil de entender. Ante la necesidad, cualquier trato de privilegio, exige un control inmediato por parte de quien lo otorgue, para evitar que el beneficiario se permita el lujo de priorizar sus delirios, no sólo los soberanistas, relegando las urgentes y verdaderas necesidades de los ciudadanos. Lo contrario es mantener la irresponsabilidad que nos ha conducido a este callejón sin salida.

Nota: Acaba de aparecer la noticia de que el Ejecutivo Comunitario acaba de proponer nuevas relajaciones para que ajusten el déficit siete países, que, en el caso de España quedaría en el 6´5% para 2013 (5´8%, 2014; 4´2%, 2015 y 2´8” en 2016), incluso dos décimas más que el 6´3% que pedía Rajoy y dos puntos más que el objetivo del 4´5% anterior. Dicha relajación, obviamente, va acompañada de una serie de recomendaciones y exigencias de control que, tal como planteo en el artículo, pretenden garantizar con seriedad el cumplimiento de los objetivos, entre ellos, la puesta en marcha del nuevo Consejo Fiscal Independiente y la mejora de la eficacia de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para controlar el gasto de las CCAA. ¿Hará lo propio el ejecutivo español para zanjar la gresca autonómica? Es lo que espera la UE del señor Rajoy.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

A CRÁNEO ABIERTO, SI NO PAGAS

                        La Sexta daba la noticia a bombo y platillo. Una joven inmigrante, hondureña, ha sido dada de alta médica forzosa sin cerrarle el cráneo por carecer de tarjeta sanitaria. Es el titular. Al difundir la noticia en horario de gran audiencia, muchos hogares españoles se escandalizan ante tan inhumano suceso. No se trata de una de esas barbaridades que desgraciadamente se cometen en algún país subdesarrollado y, por tanto, a medida que la noticia se detalla la indignación crece a ritmo desenfrenado. En efecto, se emite un reportaje en que una joven, María Concepción Amaya, acompañada por su hermana, explica que, tras ser operada en el Hospital General Universitario de Valencia, le han dado el alta médica dejándole el cerebro casi al aire libre, sólo bajo la frágil protección del cuero cabelludo, ya que, tras comprobar dicho hospital que no tenía la correspondiente tarjeta sanitaria y que era una inmigrante “sin papeles”, se niega a colocarle el hueso craneal. “¡Se puede ser tan majaderos!”, es mi reacción momentánea, como, supongo, la de miles y miles de ciudadanos, renegando contra el gobierno por permitir que se actúe tan inhumanamente, contra los recortes en los servicios básicos hasta tal extremo, contra la UE que los exige para equilibrar el déficit y, en general, contra tanta injusticia e inhumanidad generalizada.

            La sorprendente noticia de la Sexta va de boca en boca y dispara las redes sociales. Crece como una bola de nieve con el paso de las horas y protagoniza los corrillos y las conversaciones. Incluso algún nostálgico comenta que ni en la época franquista se cometían tamañas barbaridades ya que existía la beneficencia. Por si fuera poco, el gran Wyoming, en el programa “El Intermedio”, con el estilo que le caracteriza, arremete contra el gobierno y sus recortes, acusándole de liquidar la sanidad pública. “Tanto cuidadito con el cerebro, para que lo necesitas si puedes llegar muy lejos sin él, basta con mirar el Consejo de Ministros” le dice a su compañera de programa que, tras reiterar la noticia, se dispone a sacar una cámara a la calle para pulsar la opinión de los transeúntes a quienes el suceso se les presenta como sucedido en Marruecos y tras las respuestas (“espeluznante”, “una barbaridad”, “aquí tenemos la mejor sanidad del mundo” o “impresionante en el siglo XXI”) se les desvela que ha sucedido en España, respondiendo los entrevistados que es “penoso”, “muy triste”, “alucinante que pase aquí”, “increíble”, “lo decís vosotros pero a mí me cuesta creerlo”, “una barbaridad y aquí peor todavía”, “esto no puede seguir pasando” o “no me lo puedo creer”. En efecto, el asunto es mucho más grave que la escasa capacidad cerebral adjudicada por el presentador al Consejo de Ministros; se puede ser corto de mollera pero buena persona. Se certifica definitivamente la anunciada muerte de nuestro Estado del Bienestar. Lo sucedido es típico de países tercermundistas. Es la triste realidad que nos toca vivir.

         Sin embargo, dos días después, el citado Hospital hace un desmentido mediante un comunicado en el que manifiesta que la paciente fue atendida de inicio en urgencias e ingresada en Neurocirugía “sin tener en cuenta su situación de aseguramiento”, que han utilizado “todos los medios disponibles” y siempre han actuado según los protocolos clínicos, que ha estado ingresada más de un mes e intervenida en dos ocasiones por Neurocirugía, practicándole varios TAC, RM cerebral y arteriografía de carótidas, que ha recibido fisioterapia y rehabilitación durante su estancia, que finalmente se le dio de alta cuando su situación clínica lo permitió y citada a consultas externas para el seguimiento y control evolutivo, que se le ha solicitado el TAC de control para valorar “si se dan las condiciones que permitan realizar la craneoplastía”, es decir, la reposición del hueso craneal extraído cuando se operó, ya que las guías de práctica clínica establecen que ha de transcurrir un tiempo de “al menos 6 semanas a 3 meses desde la intervención quirúrgica para poder realizar la craneoplastia”. Por todo ello, el Hospital exige “la contundente y rápida rectificación de los medios que han dado pábulo a esta noticia y han actuado como caja de resonancia de la misma”.

La Sexta acaba de anunciar la existencia de dicho comunicado. Menos mal. Pero el daño ya está hecho. Para mucha gente que, lamentablemente, no hace un seguimiento mediático, que se informa por el boca-oído, de gran repercusión en casos de tan aberrantes noticias, en España dejan a medio operar a quienes no tienen medios para pagarlo si dicha circunstancia se descubre durante la intervención quirúrgica, aunque la consecuencia sea dejarles el cerebro directamente bajo el cuero cabelludo. Si lo descubren antes de iniciar la intervención, directamente les dejan morir. Es la imagen que queda en la memoria de mucha gente. Y en el exterior. Es la consecuencia del irresponsable proceder de un medio de comunicación al no contrastar la veracidad de las noticias que emite, sobre todo, si son susceptibles de generar tan alarmante repercusión social. Es obvio que alguien ha cometido graves irresponsabilidades y los ciudadanos tenemos derecho a saber si ha sido el Hospital, La Sexta o la señora Amaya. Alguien está mintiendo y con ello, generando una alarma social innecesaria que, tal como está el patio, supone añadir mayores dificultades para salir del atasco. De ser la Sexta, la señora Amaya, o ambas, el Hospital debe exigir responsabilidades por el daño causado. Y el fiscal por los perjuicios a la ciudadanía. De ser el Hospital, debe ser demandado por la señora Amaya y por la autoridad competente ante su inhumano proceder. Lo inaceptable es que tamañas irresponsabilidades por parte de alguien, de quien sea, queden saldadas con un tímido “lo siento” en el mejor de los casos.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

MONARQUÍA O REPÚBLICA, UN DEBATE INOPORTUNO

                        El malestar generalizado por la crisis económica y los comportamientos indecentes de demasiados políticos genera un ambiente propicio a la divulgación de recetas mágicas, que, adobadas debidamente con ciertas dosis de demagogia, pueden llegar a tener una aceptación considerable en parte de una población que, angustiada y desesperanzada por la situación, es cada vez más proclive a creer en los milagros. Y uno de los que más llama la atención, al ser probablemente el que menos tenga que ver con la crisis y con la posible salida de la misma, consiste en cambiar, que no en reformar, la Jefatura del Estado, generando, como si no hubiera ya suficientes, un nuevo debate público, Monarquía o República, absolutamente inoportuno en el mejor de los casos, ya que todos los esfuerzos, por parte de todos, debieran centrarse en los asuntos que realmente inciden directamente en la penosa situación que estamos padeciendo. ¿Se imaginan a los italianos o los griegos planteando que la solución de sus crisis pasa por implantar de nuevo la Monarquía ante el fracaso de sus respectivas repúblicas? ¿Se imaginan a holandeses o suecos reivindicando la República como necesaria para ser plenamente democráticos? No es imaginable ni en éstos, ni en los demás países desarrollados del mundo, pues saben que, planteado en dichos términos –como se hace en España- se trata de una falacia y, al margen de las convicciones monárquicas o republicanas que tenga cada uno, rechazarían su uso como arma política coyuntural con fines electoralistas o desestabilizadores que generan más confusión en momentos tan críticos, como es el caso, sin aportar la más ínfima solución a los problemas reales, sino todo lo contrario. Los fenómenos paranormales, sólo suceden en España.

            Monarquía y República, sin más precisiones, son conceptos teóricos que, desde la antigüedad, definen dos diferentes formas genéricas de gobierno, pero que han evolucionado y se han diversificado tanto desde entonces que hoy, para saber de qué estamos hablando, requieren, como mínimo, de concreciones específicas. Por tanto el debate “per se” Monarquía o República, sin concreciones (absoluta, semiconstitucional, constitucional o parlamentaria, en el caso de la Monarquía; popular, democrática, parlamentaria, presidencialista o semipresidencialista, en el caso de la República), queda reducido a la figura del Jefe del Estado (rey o presidente), es decir, a un determinado modelo teórico sin mayor trascendencia que a nada conduce. Pero si, además de esto, se plantea como garante o portador de valores concretos (ideológicos, económicos, libertades, desarrollo, bienestar social…), que es lo que argumentan quienes lo plantean aquí, se incurre en una irresponsabilidad manifiesta y en una flagrante falsedad. Por más que algunos se empeñen en lo contrario, ser monárquico o republicano, nada tiene que ver con ser de derechas o de izquierdas, al igual que un estado monárquico o republicano nada tiene que ver “per se” con subdesarrollo o desarrollo, dictadura o democracia, esclavitud o libertad, malestar o bienestar social… Decir estas sandeces, que tanto se prodigan en nuestro país, nos llevaría, por puro razonamiento lógico, a la  conclusión, por ejemplo, de que los suecos son de derechas por no rebelarse contra su Monarquía y que, por tanto, en Suecia no hay estado del bienestar, es un país subdesarrollado y carece de libertades democráticas, mientras que en Corea del Norte, por ejemplo, sucede todo lo contrario por ser una República. Partir de falsas premisas suele conducirnos a erróneas conclusiones. Para comprobarlo basta recordar los lugares privilegiados que ocupan las quince monarquías parlamentarias -que no las de otro tipo- que existen, compitiendo e incluso superando a las más importantes repúblicas en desarrollo humano y económico, en PIB, en nivel de vida, en prosperidad, en servicios sociales, en educación, en sanidad, en libertades y otras tantas variables positivas. Pero además, si en este tipo de monarquías, como en las repúblicas parlamentarias, el Jefe del Estado (rey o presidente) tiene un mero papel representativo, ajeno a las decisiones políticas gubernamentales, poco o nada se le podrá exigir o achacar acerca de la situación económico-social, en este caso de la crisis, ya que las decisiones, acertadas o no, sobre la misma no son de su competencia. Justo lo contrario del resto de modelos monárquicos o republicanos en que la Jefatura del Estado ejerce en su totalidad o comparte las competencias gubernamentales y, por tanto, es responsable, total o parcialmente, de la situación social o económica de sus respectivos pueblos y de su posible mejora. Lo que avala la inoportunidad de introducir el debate en momentos tan críticos, cuando su nula incidencia en la crisis y en su posible solución, lo convierte en un elemento perturbador innecesario e indeseable.

            Al margen de ser monárquico o republicano, vincular la reivindicación republicana con la crisis, haciendo aparecer como responsable de ella a una monarquía parlamentaria, como es el caso, y, como su solución, sustituirla por una república sin más, es de un cinismo inaceptable. Hasta el más ingenuo, si está mínimamente informado, sabe que cualquier presidente republicano, salvo si se trata de repúblicas parlamentarias, como la alemana por ejemplo, al igual que cualquier monarca no parlamentario, como el marroquí por ejemplo, es mucho más responsable de la crisis de sus respectivos países que cualquier rey parlamentario, como el español por ejemplo, y que, por tanto, es mucho más susceptible de que se cuestione el modelo de estado que representa. Y, sin embargo, no se cuestiona el modelo; en todo caso, se reforma. Por ello, salvo en España, donde todo es diferente, en ningún otro país monárquico parlamentario, ni a los republicanos más convencidos, que también los hay, se les ocurriría desencadenar una campaña reivindicativa republicana en momentos tan inoportunos y con premisas tan falsas. Saben que, de hacerlo así, su descrédito interno e internacional sería notorio. Ya ven, los fenómenos paranormales sólo se dan aquí.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

EN CAÍDA LIBRE

                        Según el último barómetro del CIS, tanto el PP, desde el gobierno, como el PSOE, desde la oposición, siguen en caída libre en cuanto a apoyo ciudadano se refiere. Si los populares, con el 34% de intención de voto, pierden un punto porcentual respecto al trimestre anterior, los socialistas pierden dos puntos y obtienen un 28´2%. Sucede igual, aunque con ligeros descensos, a CiU y PNV, que obtienen un 3´4% y un 1´2% respectivamente, mientras que siguen en ligero ascenso tanto IU como UPyD que, con el 9´9% y el 7´4% respectivamente, obtienen sus mejores resultados en los últimos años, y mantienen sus apoyos, tanto ERC con el 2%, como Amaiur y Coalición Canaria con el 0´9% cada uno. Asimismo, todos los líderes políticos quedan peor valorados en mayor o menor medida, repitiendo Rosa Díez como la menos mala con una nota de 3´9 (frente al 4´3 anterior), en tanto que Cayo Lara pasa de 3´8 a 3´5, Rubalcaba de 3´4 a 3 y Rajoy de 2´8 a 2´4, sin conseguir aprobar ninguno de ellos. En otro orden de cosas, el barómetro manifiesta las principales preocupaciones de los ciudadanos, que, de nuevo, encabeza el desempleo (80´7%), seguida de la corrupción y el fraude (39´3%), la situación económica (35´5%) y la política y los políticos (29´4%), valorando la situación global de España como mala o muy mala (90%) y sin perspectivas de que sea mejor el próximo año (85%). Muy por debajo de estas preocupaciones quedan la sanidad (7´9%), los desahucios (5´7%), los bancos (5´4%), la educación (4´8%), los problemas sociales (4´7%), los recortes o ajustes (3´9%) y el terrorismo (0´6%). Estos son los resultados concretos que, al margen de las valoraciones subjetivas de cada partido político para venderlo lo mejor posible a sus electores, manifiestan algunas cuestiones indiscutibles.

            En primer lugar, decepción y desencanto generalizado ante la actuación de los partidos que, gobernando o liderando la oposición, han protagonizado la gobernabilidad democrática, tanto a nivel nacional como autonómica, pero sin sustituir dicha decepción por entusiasmo hacia otros partidos casi vírgenes en experiencias de gobierno, aunque, lógicamente, obtengan un cierto y escaso beneficio del derrumbe de los anteriores, lo que genera una alarmante y preocupante desconfianza hacia todos los partidos políticos en general. No obstante, si, según estos datos, hoy se celebrasen comicios, todavía ganaría de nuevo el PP a pesar de que el 68´5% considera que la gestión del gobierno es mala o muy mala, pues, aún son más, un 71´5%, quienes consideran mala o muy mala la oposición que hace el PSOE. Está en caída libre la gobernabilidad en el futuro.

            En segundo lugar, ausencia de liderazgos carismáticos, capaces de pilotar la necesaria regeneración interna de los distintos partidos políticos, para que, de nuevo, generen proyectos creíbles, viables e ilusionantes en los que poder confiar, y dejen de ser compartimentos estancos cerrados, alejados de la realidad, donde se dirimen las luchas cainitas por los intereses bastardos de unos cuantos. El suspenso generalizado de todos y cada uno de los líderes políticos contrasta con la valoración que obtuvieron sus antecesores en otros tiempos. Está en caída libre la credibilidad en la capacidad de los dirigentes políticos de cualquier ideología.

            En tercer lugar, pesimismo generalizado sobre la mejoría de la situación que, casi por unanimidad, consideran catastrófica y duradera, generando una resignación sin precedentes ante la incapacidad de resolver con prontitud los graves problemas que preocupan mayoritariamente a la ciudadanía. Está en caída libre la esperanza en un próximo futuro mejor.

            Y, en cuarto lugar, un desajuste reivindicativo considerable entre las mayoritarias y principales preocupaciones ciudadanas (paro, fraude, economía y política) y las de carácter más minoritario y secundario (sanidad, desahucios, bancos, educación, recortes…), que, curiosamente, son las que protagonizan las reivindicaciones callejeras y las tertulias mediáticas. Está en caída libre la conexión real entre los ciudadanos y sus representantes políticos a la hora de priorizar los intereses más generales y visualizarlos como tales ante la opinión pública.

            Si a todo ello añadimos que, según el baremo del CIS, más del 40% de los españoles quedan al margen del proceso electoral, bien como abstencionistas decididos o votantes indecisos; que los españoles sólo aprueban a tres instituciones (la Guardia Civil, la Policía y las FFAA) y que la Monarquía, tras los Medios de Comunicación y el Defensor del Pueblo, sigue suspendiendo, pero con un 3´7 de nota, queda como la sexta institución mejor valorada, superando por muy poco a la Iglesia (3´6) o al Poder Judicial (3´5), pero sacando una considerable distancia sobre el Gobierno (2´4) y sobre la institución peor valorada, que es la de los Partidos Políticos (1´8), lo que realmente sucede es que lo que está en caída libre es nuestro sistema global de convivencia. Es decir, nuestro sistema democrático que es manifiestamente mejorable.

            Esta es la cruda realidad que percibe la ciudadanía española, perpleja ante la manifiesta incapacidad de sus gobernantes y dirigentes políticos democráticos para ponerse de acuerdo para salir del abismo en que se han –y nos han- metido, sin reparar que, o cambian el rumbo entre todos para frenar democráticamente la caída libre hacia el fondo del mismo y comenzar la difícil escalada o, ante el terror ciudadano al impacto final definitivo, surgirán, con la excusa de evitarlo, los salvadores especializados en sobrevivir en la ciénaga a base de ofertarles todo tipo de soluciones mágicas inviables que sólo aportan más lastre a las soluciones razonables. ¿Acaso no están apareciendo ya semejantes salvapatrias? Júzguenlo ustedes mismos.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

SOMBRÍO PANORAMA

                        La última Encuesta de Población Activa (EPA) arroja una cifra escalofriante de paro en España; 6.202.700 personas desempleadas tiñen de negro la celebración del Primero de Mayo o Día Internacional de los Trabajadores que, si entre otras reivindicaciones, sirve para homenajear a los Mártires de Chicago por participar en las jornadas de lucha para conseguir la jornada laboral de ocho horas, hoy, más de un siglo después, paradójicamente ha de ser un clamor generalizado simplemente para que el derecho al trabajo no sea atropellado tan indecentemente. No garantizar el derecho al trabajo fehacientemente supone condenar inmerecidamente a las personas afectadas a una vida indigna y miserable, incapacitándoles para disfrutar de otros derechos, como la vivienda, imprescindibles para su pleno desarrollo humano a nivel individual, familiar y social. Una injusticia inadmisible que no se palia con las coberturas de desempleo, ni con las ayudas posteriores que, por su carácter temporal y transitorio, sólo valen como garantía para afrontar con cierta tranquilidad una mala coyuntura personal adversa con periodo de caducidad hasta el momento de reincorporarse a un nuevo puesto de trabajo. En definitiva, para un imprevisto circunstancial. Pero, si agotadas dichas prestaciones temporales, como sucede a unos dos millones de los citados desempleados, encima se les condena a la inanición, la injusticia inadmisible se convierte en una majadería social intolerable. Es lo que está sucediendo.

            Es repugnante y repulsivo que en una de las zonas más desarrolladas del mundo, con un alto nivel de vida y un considerable estado del bienestar se condene a tanta gente a la exclusión laboral, arrancándoles la capacidad de poder ganarse la vida libre y dignamente. Tanto en el conjunto de la UE, como en los países de la eurozona, el paro aumenta de forma significativa, arrojando cifras espeluznantes (casi 27 millones de parados en la UE, de los que más de 19 pertenecen a la eurozona, entre ellos, los más de 6 que aporta España). Un sombrío panorama que además dibuja un horizonte de futuro tenebroso sin que se atisbe una mínima esperanza. Sin crecimiento económico no se genera empleo y en Europa todas las previsiones al respecto, revisadas a la baja, apuntan en esa dirección. Una descomunal tragedia europea que, al margen del color político de los gobernantes en los diferentes países que la integran, todos ellos se muestran incapaces de salir de la crisis, generando un euroescepticismo cada vez más evidente que hace tambalear el tan ansiado proyecto de unidad europea. Por si fuera poco lo anterior, el fracaso ante la crisis de gobiernos sucesivos de izquierdas y de derechas (Zapatero y ahora Rajoy en España) o viceversa (Sarkozy y ahora Hollande en Francia), así como el de experimentos tecnocráticos (como el de Monti en Italia) genera en la ciudadanía una descomunal desconfianza en la alternancia política, requisito imprescindible para la supervivencia de la democracia, e incluso un rechazo progresivo al sistema global establecido, sin que se sepa muy bien hacia dónde vamos.

            Este sombrío panorama europeo se hace ya irrespirable en algunos países como España, donde el nivel de desempleo, siempre superior al del entorno, llega a límites insostenibles. Imparable en los últimos años con un gobierno socialista, sigue “in crescendo” con un gobierno conservador a pesar de las reformas emprendidas, frustrando todas las esperanzas depositadas en el cambio de rumbo desde las últimas elecciones. La ciudadanía se va quedando huérfana políticamente de cara a las próximas. Nadie entiende que la manifiesta mejoría de los datos macroeconómicos (prima de riesgo, balanza comercial, déficit…) no vaya acompañada de una mejora sustancial en la economía real, la que afecta directamente a los ciudadanos. Nadie entiende que, ante la petición de paciencia por parte del gobierno, la desacreditada oposición exija premura, cuando antes sucedía justo lo contrario. Nadie entiende que el paro siga siendo moneda de cambio en la lucha política partidaria para desgastar al rival, en vez de ser el común problema a resolver por parte de todos (gobierno, oposición, partidos, sindicatos, patronal…), quienes, aportando sus teóricas soluciones viables, han de ser capaces de suscribir un acuerdo o un plan general de emergencia que es lo que realmente se necesita.

            Lamentablemente ya no valen los reproches, ni las descalificaciones gratuitas, ni la búsqueda de culpables presentes o pretéritos. No se trata de polemizar sobre quién es o ha sido más inútil. A estas alturas es una pérdida de tiempo que no nos podemos permitir y que, en definitiva, nada resuelve. Se trata de solucionar un gravísimo problema que trasciende cualquier ideología, que está por encima de cualquier proyecto político y que ha de ser prioritario a cualquier otro objetivo. Se trata de devolver a todos esos millones de personas la dignidad que vilmente les han arrebatado. Se trata de poner coto a una sociedad corrupta e inmoral que no pone límites al enriquecimiento ilícito de unos pocos, ni al despilfarro y el derroche del dinero público, mientras condena a millones de personas a sobrevivir en la más absoluta miseria sin darles la oportunidad de ganarse el pan con el sudor de su frente. ¿Nadie es capaz de evitarlo? ¿Por qué, si todos coinciden en el diagnóstico, ninguno pone el remedio? Esto es lo que hay que demandarles.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena