Por
más que se empeñen los secesionistas, negar la evidencia es absurdo y, tal como
vimos todos el 1-O y seguimos viendo casi a diario, el totalitario “procés” es
en sí mismo un mecanismo violento, tal como acredita la Guardia Civil al
Tribunal Supremo (315 actos violentos del “procés”, documentando al juez
Llarena 122 “agresiones” e intimidaciones y casi 200 cortes de vías), señalando
en el informe que se planificó un “levantamiento violento” contra el Estado,
que todos vimos en televisión. Un levantamiento violento que continúa hoy y,
mientras CCOO y UGT se suman a la manifestación en favor de los presos y contra
los jueces, Interior, que denuncia a los mossos que acompañaron a Puigdemont a
Finlandia, reúne a los mandos de los Mossos, que dejan claro que “no somos los
del 1-O”, para ordenarles que respondan ante la escalada de violencia que ha
anunciado la CUP, por lo que, entre otras actuaciones, la policía autónoma
blinda la Estación de Sants, y, mientras los autodenominados “comités de
defensa de la república” bloquean intermitentemente algunas carreteras
(menospreciando derechos fundamentales de las personas), interviene con
eficacia para restablecer el tráfico, procurando que el independentismo no
logre paralizar Cataluña. Entretanto, mientras Puigdemont anuncia que recurrirá
al TC alemán y a Estrasburgo para evitar su entrega (ya ven, la apestada España
le repugna), Interior tiene que enviar escoltas para proteger a los políticos
constitucionalistas y refuerza la seguridad de los jueces encargados del
“procés”. Por otro lado en el esperpéntico pleno simbólico del Parlament de
Torrent votan juntos el PSC, ERC y el partido de Colau, según ellos, para
recuperar las instituciones y romper el “bloqueo actual”, aunque lo aprobado no
genere compromiso alguno, pues, de hecho, el PSOE rechaza (y con razón) que el
PSC entre en un gobierno con una ERC echada al monte del totalitarismo, lo que
en la práctica supone que Iceta y los comunes, en alianza con los separatistas,
han protegido al totalitario Torrent, quien rechazó condenar la violencia
callejera, y que sólo Ciudadanos y PP hayan exigido su dimisión tras su
inaceptable declaración de que el president de Cataluña, Puigdemont, jamás
puede ser perseguido por los jueces. En definitiva, el partido de Colau está
dispuesto a formar gobierno con Esquerra, a la que exigen una renuncia a la vía
unilateral y una agenda social, pretendiendo formar una mayoría transversal que
incluya al PSC, e Iceta sostiene que “la única salida a esta crisis es el
Gobierno de concentración”, mientras la alianza les vale para no condenar la
violencia y evitar que el Parlament se pronuncie sobre los disturbios y para
pedir la libertad de los presos, en tanto que hasta el abogado de Puigdemont,
que acaba de conseguir el único apoyo de la más radical extrema derecha
alemana, acude al Pleno para pedir frenar su investidura (temiendo que
perjudique su futuro judicial), y Torrent pone el Parlament al servicio de los
presos, mientras Ponsatí, comparece ante un tribunal de Edimburgo, que le
concede la libertad condicional, y recauda unas 200.000 libras para su defensa
gracias al “crowdfunding” o micromecenazgo. Y mientras documentos incautados
por la Guardia Civil revelan el “cronograma” de la Hacienda catalana para
arrebatar el control tributario al Estado a partir de 2018, el “procés” y Colau
dejan a Cataluña sin la Barcelona World Race (Barcelona pierde más de 20
millones), cuyos organizadores cancelan el evento por la “inestabilidad
política”, sumándose así la pérdida de la regata a otros desastrosos efectos
del independentismo como la caída de la inversión, la fuga de depósitos y
empresas y el desplome de la ocupación hotelera….. Pero no cabe preocuparse,
Puigdemont, desde su delirio carcelario y con el apoyo de la extrema derecha
alemana, designa sucesora a la alcaldesa de Gerona, Marta Madrenas, quien
mantendría el desafío al Estado de Derecho y la hoja de ruta soberanista para
que el levantamiento violento continúe.
Entretanto
el Gobierno de Rajoy aprueba un Presupuesto al alza (el Presupuesto más social
de los populares) sin tener aún el apoyo del PNV, mientras la izquierda lo
desprecia y todo queda en manos de los nacionalistas vascos. En dicho Presupuesto,
con una previsión de crecimiento que se eleva al 2´7%, entre otras cosas, hay
las siguientes medidas expansivas: subida a los salarios públicos de entre el
1´75% y el 1´95%; deducciones a las familias por guarderías, discapacitados y
familia numerosa; alzas de prestaciones del 1% al 3% para 6´7 millones de
pensionistas, mil millones más; 1.450 millones para becas, 30 más que en 2017;
bajada del IRPF para rentas inferiores a 18.000 euros y del IVA al cine al
10%.... Pero los nacionalistas vascos insisten en que no apoyarán las cuentas
del Estado si persiste el artículo 155 en Cataluña y la izquierda no los apoya
(veremos a ver con qué argumentos en el debate parlamentario), mientras
Hacienda garantizará la subida de las pensiones aunque no haya PGE. Ya ven, la
polémica sobre el debate más importante para todos, el debate presupuestario,
está servida.
Y,
por si todo lo anterior fuera poco, la Justicia investiga la financiación del PSOE
de Valencia y de Compromís, socios en el Govern de la Comunitat Valenciana,
pues, al parecer, constructoras camuflaban pagos al PSPV y al Bloc, el socio
más importante de Compromís, como gastos de márketing. La Audiencia podría así
asumir el caso de esta irregular financiación ya que cuatro juzgados investigan
facturas en “B” para pagar campañas electorales, quedando las causas abiertas
por los delitos de falsedad, prevaricación, malversación y delito electoral
entre 2007 y 2011, mientras la oposición al Govern valenciano exige
explicaciones a Puig y Oltra. En efecto, se investigan contratos de la trama
del PSPV con Zapatero, pues, entre otras cosas, Medio Ambiente adjudicó a la agencia
con la que se financiaban los socialistas la publicidad de desaladoras sin
cumplir los requisitos y el PSOE valenciano colocó a uno de los cargos de la
empresa de las facturas B, se trata de José Ramón Tiller, quien, tras pasar por
Crespo Gomar, la empresa con sede en Gandía sobre la que se investiga una trama
de facturas, logró un importante puesto “a dedo” de la Diputación….veremos al
final en qué queda todo esto. En cuanto a otros asuntos cabe citar que Génova
intentó utilizar el caso del “tamayazo” para dinamitar el PP de Aguirre; que
Ciudadanos está en el centro de la batalla electoral por el poder local, por lo
que Rivera busca independientes en los municipios para presentar listas en toda
España; que el bono social para pagar el teléfono sólo llega a 33.000 españoles;
y que la banca venderá 40.000 millones de activos tóxicos inmobiliarios este
ejercicio.
Por
lo que respecta al exterior cabe destacar que Rusia expulsa a 60 diplomáticos
estadounidenses y cierra el consulado en San Petersburgo, como respuesta a la
expulsión de diplomáticos rusos de EEUU; que Trump abre un nuevo frente con sus
amenazas a Amazón, el gigante del comercio por Internet y propietaria del The
Washington Post, acusándola de destruir
el comercio y tributar poco en EEUU y pretendiendo castigarla con impuestos más
elevados; que estalla la indignación y el dolor en Rusia tras el incendio de
Kemerovo; que las “trampas” del Brexit cuestionan la legitimidad del referéndum
mientras el cerebro de Cambridge Analytica dice que se manipuló su resultado;
que Corea del Norte sale del aislamiento y se abre a reducir el arsenal nuclear
al firmar Kim Jong-un la reconciliación con China en una reunión secreta con Xi
en Pekín; y que se desata la tragedia en la cárcel venezolana de Carabobo,
donde mueren 68 personas al pegar fuego los presos hacinados a sus colchones en
un fallido intento de fuga, aunque también se habla de un motín o de incidentes
entre facciones que lideran los internos.
Jorge Cremades Sena