¿A LA TERCERA VA LA VENCIDA?

 

                    Bienvenido sea este tercer plan anticrisis diseñado por el Gobierno, que demuestra que, tras los dos anteriores, seguimos inmersos en una crisis profunda, por lo que esperemos que por fin a la tercera sea la vencida y podamos mirar el futuro con mayor optimismo. Un tercer plan anticrisis basado esencialmente en la bajada del IVA de productos alimentarios básicos que le venían pidiendo a Sánchez desde la oposición, tanto del PP como de Vox, y él negaba porque sus socios populistas del Gobierno lo descartaban y ahora, aunque lo van a aprobar a ragañadientes, siguen criticando como solución eficaz. En efecto, mientras el PP se pregunta por qué ahora se rebaja el IVA de los alimentos y no hace meses cuando ellos lo venían pidiendo desde la oposición, el Gobierno en este tercer paquete de medidas anticrisis decide por fin, para luchar contra la inflación de los alimentos, quitar dicho impuesto de los alimentos básicos (como el pan y la leche) o bajarlo al 5% en otros (como el aceite y la pasta), pero, incomprensiblemente, deja fuera las conservas, la carne y el pescado, que, visto lo visto, para el Ejecutivo dejarían de ser básicos para las clases menos poderosas que sencillamente no se pueden permitir el lujo de comprarlos. Además Sánchez, aficionado a los cheques-regalo, que sirven de bien poco (aunque a nadie le amargue un dulce), el Gobierno decide dar 200 euros en un solo pago a los hogares más vulnerables que ingresen menos de 27.000 euros brutos anuales, siempre que no reciban ningún otro  tipo de ayuda de la Administración, lo que desde la oposición consideran puro electoralismo, mientras entre los posibles beneficiarios de este aguilando navideño se preguntan si podrán ser acreedores a recibirlo en esta sociedad subvencionada que estamos conformando, dado que el cheque sería incompatible con cualquier otro tipo de ayuda o subvención. Por otro lado, tal como le pedían sus socios para darle el visto bueno al decreto anticrisis, Sánchez, que espera que dicho decreto tenga “resultados electorales”, prorroga hasta junio las medidas de los alquileres y el transporte, aunque suprime las ayudas al carburante de 20 céntimos por litro, que deja reducidas sólo para transportistas y el campo, a pesar de que el diésel está un 23% más caro que hace un año; además, sólo habrá ayuda estatal al transporte urbano si ponen su parte las CCAA, y se mantiene el transporte gratis en trenes de cercanías y la rebaja fiscal de gas y luz durante seis meses. Este es, “grosso modo”, el contenido del tercer decreto anticrisis con el que el Ejecutivo pretende salir del atasco económico. Un Sánchez, en claro  periodo electoral, que decide poner cara a los anuncios que apruebe el Consejo de Ministros para intentar rentabilizarlos y que permite a Yolanda Díez rentabilizar el “escudo social”, aprobando este electoral decreto de ayudas, mientras estos planes anticrisis y los fondos de la UE dan una cierta aceleración a la maltrecha economía española que cerrará el año, según Sánchez y la mayoría de analistas, con un crecimiento del PIB superior al 5%, lo que demuestra que España, a pesar de todo, sigue y seguirá siendo una de las economías importantes de la UE, pues su potencialidad económica es indiscutible, gobierne quien gobierne.

          Pero Sánchez, además del asunto económico tiene otros graves problemas al margen de estas turbulencias económico electoralistas, por lo que pretende presentarse además como garante del cumplimiento de la Constitución y afirma ahora rotundo que no negociará con ERC un referéndum en Cataluña, lo que para muchos, dada la experiencia lamentable de los indultos, la sedición y la malversación, es sinónimo de que sí habrá algún  tipo de referéndum o consulta en Cataluña, entre los que así lo consideran está la popular Cuca Gamarra que responde con un “habrá referéndum cuando los independentistas quieran” a las manifestaciones de Sánchez de que aparcará la “mesa de diálogo” mostrando su desprecio a la independencia e ignorando ahora a ERC, que le ha sacado todo lo que ha querido a cambio de sus votos, diciéndole ahora, tras concederle lo que le han pedido, que “podrán reclamar lo que quieran, pero no se va a producir” y añadiendo que “el independentismo como proyecto político va contra los tiempos, es un debate del pasado”. Y mientras Sánchez se muestra de momento tan contundente contra ERC, por su parte Aragonés, su socio e interlocutor hasta ahora, fija 2023 como el año para pactar con el Gobierno de coalición un referéndum en Cataluña y celebra en su discurso de Navidad que ha logrado ya “los efectos de una amnistía” para los condenados por el 1-O, pues al final con los indultos, la eliminación de la sedición como delito y la rebaja de penas por malversación es lo que se ha conseguido en la práctica. Entretanto la Justicia desmonta el intento de ERC y PSC de burlar el 25% de clases en castellano, pues el TSJC reconoce a una alumna su derecho a ser educada también en español con “asignaturas principales” independientemente de que se fije el porcentaje, lo que abre el camino a nuevas reclamaciones para finiquitar algo insólito en cualquier país del mundo como es que en su territorio se persiga y no se fomente su propia lengua oficial; la Asamblea por una Escuela Bilingüe acoge con cierto “alivio” esta sentencia en defensa del español en Cataluña, perseguido por los socios de Sánchez, ya que el fallo tumba la estrategia del Govern para esquivar el 25% de clases en castellano y facilita nuevos recursos…..¡Menos mal que, de momento, tenemos  la Justicia!, aunque si sus fallos no se cumplen, como es el caso, seguimos estando en el limbo.

          Y, hablando de Justicia, el CGPJ por fin desbloquea la renovación del Tribunal Constitucional en que se abre una etapa de mayoría progresista para los próximos diez años, después de que los magistrados progresistas votaran por “sentido institucional” a los candidatos de los magistrados conservadores cuando estos han decidido apostar por un candidato conservador y otro progresista, con lo que por unanimidad del pleno han sido elegidos ambos. Así las cosas César Tolosa y María Luisa Segoviano serán los nuevos magistrados del Alto Tribunal, que durante los últimos nueve años ha tenido una mayoría conservadora. Estos dos nuevos miembros del TC se sumarán a los dos del Gobierno, que, como saben, tienen un perfil marcadamente partidista y partidario al haber sido miembros del Gobierno (Juan Carlos Campo, como ministro; y Laura Díez, como alto cargo en Moncloa), lo que, de alguna forma contribuye a la no distensión entre PSOE y PP en asuntos del Poder Judicial. En todo caso, al final, el Gobierno cede con el TC tras los avisos del Rey y de la UE al renunciar el bloque progresista al candidato, Bandrés, que quería imponer Moncloa con su reforma legal, admitiendo que “el Ejecutivo se había dado cuenta de que había llegado a un punto peligroso”, mientas los magistrados conservadores reconocen su “sorpresa” ante el consenso alcanzado. Ahora toca dar el visto bueno a los cuatro candidatos propuestos y elegir la presidencia del TC, sobre lo que el PP maniobra para torpedear la candidatura del polémico Pumpido y el Gobierno rechaza este ataque contra el magistrado. Un TC que, por cierto, advierte al Gobierno y a las Cortes de que “están sujetos a la Constitución” al notificar el auto que frenó la votación de la reforma del Poder Judicial, aunque los votos particulares denuncian “una interferencia sin precedentes en el legislativo”. En definitiva, el Gobierno consigue el control del TC ya que tendrá siete magistrados progresistas y cuatro conservadores para elegir al sustituto de Trevijano, y Moncloa ahora eleva la presión sobre el PP para imponer la renovación del CGPJ, pues el número de vacantes sin cubrir en la cúpula judicial asciende ya a setenta y una tras la última jubilación….esperemos que como en el TC consigan un consenso lo antes posible.

          Y mientras Bárcenas sale de la cárcel para colaborar en un comedor social (está condenado por el caso Gürtel a 29 años de prisión y ya estrena régimen abierto), llama la atención que desde el Gobierno, que accedió al poder gracias a sus denuncias de presunta corrupción del PP, entonces en el poder, se haga mutis por el foro ante las noticias sobre la presunta corrupción del PSOE valenciano, pues el ex gerente del mismo confiesa que había en el PSPV una caja B (al igual que la presunta caja B popular) y el todavía trabajador del partido de Ximo Puig declara ante la jueza que la dirección sabía que la campaña de 2007 la iban a pagar los empresarios, mientras la jueza le acusa de lograr “favores” del Gobierno de Puig y señala que cobró sobornos por intermediar con “la Administración” en tanto que el ex gerente confiesa que una parte iba directamente al partido. En fin, la repugnante corrupción que no cesa, mientras con las nuevas rebajas de penas por malversación hará más fácil todavía a los corruptos campar a sus anchas.

          Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que el PP propone prohibir contrataciones como la del marido de Calviño; que España vuelve a superar los 90.000 abortos anuales en 2021, 1920 más que el año anterior; que se dan críticas en el PSOE contra Bolaños tras el varapalo del TC, pues sectores del partido señalan al ministro de la Presidencia y creen que “se empieza a debilitar su figura”, añadiendo que “las cosas no salen como debieran, no es el SuperBolaños que decía Zapatero”; y que tener deudas con Hacienda no impedirá recibir ayudas púbicas, pues el anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de Ione Belarra relaja los requisitos para acceder a las prestaciones y se prohibirá a las administraciones exigir un tempo mínimo de empadronamiento para conceder los subsidios.

          Y del exterior destacar que Japón se rearma ante unos vecinos cada vez más hostiles y, tras la invasión de Ucrania, dispara el gasto militar, abriendo la puerta a una reforma de su Constitución pacifista; que Wu, el ministro taiwanés de AAEE, dice que “Xi quiere invadir Taiwán porque es una democracia”; que el frente polar deja más de 60 muertos por la tormenta polar en EEUU, donde la histórica tormenta amaina pero cientos de personas permanecen atrapadas por el temporal; que España culmina su acercamiento a Maduro con un embajador; que el Papa Francisco pide rezar por el emérito Benedicto XVI, cuyas condiciones de salud son extremadamente débiles; que un ataque con dron golpea una base aérea estratégica rusa y mata a tres militares, mostrando la incapacidad rusa para defender sus centros estratégicos, mientras Putin exige que Kiev reconozca la anexión ilegal de cuatro regiones ucranianas para iniciar negociaciones de paz e intensifica la ofensiva contra la ciudad de Jersón; y que los casos en China y EEUU trastocan los planes de la OMS de acabar con la pandemia de covid en 2023, pues la expansión de contagios dispara el riesgo de aparición de una nueva variante letal, mientras largas colas en los tanatorios chinos “ocultan los muertos por covid” pues “mucha gente está muriendo”, mientras EEUU, al igual que Japón e Italia, pedirá un test a los viajeros procedentes de la zona y la UE asegura estar lista para usar “el freno de emergencia” si es necesario.

Fdo. Jorge Cremades Sena

GANA ERC, ESPAÑA PIERDE

 

                    El variopinto bloque de investidura de Sánchez saca unido las leyes más polémicas (el Senado aprueba derogar la sedición y reducir la pena de malversación sin lucro personal, mientras la Ley Trans sale adelante sin las enmiendas del PSOE, pero con su voto, y la norma de Bienestar Animal deja finalmente fuera a los perros de caza) lo que, ni en los mejores momentos de gobiernos con mayorías absolutas, tanto del PSOE como del PP, se hubiera podido imaginar, especialmente aquellas que, como la sedición o la malversación, atentan directamente contra la solidez de nuestro actual Estado Democrático de Derecho surgido en 1978, que, a partir de ahora es claramente más débil que ayer. No en vano ERC aplaude la entrega del PSOE (vía PSC especialmente) a sus objetivos secesionistas y celebra que “los pilares del 78 se tambalean” proclamando en las Cortes que han logrado “disminuir la capacidad del Estado”…..Y, llevan razón, ¿acaso su objetivo no es disminuir la capacidad del Estado para tener más fácil proclamar la independencia de Cataluña? Es obvio que ERC no miente, va a lo que va y alardea de arrancárselo al Gobierno de Sánchez, pues la realidad es que, indultados los sediciosos condenados por obra y gracia de Sánchez, sin manifestar arrepentimiento alguno por sus graves delitos cometidos contra el Estado de Derecho, ahora, con la desaparición en el Código Penal del delito de sedición, además son exonerados de toda culpa, pues, por obra y gracia de Sánchez, lo más que se les podría reprochar sería un delito menor de “desórdenes públicos agravados”…..es decir, que aquella patética y grave declaración unilateral de independencia que proclamaron desde las propias instituciones catalanas sólo fue una especie de travesura juvenil, que merece obviamente las pertinentes rebajas penales adecuadas a la levedad del nuevo delito, pues, en definitiva, los sediciosos son directamente borrados del mapa delincuencial español. Y por si no fuera suficiente todo este indecente entreguismo gubernamental a los intereses de los secesionistas catalanes de Esquerra, se revisa además a la baja la pena del delito de malversación, delito cometido cuando un funcionario o cargo público realiza una administración desleal o una apropiación indebida del patrimonio o del dinero público, al extremo de que los malversadores serán beneficiados desde ahora con una sustancial rebaja de condena si malversan pero no con ánimo de lucro personal, es decir, que pueden utilizar el dinero público indebidamente siempre que no se lo lleven calentito a su bolsillo, dejando claro que si malversas para enriquecerte eres peor malversador que si malversas, como es el caso, para atentar contra la unidad territorial de nuestro país (por gravísimo que sea este asunto) o, como en otros casos, si malversas para enriquecer a terceros, ya sean amigos, familiares o compañeros de partido….. En fin, se trata de poner más fácil la malversación para habilitar lo antes posible a los condenados del procés, mientras los juristas, como sucede con la patética ley del “sólo sí es sí”, ya vaticinan una oleada de revisiones de penas en buena parte de los casos más alarmantes de corrupción que todos tenemos en mente y tanto daño han causado al crédito de los políticos. Y en este lamentable entreguismo a sus socios minoritarios y al bloque de investidura, se aprueba la Ley Trans, es decir, la autodeterminación de género, con la abstención de Carmen Calvo (mano derecha de Sánchez en su día) y el malestar entre las feministas socialistas….Todo para que Sánchez pueda acabar la Legislatura en Moncloa, caiga quien caiga, incluso su PSOE. En definitiva, gana ERC (y los socios minoritarios de Sánchez) y España pierde.

          Y, si en todo caso, todo este manoseo del Código Penal hubiese formado parte del programa electoral de Sánchez, se podría achacar la responsabilidad de semejante situación a los españoles que mayoritariamente le votaron en las urnas, pero no es así, sino todo lo contrario, lo que apunta a un cínico fraude electoral sin precedentes en temas fundamentales, conocidos como asuntos de Estado, por parte de Sánchez, que, contra lo que ha hecho, decía en 2019 sobre los indultos que “nadie está por encima de la ley” y añadía, tras conocer la pena contra los líderes independentistas, “quiero garantizar a la ciudadanía que la sentencia se va a cumplir”, pues “el acatamiento de la sentencia implica su cumplimiento”, a lo que Carmen Calvo, su entonces Vicepresidenta, añadía que el cumplimiento de la condena “debe ser íntegro”….e incluso en 2021, el Presidente, insistía en que “hay que acabar con los indultos políticos, siento vergüenza y pido perdón a la ciudadanía por los del PSOE”, pues “siento vergüenza de que un político indulte a otro”. Pero es que además sobre el caso de la sedición Sánchez manifestaba en 2018 que “clarísimamente ha habido un delito de sedición en España”, mientras su ministro Ábalos, en 2019 decía que “no es oportuno” reformar el Código Penal y en 2022 Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, añadía que la reforma de los delitos de rebelión, sedición e injurias a la Corona no estaba dentro del plan normativo para este año, cuando poco después el Presidente anuncia que “si hay una mayoría parlamentaria” la reforma (jamás prometida) se llevaría a cabo y que “parece que hay algunos grupos parlamentarios dispuestos” en referencia a ERC, para instantes después eliminar la sedición con el argumento de que “tenemos un Código Penal que no corresponde con la época que ha tocado vivir a España”, señalando, cuando es mentira, que él lo reivindica “desde siempre”. Y finalmente en el caso de la malversación, más de lo mismo, pues Sánchez en 2018 decía que el desvío de fondos públicos para costear el procés era malversación y lo calificaba como “hecho gravísimo” pues “se han utilizado dinero público, instituciones públicas, para un fin claramente espúreo, como es la defensa y la promoción del independentismo a costa de ayudas muy necesarias” y eso es “una supuesta malversación de recursos públicos”….. ¿Qué queda hoy de todo esto que dijo?, nada de nada; Sánchez, fiel a su estilo contradictorio y populachero (ni siquiera es populista, sus socios sí), es capaz de defender una cosa y la contraria sin ruborizarse, sin importarle demasiado su descrédito personal y, lo que es peor, el de un PSOE cada vez más irreconocible para la ciudadanía.

          No extraña que, ante tan grave situación y descrédito político, los barones socialistas intenten aislarse del lastre que supone la marca Sánchez (la imagen del Presidente pasa en tres años del 39´6% al 22´9% de apoyos) y busquen exprimir su gestión autonómica aferrándose al “a ti sí que te votaré”, pues Page, Lambán, Puig…. esperan que los votantes “distingan” entre autonómicas y generales, aunque, según las encuestas en algunos lugares no está tan claro (según SigmaDos, por ejemplo, en Baleares el PP está a un paso del “sorpasso” y roza con Vox la mayoría ante un PSOE en retroceso). En fin, una crisis constitucional e institucional cuyo origen, además del progresivo entreguismo político de Sánchez a ERC, está en la sumisión de Batet al Presidente del Gobierno, pues la Presidenta del Congreso, a imagen y semejanza del Parlament en su día, no permitió que la Mesa examinara la legalidad de las enmiendas del TC y el Poder Judicial cuando aún podía hacerlo (PSOE y Podemos impidieron en cuatro ocasiones que los letrados de la Cámara informaran si la reforma emprendida era acorde al ordenamiento jurídico)….y luego pasa lo que pasa, que el TC tiene que poner orden tras los recurso presentados quitando la razón a tan irresponsable proceder.

          Y en medio de este guirigay legislativo, nuestro Jefe de Estado, Felipe VI, nos alerta en su mensaje de Navidad sobre la “erosión de las instituciones”, denunciando el deterioro de la convivencia pues “una sociedad dividida o enfrentada, no avanza, no progresa” y reclamando “respeto a la Constitución” y un “ejercicio de responsabilidad” para evitar “la división” y el “deterioro de la convivencia”, ya que “los españoles tenemos que decidir todos juntos nuestro destino”, por lo que reclama un “mayor compromiso con nuestra democracia y con Europa, dos columnas vertebrales” y pide que “las instituciones respondan al interés general y con respeto a las leyes”…. Impecable discurso del Rey, una vez más, que ha provocado al menos una pequeña tregua entre PP y PSOE para alabar la defensa constitucional de nuestro Jefe de Estado, pues el PSOE de Sánchez se suma (sin que sirva de precedente) a PP, Ciudadanos y Vox en la defensa de este impecable discurso real, frente a las críticas que le hacen los socios y apoyos del Gobierno que en el mejor de los casos lo consideran un “tostón sin legitimidad”…. Ya ven, los legítimos son ellos, con los que Sánchez, tras este paréntesis navideño, volverá a seguir gobernando lo ingobernable y a hacer imposible la convivencia democrática con concesiones interesadas inaceptables.

          Entretanto, la derecha del CGPJ se conjura para imponer sus dos nombres en el Constitucional, siendo Tolosa y Segoviano la apuesta conservadora al mismo, pues los vocales del Poder Judicial fuerzan un pleno para mañana para votar las candidaturas mientras buscan una negociación exprés para sortear la polémica reforma del Gobierno, en tanto que el PP se dispone a llevar al Constitucional la nueva reforma de la Justicia, ya que dudan de la validez jurídica de volver a someter a trámite una cuestión ya votada y otro de sus objetivo es conseguir que la UE presione para evitar esa “barbaridad”, mientras Feijóo reitera que en el Congreso se ha repetido lo que ocurrió en el procés. Y mientras el campo estalla contra la Ley de Bienestar Animal (cinco sectores afectados lamentan la falta de rigor científico de la norma y el desconocimiento del funcionamiento del sector rural), hasta el nuevo modelo universitario se somete a las demandas nacionalistas, pues la ley borra cualquier alusión al “territorio nacional”, rebaja los requisitos para ser inspector y rompe el sistema de equidad entre las CCAA al fraccionar la gestión de las becas en 17 sistemas diferentes. En otro orden de cosas, los funcionarios podrán ser relegados del cargo si el Gobierno considera que no rinden, por lo que los sindicatos se rebelan y califican de “gravísima” una evaluación anual subjetiva, que decidiría si un mal rendimiento serviría para degradar a un funcionario (el problema no está tanto en el intento de mejorar la función pública mediante evaluación, sino en la subjetividad de la misma que se haga al efecto, y conociendo el percal….ya se sabe), mientras que Escrivá se abre ahora a ampliar el plazo para pactar la reforma de las pensiones, cuando el compromiso del Gobierno con la UE vence el 31 de diciembre…. ¡a buenas horas, mangas verdes!

          Y mientras el marido de Calviño, Ignacio Manrique de Lara, se ve obligado a renunciar a su puesto a dedo en Patrimonio para frenar el escándalo tras publicarse su nombramiento como Jefe de Estrategia Comercial y Marketing con un salario de más de 100.000 euros (le había fichado la Presidenta de la institución, Ana de la Cueva, íntima de su mujer, la Vicepresidenta del Gobierno), Hacienda hace una recaudación record por IRPF de 100.000 millones (un 16% más que en 2021), con lo que el Estado recauda 31.500 millones “extra” a pesar de la parálisis económica (el PIB crece sólo un 0´1% por el desplome del consumo de los hogares y de la inversión) y más de 3.500 millones de inversión TIC están en peligro por Hacienda, pues el sector tecnológico y de innovación califica de “persecución”, “mala fe”, “inseguridad jurídica” o “afán recaudatorio desmedido” las actuaciones de la Agencia Tributaria.

          Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que Fiscalía archiva el caso de la tragedia de Melilla al no ver delito en la actuación de los agentes españoles; que Serrat se despide con un último concierto en Barcelona, donde Sánchez e Iceta son recibidos con abucheos; que el plan Feijóo para reconquistar Cataluña aspira a convencer él mismo a parte del electorado de Ciudadanos con su idea incluyente del “catalanismo constitucional”; que un accidente de autobús al caer al río Lérez en Pontevedra desde 29 metros deja al menos seis muertos; y que la Iglesia impone el silencio sobre cientos de abusos, mientras, según una investigación, en un año se han destapado 500 casos y la mayoría de diócesis y órdenes religiosas se niegan a responder de sus procedimientos abiertos, en tanto que la Conferencia Episcopal no revela todos los asuntos de pederastia que conoce y las víctimas se sienten desatendidas por los tribunales eclesiásticos.

          Y del exterior, destacar que la comisión de asalto al Capitolio pide vetar a Trump y en el informe final del comité asesta un nuevo golpe a las aspiraciones del expresidente de volver a la Casa Blanca; que Maduro emerge sobre el acta de defunción política de Guaidó al salir reforzado de cara a las presidenciales venezolanas de 2024 tras la lucha entre los opositores que ha puesto fin a la Presidencia encargada; y que Ucrania da la espalda a la Navidad rusa pues el Patriarca de Kiev pide usar, como en la UE, la fecha del 25 de diciembre en lugar del calendario ortodoxo, mientas la guerra no da tregua alguna, pues Putin niega un alto el fuego, aunque los ciudadanos ucranianos, parcialmente a oscuras y pese al temor a nuevos bombardeos, intentan recuperar estos días algunos gestos de normalidad, por más que Putin masacre el centro de Jersón matando al menos a 16 personas en las horas previas a la Nochebuena y por más que aumente los bombardeos en Ucrania mientras habla de negociar.

Fdo. Jorge Cremades Sena

Y EL TC SE PRONUNCIÓ

 

                    El Pleno del Tribunal Constitucional, sometido a graves presiones por parte del Ejecutivo, se pronuncia y acuerda suspender de forma urgente la chapucera tramitación parlamentaria de las dos enmiendas por las que Sánchez pretendía modificar el sistema de elección de magistrados del Alto Tribunal y que el PP, haciendo uso de su derecho constitucional, recurría al entender que el avance de dicha tramitación parlamentaria causaba un daño de difícil reparación a los derechos de los legisladores (en este caso a los legisladores populares), por lo que invocaban el art. 23 de la Carta Magna, donde se recoge el derecho a la participación política de los ciudadanos a través de sus representantes. Decisión del TC inédita tras haber sido aprobadas dichas enmiendas en el Congreso en el marco de la proposición de ley para derogar el delito de sedición y que, en todo caso, sólo afecta a las dos enmiendas que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, añadió el PSOE a la derogación de la sedición para reformar por esta vía el sistema de elección de magistrados al TC, que ha imperado desde siempre en el CGPJ, y además para, ya de paso, eliminar también la potestad del Constitucional de examinar a sus candidatos, cuando el PP había pedido tumbarlas por no tener ninguna relación con la sedición, alegando en su recurso de amparo que se trataba de modificaciones de calado que se adoptan por la vía de la urgencia y sin escuchar a los órganos consultivos. Por tanto el TC, que es un órgano constitucional independiente de los demás órganos constitucionales y que no forma parte del Poder Judicial, ha hecho lo que tenía que hacer como intérprete supremo de la Constitución Española y como garante de que se actúa conforme a la misma; en este caso decir que por la puerta trasera vía enmiendas no se pueden imponer modificaciones de calado como es la modificación del sistema de elección de sus magistrados o la eliminación de su potestad de examinar a sus candidatos, cuando Sánchez, si eso es lo que quiere, puede y debe hacerlo ajustándose estrictamente a la legalidad. Por tanto, el TC, contra lo que se está vendiendo, no paraliza absolutamente nada ni interrumpe el trabajo del Legislativo, pues la reforma de la sedición y la malversación, que es el meollo de la cuestión, como no podía ser de otra forma, sigue adelante con su trámite parlamentario en el Senado (cuestión distinta es la conveniencia política o no de modificar en este sentido el Código Penal suavizando de forma flagrante las penas por semejantes repugnantes delitos) y sólo quedan sin vigencia las dos enmiendas recurridas. Ante tan lógica decisión del TC, Sánchez, rebajando su tono de amenaza precedente contra los “jueces conservadores”, llama a la “serenidad” y, mientras Bruselas respalda al TC y reitera al Gobierno que no puede actuar unilateralmente, prepara con sus aliados otro atajo para esquivar el varapalo del Alto Tribunal y Feijóo reclama a Moncloa que se aleje de sus socios y vuelva al Constitucionalismo, cuando su socio gubernamental, UPodemos, amaga incluso con que se incumpla la sentencia del TC y sus socios de investidura ponen el grito en el cielo por la osadía del Alto Tribunal de suspender el plan judicial de Sánchez, quien, adicto a las medidas exprés, ya se dispone a habilitar el Congreso en enero para que se tramite una proposición de ley, por vía de urgencia, con las enmiendas rechazadas por el Constitucional y conseguir así los objetivos pretendidos en las mismas, como es el control del Alto Tribunal por parte del Ejecutivo, que, obviamente, habrá de hacerse ajustándose a la legalidad y no mediante estos atajos inconstitucionales.

          Dicho lo anterior, es lamentable que no se aproveche esta crisis institucional para resolver en España un asunto de envergadura y calado como es la excesiva dependencia política del Poder Judicial que nos sitúa, junto a Polonia, a la cabeza de la más deplorable separación de poderes, con una ley que obliga al consenso entre los dos partidos mayoritarios para renovar la cúpula del CGPJ, que, aunque ha venido funcionando a lo largo de todo este tiempo democrático, ha dejado de funcionar desde que el PSOE de Sánchez decidiera gobernar con radicales y secesionistas, contrarios a lo que llaman “régimen del 78”, lo que ha valido de excusa al PP para obstaculizar dicho consenso pretendiendo imponer más duras condiciones y haciendo imposible la renovación del Poder Judicial, madre de todos los problemas actuales, y que también ha servido de argumento al Gobierno para justificar su intento de desbloquear el asunto mediante estos atajos legislativos indeseables y precarios cuando el calado del asunto debiera desembocar, por el bien de todos, en un acuerdo muy mayoritario en el Congreso de los Diputados para, como sostiene la UE, que las interferencias en el Poder Judicial sean las mínimas y los propios jueces, como sucede en el resto de Europa, sean protagonistas de la elección de sus órganos de Gobierno, evitando, como sucede ahora, esa dependencia de quienes les nombran que nos ha llevado a la patética división de la judicatura entre “jueces progresistas y conservadores” quienes parecen actuar más por razones políticas que jurídicas en el ámbito de sus competencias. ¿Estamos dispuestos a que como en la mayoría de los países europeos no sean los políticos sino los jueces quienes tengan más influencia en la designación de los miembros de los órganos del Poder Judicial equivalentes a los nuestros? Lamentablemente parece ser que no estamos dispuestos a ello, pues nuestros políticos están más interesados en la refriega que en la solución de los problemas…..y así nos va. Seguiremos pues en una España que, junto a Polonia, es el único país en que el Parlamento interviene de forma directa en el nombramiento del CGPJ….y si, para colmo, Gobierno y Oposición prefieren utilizar la Justicia como arma arrojadiza electoral o instrumento subjetivo para avalar sus decisiones, la división de poderes en  nuestro país será una mera utopía. Y para arreglarlo, con el Congreso y el Senado como encargados de elegir a los veinte vocales del CGPJ, eso sí, con la exigencia de una mayoría cualificada de tres quintos (es decir, con el sí de 210 diputados y 159 senadores), Sánchez, para tenerlo más fácil (hoy él, y mañana quién sabe), pretende que desde ahora se requiera simplemente una mayoría absoluta (es decir, 176 diputados y 133 senadores)….En fin, el TC le ha venido a decir que, al menos, si pretende esto, lo haga dentro de la más estricta legalidad y no vía enmiendas u otros recursos excepcionales.

          Así las cosas y en plena resaca por la sentencia del TC nuestros representantes políticos no tienen reparos en tirarse los trastos a la cabeza mientras el común de los mortales y quienes tienen un mínimo sentido común, no pueden entender que, en caso de una mayoría progresista en el TC (ahora hay una mayoría  conservadora de seis a cinco) la decisión del Tribunal hubiera sido la contraria…. ¿esa es la objetividad requerida por los tribunales? ¿acaso la misma ley tiene tantas caras como ideologías de los miembros del tribunal que han de aplicarla? ¿se nos está diciendo que en caso de una diferente composición del TC los diputados recurrentes no hubieran sido atendidos en sus peticiones o lo hubiesen sido en distinto sentido?..... En fin, sin más comentarios; el descrédito de la Justicia está servido y el de la división de poderes por los suelos.

          La triste realidad es que nuestros políticos siguen a la suya y a lo suyo, mientras con sus declaraciones y decisiones deslegitiman las instituciones que les interesan deslegitimar en cada momento. El PSOE, haciendo suyo el discurso de Podemos contra los jueces, habla de golpe de Estado con “togas” y “atropello democrático”, ve el TC deslegitimado y considera su decisión como “abuso inaudito” y Sánchez dice a Feijóo en el Senado que “su única aportación ha sido enmudecer a las Cortes”, mientras UPodemos, socio gubernamental de Sánchez, va más allá y amaga incluso con desobedecer la decisión del TC; el PP pide a Moncloa “desinflamar”, Feijóo dice que irá hasta “donde haga falta” para acabar con esta “pesadilla política” y cree que Sánchez no puede seguir su “asalto” a la Justicia salvo que choque con la UE, añadiendo “pido al Presidente Sánchez que renuncie a modificar el Código Penal a toda prisa” e instando a Sánchez en el Senado a que deje de legislar al “dictado de sus socios” pidiéndole que recapacite y vuelva a la Constitución; Batet y Gil, presidentes respectivos del Congreso y del Senado, acatan la suspensión del plan de Sánchez pero alertan de sus consecuencias; y Moncloa habla de “gravedad máxima” y censura la “mayoría exigua” (como si el Gobierno disfrutara de una mayoría cualificada para gobernar), evita la autocrítica y activa el “plan B” en el Congreso con medidas “conforme a ley” diciendo “adoptaremos las medidas necesarias para poner fin a este injustificable bloqueo”, mientras Bruselas respalda al TC y recuerda que “las reformas de calado requieren consultas previas”. De momento es el colofón de un espectáculo peligroso que jamás debiera haberse representado.

          Entretanto España y los países del sur logran que la UE apruebe el tope del gas, alumbrando los 27 un tope de 180 euros tras meses de bloqueo, cuando España se dispone a pedir a la UE 84.000 millones en créditos a tipos bajos con una carencia de diez años que supondrán más deuda, mientras el Banco de España avisa de una inflación disparada hasta 2025 y de que la Economía tardará aún otro año más en recuperar el nivel de PIB prepandemia y mientras que el 5% de los niños no puede comer carne en España, segundo país de la UE en pobreza infantil.

          Por otro lado, otro asunto preocupante ya que las rebajas de condena por la ley del “sólo sí es sí” de Montero superan ya el centenar, con lo que más de cien agresores sexuales se han visto beneficiados por la aplicación de la citada ley, mientras seis mujeres mueren asesinadas en España a manos de sus parejas en solo veinte días…….¿estaremos haciendo algo mal?, seguramente sí.

Fdo. Jorge Cremades Sena

VÉRTIGO LEGISLATIVO Y DEFICIT DEMOCRÁTICO

 

                    Al final, tal como se veía venir, las prisas del Gobierno de Sánchez por iniciar el decisivo último año electoral de la Legislatura sin fisuras con sus socios secesionistas y con el objetivo primordial de darle la vuelta a las encuestas ha desencadenado un vértigo legislativo sin precedentes que, a falta de tiempo, ha propiciado una especie de atajo indeseable para aprobar determinadas reformas sin atenerse a los procedimientos establecidos lo que, obviamente, supone un “déficit democrático” grave y peligroso de cara al futuro que puede traer muy malas consecuencias. Y prueba de ello es la celebración del último tormentoso y vergonzoso Pleno del Congreso para aprobar la reforma penal de Sánchez que debería pasar a los anales del Constitucionalismo como ejemplo de lo que nuestros legisladores jamás deben hacer. En efecto, el Gobierno arrolla la división de poderes y con el mantra de tener a su favor una variopinta mayoría, como si la Democracia sólo fuese pura matemática, saca adelante en la Cámara Baja derogar la sedición, rebajar la malversación y asaltar por la  puerta trasera el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, mientras la Oposición, haciendo uso de su legítimo derecho, denuncia al Alto Tribunal la presunta inconstitucionalidad y el fraude a la democracia por no atenerse a lo establecido, provocando con ello que, insólitamente, el PSOE, en sintonía con los socios del Gobierno, tache al PP y al resto de partidos de la derecha de pretender dar un Golpe de Estado llegando a comparar la situación con la de Tejero. Ante semejante panorama, el Constitucional se ve obligado a retrasar al lunes su decisión sobre la suspensión de la tramitación parlamentaria mientras el paquete legislativo queda pendiente de ser validado en el Senado el día 22 y Sánchez, desde Bruselas, manifiesta que “la derecha ha intentado atropellar la democracia”, avalando las barbaridades de sus portavoces con Felipe Sicilia a la cabeza que llama golpista al PP en el Congreso acusándole de que el golpe “hace 41 años lo hizo con tricornios, hoy con togas”, mientras la portavoz popular, Gamarra, le recuerda que cuando se produjo el fallido golpe de Tejero en 1981 gobernaba el centroderecha y Feijóo añade que “llamar fachas con toga a los jueces de España es incompatible con la democracia”, en tanto que en amplios sectores del PSOE hay cierto enfado con su compañero Sicilia por sus ataques desmesurados a jueces y al PP ya que “no podemos comportarnos como nuestros socios”. Y es que este es el problema pues el PSOE de Sánchez, acuciado incluso por el PSC, que no es una Federación del PSOE sino un partido diferente asociado, emula el discurso del “procés” de “jueces o democracia”, olvidando que ambos términos jamás pueden ser incompatibles sino todo lo contrario, pues en democracia son complementarios ya que no existe democracia sin magistrados y jueces independientes, quienes deben dedicarse a impartir justicia en los tribunales con arreglo a las leyes aportadas por el Legislativo en sus diversos ámbitos territoriales. Entretanto, con este turbulento escenario parlamentario, mientras magistrados progresistas logran aplazar el Pleno sobre el plan de Moncloa tras amenazar con marcharse si había votación, dirigentes del PSOE y ministros advierten al TC de que si no da la razón al Gobierno será “un atropello institucional sin precedentes”. Y es que la prioridad acuciante de Moncloa es un TC que, por las buenas o por las malas, avale su pacto con ERC y la exigida consulta de los republicanos ya que el control del Alto Tribunal es el mejor seguro ante las polémicas decisiones ya adoptadas y las futuras.

          Así las cosas, el Gobierno salva de momento su reforma penal a la espera de lo que hoy decida un TC presionado (ya saben, si no apoya al Ejecutivo será un “atropello institucional” al igual que si no apoyaba el procés, pues los totalitarismos sólo aceptan la Justicia si les es favorable) y Sánchez con total temeridad denuncia un “complot” de la derecha política y judicial (son los malos de la película), mientras el PP le acusa de “falta de valentía” y de plegarse a la hoja de ruta de ERC, desde donde Aragonés, eufórico por la situación, ya exige una reforma constitucional para el referéndum de independencia y avisa a Sánchez que con total formalidad planteará la “consulta” (eufemismo de referéndum ilegal pactado) en la patética mesa de diálogo y negociación sobre asuntos innegociables sencillamente por ser inconstitucionales. Así un TC, presionado por el Ejecutivo, tras verse amenazado por el sector progresista, que amenazaba con boicotear su Pleno si se debatía el recurso del PP, se ve obligado a aplazar la decisión escudándose en la “complejidad” y “trascendencia” que tiene suspender la tramitación parlamentaria de una ley, accediendo su presidente al aplazamiento únicamente si por escrito se responsabilizaban de su decisión, y hoy tendrá que decidir al respecto, sabiendo que, si no lo hiciera, el Ejecutivo le tachará de “atropello institucional”. Sencillamente nos hemos cargado la imprescindible separación de poderes que requiere la democracia, provocando que las asociaciones de jueces, no en vano, alerten ya de que con este asalto a la Justicia nos estamos acercando a países como Polonia u otros países expedientados por la UE, lo que “nos aleja de las democracias liberales y de la constitucionalidad”.

          Al final, como en la vieja España dividida entre malos y buenos, nos estamos cargando la concordia ciudadana y el Tribunal Constitucional, la mayor garantía de que las cosas se hacen bien y conforme a la Constitución, pues no vale actuar al margen de la Ley creyendo que basta con tener una mayoría en el Congreso para imponer lo que ésta considere oportuno en cada momento. La Democracia es mucho más que eso y, además de esa mayoría parlamentaria, obviamente imprescindible para tomar decisiones, debe tomar dichas decisiones con arreglo a los procedimientos y garantías establecidas; y el TC ve claramente un “déficit democrático” en algunas maniobras como la del PSOE y sus socios gubernamentales que consideran que basta conformar una mayoría parlamentaria como sea para imponer lo que consideren oportuno al margen de lo establecido; en efecto, varias sentencias del Alto Tribunal establecen, por ejemplo, que cambiar leyes relevantes por vía enmienda, como es el caso, socava el “pluralismo político” pues secuestra el derecho a un debate parlamentario en toda regla con sus plazos y periodos de enmiendas pertinentes y los preceptivos informes judiciales previos, entre otras cosas… Y cuando esto no se hace, prefiriendo colar por la puerta trasera asuntos de relevancia, lo peor que se puede hacer es tachar encima de golpista a la oposición por pedir amparo al TC y decir que si éste no apoya la tesis del Gobierno está haciendo un “atropello institucional” cuando el verdadero atropello lo comete el Ejecutivo por no ajustarse a lo establecido a la hora de consolidar sus reformas; es intolerable por tanto que Bolaños reincida y advierta de “consecuencias impredecibles” si los magistrados paralizan hoy el plan del Gobierno, mientras Feijóo manifiesta que Sánchez “sabe que se está legislando de forma ilegal y ayer los socialistas abandonaron la Constitución”. Así las cosas, el TC tendrá que decidir sobre la suspensión “con el proceso legislativo abierto”, lo que ni es normal ni saludable, pero es a lo que le aboca la situación creada; de momento, el informe del letrado principal dice que “la doctrina del Constitucional es no conceder la suspensión cautelar”, rechazando la petición del PP, mientras el texto que encargó el magistrado Arnaldo avala en cambio esa medida y otros documentos señalan el peligro de interferir en el trabajo de los diputados, quienes, ya ven, afectados de una especie de locura colectiva, protagonizaban el peor de los espectáculos en el último Pleno del Congreso.

          A todo este patético embrollo se añade que la falta de precedentes deja al TC al borde del abismo, mientras expertos constitucionalistas destacan la relevancia de decidir si se ha vulnerado el derecho de los diputados; y entretanto, a nivel político, Sánchez logra de momento enterrar la polémica de la malversación gracias a este choque con el Constitucional, cuando vocales del CGPJ creen irresponsable el discurso del Presidente, y cuando el PSOE se ha visto obligado a aplacar a diputados críticos al extremo de que Patxi López reunió al Grupo Parlamentario para intentar controlar un creciente malestar por los cambios legales (habrá que explicar muy bien a los ciudadanos por qué se rebaja la malversación a instancias de un Gobierno que consiguió acceder al poder mediante una moción de censura basada en la supuesta corrupción del gobierno anterior), en tanto que ocho vocales del CGPJ tachan de “irresponsable” al Jefe del Ejecutivo por sus críticas a “la derecha política y judicial”, pero Sánchez, desnortado y olvidando que es el Presidente del Gobierno, insiste en arremeter contra el PP diciendo que “bloquea el CGPJ, el Constitucional y, si es necesario, el Parlamento” cuando es él con sus irregularidades legislativas quien pone al borde del abismo a las instituciones. A la espera pues de lo que decida el TC, la Fiscalía del Constitucional parece estar en contra de suspender la reforma y rechaza las medidas cautelares que pide el PP, mientras el PSOE pelea con dos nuevos escritos al Alto Tribunal para frenar la petición de amparo de los populares y solicita que se aparte a los magistrados Gónzález-Treviño y Narváez por verse “afectados en su imparcialidad”, y el bloque progresista intenta apartar al Presidente del Tribunal en un pleno trascendental de un TC partido en dos (los cinco magistrados afines al Gobierno maniobran para que hoy ni siquiera se pueda debatir y votar la reforma legal), mientras el bloque conservador rechaza las presiones pues “la mayoría parlamentaria no puede apisonar derechos fundamentales”, y, mientras tanto, el PSOE de Sánchez ofrece ahora a los secesionistas (sus aliados indiscutibles y, ya saben, constitucionalistas de toda la vida) rebajar el artículo que permitió retirar sus escaños a líderes procesados por el 1-O. Ya ven, sin duda alguna, en esto de consolidar y fortalecer la democracia en España vamos de derrota en derrota hasta la victoria final, la de Sánchez y la de los que quieren cargarse el actual Estado de Derecho, al que llaman Régimen del 78. ¡Qué pena!.

          Mientras tanto una segunda sentencia del Supremo avala rebajas de penas por el “sí es sí” de Montero al reducir a la mitad una condena por un delito de abuso sexual, batiéndose records de revisión de condenas (22 penas reducidas en un solo día) mientras feministas del PSOE aplauden al PP por su lucha tenaz contra la “monstruosa Ley Trans”, próximo bodrio que tendremos que aguantar los españoles. En fin, esperemos enderezar todo esto para evitar parecernos o ya a Polonia, sino a ese Perú ingobernable en que las veleidades autoritarias del Presidente Castillo provocan decenas de muertos, turistas atrapados, aeropuertos cerrados y una revuelta que se extiende por el sur del país, después de que el sexto presidente en cuatro años acabe condenado a 18 meses de prisión preventiva por dar un autogolpe de Estado….estamos en la UE, esperemos no llegar a tanto. En fin, y por si alguien quiere saber por dónde van los tiros demoscópicos en medio de este vértigo legislativo y déficit democrático, según NCReport, PP y Vox lograrían, en caso de elecciones, entre 183-187 escaños por las cesiones a ERC, mientras el PSOE se mantendría en los 92-94 diputados sin que la reforma penal agudice su caída y ERC, PNV y Bildu se alimentan de la confrontación (son los grandes beneficiados del desmadre) y pueden subir un escaño….los resultados serían: PP 33´6% de votos y entre 141-143 escaños, PSOE 23´6% y 92-94, Vox 13´1% y 42-44, y UPodemos 9´9% y 25-27. Es lo que hay.

Fdo. Jorge Cremades Sena

DÍAS MUY TRISTES

 

                    El manoseo constante e indecente del Código Penal con el único fin de beneficiar, entre otros, a sediciosos y malversadores por conveniencias políticas nos está haciendo pasar a los ciudadanos españoles unos días muy tristes y preocupantes, pues no sabemos a dónde van a llevar nuestra salud democrática con este irresponsable deterioro “ad hoc” del Derecho que, por ninguna razón, debe dictarse para el beneficio expreso de delincuentes condenados, como es el caso, pues discriminar, ya sea en positivo o negativo, en el Código Penal respecto a los demás es la mayor aberración que se puede ejercer en un Estado de Derecho Democrático. Días muy tristes y de rabia acumulada al constatar meridianamente claro que el Gobierno de Sánchez actúa a las órdenes de grupos anticonstitucionalistas y filoautoritarios a cambio del puñado de votos que necesita para seguir sobreviviendo en el poder a costa de engañar permanente a los españoles, primero aplicando un proyecto que no contemplaba su programa electoral sino todo lo contrario al decir que jamás formaría un Gobierno con Pablo Iglesias y Podemos (y ya ven lo que ha hecho) y luego, ante las sospechas de los manejos indecentes con ERC y otros secesionistas, chuleando a los españoles en temas fundamentales al decirles que habría que cumplir las condenas del procés y que no habría indultos, y los hubo; que no se iba a eliminar el delito de sedición, y se eliminó; y que jamás se rebajaría con una reforma exprés las penas de la malversación, y se rebajaron. Es decir todo un elenco de comportamientos inadecuados e indecentes para cualquier Jefe de Gobierno, quien jamás debiera mentir y siempre debiera respetar la Legalidad vigente o, en caso de cambiarla, como es el caso, contemplar siempre el interés general de la ciudadanía y no entregarse a los espurios intereses de anticonstitucionalistas para ir desmantelando o debilitando, como es el caso, el Estado de Derecho y conseguir su desmembración territorial con la independencia de una parte del mismo. Lamentablemente con estas peligrosas chapuzas y veleidades antidemocráticas de Sánchez y de sus socios y ayudantes, nuestro País, en términos democráticos, está hoy mucho más desprotegido que ayer, mientras sus voraces compinches, especialmente ERC, ya dan un paso más anunciando que ya preparan para 2024 la convocatoria de otro referéndum (el anterior a pesar de ser condenados por su ilegalidad ya les salió casi gratis) mientras el Gobierno de Sánchez dice que no se celebrará, pero es tal el descrédito del Presidente que ya, salvo sus más fieles con orejeras, nadie le cree y, al igual que con el gobierno de coalición, con los indultos, con la sedición y con la malversación, la inmensa mayoría considera que es la siguiente afrenta a la Democracia que Sánchez y sus socios ya tienen en marcha. Una afrenta intolerable que, de momento, para mayor escarnio de cualquier demócrata que se precie, deja en mínimos la posible pena del prófugo Puigdemont y permite la vuelta a la política del delincuente Junqueras, mientras vocales del CGPJ dicen tras la reforma que “es el fin de la separación de poderes” esencial para cualquier Estado de Derecho Democrático. Y para colmo, Sánchez tiene la desfachatez de justificar sus reformas indecentes en la necesidad de “rescatar” a Cataluña y las defiende porque “no hay otro camino” para acabar con la “crispación” en esa comunidad. En definitiva, una solución totalitaria por parte del Gobierno Español y de la Generalitat para una “crispación” inexistente en el pueblo catalán y español, para “rescatar” a una Cataluña que no está secuestrada y no precisa rescate alguno y, en todo caso, olvidando que, precisamente, el único camino que en democracia jamás se puede tomar es el menoscabo del Estado de Derecho.

          Días muy tristes y de rabia por esta peligrosa deriva totalitaria que se sabe cómo empieza pero no cómo termina, mientras los socios de Sánchez establecen las bases futuras para la independencia de Cataluña y el desmantelamiento del actual Estado Español y que ha hecho que salten ya todas las alarmas incluso en buena parte de las filas socialistas (¡menos mal, ya era hora!). En efecto, Page arremete abiertamente contra Sánchez por pactar con los “delincuentes” y lidera el malestar casi generalizado de cargos e históricos del PSOE (de aquel PSOE que nada tiene que ver con éste) y dice que le “duele como español y como militante”, mientras alcaldes y diputados provinciales “incendian” con mensajes de queja los móviles de los barones socialistas convencidos de que “vamos a sonrojar a España haciendo diputado a Junqueras”, y Sánchez, por el contrario presume de la “arriesgada” reforma porque “hay que sacar el debate político de los juzgados”, cuando fiscales anticorrupción tachan de ocurrencia la nueva malversación, en que, si no te lucras personalmente puedes utilizar el dinero público a tu antojo (seguramente amiguetes, cuñaos, afines ideológicos, secesionistas….. estarán haciendo palmas ante el abanico de posibilidades que se les ofrece con nuestro dinero), mientras Anticorrupción alerta de una “revisión en cascada” de penas de las que pueden beneficiarse en casos intolerables de corrupción como Kitchen, Gurtel, ERE, Lezo….o tantas otras que se han venido dando en nuestro país. Pero no importa, los socios de Sánchez a lo suyo y, mientras él negocia con ERC para que Junqueras se presente en las generales acordando la rebaja de la malversación, el Tribunal de Cuentas activa el juicio contra los cabecillas del procés por el dinero defraudado y ya establecen las bases para una ilegal independencia de Cataluña mediante un ilegal referéndum (sólo para los catalanes, lo que es inconstitucional) válido con el 50% de participación, 55% a favor del sí y con voto a partir de los 16 años (son los jóvenes adiestrados por la Generalitat en estos años contra la maldita España y contra su Lengua, que también es la de Cataluña). Cinco ex ministros socialistas, barones socialistas (como Page, Lobato y Lambán), antiguos líderes y diputados socialistas, e incluso hasta Yolanda Díaz se desmarcan de esta rebaja de la malversación, mientras cabe preguntarse…..¿quiénes más tendrán autoridad moral para hablar de lucha contra la corrupción política? Desde luego los que apoyen estas indecentes reformas, no.

Y ya puestos a pervertir la Democracia, otra reforma exprés del Ejecutivo busca romper el bloqueo judicial y ayudar a ERC, forzando al CGPJ a elegir a dos magistrados para renovar el Constitucional, es la ofensiva del Ejecutivo para cercenar la independencia del Poder Judicial obligando al CGPJ, contra lo establecido, a elegir a dos magistrados para renovar el Constitucional, mientras vocales del Gobierno de los Jueces se manifiestan contrarios a semejante chapuza e irregularidad por parte del Ejecutivo que consideran “es un atentado” y ocho consejeros fuerzan un Pleno del Consejo para votar a los jueces del TC antes de que la modificación entre en vigor. Una vez más el Gobierno confunde la gimnasia con la magnesia y para conseguir el objetivo de desbloquear el Constitucional, lo que es muy loable, sólo se le ocurre cercar al Poder Judicial para forzar, sí o sí, el vuelco del TC rebajando al efecto las mayorías establecidas para los nombramientos y previendo responsabilidad penal para los vocales díscolos, por lo que Feijóo acusa a Sánchez de ser el presidente más autoritario de la democracia, mientras Vox y Ciudadanos piden una moción de censura. En efecto, apoyándose en el descabellado principio de que el fin justifica los medios (que tanto daño ha causado a la Humanidad) el Ejecutivo prepara una enmienda exprés (todo exprés, ya ven) para desbloquear el Constitucional y así, cambiando la norma a mitad del partido, decide suprimir la mayoría de tres quintos en el CGPJ para obligarle a elegir magistrados y desvincular las designaciones para el Tribunal que, según ley, han de renovarse de forma no parcial sino total, es decir, renovando a la vez y en un solo paquete los magistrados nombrados por el Ejecutivo y los nombrados por el CGPJ. Pero si, como dice Page, “un Código Penal no puede hacerse a la medida” porque “es muy grave” y el Gobierno lo hace, ¡cómo no va a hacer a su medida esta nueva forma de elegir magistrados si con ello además consigue tener mayoría en el Constitucional por lo que pueda venir en el futuro ante todas estas chapuzas judiciales! Blanco y en botella……

Y para poner la guinda al pastel, mientras los juristas alertan de que el retoque a la ley del “sí es sí” (otra que tal baila) no evita rebajas penales y expertos penalistas y constitucionalistas coinciden en que insertar un añadido en el Código Penal, como se ha hecho, no es vinculante y las bajadas de penas seguirán al aplicar el principio retroactivo de favorecer al reo, desde el cogobernante Podemos sostienen que cuando hay interpretaciones por parte de los jueces lo que hay que hacer, como pretenden hacer, es señalar cual es la interpretación “auténtica” (la del Ejecutivo, obviamente) mientras desde el PSOE, Patxi López, que se apunta a defender todos estos bombardeos, dice, para justificar la chapuza y culpar a los jueces, que en la ley también se puede optar por el tramo más alto de condenas y no por el más bajo….lo que es un sinsentido absoluto (tan legítimo será entonces rebajar o no las penas). Pero, ya ven, ya no basta con exigir a los jueces (a los que desde el entorno del Gobierno y de los socios de Sánchez se acusa de fachas) que impartan la ley con todas las consecuencias sino que ahora desde el Ejecutivo se les dice exactamente cómo han de interpretar la ley para impartir Justicia…… Y digo yo, así las cosas, ¡no sería mucho más honesto y desde luego más sincero actuar como el presidente peruano Castillo disolviendo el Parlamento y decretando un Gobierno de excepción para evitar una moción de censura y que se le investigara por corrupción! Allí, en Perú, ministros, diputados, policías, jueces y militares se han movilizado para evitar otra dictadura más en el país y Castillo ha sido arrestado y acusado de sedición….en España, ya ven, acusar de sedición a alguien pasó a la historia, mientras los sediciosos condenados campan por las calles y dicen que lo volverán a intentar……y sobre la corrupción, ya ven cómo actúa un Gobierno que precisamente accedió al poder mediante una moción de censura por corrupción al anterior Gabinete. En fin, días muy tristes, preocupantes y de rabia ante esta deriva totalitaria que los españoles deberán enfrentar en los próximos comicios.

Fdo. Jorge Cremades Sena

TENTACIONES TOTALITARIAS

 

                    Lo acaecido en Alemania o Perú debiera servirnos a los españoles para entender que la democracia siempre está en riesgo en cualquier lugar del mundo pues las tentaciones totalitarias, aunque a veces se disfracen de demócratas pero siempre preñadas de populismo radical, amenazan con imponerse y destruir el Estado de Derecho que no respetan y que sólo les sirve como medio para imponer finalmente al margen de la Ley o por la fuerza su maquiavélico proyecto autoritario. En Alemania, país europeo con una democracia consolidada, se acaba de desarticular una trama golpista de ultraderecha que pretendía tomar el Bundestag y derrocar al Gobierno socialdemócrata mediante un golpe de Estado, por lo que ya hay 25 detenidos. En Perú, país latinoamericano con democracia inestable y sucesivas dictaduras, fracasa un autogolpe del mismísimo Presidente Castillo, elegido democráticamente y uno de los líderes de la ultraizquierda latinoamericana populista y radical, que ha sido detenido cuando intentaba refugiarse en la Embajada de México (Dios los cría y ellos se juntan) tras intentar evitar una democrática moción de censura decretando la “disolución del Congreso” para imponer por decreto un Gobierno de excepción, que ha fracasado gracias a que ministros, policías, jueces, militares y diputados, que se han atrincherado para votar su destitución y rechazar el pretendido Estado de excepción, se han movilizado para impedir otra dictadura más en el país, con lo que el Estado de Derecho ha conseguido doblegar en dos hora el golpe en Perú, para que la Vicepresidenta Dima Boluarte asuma de momento el poder como Jefa del Estado sustituyendo en el cargo al destituido Castillo, acusado de graves delitos como el de conspiración, sedición o rebelión que la Justicia habrá de determinar. Y por otro lado en Argentina la ex Presidenta y actual Vicepresidenta Cristina Kirchner, otra que tal baila, ha sido condenada a seis años de cárcel por corrupción, mientras ella en Argentina en sintonía con Podemos en España ataca a los jueces por haberla condenado, es la estrategia de los populismos radicales cuando en un Estado de Derecho la Justicia hace su trabajo con arreglo a la ley en vez de ponerse de su parte por encima del derecho: los culpables, los jueces. Esto y además elogiar a los radicales de su tendencia ideológica como ellos, como, por ejemplo, hacía Podemos al considerar al ultraizquierdista Castillo como, “¡Amable con los débiles y firme con poderosos, la esperanza!”, en fin, una esperanza de libertad y democracia que se ha evaporado a la primera de cambio y que de milagro ha conseguido sobrevivir de momento con el arresto del libertador. En fin, estos hechos debieran hacernos reflexionar a los demócratas de lo que nos jugamos en nuestros países si no optamos en las urnas por opciones políticas nítidamente democráticas (sean de derecha, izquierda o de centro) y, por ende, moderadas, ya que optar por radicalismos y populismos demagógicos exacerbados trae como consecuencia un deterioro evidente del Estado Democrático de Derecho, que repudian, y múltiples quebraderos de cabeza, cuando no, como sucede a los peruanos, un proceso de involución de las libertades y derechos conseguidos, por no haber entendido a tiempo que las soluciones milagrosas que prometen no existen y que la esperanza deviene antes o después en desesperanza cuando no en desesperación.

          Por ello casi nadie entiende cómo es posible que Sánchez en España haya optado por devaluar la defensa del Estado de Derecho concediendo a los radicales separatistas, con el apoyo de sus socios podemitas, la eliminación del delito de sedición y la rebaja de penas del delito de malversación, dejando fuera de la corrupción a quienes no se hayan enriquecido, lo que a los golpistas les viene de perlas ya que su mal uso de dinero público no tenía como objetivo su enriquecimiento personal sino la amputación del territorio del Estado de Derecho al margen de lo que al respecto establece la Ley, con lo que con estas medidas es evidente que nuestro Estado de Derecho se hace más débil y, por tanto, más favorable para quienes pretenden destruirlo. Lamentablemente Sánchez, por interés personal y a instancias de quienes le mantienen en el poder, cede otra vez ante ERC y, tras suprimir el delito de sedición, da alas a una rebaja inminente de las penas por malversación, urgiendo a los republicanos a que presenten sus enmiendas. Entretanto el Tribunal Constitucional se acerca peligrosamente  a un bloqueo indefinido, pues seis magistrados, de once, están en contra de una renovación parcial sólo con los dos designados por el Gobierno como pretende Sánchez. Y mientras el PP arrastra la polémica del “si es sí” hasta la UE, el Ejecutivo se enroca y espera a que el Supremo unifique criterio y los populares maniobran para que la ministra Llop explique esta Ley y otras en la Eurocámara, aunque parece ser que Sánchez, ante el escándalo provocado por dicha ley, plantea tímidamente hacer “ajustes técnicos” a la misma. Y es que Sánchez quiere evitar el “ruido” en año electoral rebajando lo antes posible la malversación o intentando que pase lo más desapercibido posible el escándalo de la rebaja penal a delincuentes sexuales, aunque ERC sostiene que le exigirá un referéndum si quiere repetir mandato y, obviamente, considera cumplidos los objetivos de esta Legislatura con la rehabilitación de Junqueras tras eliminar la sedición y modificar la malversación para sus cargos condenados. No sucede lo mismo con los socialistas, preocupados ante el 28-M ya que “ganar no basta” en este primer examen a su poder territorial, cuando saben que “el problema está a su izquierda” y que un retroceso en alguno de los nueve gobiernos regionales supondría certificar el “cambio de ciclo”, en tanto que las reformas de la sedición y la malversación, exigidas por ERC, tensan el fin de año legislativo.

          Fin de un año legislativo que nos trae unas Navidades a las que las familias llegan desfondadas por la inflación, especialmente de los alimentos, con el mayor encarecimiento de los precios en casi cuarenta años y el tímido repunte de los salarios, lo que ha originado una disminución del 4´3% en la renta de los hogares españoles durante el año, mientras Yolanda Díaz, como si no fuera con ella y olvidando que es Vicepresidenta del Gobierno, pide al PSOE medidas contra la subida del precio de los alimentos, cuando el Gobierno asume ahora que debe actuar para frenar como sea la inflación de los mismos; y, además, Díaz quiere subir de nuevo el SMI un 8% a lo que Calviño y Montero dicen que no es posible, temiendo el  parón y la pérdida de empleo en tanto que Trabajo espera contar con el comité de expertos. Y es que el parón de la economía española es un hecho ya que crece sólo al 0´2%, cuando, según 40dB, la división de la izquierda del PSOE acercaría el triunfo del PP en las elecciones pues una candidatura unida, encabezada por Yolanda Díaz, se llevaría votos socialistas y llegaría a los 57 escaños facilitando así reeditar la coalición, los resultados en escaños serían PP 115, PSOE 96, Sumar 57, Vox 43 y Ciudadanos 1. Por cierto, hablando de Ciudadanos, cabe aplicarles aquello de “pocos y mal avenidos” ya que Arrimadas decide prolongar la agonía del partido y lanza un órdago a su “amigo” Edmundo Bal, pues sólo renunciará a liderarlo si su “mano derecha” retira una candidatura a las primarias más cercana a pactar con el PSOE, donde Sánchez expulsa a Leguina del partido por “hacer” campaña por Ayuso, sosteniendo el partido que como afiliado tiene “deberes”, mientras el ex dirigente madrileño dice que recurrirá la decisión.

          Y mientras Bruselas vuelve a avisar de que sin pensiones sostenibles se recortarán los fondos europeos, señalando por carta el Comisario de Economía de la UE su preocupación por el cumplimiento de España y el riesgo de “suspender” o “reducir” los préstamos y subvenciones, salta a la palestra que la ex “número dos” de Calviño coloca al marido de la ministra, pues Ana de la Cueva, ex secretaria de Estado de Economía, nombra a Ignacio Manrique de Lara alto cargo en Patrimonio Nacional, organismo que depende del ministro Félix Bolaños y el Comité de Nombramiento está formado por cargos del Gobierno….en definitiva, el marido de la Vicepresidenta será “coordinador de estrategia comercial”, con un salario que podría alcanzar los 105.000 euros (no está nada mal), ya que le seleccionaron altos cargos de Díaz e Iceta que formaban parte del citado Comité de asesoramiento que evaluó su fichaje por Patrimonio, dando lugar a que el PP señale a Bolaños y le exija que comparezca para dar explicaciones, pues el marido de Calviño pedirá dinero a las empresas que regula su mujer, ya que su principal misión será captar patrocinios del Ibex desde el cargo de coordinador de marketing del organismo que nunca ha existido. Ya ven, sin mas comentarios….y a vivir, que la vida es corta. Entretanto Feijóo descarta cualquier tipo de acuerdo con el PSOE de Sánchez, mientras Moncloa negocia con ERC “arreglar” la exigencia de la malversación, en tanto que la supresión de la sedición alienta a los secesionistas en la causa contra España en Estrasburgo y García-Page pide reformar la idea de tipificar la convocatoria de un referéndum ilegal…..pero, en fin, no pasa nada, con un poco de suerte y en este camino de remover la justicia para proteger los intereses de unos y otros, igual hasta se llega a dejar de considerar el nepotismo como forma de prevaricación y ejemplo de administración desleal. Todo se andará, sin lugar a dudas.

          Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que Sevilla acoge la Agencia Espacial y A Coruña la de Inteligencia Artificial; que un choque de trenes de cercanías en Barcelona deja 155 heridos leves; que los españoles piden reforzar la unidad de España en el texto de la Constitución; que caen hasta un 3´1% respecto a hace un año las demandas de disolución matrimonial; que el asesino de un niño en Madrid eleva la alarma por las bandas latinas; que la industria tendrá que justificar cierres o despidos masivos ante el Gobierno; que Reino Unido reconoce la inmunidad del Emérito hasta su abdicación; que no acuden a su puesto de trabajo 1´2 millones de trabajadores y el 22% ni lo justifica, son los datos del absentismo laboral en España que crece un 12%; que Ayuso se asegura los Presupuestos con la abstención de Vox; que, según SigmaDos, la mayoría de los votantes del PSOE pide restar poder a las CCAA, aunque la Constitución goza de buena salud después de 44 años, según el 62% de los ciudadanos, aunque entre ellos el 45% considera necesario algún cambio para adecuarse a los tiempos; y que la Selección Española de Futbol sucumbe ante Marruecos en Qatar al ser incapaz de marcar en 120 minutos y ni siquiera en la tanda de penaltis, cayendo eliminada en octavos por lo que Luis Enrique, ante el fracaso, deja de ser seleccionador nacional….y, entretanto, Rubiales devuelve los gastos de su fiesta de Salobreña que negó siempre, cuando se impone una sanción millonaria por fraude fiscal a Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla y Valencia, que tendrán que abonar a Hacienda 8´2 millones de euros por pagos a agentes en traspasos de jugadores.

Y del exterior, destacar que Deutsche Bank manipuló el mercado de deuda en plena crisis del euro y Bruselas acusa al primer banco alemán y a Rabobank de falsear la competencia; que China cede a las protestas y pone fin a la política de covid cero; y que Kiev ataca con drones dos bases en el interior del territorio ruso y Moscú, que tiene ocupada parte de territorio ucraniano, acusa a Zelenski de los ataques y pone el grito en el cielo, mientras Putin va en coche a ver el puente de Crimea, anexionada por Rusia a la fuerza.

Fdo. Jorge Cremades Sena

SÁNCHEZ PONE FIRME A LAMBÁN

 

                    Es evidente que en año electoral por excelencia no caben veleidades que puedan restar apoyos en las urnas a los partidos políticos y menos aún a los partidos que gobiernan o lideran la oposición y, por ello, tanto Sánchez como Feijóo procuran no meter la pata excesivamente ni que la metan otros dirigentes de sus respectivos partidos. Y es en este contexto electoral donde cabe situar que el Presidente del Gobierno haya puesto firme a Lambán, Presidente de Aragón, obligándole a humillarse por sus críticas al Gobierno por decir que a España le iría mejor sin el liderazgo de Sánchez, al extremo de que el aragonés, para evitar daños mayores, ha tenido que salir a la palestra y afirmar “mis palabras fueron desafortunadas”, rectificando así sus críticas al Jefe del Ejecutivo tras ser reprendido por el Secretario de Organización del PSOE que le llamó para que manifestara su arrepentimiento y se suavizara el malestar que sus palabras causaban en el PSOE y en Moncloa, teniendo que reconocer al efecto y públicamente su “inmenso error”, cuando el nerviosismo se siente ya en algunas federaciones socialistas molestas con los socios de Gobierno y cuando algunas encuestas vaticinan que el PP retrocede y el PSOE lo iguala, especialmente por el voto de los mayores con el alza de las pensiones (según 40dB, Sánchez y sus actuales socios podrían mantener la mayoría actual en el Congreso, pues aunque el PP ganaría las elecciones generales con el 28´1% de votos, el PSOE le seguiría con el 27´8%, casi un empate técnico, Vox obtendría el 14´1%, UPodemos el 11´4% y Otros el 18%, teniendo claro que en ese Otros la inmensa mayoría respaldaría un segundo gobierno de coalición como el actual), mientras dirigentes socialistas temen los posibles efectos que pueda tener la reforma del delito de malversación y que alguien pueda meter la pata en estos momentos, pues la realidad es que, aunque la ventaja de Feijóo se acorta, Sánchez no recupera a sus votantes pues el PP seguiría ganando las elecciones aunque necesitaría a Vox y Navarra Suma para tener mayoría y poder gobernar, ya que el PSOE no gana ningún apoyo pese al retroceso de los populares y, según otros sondeos, UPodemos baja del 10% de votos en plena crisis por el “sí es sí” y los efectos favorables que su aplicación está causando a los condenados por delitos sexuales. Y también es realidad que Montero rompe al PSOE por esta ley que libera a violadores, mientras los socialistas creen que la política “quuer” de la ministra les perjudica, pues Igualdad ignoró las alertas del CGPJ y del Consejo Fiscal, en definitiva los informes de los expertos, dando como resultado esta chapucera ley que beneficia a los condenados y provoca que, hasta la fecha, ya son 48 los agresores sexuales que se han beneficiado de las rebajas de pena, mientras la ministra Montero se empeña en “sostenella y no enmendalla”, negándose a una rectificación de la norma y prefiriendo echar la culpa cínicamente a los jueces de la interpretación de la misma, cuando es la ley la que, en todo caso, permite que con el principio de favorecer al reo, que se aplica de forma generalizada, muchos violadores y agresores sexuales se vean favorecidos por la aplicación de la ley, aunque obviamente esta no sea la intención de la ministra ni de este Gobierno de coalición….pero, ya saben, “el infierno está lleno de buenas intenciones”.

          Por su parte, en la derecha, Feijóo y Abascal ocultan sus cartas para las autonómicas y locales a seis meses de dichas elecciones que muchos consideran el preludio de lo que pueda suceder meses después en las generales, cuando los cálculos de los populares pasan por recuperar Valencia como primer paso para derrotar después a Sánchez y, mientras Vox mantiene un hermetismo absoluto sobre sus posibles cabezas de cartel para los comicios, el PP intenta atraerse a lo que queda de Ciudadanos diciendo a Villacís y a Arrimadas que “si llaman, les abriremos”. Y en la izquierda, Podemos refuerza a Montero y ve “probable” la ruptura con Yolanda Díaz, pues miembros del partido ya asumen la posibilidad de que no haya acuerdo electoral con Sumar y ven el creciente protagonismo de la ministra como una baza para negociar con la Vicepresidenta, mientras SigmaDos revela que uno de cada tres votantes de la formación critica la ley del “sólo sí es sí”. Entretanto el proyecto ideológico del Gobierno a golpe de reformas penales provoca que muchos juristas denuncien que el “manoseo” del Código por el efecto “telediario” con hasta 17 cambios legislativos repercute en la seguridad jurídica, en la unidad y en la cohesión del sistema, cuando la revisión de la ley del “sólo sí es sí” empieza a plantearse, pues las ministras socialistas suben la presión en el Ejecutivo para hacer los pertinentes ajustes a la ley que impuso Montero y los dirigentes del PSPOE buscan un gesto que borre antes de los comicios la imagen de que el Gobierno está sometido a Podemos.

          Y mientras el PSOE lleva hasta el final las enmiendas a la ley Trans, impuesta por Podemos, advirtiendo a su socio de que “no amagamos” aun a riesgo de recrudecer el choque frontal con él, Unidas Podemos acusa a su socio de hacer peligrar su propio proyecto de ley y no cederá en sus posiciones. Por otro lado un proyecto elaborado por Interior propone que la Guardia Civil pida menos nota a mujeres que a hombres, con lo que las aspirantes aprobarían con calificaciones de un 15% más bajas y la rebaja de la nota afectaría a todas las escalas y a la promoción interna, provocando críticas en la institución. Y además se conoce que informes secretos permitirán vetar a empresas en concursos oficiales, ya que el Gobierno prepara una reforma en la Ley de Contratos del Sector Público para agilizar la exclusión de aspirantes de las licitaciones antes de su adjudicación. En fin todo un elenco de iniciativas, a veces ni consensuadas entre los propios socios del Gobierno, que, entre otras cosas, se ve obligado a aplazar la nueva Selectividad ante esa falta de consenso; una especie de “selectividad blanda”, tipo test, que ha recibido la crítica de las CCAA, la RAE, historiadores y comunidad educativa, obligando a la ministra Alegría a retrasar un año la aplicación de la EBAU y la prueba de madurez, eliminando la polémica norma hasta 2028 para replantearla después. Ya ven, se trata de no dejar títere con cabeza sobre lo anteriormente establecido, incluida la entrega de la sedición por parte del Presidente, que renuncia a tipificar el referéndum, pues el Gobierno y sus socios tumban las enmiendas y allanan el camino para la derogación exprés tras rechazar las cinco enmiendas a la totalidad presentadas.

          Y en medio de este guirigay legislativo se produce la buena noticia de que el paro cae a su nivel más bajo en noviembre desde 2007, pero la estadística de ese mes deja al menos 90.000 parados fantasma, pues el SEPE muestra que el número de desempleados bajó en 33.512 personas pero, según la Tesorería General de la Seguridad Social el número de trabajadores con contrato fijo discontinuo (eufemismo del conocido trabajo temporal) dados de alta, es decir con actividad real, se situó en 879.835, es decir, 50.000 menos que en octubre, con lo que el desempleo cae pero la afiliación se estanca, pues los fijos discontinuos avivan las denuncias de “maquillaje” en el paro. En definitiva hasta en este esencial asunto hay consenso de los expertos de que el paro del Gobierno “está distorsionado”, por lo que BBVA, Research, Círculo de Economía, EsadePol o el IEE, se unen a Fedea y reclaman al Ejecutivo “más transparencia”, ya que consideran que las estadísticas no recogen como parados a miles de fijos discontinuos que se encuentran inactivos, pues “hay que medir el empleo con horas trabajadas: demuestran que no se ha recuperado la actividad de la prepandemia”. Y en medio de esta polémica sobre el desempleo real, Escrivá prevé cinco meses más al año de cálculo de la pensión de 2027 a 2038, cuando estamos a un mes para el primer jubilado del “baby boom” (los nacidos entre 1957 y 1977), la generación más numerosa con 14 millones de personas, mientras la Seguridad Social tendrá que hacer frente a más pensiones y más altas, cuando por primera vez las pensiones máximas ya son de más de 3.000 euros y más aún tras el incremento fijado esta semana conforme al IPC.

          Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que el PP da a las clases medias el mensaje de que “si ganas más de 25.000 euros este gobierno te abandona”; que Gobierno y diplomáticos reciben cartas con material pirotécnico, cartas bomba sobre las que los expertos apuntan a grupos prorrusos o extremistas españoles, aunque no se pueden descartar otras opciones, incluidas las de “acciones de falsa bandera” por lo que el juez analiza los informes policiales sobre ellas; que los médicos se plantan y dicen “hemos llegado al límite” rebelándose por sus condiciones laborales en España, donde el sistema de guardias de 24 horas afecta a su rendimiento; que el relevo del TC se atasca en el CGPJ a cuyo pleno irán los vocales sin acuerdo alguno, cuando cumple cuatro años en funciones y sin relevo a la vista pues la renovación sería para después de las generales con lo que 70 vacantes en la cúpula judicial están sin cubrir tras la reforma de 2021 ya que no puede hacer nombramientos; que el juez rechaza reabrir el “caso Kitchen” por los audios de Villarejo; que PNV y PSOE negocian que el impuesto a los ricos no se aplique en el País Vasco, mientras Hacienda recauda un 83´5% menos con las tasas Tobin y Google al no conseguir más que 99 millones de los 507 que tenía previstos con estas dos nuevas figuras impositivas; que la Delegada del Gobierno en Madrid es investigada por un posible delito de prevaricación; que Villacís no se presentará por Ciudadanos si Bal se hace con el partido, cuando el portavoz rompe con Arrimadas y anuncia que disputará la presidencia de la formación liberal; que España pasa a octavos del Mundial de Qatar de forma angustiosa como segunda de grupo tras caer derrotada por Japón; que la Audiencia investiga a tres empresas del Ibex por pagos en el “caso 3%” a Convergencia pues el juez Pedraz analiza contratos de Telefónica, Gas Natural y Fundación Repsol tras detectarse ingresos en compañías del que fuera mano derecha de Artur Mas; y que López Miras, Presidente de Murcia, dice que “Sánchez quiere que las CCAA nos matemos por el agua”, que “hay una crisis constitucional porque el Gobierno quiere cambiar los pilares del Estado” y que “las decisiones que asume con ERC y Bildu carecen de responsabilidad ética y moral”.

          Y del exterior destacar que Bruselas trata de limitar a los vulnerables las ayudas energéticas; que Rusia advierte a Occidente del “enorme” riesgo nuclear y Biden no descarta hablar con Putin si busca la paz y de acuerdo con la OTAN; que Ucrania quiere resucitar su industria militar por temor a una guerra larga mientras el envío de armas a Kiev merma el arsenal de los países de la OTAN y las fuerzas ucranianas logran cruzar el río Dnieper e izan una bandera en una torre cercana; que Europa acuerda imponer un tope al precio del petróleo ruso y los Veintisiete no pagarán más de 60 dólares el barril para subir la presión por Ucrania y el Kremlin dice que no venderá a los países que lo apliquen; que Santiago Creel y Ricardo Monreal, presidentes respectivos del Congreso y del Senado en Méjico y de partidos rivales, hacen un llamamiento a la reconciliación nacional porque “los mexicanos ansían una esperanza de cambio”; que la UE plantea cambios en las ayudas de Estado como réplica a Biden, pues la Presidenta de la Comisión, Úrsula Von der Leyen, asegura que la UE “responderá de una forma adecuada” a la iniciativa del estadounidense y apunta que es necesario “reflexionar” para que las empresas europeas también puedan recibir ayudas del Estado; y que Irán se abre a cambios tras las protestas, cambios sin precisar en la norma que obliga a la mujer a llevar velo en público y la eliminación de la llamada Policía de la Moral, para frenar las protestas por la muerte de Mahsa Amini, con lo que el Parlamento y el Consejo Supremo debaten sobre estos asuntos después de más de dos meses de protestas que han dejado al menos 200 muertos, aunque, de momento, no logran con ello frenar las protestas.

Fdo. Jorge Cremades Sena

LA CULTURA DE LA VIOLACIÓN

 

                    Mientras el socialista Lambán lamenta el liderazgo de Sánchez porque “mejor le hubiera ido a España” con otro, el Gobierno de coalición que lidera éste recibe la vuelta de la Ley Trans porque Podemos, su socio gubernamental, se plantea votar en contra pues el PSOE, socio mayoritario del Gobierno, mantiene los cambios y agiliza su tramitación para forzar un acuerdo “in extremis”. La realidad es que el choque en el Gobierno por la Ley Trans (entre otras muchas) hace peligrar otras, como la de Vivienda, ya que la posibilidad de que el Congreso devuelva la norma puede llevar a PSOE y Podemos a extender su tradicional confrontación a otras iniciativas legislativas, cuando los choques internos en el Gobierno social-comunista (el socialismo democrático y el comunismo son intrínsecamente incompatibles) bloquean ya siete leyes clave para Podemos e inasumibles para los socialistas, por lo que Podemos acusa al PSOE de bloquear sus leyes por puro interés electoral, mientras el parón de la Ley de Familias y de la Ley Trans dispara el malestar entre los dos socios, aunque el Ejecutivo aprueba la norma contra la trata y la explotación, cuyas víctimas tendrán protección sin una denuncia previa. Así las cosas, mientras el Tribunal Supremo eleva las condenas del caso Arandina pero advierte de que lo hubiera hecho más aún sin la ley del “sólo sí es sí” y mientras el PSOE fuerza otro  pleno para una segunda votación sobre el delito de sedición, el Alto Tribunal insta a estudiar “caso por caso” la rebaja de penas y abre la puerta a las rebajas de condena, cuando la aplicación de la chapucera ley ya ha beneficiado a 43 violadores (entre ellos la mayor rebaja de penas a dos de ellos con siete años menos). Y la ministra Irene Montero, en vez de rectificar la ley y reconocer sus errores que permiten semejante aberración de favorecer a los violadores, decide arremeter contra el primer partido de la oposición, el PP, que ha gobernado durante buena parte de nuestra reciente historia democrática, acusándole de promover la “cultura de la violación”, mientras el Congreso pierde el control entre cruces de acusaciones e insultos, así como la denuncia de la oposición por la diferente vara de medir que utiliza Batet, su presidenta, permitiendo que Montero acuse a sus rivales políticos de ser promotores de “la cultura de la violación” mientras es inflexible con PP, Vox y Ciudadanos al extremo de que ellos pueden sufrir el calificativo de fascistas (y ahora de promotores de la violación) pero a sus contrincantes no se les puede calificar de filoetarras, por ejemplo. Este tipo de actuación desigual en dirigir los debates en la Cámara provoca una “sobreactuación” en diputados y también en ministros, ministres y ministras, como Irene Montero, que más bien parecen mítines electorales de barrio que discursos políticos parlamentarios, al extremo de que el PSOE e incluso los afines a Yolanda Díaz reniegan ya de las salidas de tono de la ministra, pues dirigentes socialistas y de Unidas Podemos critican su “agresividad verbal” tras la grave acusación hecha al PP, que, junto a Vox y Ciudadanos, piden la dimisión de Montero, quien, tras ser apoyada hace pocos días por la inmensa mayoría de la Cámara, incluido el PP, frente a las agresividades verbales contra ella por parte de una diputada de Vox, vuelve a ser protagonista ahora por el despropósito inaceptable de acusar a los populares de promover la violación.

          Pero Sánchez, en vez de poner orden en el gallinero e intentar suavizar relaciones con el principal partido de la oposición para resolver al menos los asuntos de Estado, decide elegir a su ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y a Laura Díez, ex directora general de Presidencia, como nuevos magistrados para el Constitucional, tensando así más aún las relaciones con la oposición que critica esta decisión al igual que la de Podemos. El Constitucional por su parte apremia al Poder Judicial a nombrar ya a sus magistrados aunque se resiste a aceptar la maniobra de Sánchez para controlarlo y, de momento, descarta avalar los nombramientos hasta ver si el CGPJ propone sus dos magistrados como obliga la Constitución. Y es que Sánchez pretende montar un TC obediente y con ello agrava la crisis institucional al designar sin esperar al CGPJ a su ex ministro de los indultos y a una jurista que trabajó en Moncloa, mientras Bolaños acusa a vocales del CGPJ de prevaricar diciendo que “no están cumpliendo la Ley ni la Constitución” lo que ven los magistrados como “una provocación” inédita y rechazan por ahora validarlos. Entretanto se publica que Moncloa no dio al PP el nombre de sus candidatos al Constitucional cuando estaban negociando y después optó por la táctica de dar largas, para ahora dar a conocer la elección de Campo que calma a ERC pero violaba las condiciones del pacto entre Gobierno y PP, con lo que el Gobierno abre una crisis “sin precedentes” al renovar el TC en solitario, aunque asume que puedan tumbarse sus nombres en otro choque con el Poder Judicial que esperará pese al órdago del Ejecutivo. Un CGPJ más tensado todavía cuyos vocales conservadores y progresistas se ven sorprendidos por esta designación de Sánchez de su ex ministro y de una ex asesora como su cuota en el Constitucional, que debe fallar sobre 15 recursos contra leyes del ex ministro de Sánchez recurridas por Feijóo y Abascal, mientras otros juristas advierten que Díez también tendría que abstenerse en asuntos que afecten a su etapa de asesora de la Generalitat y Alto cargo de Moncloa. ¿Es que no encuentra Sánchez juristas con un perfil más neutro y menos politizado que el de estos dos candidatos cómo ya sucediera en su día con la designación de Dolores Delgado como Fiscal General? Seguramente Sánchez se basa para avalar dichos nombramientos en que el Comisario de Justicia sostiene que España no es el único país de la UE donde ex ministros ejercen como magistrados del Constitucional, con lo que Bruselas complica el plan de Feijóo de llevar a Europa dichas designaciones.

          Y en medio de todos estos embrollos González Morales, relator de la ONU sobre los derechos de los migrantes, dice que “es lamentable que no se haya aclarado en cinco meses la tragedia de Melilla” en plena investigación de lo allí ocurrido. El informe de la Guardia Civil de Melilla niega que hubiese cadáveres en zona española y matiza que sólo hubo gendarmes marroquíes durante la avalancha, aunque, según testigos y la policía marroquí, alguna persona pudo fallecer en suelo español, pues un joven que quedó inconsciente afirma “desperté encima de dos cadáveres”….. En todo caso una nueva investigación sostiene que Marlaska mintió sobre la tragedia en la valla de Melilla mientras él se enroca en su versión de la misma insistiendo en que no hubo “ningún hecho trágico” en suelo español, cuando la mayoría del Congreso rechaza su actuación y el PP reclama que dimita, mientras Fiscalía practica diligencias antes de decidir si presenta una querella y los eurodiputados presionan para que el ministro dé explicaciones. Sánchez, por su parte, protege a Marlaska pese a estar sólo en el Gobierno, pues, aunque se encuentre en la cuerda floja, Moncloa se resiste a “entregar” una “pieza de caza mayor a Pablo Iglesias”, cuando ministros socialistas dan por probadas sus mentiras sobre Melilla, pero guardan silencio oficial.

          Así las cosas, según GESOP, Sánchez recorta distancias y Feijóo ve más lejos la mayoría ya que el PP ganaría las elecciones pero necesitaría a Vox y a otro socio para poder gobernar, pues el PSOE reduce la diferencia con el PP en cinco puntos desde junio y ahora los resultados serían: PP entre 126-129 escaños, PSOE 106-108, Vox 39-41 y UPodemos 33-35…..los partidos minoritarios de todo tipo ya se relamen ante la posibilidad de seguir sacando jugosos beneficios del mercadeo de escaños para poder hacer medianamente gobernable nuestro país. Y entretanto Escrivá plantea subir de 25 a 30 años el cálculo de las pensiones y elegir entre los 28 mejores, cuando sólo un tercio del coste total del alza de las pensiones beneficia a las bajas y la cotización máxima subirá diez veces más que la mayor pensión; pensiones que subirán un 8´5% en 2023, mientras energía y carburantes frenan el IPC que “sólo” sube en noviembre un 6´8%, el nivel más bajo de la eurozona con un 10%, lo que no evitará que la cena de Navidad sea la más cara de la Historia ya que los precios, especialmente de los alimentos, se disparan un 12´4% respecto al año pasado. Por su parte la ministra Ribera dice lo siguiente: “el suministro de gas en Europa está asegurado hasta febrero o marzo”, “si a nuestros vecinos no les va bien, podemos sufrir tensiones en los precios del gas", "el calendario de cierre de las nucleares sigue siendo válido” con el objetivo 2035, “sin las renovables tendríamos precios mucho más altos, como pasa en otros países europeos”, “hay que focalizar la ayuda de 20 céntimos a los carburantes”…..y añade “habrá otra Legislatura con un gobierno de coalición parecido a éste”.

Y mientras el PP se lanza a recoger los “restos” de Ciudadanos y Feijóo presume de un PP “unido” con sus barones frente al “enredo” de Sánchez, en Podemos bajan las aguas turbias con el “ejército norcoreano” de Iglesias, pues según el ex diputado y ex senador podemita Espinar, “él señala y las redes muerden” con lo que así funciona su “difamación”, ahora centrada en sus potenciales rivales mediáticos, pues “Pablo tiene a sus propios yihadistas”, miles de seguidores, conocidos como “ejército norcoreano” que no dudan en linchar a quien se aparte de su línea como estrategia de “difamación”….. en fin, sin más comentarios. 

          Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que un procesado en el “caso ERE” pacta devolver la ayuda fraudulenta de 120.000 euros para evitar la cárcel, cuando Fiscalía Anticorrupción pedía a este empresario, acusado de cooperar con la prevaricación y malversación de altos cargos socialistas andaluces, dos años y nueve meses de condena; que Hacienda obliga al Emérito a pagar por el regalo de cacerías con lo que concluye su último caso en España con un acuerdo por los vuelos y dádivas tras su abdicación; que España es el tercer país con mayor alza de presión fiscal desde 2010 al subir 7 puntos, hasta el 38´4%, pues sólo Eslovaquia y Corea del Sur la han aumentado más; que el Euribor cierra noviembre en el 2´83% y frena el incremento de las ventas, pudiendo acabar el año en torno al 3% y acercarse al 3´5% en el primer semestre de 2023; que Ayuso pretende poner fin a la precariedad para lo que hará fijos al 86% de los sanitarios en dos años; que buscan 30 años después restos de Anglés con nuevas técnicas de ADN para esclarecer el triple crimen de Alcasser; que se produce un atentado con carta-bomba contra el embajador ucraniano y una empresa de Zaragoza recibe un sobre similar procedente de Ucrania; y que el mayor “think tank” cuestiona las cifras de paro del Gobierno, pues Fedea sostiene que el desempleo “efectivo” no cayó en octubre en 27.000 personas, como anunció el Ejecutivo de Sánchez, sino que subió en 138.000, por lo que alerta sobre el paro oculto de fijos discontinuos.

          Y del exterior, destacar que Rusia cancela su cita con EEUU para negociar sobre armas nucleares; que la UE congela fondos de 7.500 millones para Hungría por la corrupción; que Qatar eleva de 40 a “400 o 500” los trabajadores muertos en las obras del Mundial de Futbol que se está celebrando en el país; que los rusos arrasaron con el patrimonio de Jersón antes de retirarse de la ciudad, pues robaron los restos del general Potemkin, 10.000 piezas de arte de los museos, bibliotecas y hasta los animales del zoo, un saqueo en toda regla; y que Pekín despliega a la policía por la protesta de los papeles en blanco con lo que los manifestantes chinos, hartos de restricciones por la covid, se enfrentan al régimen mostrando folios en blanco para denunciar la censura, un estallido social contra la coartada de Xi Jinping para sus restricciones, la falta de movilidad, las detenciones y los confinamientos que provocan las primeras protestas en décadas contra el autoritarismo y la censura del actual régimen chino, que blinda las ciudades para frenar lo que llaman “revuelta del folio en blanco” y que llama a acelerar la vacunación tras sofocar dichas protestas.

Fdo. Jorge Cremades Sena