ASÍ NO, SEÑOR MONTORO

            El nuevo paquete de medidas anunciado por Rajoy en su comparecencia en el Congreso, que, entre ingresos y reducción de gastos, supone un ajuste de 65.000 millones de euros en los dos próximos años y medio, es un nuevo mazazo a los ya depauperados bolsillos de la mayoría de los españoles. Especialmente para empleados públicos, funcionarios y parados que, además de pagar más caros los productos por la subida del IVA como el resto, ven, una vez más, reducidos sus salarios o mermadas sus prestaciones por desempleo. En total trece nuevos ajustes o recortes –fatídico número para los supersticiosos- para contener el déficit público impuesto por Bruselas, entre los que la estrella es, sin duda, la subida del IVA que afecta a toda la población; que, como impuesto indirecto, es más lesivo para los más pobres; y que, en plena recesión económica, puede tener efectos perversos sobre el consumo malogrando incluso el objetivo recaudatorio que origina su aplicación.

            Sin cuestionar la necesidad de reducir el déficit –así lo aconseja el sentido común y además lo impone Bruselas-, si es cuestionable el cómo hacerlo. Este gobierno, frente al anterior, que se encargó de dispararlo, pretende reducirlo a lo bestia y a costa de los trabajadores, es decir, del pueblo que le aupó al poder tras creer sus promesas de hacerlo de forma totalmente distinta. Menos mal que entre los hachazos, para disimular, intercala algún pequeño pellizco a quienes, en todo caso, debieran apechugar con la mayor parte del coste. Entretanto la situación sigue empeorando hasta extremos casi insostenibles. Cierto que siete meses son pocos para solucionar el caos heredado, pero suficientes para vislumbrar el cambio de rumbo y, como no se ve, el pueblo ya duda si era mejor la farsa de Zapatero o la tragicomedia de Rajoy. En cualquiera de los dos escenarios sigue siendo la víctima. ¿No hay otra forma de hacer las cosas para evitarlo? Muchos, entre los que me incluyo, piensan que sí. Incluso nos cuadran las cifras, al extremo de que todo este paquete de medidas sería evitable simplemente erradicando el descomunal fraude fiscal que, impunemente, existe en nuestro país, tal como reconoce el ministro Montoro al afirmar, para justificar la subida del IVA, que “si todo el mundo lo pagara ahora no tendría que subirlo”. Obviamente Montoro sabe que, según estudios fiables, ya que ni siquiera hay un estudio oficial, el fraude fiscal en España duplica la media del existente en la UE y se calcula en más de 70.000 millones de euros anuales.

            Pero Montoro, en un alarde de incompetencia e irresponsabilidad, prefiere castigar a quienes pagan el IVA, incrementándolo para recaudar 7.500 millones de euros, en vez de recaudarlo con un plan de choque contra el fraude fiscal, que con un éxito mínimo (un 10% anual, 7.000 millones) satisfaría dicha necesidad recaudatoria. Si además lo hiciera contra el fraude acumulado en los cuatro años precedentes a la prescripción del delito (unos 280.000 millones) y lo aplicara contra otras figuras delictivas, como la evasión de capitales o la economía sumergida, no sólo sería innecesario este paquete de recortes para reducir el déficit, sino muchos de los ya aplicados con anterioridad. ¿Qué sucedería si el objetivo de éxito del inexistente plan fuese del 50% para ajustar el fraude al de la media europea? La respuesta es fácil, calcúlela señor Montoro. Sin embargo este gobierno, como los anteriores, prefiere mirar a otra parte en tan escabroso asunto. ¿Por qué será? Además, por si la subida del IVA no fuese suficiente castigo para las personas honradas, Montoro, tras premiar a los defraudadores con una amnistía fiscal, dice que la existencia de estos sinvergüenzas premiados es la causa del castigo de los demás, incitando a la ciudadanía implícitamente a pasarse al bando de los defraudadores. En definitiva, el mundo al revés: castigo a los buenos y premio a los malos. Olvida el señor Montoro que entre las obligaciones del Gobierno está la de hacer cumplir las leyes, entre ellas las tributarias, y no es buen camino endurecerlas para quienes las cumplen si, previamente, no se persigue a los incumplidores; peor, si encima apela a esta negligencia para justificar el endurecimiento de las mismas. El pueblo español viene dando suficientes muestras de comprensión de las dificultades en que sus gobernantes impresentables lo han metido y, cargado de paciencia, está soportando lo insoportable, pero está harto de que los chorizos campen a sus anchas sin que los gobernantes hagan absolutamente nada para evitarlo. Sólo falta que, para colmo, le acusen de ser culpable de la situación. Reducir el fraude fiscal sólo requiere voluntad política y Montoro sabe cómo hacerlo; si, como los anteriores ministros, elude sus responsabilidades al respecto, al menos que sus declaraciones no inciten a incrementarlo. Así no, señor Montoro. Así, no vamos a ninguna parte.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

GAMBERRADAS Y DELITOS

            Un turista muerto y un camionero herido de consideración cuando circulaban en sus respectivos vehículos. Ante la cantidad de accidentes de circulación que se dan en nuestras carreteras, tales sucesos ni se considerarían como noticia extraordinaria, pues, lamentablemente, nos hemos acostumbrado a ellos al aparecer en los medios de comunicación casi a diario. Sin embargo, en esta ocasión, no se trata de un accidente más, ni de la enésima colisión provocada por la imprudencia de uno de los conductores, ni de otro fatal y casuístico encuentro de dos vehículos en alguno de los puntos negros que todavía existen en nuestras carreteras. Es más, ni siquiera se trata de un accidente de circulación en que el turista y el camionero hayan estado implicados, sino de dos hechos lamentables, acaecidos en días distintos, cuyas consecuencias podrían haber sido mucho peores. Ambos provocados por la irracional forma de diversión de sendos grupos de adolescentes que, a falta de algo mejor que hacer, deciden pasar el tiempo tirando piedras a los vehículos que pasan por las autovías desde un paso elevado. Conductas de menores que, desgraciadamente, ni son aisladas ni puntuales, aunque, afortunadamente, no siempre desencadenen tan trágico desenlace. Para algunos, simples gamberradas de jóvenes; en realidad, faltas graves o delitos de los que alguien debe hacerse responsable y pagar por ello. Pero, si otras conductas delictivas más graves –asesinatos, violaciones-, protagonizadas por menores, han activado todas las alarmas sociales, dejando un sabor amargo en la sociedad por las sombras de impunidad que muchos entienden que la Ley del Menor concede a sus autores, poco se puede esperar de éstas y otras parecidas achacables a la imprudencia y no a la intencionalidad de delinquir.

            Ni es la primera vez, ni, lamentablemente, será la última, que escribo sobre la violencia protagonizada por menores. Mi contacto con ellos por razones profesionales me permite afirmar que, ante la comisión de la mayoría de los actos monstruosos que algunos protagonizan, hay una serie de precedentes violentos cotidianos que, desgraciadamente, nuestra legislación olvida, convirtiendo la Ley del Menor en un lamentable ejercicio de hipocresía social. Nada que objetar a su finalidad de regular la responsabilidad penal de los menores como sujetos susceptibles de una especial protección por razones de edad. Pero todas las objeciones a la carencia de medidas preventivas para evitar que los menores se conviertan en delincuentes habituales y, considerándose impunes, sigan progresando en su escalada delictiva a sabiendas de que, si llega el caso, su responsabilidad penal queda atenuada de forma tan considerable. Si ni la familia, ni la escuela, ni el entorno ha sido capaz de hacer entender a demasiados adolescentes que, entre otras conductas similares, apedrear a los coches puede acarrear consecuencias tan graves es obvio que la sociedad está fracasando estrepitosamente y por tanto es la responsable directa de semejantes fechorías. Y también su víctima.

            Si somos incapaces de entender que, salvo excepciones que confirman la regla, las conductas delictivas de los adolescentes están precedidas de una niñez permisiva y descontrolada, difícilmente resolveremos la preocupante violencia juvenil que genera tanta alarma social. Lamentablemente así es. Muchos niños, sin que nadie lo remedie, se desarrollan en un ambiente permisivo, sin ningún referente de autoridad y respeto, haciendo lo que les viene en gana. Pronto perciben que ni sus padres, ni sus maestros, ni cualquier otra autoridad tienen herramientas suficientes para reconducir su forma errada de proceder. Son intocables frente a quienes tienen su tutela y la responsabilidad de educarlos, quienes, desarmados e impotentes, prefieren sufrir el maltrato progresivo por parte de ellos ante el temor de que cualquier medida correctora les sitúe en el lado de los maltratadores. “¿Qué puedo hacer con mi hijo?” es la pregunta recurrente. La respuesta más apropiada, “nada, hágale entender que tiene que comportarse mejor”. Cualquier castigo o medida represiva es susceptible de considerarse como maltrato físico o sicológico. La consecuencia inmediata es el incremento de un maltrato en el ámbito familiar de los hijos hacia sus padres. El niño toma las riendas de su propio destino, amparado en una libertad que a su edad no le corresponde. Es lo políticamente correcto.  Pero además, es paradójico que, junto a este hipócrita proteccionismo frente a padres que quieren educar a sus hijos, se abandone y desproteja a otros muchos niños que padecen un absoluto abandono por parte de sus progenitores a quienes no se exige que cumplan su responsabilidad de educarlos. En tan desesperanzador contexto sólo cabe esperar que los menores rebasen socialmente los límites de lo razonablemente soportable y conviertan sus gamberradas en indiscutibles delitos. Entonces sí funciona la última trinchera de la hipocresía con la aplicación de la vulgarmente conocida Ley del Menor, que debiera llamarse Ley de protección de menores delincuentes. Proteger a los menores es otra cosa bien distinta. 

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena