El
nuevo paquete de medidas anunciado por Rajoy en su comparecencia en el
Congreso, que, entre ingresos y reducción de gastos, supone un ajuste de 65.000
millones de euros en los dos próximos años y medio, es un nuevo mazazo a los ya
depauperados bolsillos de la mayoría de los españoles. Especialmente para
empleados públicos, funcionarios y parados que, además de pagar más caros los productos
por la subida del IVA como el resto, ven, una vez más, reducidos sus salarios o
mermadas sus prestaciones por desempleo. En total trece nuevos ajustes o
recortes –fatídico número para los supersticiosos- para contener el déficit
público impuesto por Bruselas, entre los que la estrella es, sin duda, la
subida del IVA que afecta a toda la población; que, como impuesto indirecto, es
más lesivo para los más pobres; y que, en plena recesión económica, puede tener
efectos perversos sobre el consumo malogrando incluso el objetivo recaudatorio
que origina su aplicación.
Sin
cuestionar la necesidad de reducir el déficit –así lo aconseja el sentido común
y además lo impone Bruselas-, si es cuestionable el cómo hacerlo. Este
gobierno, frente al anterior, que se encargó de dispararlo, pretende reducirlo
a lo bestia y a costa de los trabajadores, es decir, del pueblo que le aupó al
poder tras creer sus promesas de hacerlo de forma totalmente distinta. Menos
mal que entre los hachazos, para disimular, intercala algún pequeño pellizco a
quienes, en todo caso, debieran apechugar con la mayor parte del coste. Entretanto
la situación sigue empeorando hasta extremos casi insostenibles. Cierto que
siete meses son pocos para solucionar el caos heredado, pero suficientes para
vislumbrar el cambio de rumbo y, como no se ve, el pueblo ya duda si era mejor
la farsa de Zapatero o la tragicomedia de Rajoy. En cualquiera de los dos
escenarios sigue siendo la víctima. ¿No hay otra forma de hacer las cosas para
evitarlo? Muchos, entre los que me incluyo, piensan que sí. Incluso nos cuadran
las cifras, al extremo de que todo este paquete de medidas sería evitable simplemente
erradicando el descomunal fraude fiscal que, impunemente, existe en nuestro
país, tal como reconoce el ministro Montoro al afirmar, para justificar la
subida del IVA, que “si todo el mundo lo pagara ahora no tendría que subirlo”.
Obviamente Montoro sabe que, según estudios fiables, ya que ni siquiera hay un
estudio oficial, el fraude fiscal en España duplica la media del existente en
la UE y se calcula en más de 70.000 millones de euros anuales.
Pero
Montoro, en un alarde de incompetencia e irresponsabilidad, prefiere castigar a
quienes pagan el IVA, incrementándolo para recaudar 7.500 millones de euros, en
vez de recaudarlo con un plan de choque contra el fraude fiscal, que con un
éxito mínimo (un 10% anual, 7.000 millones) satisfaría dicha necesidad
recaudatoria. Si además lo hiciera contra el fraude acumulado en los cuatro
años precedentes a la prescripción del delito (unos 280.000 millones) y lo
aplicara contra otras figuras delictivas, como la evasión de capitales o la
economía sumergida, no sólo sería innecesario este paquete de recortes para
reducir el déficit, sino muchos de los ya aplicados con anterioridad. ¿Qué
sucedería si el objetivo de éxito del inexistente plan fuese del 50% para
ajustar el fraude al de la media europea? La respuesta es fácil, calcúlela
señor Montoro. Sin embargo este gobierno, como los anteriores, prefiere mirar a
otra parte en tan escabroso asunto. ¿Por qué será? Además, por si la subida del
IVA no fuese suficiente castigo para las personas honradas, Montoro, tras
premiar a los defraudadores con una amnistía fiscal, dice que la existencia de
estos sinvergüenzas premiados es la causa del castigo de los demás, incitando a
la ciudadanía implícitamente a pasarse al bando de los defraudadores. En
definitiva, el mundo al revés: castigo a los buenos y premio a los malos. Olvida
el señor Montoro que entre las obligaciones del Gobierno está la de hacer
cumplir las leyes, entre ellas las tributarias, y no es buen camino
endurecerlas para quienes las cumplen si, previamente, no se persigue a los
incumplidores; peor, si encima apela a esta negligencia para justificar el
endurecimiento de las mismas. El pueblo español viene dando suficientes muestras
de comprensión de las dificultades en que sus gobernantes impresentables lo han
metido y, cargado de paciencia, está soportando lo insoportable, pero está
harto de que los chorizos campen a sus anchas sin que los gobernantes hagan
absolutamente nada para evitarlo. Sólo falta que, para colmo, le acusen de ser
culpable de la situación. Reducir el fraude fiscal sólo requiere voluntad
política y Montoro sabe cómo hacerlo; si, como los anteriores ministros, elude
sus responsabilidades al respecto, al menos que sus declaraciones no inciten a
incrementarlo. Así no, señor Montoro. Así, no vamos a ninguna parte.
Fdo. Jorge Cremades Sena