ASÍ NO PODEMOS SEGUIR

 

                        Es obvio que para que funcione una Sociedad en libertad y un Estado democrático de Derecho se requiere el respeto profundo y la defensa de la legalidad democrática vigente, especialmente por parte de las diferentes instituciones del Estado, así como sus procedimientos y normas de funcionamiento establecidos. En caso contrario, como viene sucediendo últimamente en España, no estaríamos hablando de Democracia ni de Estado Democrático de Derecho sino de otra cosa muy distinta y peligrosa para la convivencia de progreso en paz y en libertad. Y, obviamente, así no podemos seguir durante mucho más tiempo salvo que queramos tirar por la borda todos los logros, que no son pocos, conseguidos durante este periodo democrático que llevamos disfrutando desde hace más de cuarenta años, obviamente con sus luces y sus sombras. O los españoles entendemos muy mayoritariamente estos básicos principios democráticos y lo corregimos en las urnas o estamos abocados, una vez más en la Historia, al enfrentamiento ciudadano, al revanchismo y a la intolerancia más absoluta que sólo aporta miseria, violencia y ausencia de libertades. El último de los episodios, el veto a la Jefatura del Estado por parte del Gobierno a que presida la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona, como se viene haciendo tradicionalmente todos los años, es el paradigma de lo que no se debe ni puede hacerse en democracia, pues atenta directamente contra la normalidad del funcionamiento de las instituciones. La ausencia de razones por parte del Ejecutivo sobre los motivos de tan insólito veto, atenta directamente contra la transparencia debida a los ciudadanos que tienen todo el derecho de conocer las causas de semejante desencuentro del Ejecutivo con la Jefatura del Estado. Las acusaciones públicas del Vicepresidente del Gobierno, Iglesias, y su partido, UPodemos, cogobernante con el PSOE, contra Felipe VI por haber manifestado al Presidente del Poder Judicial que estaba dispuesto a asistir al acto, como todos los años, atenta directamente y de forma torticera contra la Primera institución y autoridad, la Jefatura del Estado, que, guste o no, merece la protección y no el vapuleo permanente por parte del resto de instituciones, máxime cuando sus competencias, establecidas constitucionalmente, son esencialmente de carácter representativo, que no ejecutivo, y de nexo común de la unidad de España dentro de su pluralidad. Y el silencio cómplice por parte del Presidente del Gobierno ante hechos tan graves, que él mismo ha provocado, sin llamar al orden (como en otros tantos casos) a su Vicepresidente ni a sus ministros comunistas, como Garzón, por salir en tromba contra la Jefatura del Estado acusando públicamente al Rey de falta de “neutralidad política” y diciendo que su situación es “insostenible”, consintiendo por tanto tan aberrantes formas de actuar, atenta directamente contra la autoridad debida de la Presidencia del Gobierno (el Presidente está dotado de la potestad para poner orden en su Ejecutivo y evitar que sea un gallinero), contra la uniformidad de criterios del Ejecutivo (no puede haber dos gobiernos en uno o, peor aún, un Gobierno cuyo presidente está secuestrado por una parte de sus ministros) y contra el prestigio de España, interno y exterior, dando la imagen de que la gobernabilidad en nuestro país se asemeja más bien al Ejército de Pancho Villa que a un Gobierno serio, coherente, moderado y transparente al uso de los instituidos en los diversos países que conforman la UE, en los que semejantes espectáculos jamás se dan. Así no podemos seguir, está claro; salvo que los españoles nos hayamos vuelto masoquistas y nos guste sufrir y complicarnos la existencia. No en vano, las injerencias del Ejecutivo, han provocado una revuelta judicial, sin precedentes por la ausencia del Rey en Barcelona y, además, cuando los fiscales andan divididos por la investigación del informe de Navajas, arremetiendo públicamente contra dos colegas suyos por haberle pedido que no solicitara archivar las causas interpuestas para investigar la gestión de la pandemia por el Ejecutivo, mientras la Asociación de Fiscales culpa a Delgado del mayor descrédito “en 40 años”. 

            Los hechos son elocuentes. Convocado, como todos los años, el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona, y ya cursadas las invitaciones por parte del CGPJ con la normal presencia del Jefe del Estado para presidirlo, el Gobierno decide a última hora no refrendar la presencia de Felipe VI sin dar explicaciones concretas de tamaña insólita decisión, provocando una lógica “respuesta” del Presidente del CGPJ, Lesmes, que en su discurso manifiesta el malestar de los Jueces, diciendo “sentimos un enorme pesar” por la ausencia del Jefe del Estado en el acto y desvelando que el Rey le había telefoneado diciéndole que le habría “gustado estar” en el acto (como venía sucediendo siempre), lo que propicia encima las improcedentes críticas de los ministros de Unidas Podemos acusando, entre otras cosas, al Monarca de falta de “neutralidad política” y de que “maniobra” contra el Ejecutivo, mientras la Casa del Rey restaba importancia al asunto y calificaba la llamada a Lesmes de “gesto de cortesía” sin “consideraciones institucionales” y mientras el Presidente del Gobierno y el PSOE guardaban silencio al respecto. El Gobierno, mediante algunos de sus miembros y ante las peticiones públicas de explicaciones, había justificado por boca del Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que el veto al Rey obedecía a que “hay que proteger a las instituciones”, entre ellas “a la Monarquía”, sin dar más explicaciones, mientras buena parte de la oposición lo consideraba como una cesión más al secesionismo, con quien el Gobierno negocia el apoyo a los Presupuestos. En todo caso, peor este difuso remedio que la enfermedad, peor la improvisada explicación que el silencio: ¿acaso está el Gobierno admitiendo que es incapaz de garantizar la asistencia del Jefe del Estado a un acto cuando una de sus obligaciones es precisamente garantizar la seguridad del mismo? ¿acaso se protegen las instituciones manteniendo secuestrados a sus titulares y alejados de aquellos lugares en que algunos, como los secesionistas o incluso Podemos, los rechazan, no los reconocen como tales o los consideran personas non gratas?. En fin, sin comentarios. La triste realidad es que, bien a instancias de Podemos, bien “motu proprio”, Sánchez ha cambiado los habituales despachos semanales con el Rey por llamadas y SMS, rompiendo la tradición de reunirse con él en Zarzuela, y que Iglesias, el Vicepresidente, desata desde el Ejecutivo una clara ofensiva, ahondando en la crisis abierta entre Moncloa y Zarzuela por el trato al Monarca.

            En definitiva, un insólito veto al Rey que, con toda razón, indigna al Poder Judicial y que Iceta vincula con la inminente sentencia a Torra. Lesmes, durante su discurso, dijo bien claro que “nuestro lamento obedece sobre todo a que la presencia del Jefe del Estado en la entrega de despachos a los nuevos jueces responde al especial vínculo constitucional de la Corona con el Poder Judicial” que va más allá de lo estrictamente “protocolario” (no en vano, el art. 117 dice que “la Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados…..”). Llama la atención la ausencia al acto del Presidente del Tribunal Constitucional alegando problemas de agenda cuando ya había confirmado su asistencia y que, al finalizar el discurso de Lesmes, un vocal del CGPJ, puesto de pie, dijera “antes de concluir el acto querría pediros que, con toda moderación, pero también con toda convicción, gritéis conmigo ¡Viva el Rey!” y sorprende que, mientras los presentes refrendaban su petición, el Ministro Campo fuese pillado por un micro abierto diciendo “se han pasado tres montañas” aunque fuentes del Ministerio dicen que el Ministro “no se reconoce en esa frase”. En fin, sin más comentarios. Por su parte Casado avisa de la “crisis institucional” y Garamendi, el Presidente de la CEOE, muestra su “rechazo absoluto” y sostiene que “los españoles no se merecen los vaivenes de este gobierno” ya que las críticas a la Corona, es decir, a la Jefatura del Estado, lastran la recuperación económica y persiguen enfrentar a la sociedad, mientras en Zarzuela hay una verdadera preocupación pues “la deriva republicana del PSOE pone fecha de caducidad a la Corona”…… Lo cierto es que, mientras Zapatero reaparece diciendo que “la Monarquía forma parte del pacto constitucional y como otras instituciones es perfeccionable” (lo cual es cierto siempre que se haga mediante los procedimientos legales establecidos democráticamente), en el PSOE hay una corriente en ascenso dispuesta a transigir con Podemos y con los nacionalistas para lograr un cambio de modelo constitucional sobre el modelo de Estado…..y no le hacen asco alguno a conseguirlo incluso mediante atajos. Así no podemos seguir; es obvio. Y mientras la mayoría del Congreso de los Diputados reprocha al PP el bloqueo del Poder Judicial, en el CGPJ vocales progresistas bloquean la renovación del Supremo de Lesmes, cuando ya están perfilados cinco de los seis nombramientos clave del Pleno del mismo, teniendo previsto elegir esta semana tres plazas de Penal y otras tres presidencias de Sala del Supremo. El bloqueo institucional por parte de unos y otros parece ser que es la norma cuando debiera ser que las instituciones funcionen con absoluta normalidad. Es obvio, así no podemos seguir por mucho más tiempo.

            Y, obviamente, tampoco podemos seguir con el enfrentamiento entre Gobierno y la Comunidad de Madrid respecto al control de la segunda oleada de contagios por coronavirus. Mientras Europa urge a actuar ahora para evitar otro confinamiento y avisa de que la pandemia se acerca a niveles de marzo (un estudio científico dice que España precipitó la desescalada sin estar lista para afrontar la situación) salta por los aires el simulacro de tregua entre Ayuso y Sánchez, que apenas ha durado dos días. En efecto, el Ministro Illa pasa en menos de 48 horas de felicitar a Ayuso por las medidas restrictivas adoptadas en la Comunidad de Madrid a pedir un cerrojazo total, que Ayuso no está dispuesta a poner en marcha y sólo se presta a ampliar los territorios afectados por las medidas restrictivas adoptadas, dejando claro que sólo cerrará Madrid, como pretende el Gobierno, si la medida se toma en toda España y se hacen PCR en Barajas. Ayuso cierra pues más barrios madrileños y Fuenlabrada para frenar los contagios, mientras Illa improvisa un baremo de “500 contagios por cada 100.000 habitantes”, que según los expertos no es un “indicador correcto” y que perjudica claramente a Madrid donde el 70% de las áreas de salud supera este límite. No obstante, cuando las UCIs en España están tan saturadas como al inicio del estado de alarma, Sanidad y el Gobierno de Madrid (léase Illa y Aguado) negocian contra reloj para evitar una intervención inminente, mientras Ayuso se resiste a medidas más duras alegando que “Madrid no se puede cerrar sin más”, mientras Moreno en Andalucía y Mañueco en Castilla y León apoyan que, en todo caso, se fijen “criterios objetivos de confinamiento”. El fracaso de la nueva normalidad es un hecho y los expertos señalan que ha habido falta de medios, de planificación y de criterios claros para afrontar la pandemia. Y mientras Ayuso asume que Moncloa intervendrá Madrid inmediatamente y defiende sus medidas, creyendo que el Gobierno sólo busca desgastarla políticamente, Enrique López, consejero de Justicia de la Comunidad Madrileña, advierte de que “un estado de alarma para intervenir Madrid sería un despropósito” y que “si el Gobierno comete alguna acción fuera de la legalidad la impugnaremos ante los tribunales”, pues “no es leal ahora criticar los criterios establecidos en los medios”. Entretanto, según GAD3, el respaldo de los españoles a la gestión del Gobierno frente a la pandemia cae al mínimo (también suspende a los ejecutivos autonómicos con la valoración más baja desde marzo). Y mientras las CCAA reclaman a Illa una reunión urgente y los expertos coinciden en que para confinar la única vía es el estado de alarma, el Gobierno ofrece a Madrid 7.500 soldados, en tanto que esta segunda ola de contagios se lleva ya 8.600 vidas, aunque Sanidad sólo reconoce 2.800 fallecidos desde julio pese al exceso de mortalidad que registra el INE. ¿Podemos seguir así para atajar la pandemia y la crisis económica? Yo realmente creo que tampoco podemos seguir así por mucho tiempo.  

            Y todo ello cuando arranca un octubre negro, con 320.000 autónomos que no llegarán a Navidad, mientras otros 500.000 preparan recortes en sus plantillas; cuando patronal y sindicatos se plantan en los ERTEs intuyendo que “al Gobierno sólo le preocupa hacerse la foto”; cuando el consumo corta en seco la recuperación económica y se hunde un 15% en una semana; cuando el turismo intenta evitar otro colapso en Semana Santa, mientras el Ejecutivo asume que la recuperación no llegará antes de seis meses y negocia “corredores seguros” para suavizar las pérdidas de la temporada en Canarias; y cuando la deuda externa de España supera ya el 188% del PIB. En fin, si alguien considera que en esta trágica situación podemos seguir por mucho más tiempo es porque cree realmente en los milagros.

            Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que Aragonés asumirá el poder en Cataluña tras la inhabilitación de Torra; que Educación simplifica los currículum y aceptará profesores sin el master; que la policía vincula pagos de los papeles de Bárcenas con adjudicaciones; que Moncloa releva al embajador en Caracas para abrir vías con el chavismo (¿estará detrás Podemos?); que un concejal de Compromís de Valencia se pone la mascarilla para simular que habla en inglés mientras un doble pone la voz (el concejal Carlos Galiana tenía la misión de defender la candidatura de su ciudad para hacerse con la Capitalidad Europea de la Innovación y se le ocurrió hacer este teatro….ya ven, para algunos, la política es puro teatro); que el administrador de Neurona, la empresa “fantasma” investigada, se desvincula de Podemos (Elías Castejón, relacionado con los papeles de Panamá, administra 65 sociedades desde un pueblo de Sevilla); y que Idoia Mendía, la secretaria general del PSE y vicelehendakari, dice que “es un hito el compromiso de Bildu con la gobernabilidad de España” y que “si gobiernas con otro partido tienes que compartir una visión de país y unos principios éticos; otra cosa es pactar leyes concretas, como los Presupuestos” (al final, ya ven, Otegi y los suyos, los filoetarras, pasarán a la historia como héroes de la gobernabilidad en España…..eso sí, sin pedir perdón por los asesinatos etarras en pleno periodo democrático).

            Y del exterior, destacar que la riqueza en América Latina retrocede once años por la covid-19; que Macron sufre una nueva derrota en las elecciones al Senado; que Trump no pagó el impuesto sobre la renta en  10 de los 15 últimos años y sólo tributó 750 dólares el año en que llegó a Presidente; que Francia revive la pesadilla terrorista con un ataque con cuchillo en París; que Alemania alerta del riesgo de que descarrile el fondo de reconstrucción, pues el choque entre Consejo y Parlamento amenaza con bloquear los fondos; y que la negativa de Trump a aceptar una derrota electoral desata las alarmas ya que es posible que el resultado acabe en el Supremo, donde se dispone a nominar precipitadamente y en plena campaña a una nueva juez de su cuerda para sustituir a la fallecida Ginsburg.

                                               Fdo. Jorge Cremades Sena

ABOMINABLES CESIONES AL SECESIONISMO

                         En plenas negociaciones con ERC y EHBildu para apoyar unos Presupuestos, que Iglesias se ha empeñado en que salgan adelante con el respaldo de independentistas y abertzales, el Gobierno de Sánchez (y de Iglesias) toma una serie de decisiones que sólo se pueden interpretar como abominables cesiones al secesionismo a cambio del respaldo a las cuentas públicas. En efecto, no puede ser mera casualidad que en estos días el Gobierno excluya al Rey del principal acto judicial en Barcelona, que el Ministro de Justicia anuncie la tramitación del indulto a los presos del “procés”, que se acuerde rebajar las penas por delitos como la sedición o que, al final, se monte un pollo de cuidado en la Fiscalía tras las declaraciones contra sus compañeros del fiscal número “dos” de la Fiscalía General del Estado, tras pedir el archivo de las demandas al Gobierno para investigar la gestión de la pandemia. En definitiva, es un alto precio a pagar ya que de alguna forma, con semejantes cesiones, se está forzando torticeramente el normal funcionamiento del Estado de Derecho y se está generando un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de imprevisibles consecuencias. Nadie entiende que el Gobierno excluya a Felipe VI de presidir el solemne acto en Barcelona de la entrega de los despachos a los nuevos jueces tal como se ha venido haciendo cada año, cuando ya estaba confirmado y el CGPJ había enviado las invitaciones, salvo que se considere como un alto peaje a pagar a ERC y al secesionismo que, como todos sabemos, repudian al Jefe del Estado, pero que a ello acceda el Ejecutivo rebasa todos los límites habidos y por haber. Nadie entiende que en sede parlamentaria el Ministro de Justicia anuncie a bombo y platillo que inicia el trámite del indulto a los delincuentes del procés, cuando, en todo caso, tramitarlo es mera obligación del Ejecutivo, del que todo el mundo sospecha que al final tomará la decisión de aprobar tan controvertida medida de gracia en asunto de tamaña gravedad. Nadie entiende que ERC y el Gobierno avancen en la rebaja de penas del delito de sedición, que sería aplicable a los presos del “procés”, entre ellos el Jefe de ERC, Junqueras, cuando se ha puesto en peligro el normal desarrollo del Estado Español con la proclamación unilateral y totalitaria del ya famoso y triste 1-O, que llevó a sus protagonistas a la cárcel o a la huida de la Justicia, por delitos gravísimos contra el Estado de Derecho. Y nadie entiende que el fiscal Navajas acuse públicamente a dos fiscales del “procés” de presionarle para que diera vía libre a la tramitación de las numerosas denuncias interpuestas contra el Gobierno de Sánchez por la gestión de la pandemia del coronavirus que, por cierto, sigue haciendo estragos. Sólo cabe entender este cúmulo de despropósitos como el alto precio a pagar para que, de un lado, el medio Gobierno, el de Iglesias, se sienta satisfecho en sus demandas, y, de otro lado, el secesionismo totalitario pueda justificar ante sus electores el más que previsible apoyo a unos Presupuestos que, en caso de no ser aprobados, podrían llevar al Gobierno de coalición a una calamitosa situación ya que es indecente seguir gobernando con los Presupuestos aprobados por el anterior Gobierno del PP durante más de tres años. Presupuestos, por cierto, de los que ni siquiera se ha anunciado todavía cual sería el techo de gasto, con lo que, de entrada, lo que menos importa es si serán los que España necesita, pues ya desde el Ejecutivo se sostiene que lo realmente importante es que sean aprobados……y, ya ven, con quien sea, como sea y a costa de lo que sea.                     

            En la primera de las cesiones cabe destacar que el solemne acto de entrega de los despachos a los nuevos jueces es un acto que se celebra todos los años en Barcelona y al que el Rey siempre ha acudido desde su coronación, por lo que su exclusión ahora por parte del Ejecutivo ha generado malestar en el Poder Judicial, considerando que es una indecente cesión al independentismo….. y Calvo se jacta y se limita a decir, sin argumento alguno, que el veto al Rey “es una decisión muy bien tomada”. En la segunda cesión el Gobierno claudica de nuevo y cede ante el independentismo, tramitando los indultos en plena negociación presupuestaria con ERC, cuando Sánchez había anunciado que las penas habrían de ser cumplidas en su totalidad y Esquerra, se permite incluso decir que lo suyo es la amnistía y no el indulto……Ciudadanos por su parte, que no rompe con el Gobierno pero se indigna con Sánchez, dice que “es de sinvergüenzas usar los indultos”, mientras sigue negociando con ellos.  En la tercera cesión el Gobierno y ERC avanzan el delito de rebajar las penas por el delito de sedición, una especie de indulto encubierto ya que al favorecer al reo sería aplicable a los condenados por el procés, tal como le exige ERC para dar su apoyo a los Presupuestos….. y, tan contentos, porque “facilita apoyar los Presupuestos y refuerza nuestra apuesta de negociar con el adversario; ya da frutos”. Y en el caos en Fiscalía se genera una verdadera conmoción por los insólitos ataques del fiscal Navajas, número dos de Delgado, a dos colegas suyos, Madrigal y Cadenas, acusándoles de presionarles con lindezas como “son fiscales de altísima consideración, en este sentido están contaminados ideológicamente” y argumentos como “yo con esa tropa no podría ir a la guerra” para justificar la no convocatoria de la Junta de Fiscales de Sala para decidir si se daba trámite a la investigación del Gobierno por la gestión de la pandemia, ya que les tendría que excluir porque “son esclavos de su ideología”….. declaraciones muy graves de Navajas que han provocado que fiscales del Supremo denuncien el descrédito que sufre la institución, que algunos consideren que “es un insulto que estemos en manos de una política” y que “son unas acusaciones gravísimas; es un hombre que gozaba de respeto en la Carrera” cuando está incluso a punto de jubilarse y que concluyan que “ha perdido la cabeza”…….la Fiscalía, al final, investigará las presiones denunciadas por Navajas. Tal desmadre en el que Sánchez exhibe su poder sobre los jueces para amarrar el apoyo de ERC mientras Bildu y el PSOE están cada vez más cerca de llegar a acuerdos, aireando una reunión en el Congreso entre Calvo y la portavoz “abertzale” Mertxe Aizpurúa, provoca que el PP manifieste que “Sánchez pretende destruir las instituciones; es inmoral ese pacto para seguir otro año más en el poder”, mientras que Felipe González, el carismático líder socialista (que no social-comunista, ni social-secesionista) manifiesta que “la republiqueta de Iglesias es la semilla de la destrucción de España” y añade “la combatiré”….. ya sabemos que los socialista clásicos, los que protagonizamos los mayores logros del socialismo democrático en España hasta situarla entre los países más democráticos y desarrollados del mundo, si no estamos de acuerdo con las pintorescas e insólitas decisiones del actual gobierno social-comunista de Sánchez pasamos a la categoría de carcas y de derechas en el sentido más peyorativo del término, aunque la realidad es que cualquier socialista democrático o socialdemócrata debiera rebelarse contra estas prácticas que de socialismo democrático tienen bien poco.

            Entretanto se pone en evidencia la absurda escenificación de unidad entre Sánchez y Ayuso en la sede del Gobierno autónomo de Madrid para parar conjuntamente la pandemia ante las “semanas muy duras” que se avecinan. En efecto, en la Puerta del Sol, Sánchez es recibido por Ayuso en medio de una patética manifestación en la que se pedía tanto la dimisión del Jefe del Gobierno como la de la Presidenta de la Comunidad, y, luego, mientras Ayuso pedía que cesara el acoso contra ella y Sánchez aseguraba que es una “guerra epidemiológica y no ideológica” y sus equipos trabajaban para combatir juntos contra la pandemia, el PSOE se unía a Podemos para impulsar una manifestación contra la Presidenta madrileña el próximo domingo, mientras ambos dirigente acordaban crear grupos de trabajo conjunto. Iglesias, el Vicepresidente de Sánchez, volaba la supuesta tregua del Presidente con Ayuso en menos de un día animando a una manifestación contra las medidas que la Presidenta había adoptado con las que Iglesias reconocía “no estar de acuerdo” (más o menos son tan restrictivas como las que otros presidentes autónomos están adoptando en otras CCAA), y el PSOE madrileño, que se sumaba al inicio a dichas protestas, recula y se desmarca en tanto que Delegación del Gobierno en Madrid mantendrá al parecer la manifestación sin impedimento alguno. Obviamente, la pandemia sigue haciendo estragos, no sólo en Madrid, sino en el resto de España. Madrid, que no descarta nuevas medidas o añadir nuevos territorios a los ya confinados, pide al Ejecutivo apoyo policial y militar “urgente” (agentes para vigilar las restricciones a la movilidad) pero se resiste a un confinamiento total de la región y al estado de alarma, aunque, como en otras zonas de España, las autoridades piden a los madrileños no salir de casa, dado que el 43% de los fallecidos ya son de la región. La cruda realidad es que en España debemos prepararnos para lo peor: el número de muertes vuelve a cifras del estado de alarma; Sanidad registra 241 muertos, la cifra más alta de la segunda ola; los contagios vuelven a superar los 10.000 diarios; las UCIs de Madrid están ya al borde del colapso; la segunda ola deja ya el trágico balance de 2.395 muertos; ya hay más de mil fallecimientos por covid a la semana; más de 2.500 médicos salieron de España en 2019; y, como consecuencia de todo este desastre sanitario, el INE ya prevé una caída histórica de un año en la esperanza de vida en España.

            Mientras tanto, Quim Torra insta a los catalanes a que eviten desplazarse a Madrid; las Bolsas caen por el temor a confinamientos; la escasez de personal sanitario lastra la respuesta a los brotes, con la atención primaria y las UCIs necesitadas de refuerzos urgentes; Illa busca ahora a los científicos y el Gobierno presiona para que Ayuso deje la gestión en manos de los técnicos; el Ministerio acorta las cuarentenas de los contactos estrechos de catorce a diez días; y las CCAA esperan que Madrid dé ya el primer paso hacia medidas más restrictivas con el objetivo de frenar los contagios sin llegar a un confinamiento total que hunda ya definitivamente la maltrecha economía, un itinerario hacia una especie de antigua Fase 1 modificada y flexible con colegios abiertos y otras actividades toleradas. Por su parte veinte expertos españoles insisten en la prestigiosa revista The Lancer en analizar la respuesta dada al covid con técnicos independientes ya que “es necesario hacer ya una evaluación para evitar males mayores”; por su parte Andrea Ammon, Directora del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, sostiene que si las medidas en las residencias no se respetan “es posible que vuelva a haber altas tasas de mortalidad”. En fin, como para andar jugando al ratón y el gato entre Sánchez y Ayuso, mientras Iglesias abre y cierra las jaulas.

            Y, hablando de economía, la situación es muy preocupante, pues, como era de prever, Bruselas pone condiciones más estrictas al fondo europeo de reconstrucción y exige a España abordar reformas pendientes como la de las pensiones. Pero ¿quién se cree que en este ambiente político putrefacto se van a emprender reformas profundas con cierta solvencia? La patética realidad es que la Economía se desplomó un 17´8% en el segundo trimestre y que España deberá pagar 14.000 millones de su propio rescate (las ayudas netas a fondo perdido del fondo europeo supondrán, como mínimo, un 24% menos de lo que anunció Sánchez, la diferencia son los millones que España debe aportar al paquete de ayudas). Y para colmo, Bruselas saca los colores a España pues, según desvela la Comisión, el Gobierno “no ha solicitado ayudas para el turismo”, es más, ni siquiera se ha puesto “en contacto” para salvar el sector….mientras los rebrotes y la parálisis política frenan el interés de los inversores por España. Un fantasmagórico panorama de difícil transformación con un gobierno social-comunista débil y a la gresca interna por razones ideológicas. Por su parte Trabajo pacta con los agentes sociales la ley urgente del teletrabajo, según la cual los empleados tendrán que trabajar a distancia un 30% de la jornada, que, en todo caso, no se podrá aplicar durante la pandemia, mientras la Ministra Díaz promete “una ola de reformas” laborales y las restricciones de Madrid dejan obsoletos los ERTEs por rebrote.

            Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que ERC encabeza otra rebelión de los alcaldes contra Montero por los recortes (los regidores de Lleida, de ERC, y de Reus, de JxCat, convocan otra cumbre local contra los planes de Hacienda); que los “ríders” de Glovo sí son empleados (el Supremo cree que existe una relación laboral entre repartidores y empresa); que arranca el curso universitario con clases a medias y tantos planes anticovid como titulaciones; que el Rey asegura ante la OTAN que “España seguirá siendo fiable”; que el Gobierno excluirá del concierto a los colegios que diferencien por sexo (todos los centros, públicos y privados, deberán presentar un plan de igualdad ante el “pin parental”); que el juez apunta a Iglesias por denuncia falsa en el “caso Dina” (el ex abogado Calvente declaró que la cúpula de Podemos había hecho un “montaje”); que el candidato de Vox en Cataluña defenderá la moción de censura de Abascal; que el PP llevará mociones a los ayuntamientos contra la “okupación” (otra de las perlas que nos ha traído Podemos y Colau como solución a los problemas de vivienda); y que la Vicepresidenta Teresa Ribera dirigió el plan fracasado que costó ocho millones a la Junta de Andalucía, pues, según investigación judicial, abandonó la empresa poco antes de que el gobierno socialista andaluz denunciara por estafa a Isofón.

            Y del exterior, destacar que Trump carga contra China en la ONU por “infectar al mundo” con la covid y la responsabiliza de traer la “peste al mundo”; que, según Wolfgang Ischinger, Presidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich, “el orden internacional comienza a desmoronarse”; que EEUU dice adiós con todos los honores a la prestigiosa jueza progresista Ginsburg con la capilla ardiente en el Tribunal Supremo; que el referéndum para reducir el número de parlamentarios y las regionales apuntalan el Gobierno italiano de Conte (los italianos aprueban reducir un tercio los parlamentarios); y que la UE acepta el fracaso de las cuotas para los refugiados y Bruselas se reserva fijar un sistema de reparto de inmigrantes por el que la Comisión podría imponer cuotas en casos de crisis.

                                               Fdo. Jorge Cremades Sena

            

¿QUIÉN DOBLEGA A QUIÉN?

 

                        Mientras miles y miles de personas se van contagiando del coronavirus y cientos de ellas se van muriendo a causa del mismo, y mientras los hospitales y el sistema de Salud ya da síntomas de volver a colapsarse si no se pone remedio, se tiene la sensación de que nuestros representantes políticos, tanto Gobierno como Oposición y en los diversos espacios territoriales, andan inmersos en una especie de absurda estrategia de ver quién doblega a quién, obviamente con el raquítico objetivo de ganar ventaja electoral, en vez de buscar consensos adecuados para desarrollar conjuntamente soluciones para salir de la crisis sanitaria, social, económica, política e institucional en que estamos inmersos. Y en este absurdo e irresponsable proceder se va a producir hoy, tarde y mal, una reunión entre Sánchez, el Presidente del Gobierno, y Ayuso, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, de la que la ciudadanía, conociendo a los personajes, espera bien poco, pues ambos andan enzarzados en una lucha electoralista fratricida irresponsable sin enterarse de que hay situaciones, como la crisis actual, en que lo esencial es entenderse, sí o sí, para salir todos de ella en vez de pelear para ver quien hunde más a quién en medio del hundimiento colectivo inevitable al que nos llevan sus miserables estrategias. Lo evidente, visto lo visto, es que aquel canto gubernamental de “salimos más fuertes” de la pandemia es, de momento, un fiasco pues una desescalada precipitada, las disfunciones autonómicas y un Gobierno ausente en verano han marcado los tres meses posteriores al estado de alarma cuando dicho tiempo debiera haberse dedicado intensamente a prepararse conjuntamente para afrontar con cierto éxito la ya anunciada nueva oleada de contagios que los expertos anunciaban para el otoño y que, adelantándose un poquito, nos ha vuelto a coger a pie cambiado. No sin razón, los profesionales de distintas áreas sanitarias critican la gestión política global que ha llevado a España al liderazgo de contagios en toda Europa cuando recuerdan que “avisamos hace meses de que en otoño tendríamos un tsunami”, mientras un destacado ex líder de IU denuncia que “no hay un Estado estratega” y desde el PP señalan que “eso de que salimos más fuertes era sólo propaganda”. La patética realidad es que Sánchez ofrece ahora a Ayuso reunirse en Sol, que no en Moncloa, ante la grave situación de Madrid, que no es la única autonomía que atraviesa una situación preocupante, mediante una carta a la Presidenta de la Comunidad, quien celebra que “por fin acceda” a reunirse con ella tal como ella le había solicitado varias veces mediante otras misivas sin haber recibido respuesta alguna. Al final, más vale tarde que nunca, la triste realidad es que al agravarse la expansión del covid en Madrid (y también en buena parte de otras CCAA), Sánchez accede a verse con Ayuso para “reforzar los mecanismos de cogobernanza” (eufemismo sin duda ya que cogobernar supone “gobernar con” y no “gobernar contra”, como ambos dirigentes políticos vienen haciendo mutuamente), mientras desde Moncloa se frotan las manos porque Ayuso “va a tomar su propia medicina” y en Génova, la sede del PP, aparece cierta inquietud ante la “imagen de inseguridad” de la Presidenta. Sánchez, que descarta un nuevo confinamiento, asegura “iré a Sol con voluntad de ayudar y no juzgar”, mientras Ruíz Escudero, consejero de Sanidad madrileño manifiesta que “la estrategia del Gobierno es que Madrid claudique y declare el estado de alarma”, que “si es necesario cerrar Madrid, se hará” y que “no hay médicos para contratar y reforzar los centros de Salud”. ¿Quién doblega a quién? Ese  es el dilema. Los contagios y las muertes de los madrileños y de otros españoles en el resto de CCAA pueden esperar, mientras los ciudadanos esperan bien poco de la reunión de hoy entre Ayuso y Sánchez, cuando ya hay una alerta nacional de que las UCIs se colapsarán a partir de finales de este mes.

            Entretanto, el Gobierno de la Comunidad Madrileña, a la espera de lo que pueda surgir de la reunión Sánchez-Ayuso, vuelve a tomar duras medidas: limita la movilidad en seis distritos de la capital y en otros siete municipios (afectando a 850.000 madrileños) al restringir la entrada y salida en esas 37 zonas con tasas superiores de contagios al 25% de la población, los aforos en comercios no superarán el 50%, se hará casi un millón de test de antígenos en las zonas afectadas en esta semana, no se podrán reunir más de seis personas en ningún lugar público o privado de la Comunidad….. Medidas muy duras sobre las que los expertos echan en falta otras para reforzar la atención primaria y en las que, al establecer muchas excepciones ya que se descarta el confinamiento o la vuelta al estado de alarma, sobre lo que la Comunidad no tiene competencias, el plan topa con graves problemas de gestión dificultando la eficacia de las mismas. No obstante la policía efectuará controles aleatorios en las zonas afectadas que son las más densas, las más pobres y las que tienen mayor inmigración. Sánchez y Ayuso se reúnen hoy a fin de “doblegar la curva” cuando se intuye que el objetivo prioritario es quien se doblega entre ellos, mientras las medidas duras, como las de Madrid, se van extendiendo por el resto de CCAA, aunque sin desatar tanto ruido. Por lo demás, cabe añadir que las 55 sociedades médicas piden a los políticos una respuesta coordinada; que las CCAA piden al Gobierno que refuerce la seguridad para las restricciones a la movilidad incluso volviendo a sacar al Ejército a las calles; que el virus en algunas zonas afecta ya a una de cada 823 personas mientras en julio era a una de cada 20.000; que el 63% de plazas de UCI de la Comunidad madrileña se destina ya a pacientes de la covid; y que la saturación sanitaria impide aplicar el protocolo en las escuelas con agilidad. Y mientras “hackers” chinos roban datos de la vacuna española contra el coronavirus (el CNI alerta de una ola de asaltos a investigaciones médicas internacionales), se publica que el Gobierno preguntó a la UE por la “amenaza de pandemia” cincuenta días antes del famoso 8-M, al pedir por carta “prioritaria” a Bruselas qué medidas tomar para preparar los hospitales ante “la más que probable introducción” del virus en Europa….

            Y en este siniestro ambiente de demagogia y cinismo llama la atención que en vísperas de la reunión de hoy entre Sánchez y Ayuso, de la que nadie espera nada novedoso, líderes de Podemos, partido cogobernante con el PSOE, como Monedero o Isa Serra, se pongan al frente de una manifestación en Madrid contra las restricciones adoptadas por Ayuso cuando dichas restricciones ya están tomadas en otras zonas de España sin que surjan estas manifestaciones de repulsa contra las mismas y cuando, no sólo en Madrid, esta segunda ola de contagios golpea a otras zonas urbanas como, entre otras, Salamanca, Talavera, Ciudad Real o Vitoria….está claro que el principal objetivo de algunos es utilizar la pandemia con fines políticos indeseables. Por su parte Casado, que veta que las CCAA gobernadas por el PP pidan el estado de alarma (entraría en contradicción con lo que él defendió en el Congreso), protege a Ayuso de las críticas de los propios barones del PP a su gestión, ya que, al final, todo este tipo de estrategias de acoso y derribo, practicadas por unos y otros, van calando en la credibilidad colectiva de los ciudadanos, por lo que se convierte en el objetivo esencial frente al de la protección de la salud que es el que debiera serlo. Y en medio de especulaciones sobre lo que dará de sí la reunión de hoy, muchos ya se preguntan si es casualidad que las movilizaciones contra las restricciones se den sólo en Madrid cuando no se dan en otros territorios donde también hay restricciones como, entre otras, en las provincias de Valladolid, Salamanca, Cantabria, Zaragoza, Valencia, Murcia, Málaga, La Rioja, Teruel, Navarra, Badajoz, Palma de Mallorca…..y así hasta 23 provincias más en toda España. Es obvio que la Comunidad de Madrid, tanto para el PSOE y Podemos como para el PP, es algo más que una comunidad autónoma que, en este caso, gobierna la oposición.

            Por otro lado, mientras Calviño pide unidad, en presencia del rey, para afrontar la crisis, argumentando que “los próximos meses son clave para tomar el camino correcto” de la recuperación, el Gobierno, al que ella pertenece, encauza el apoyo de Bildu a los Presupuestos con más favores a los presos (Iglesias traslada a los representantes de Otegi “la predisposición” del Gobierno a ceder en política penitenciaria, cuando casualmente Marlaska acerca a cinco etarras en plena negociación con los herederos de ETA), mientras Ciudadanos se dispone a no levantarse de la mesa de negociación pese a que se negocie con Bildu y ERC, pues los naranjas quieren llegar hasta el final para forzar a los socialistas a elegir sus socios, dado que tanto los vascos como los catalanes vetan a los de Arrimadas al igual que ésta les veta a ellos, mientras Iglesias presume ya de un Presupuesto que prevé subidas fiscales. Entretanto, tres ministros socialistas torpedean el acuerdo de los ERTE con sindicatos y empresarios (Calviño, Escrivá y Maroto bloquean el pacto de Trabajo con los agentes sociales); el Gobierno se venga de los alcaldes y elimina el fondo de 5.000 millones (tramitará la reforma por decreto ley tras ser rechazada en el Congreso); y Torra, que comparece ante el Supremo sin pena ni gloria (un pequeño grupo de secesionistas escenifica a las puertas del Tribunal una falsa unidad del independentismo), descarta ir a elecciones entre reproches a los jueces e insiste en su falso victimismo, atrincherándose pese a ser inhabilitado.

            Además, según NCReport, en caso de elecciones, la coalición gubernamental se dejaría 13 escaños, aunque el PP frenaría su ascenso, lo que se achaca a la corrupción (el ex ministro Fernández Díaz acaba de ser imputado en la operación Kitchen de espionaje a Bárcenas, centrándose en Interior “desde donde se habría dirigido la operación”), con lo que los resultados electorales serían: PSOE 26´8% y entre 115-116 escaños, PP 24´1% y 100-101, Vox 15´2% y 52-53, UPodemos 11´3% y 27-28, ERC 4% y 12-13, Ciudadanos 6´3% y 9-10, JxCat 2´6% y 9-10, PNV 1´5% y 6, EHBildu 1´2% y 5, y Otros 7´6% y 11-12 (nótese la injusta distribución de escaños en favor de los partidos nacionalistas que con menor porcentaje de voto superan con creces a Ciudadanos; asunto que debiera ser corregido legalmente lo antes posible dado que además, dichos partidos, como ERC o PdeCat, pretenden romper unilateralmente España y separar de ella a los territorios donde viven: entre ambos, según esta encuesta, sumarían con el 6´6% de votos 23 escaños, mientras Ciudadanos con el 6´3% sólo llegaría a 10 escaños…..¿no se garantizaría mejor la gobernabilidad de España simplemente eliminando este absurdo favoritismo electoral hacia los secesionistas?).

            Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que España se recupera peor que el resto de grandes economías y corre el riesgo de descolgarse por la debacle del turismo; que los consejos de Bankia y CaixaBank dan luz verde a la fusión para crear el mayor banco de España (aglutinará a 18 antiguas cajas de ahorro) y Goirigolzarri admite que “no hay calendario” para la salida del Estado de dicho macrobanco; que diputados y senadores deberán hacer públicos sus contratos de los últimos cinco años; que Celia Villalobos, la “progre” del PP, dice que “Franco hizo un país socialdemócrata”; que un vecino de Manuela Chavero, desaparecida hace cuatro años del pueblo extremeño de Monesterio, confiesa que la enterró tras morir accidentalmente; que el desplome del turismo se ceba en destinos como en Baleares o Benidorm; que niños marroquíes, menores de diez años, se lanzan al mar para huir del hambre e intentan llegar a la costa española en barcas hinchables; que el Teatro Real suspende la función tras las protestas del público por falta de distancia social; y que Carnicero, el amigo de Sánchez, cobró 18.000 euros por un informe de “corta y pega” de diez páginas, encargado y pagado por Ábalos antes de que Carnicero fuera nombrado Director General.

            Y del exterior, destacar que, según Von der Leyen, “la UE necesita un pacto migratorio efectivo y humano”; que el esloveno Pogacar, de 21 años de edad, se convierte en el vencedor del Tour de Francia más joven en 116 años tras entrar en París como ganador de este año; que Borrell pide a Maduro un retraso electoral para enviar observadores; que, según Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, “Europa está detrás de España, pero ahora hay que aplicar una política correcta”; que Lukashenko emprende una purga de académicos, artistas, periodistas y obreros en Bielorrusia; y que Trump precipita la batalla por el control del Supremo disponiéndose a proponer inmediatamente y en campaña electoral a otra jueza para relevar a la icónica Ginsburg, fallecida hace unos días.

                                               Fdo. Jorge Cremades Sena

DELGADO, EN EL PUNTO DE MIRA

 

                        Cuando Sánchez decidió de forma insólita hacer pasar de un día para otro a su ministra de Justicia, Dolores Delgado, a Fiscal General del Estado desencadenó una oleada de críticas que, en sólo un año, se han recrudecido ante determinadas decisiones tomadas Fiscalía que ponen en duda el principio de imparcialidad que debiera presidir tan alto cargo, basado en la independencia de los tribunales españoles. El último caso es escandaloso al rechazar Fiscalía todas las querellas contra el Gobierno por su gestión de la pandemia, por lo que no pocos fiscales, hartos del descrédito que provoca Delgado, critican los argumentos “políticos” utilizados por el Ministerio Público para pedir el rechazo en bloque de esta veintena de iniciativas que instaban a una investigación sobre la gestión gubernamental de la pandemia. Un malestar entre los fiscales al extremo de que varios de ellos manifiestan que “hay un desembarco del Gobierno” ya que reclamaron debatir las querellas pero su Jefa se negó, con lo que incluso un fiscal de Sala del Supremo afirma que “ha sido un proceso llevado por el ocultismo”, evidenciando que “usar un trono laudatorio de esta pésima gestión hace que la Fiscalía pierda credibilidad” pues “es vergonzoso que no se consulte a la cúpula fiscal” para tomar tan delicada decisión. En efecto, Fiscalía pide archivar todas las querellas rechazando en un dictamen los argumentos esgrimidos porque no hay delito en la gestión, con lo que, para muchos, lo que hace Fiscalía es salir al rescate del Gobierno, pidiendo al Supremo que las rechace todas porque es “imposible afirmar que debiera haber previsto” la pandemia, esgrimiendo como eximente que varios ministros se pusieron incluso en riesgo acudiendo a la manifestación del 8-M y haciendo una defensa de la gestión de la pandemia que califica como “idónea”, por lo que solicita al Supremo que ni se investigue. Y es que, al margen de las polémicas grabaciones de Delgado en el caso Villarejo, se hace difícil buscar la imparcialidad, la independencia y la autonomía que debe tener quien ocupe el alto cargo de Fiscal General del Estado, en una persona que se levanta del sillón de ministro y que es diputada del partido gobernante para sentarse “ipso facto” en el sillón de la Fiscalía General del Estado. Si a ello se añade que Sánchez declaró públicamente que Fiscalía depende del Gobierno (cuando lo que depende del Gobierno sólo es el nombramiento del Fiscal General del Estado, que no del Gobierno) el asunto es obvio, la imparcialidad e independencia de los fiscales queda por los suelos. Por ello no cabe asombrarse de que las decisiones de Fiscalía sean más que polémicas y cada vez tomadas con más descaro, pues, desde que está Delgado al frente, casualmente todas suelen ir en la misma dirección: ordenar investigar “bulos” contra el Gobierno sobre el coronavirus a instancias de Podemos; solicitar el archivo de la investigación contra el Delegado del Gobierno en Madrid; asumir la investigación al Rey Juan Carlos por el AVE a La Meca; rebajar de rebelión a sedición la acusación contra Trapero; oponerse a investigar al Ministro Marlaska por el cese de Pérez de los Cobos…. No sé si los españoles podrán estar tranquilos, pero Sánchez sí que podrá estarlo pues, blindado por las decisiones de su Fiscal General (salvo que los jueces decidan lo contrario, asunto bastante difícil) y por sus socios en el Congreso de los Diputados quedará exento de cualquier investigación judicial o política. ¿Se puede pedir más? Yo creo que no: que se investiguen las fechorías o negligencias de los demás, pero las mías, no.

            Mientras tanto España desciende al puesto 27 mundial en la realización de test cuando la segunda ola de virus desborda la atención primaria y los sanitarios alertan del riesgo de colapso en los centros de salud. En efecto, los contagios por covid se multiplican por treinta en apenas tres meses, pero, como la gestión ha pasado del “ordeno y mando” durante el estado de alarma al “que cada cual se lo monte como pueda” de las CCAA, entre todos la mataron y ella sola se murió. España vuelve a los 10.000 contagios diarios y en la Comunidad de Madrid, aunque no es la única, la situación se hace cada vez más insostenible. El Gobierno regional madrileño, desbordado por las circunstancias, siembra el desconcierto sobre posibles confinamientos, con el viceconsejero anunciando “medidas drásticas” en las zonas más afectadas, mientras Ayuso no da explicaciones convincentes y remite a una reunión extraordinaria para hoy o mañana, mientras su Ejecutivo estudia reabrir el hospital de campaña de Ifema para descongestionar los centros con mayor presión y limitar la movilidad, aunque, parce ser que con carácter voluntario y pudiendo seguir yendo al trabajo. Y mientras los fallecidos por covid se duplican en las dos última semanas, cada vez se hace más evidente que Sánchez quiere forzar a Ayuso a ir al Congreso a pedir el estado de alarma.

            Y por si no hubiera pocas preocupaciones y problemas, el PSOE saca del Código Ético de las Cortes acatar la Constitución, eliminando del documento la referencia que obliga a actuar a los parlamentarios “con pleno acatamiento y respeto” a la Carta Magna porque la considera “innecesaria y redundante”. ¿Otro guiño o cesión a los secesionistas y radicales para que le aprueben las cuentas? La realidad es que el Gobierno negociará los Presupuestos, además de ERC, con EHBildu pues Otegi dice que está “predispuesto a hablar, negociar y en su caso aprobarlos”, seguramente, a cambio de beneficios penitenciarios para los encarcelados de ETA y de “concesiones territoriales”. Por su parte ERC exhibe su complicidad con Iglesias y desdeña a Carmen Calvo, pues el Vicepresidente podemita presiona para pactar con ERC y Bildu y para evitar a Ciudadanos, iniciando al efecto gestiones en paralelo a la Vicepresidenta socialista. En definitiva, mientras los retrasos en el Presupuesto fuerzan ya una tercera prórroga en enero, el Gobierno, que aún no ha presentado el techo de gasto ni el objetivo de déficit, eleva a Bildu a socio preferente, en tanto que Podemos destaca la “buena sintonía” que aleja el acuerdo con Ciudadanos y preocupa al PNV por el temor de perder influencia en La Moncloa. Además el Gobierno de Sánchez reactiva la ley de Memoria Histórica y fija sanciones, un proyecto que busca acabar con los últimos rescoldos del franquismo…..¡qué pena que la Memoria se olvide tan pronto de atrocidades más cercanas como los asesinatos de ETA! Lo cierto es que Sánchez obvia la Ley de Amnistía de la Transición, que la izquierda, incluso la comunista, propició para consolidar un proceso de paz y libertada, e investigará ahora delitos del franquismo aprobando el anteproyecto de una Ley de Memoria Democrática (entre tantas memorias nos vamos a desmemoriar), escudándose en que una nueva interpretación de los tratados internacionales así lo permite y está dispuesto a que la “memoria democrática” se incluya en el currículo escolar; la realidad es que esta especie de revisión del franquismo, con el objetivo de derogar definitivamente la Transición, choca con el Supremo que hasta en siete ocasiones ha rechazado “resentenciar” estas causas; una ley que contempla sanciones desde 200 a 150.000 euros por incumplimiento, que convertirá el Valle de los Caídos en un lugar de memoria y del que expulsará a los benedictinos, que ilegalizará fundaciones que exalten a Franco y que se estudiará obligadamente en Secundaria, Bachillerato y en la formación del profesorado. 

            Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que el juez ordena investigar la “tapadera” mejicana que recibió fondos de Podemos, reclamando a la Udef que averigüe el domicilio real y el objeto social de la empresa pantalla usada por Neurona; que el Gobierno rectifica el mismo día sobre los ERTEs y los alcaldes permitiendo a los ediles gastar más; que la Audiencia devuelve a Iglesias la condición de víctima por el “caso Dina” e impide que se le investigue; que el PP prevé endurecer las medidas contra los posibles imputados por Kitchen y no asumirá la defensa de Jorge Fernández ni de Cospedal si son imputados, pero Casado reitera que no “admite juicios paralelos; que, según Calvente, “Podemos tiene un equipo a sueldo para cargarse a los jueces y a quien les ataca”; que un instituto de Ibiza reprende a un profesor por emplear el castellano con el argumento de que “el catalán está por encima de tus derechos individuales”; que otra ex abogada de Podemos ratificará ante el juez que había “caja B”; que Pérez Jácome, el alcalde de Orense perteneciente a Democracia Orensana, un partido “ni de izquierdas ni de derechas, de Ourense” cobraba a sus asesores por colocarlos con la excusa de que tenía que mantener la televisión local de su propiedad; que el Estado tendrá presencia en el consejo del nuevo superbanco pues contará al menos con un miembro; que Ayuso aleja el cambio de gobierno, cuya gestión defiende, y descarta cambiar a los consejeros; que la empresa regada de dineros por Griñán colocó a la Ministra Ribera, pues tras abandonar la Secretaría de Estado de Energía fichó por Isofotón, investigada por malversar 80 millones en ayudas de la Junta de Andalucía; que Torra no designará sucesor si es inhabilitado para retrasar las urnas y la legislatura quedaría en el aire ya que sólo el President del Parlament podría convocar comicios; y que el Banco de España augura una economía débil en 2021 por los rebrotes, enfriando así la recuperación que “será frágil e incompleta” mientras aboga por extender los ERTEs a las empresas solventes y recorta hasta la mitad el crecimiento.

            Y del exterior destacar que se han hallado posibles indicios de vida en Venus atribuyendo un grupo de científicos a microbios la existencia de gas fosfina detectada en dicho planeta por lo que sus nubes podrían albergar bacterias; que Melinda Gates, codirectora de la Fundación Gates, dice que “la pandemia no sólo nos ha estancado, nos ha hecho retroceder”; que Navalni, recuperado del envenenamiento, está dispuesto a volver a Rusia; que Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, eleva al 55% el recorte de emisiones para 2030, situando como prioridad la transición a la economía verde, mientras pide competencias para una Unión Europea de la Salud; que la Casa Blanca es escenario del mayor acuerdo de paz en Oriente Próximo en más de cuatro décadas, en este caso entre Israel y dos países árabes, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos; y que, mientras la ONU acusa a Maduro de crímenes de lesa humanidad y pide que se investigue la Presidente venezolano y a dos generales por ello, nuestra ministra Laya dice ahora que España apoyará las elecciones de Maduro si son democráticas….¿la mano de Podemos? ¿quién sabe?.

 

                                               Fdo. Jorge Cremades Sena

ESPAÑA EN NÚMEROS ROJOS

 

                        En esta España en número rojos, en plena oleada de rebrotes de la pandemia del coronavirus y con un gobierno débil y dividido, que hace aguas por todas partes, dicho Gobierno sufre una dura derrota parlamentaria por la rebelión de los alcaldes, una derrota humillante por la que se tumba el decreto de la Ministra Montero (la socialista, no la comunista) que pretendía apropiarse de los fondos locales acumulados por los superávits de los ayuntamientos (la voracidad por tener liquidez es atroz). Ya en la FEMP la ocurrencia de la Ministra de Hacienda pasó el filtro gracias al voto de calidad del Presidente de la misma, el socialista y alcalde de Vigo Abel Caballero, que inclinó la balanza a favor a pesar del descontento de muchos ediles, incluso socialistas, que en sus respectivos Ayuntamientos sufren escaseces y necesidades tan urgentes como las que puede tener el Gobierno a nivel nacional. Al final, toda la oposición, tanto la que apoyó en su día la investidura de Sánchez como la que la rechazó, vota en contra de PSOE y Podemos, menos el diputado de Teruel Existe que insólitamente lo apoyó: el resultado 156 votos a favor y 193 en contra (esta es la fortaleza real que tiene este Gobierno de coalición y ello tras regatear para que Podemos, su socio, le diera el visto bueno a regañadientes). Ahora, que cada cual explique en sus municipios lo que votó en el Congreso, tildado por quienes lo rechazaron de “corralito a los ahorros públicos de los ayuntamientos”, “chantaje”, “ataque a la autonomía local”, “incautación de recursos municipales”, “el robo del siglo”…..entre otras lindezas. En definitiva, el Gobierno no logra arrebatar a los ayuntamientos su superávit. Todo ello cuando España necesita más que nunca redefinir su sistema tributario ante la crisis y a las puertas de la aprobación de unos Presupuestos complicados, mientras Podemos, cogobernante con el PSOE, aunque finalmente y de momento se decide a aparcar la subida de impuestos, pide más gasto y fía al fondo europeo el pacto presupuestario, lo que inevitablemente supone más déficit y más deuda (si se ingresa igual o menos y se gasta más el resultado final es obvio). Entretanto el Gobierno prorrogará los ERTEs, que algunos todavía no han cobrado, a costa de consumir tiempo de paro (es decir, reducción de la cobertura a cambio de su extensión temporal), mientras el Banco de España alerta de un “agotamiento” en el empleo desde mediados de agosto y Moncloa prepara recortes en las pensiones y en el sueldo de los funcionarios, generando un nuevo choque interno, uno más, en el Ejecutivo. Por su parte la Seguridad Social, en esta España en números rojos (preñada de demagogia y estéril de eficacia y realismo) anula por carta el ingreso mínimo a no pocos solicitantes tras habérselo concedido con un SMS, con lo que en una especie de círculo vicioso, los concede por una vía y los deniega por otra alegando superar el límite de ingresos u otras razones por el estilo, mientras más de 700.000 familias no saben nada de sus solicitudes para recibir la ayuda, manifestando, algunos de ellos, “llevamos tres meses en espera del ingreso mínimo”. Es la consecuencia lógica de aprobar medidas muy populistas de difícil ejecución, bien por falta de medios humanos para gestionarlas, bien por falta de liquidez para pagarlas. Y todo ello en la antesala de la aprobación de unos Presupuestos, para los que el Gobierno últimamente reactiva la negociación con ERC a costa de Ciudadanos, a quien ha estado engañando con el simulacro de que sería con ellos con quienes los pactaría, para finalmente, dar otro giro copernicano, uno más de los que Sánchez nos tiene acostumbrados, y, doblegándose a las exigencias de Iglesias, primar a los republicanos en las conversaciones, para lo que, sin importarle pagar el peaje que se le exija, se dispone a convocar la mesa de negociación sobre Cataluña con los secesionistas y además a reformar el delito de sedición, para que los futuros delitos, que los habrá, les salgan más baratos a los independentistas, acelerando para reunir la “mesa de diálogo” antes del día 17, antes de que el Supremo aborde la inhabilitación de Torra.

            Mientras tanto, se sentarán en el banquillo treinta implicados en el 1-O, entre ellos actuales altos cargos, en tanto que Torra exige al Rey que pida perdón por el “asesinato” de Compayns en una Diada de alto riesgo por la pandemia y de bajo perfil por la ruptura evidente del secesionismo, con una ANC urgiendo a Junts y Ezquerra a “sentarse y hablar”. En efecto, se celebra una Diada bronca y desvaída y con el secesionismo más dividido que nunca, marcada por el hastío y el coronavirus, en la que, no obstante, los más radicales, los CDR, retoman los sabotajes y la ANC, desoyendo a los médicos, saca a 60.000 personas a la calle (los expertos creen que habrá miles de infectados), en una especie de lucha de todos contra todos, eso sí, todos ellos contra la bandera española y la Monarquía, evidente en incidentes aislados con quema de fotos de la Familia Real y de banderas españolas.

            Una España en números rojos en la que la segunda ola de coronavirus ya amenaza la capacidad de realizar PCR, aunque Sanidad habla de “estabilización” pese a registrarse un record de contagios (10.764 en 24 horas), pues Simón sigue haciendo una lectura positiva de la tragedia manifestando que “parece que los incrementos se están estabilizando”, mientras el Gobierno blinda las cárnicas por miedo a que los rebrotes lleguen a generar una crisis alimentaria. La realidad es que las muertes por Covid-19 ya son 53.000 y superan en 24.000 a las que dan las cifras oficiales, para mayor desconcierto de la población, mientras Moncloa descarta volver a aprobar un estado de alarma en toda España y, a seis meses del anterior confinamiento, insiste ahora en “confinamientos quirúrgicos” que deberán aplicar las CCAA, en tanto que Sanidad admite que parte del material que compró aún no ha llegado. Y todo ello en plena vuelta al cole (como hecho anecdótico, hasta la clase de la Princesa Leonor ha quedado en cuarentena por el positivo de un compañero suyo), cuando doce CCAA, entre ellas Madrid, Valencia o Andalucía, son incapaces de garantizar la presencialidad al 100%.

            Y por si todo lo anterior fuera poco, mientras el Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, dice que “la Justicia no está politizada en lo más mínimo”, el PSOE y el PP, entiéndase Gobierno y principal partido de la oposición, son incapaces, como en otras tantas cosas urgentes, de ponerse de acuerdo para renovar el CGPJ, por lo que Lesmes, el Presidente del Gobierno de los Jueces, que no esconde su malestar por la insólita situación de semejante bloqueo político, les lanza un órdago a la grande y llevará la renovación de las plazas pendientes de la institución al pleno del día 30 pese a que el Ministro de Justicia lo desaprueba. En fin, es lo que hay.          

            Entretanto siguen coleando los dos asuntos de presunta corrupción política que sobrevuelan sobre el PP y sobre Podemos. En el caso del espionaje a Bárcenas (el caso Kitchen) Rajoy se exculpa y descarga el espionaje en el ex “número dos” de Interior, Francisco Martínez, mientras su entorno apunta a la “relación íntima” que existía entre Martínez y Villarejo, que presume de que “las cosas delicadas me las encargaban a mí, ya sea la izquierda, la derecha o el centro”, mientras Martínez dice “voy a contar al juez todo lo que sé” y relata que se quedó “atónito” cuando el ex ministro Jorge Fernández le detalló la operación para espiar al ex tesorero del PP; por su parte Casado, cuya doctrina es “hay que romper con lo anterior” mientras el partido atribuye el origen de Kitchen y las intrigas policiales y del CNI en torno a la gestión del caso Bárcenas al “juego sucio” que alentó Rajoy entre sus sucesoras, Soraya y Cospedal, se distanciará de Rajoy en el Congreso tras la confesión de Martínez (a quien la Guardia Civil alertó sobre Villarejo y en una reunión le advirtieron de que no trabajase con el hoy comisario encarcelado), aunque el PP admite su “preocupación” ante sus revelaciones sobre el operativo ilegal del espionaje…..y en este preocupante ambiente el ex ministro de AAEE, García Margallo, manifiesta lo siguiente: “¿el CNI y Vicepresidencia? El tiempo aclarará todo”, “Jorge Fernández es de una lealtad absoluta” y como “no hay ninguna imputación” apela a la presunción de inocencia. Y en el “caso Dina”, como presunta estrategia electoral de Podemos, las declaraciones ante el juez de Calvente, el ex abogado del partido, no dejan lugar a dudas al manifestar que “la estrategia era usar el caso Villarejo para beneficio político”, añadiendo que Iglesias y Montero, su compañera, urdieron el “caso Dina”, que fue un “montaje” ideado por los actuales Vicepresidente, la Ministra, Mayoral y Del Olmo, que “Iglesias no devolvió la tarjeta a Dina porque temía que la filtrara” y la ocultó para que no se divulgara su contenido “antes de las elecciones” de 2016 y además denuncia haber sufrido acoso de la “guerrilla de Podemos”; el juez envía a Anticorrupción las campañas de difamación orquestadas por Podemos, mientras Fiscalía pide que Dina y su marido vuelvan a testificar para que aclaren su papel en el escándalo de la tarjeta, con lo que la declaración de Calvente abre la vía para investigar a Iglesias por denuncia falsa y le deja cerca de ser acusado por ello, una situación jurídica delicada a la que hay que añadir las sospechas sobre la consultora Neurona, no obstante, de momento su situación política es firme al rechazar su propio partido y el PSOE, junto a otros que apoyaron la investidura de Sánchez, la creación de una comisión parlamentaria de investigación al respecto, pues consideran que sólo con investigar al PP es suficiente para la transparencia política.

            Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que el ministro Castells cede a las CCAA la acreditación de profesores universitarios; que Caixa Bank pretende asegurarse al menos un 75% del nuevo superbanco y lo pone como condición para seguir las negociaciones mientras el Estado pide un 30% más en la valoración de Bankia y por ello se retrasa la fusión; que, según una macroencuesta de Igualdad, contando como acoso las miradas, las bromas y las insinuaciones, 2´8 millones de españolas han sufrido violencia física o sexual, y un 57% relata episodios de miradas lascivas, acoso o tocamientos; que el Madrid conquista su 7ª Supercopa de Baloncesto tras derrotar, 72-67, al Barça; que está en el Plan Calvo, exhumar de forma exprés a Queipo de Llano y García Morato; y que, según sondeo de NCReport, los madrileños avalan la controvertida gestión de Ayuso, pues, en caso de elecciones autonómicas, los resultados serían PP 28´4% de votos y 39 escaños, PSOE 27´4% y 37, Ciudadanos 14% y 19, Más Madrid 13% y 17, Vox 9% y 12, y UPodemos 8´9% y 8.

            Y del exterior destacar que Blair y Major urgen al Parlamento británico a parar el desafío de Johnson; que Israel ordena volver al confinamiento duro para frenar la ola de contagios ante el avance del coronavirus; que un infierno de fuego en el oeste de EEUU deja un San Francisco apocalíptico y medio millón de evacuados en California y Oregón; que el ex coronel y ex viceministro de El Salvador, Inocente Moncayo, ha sido condenado por la Audiencia Nacional a 133 años de prisión por la matanza de los jesuitas que ordenó en 1989, entre ellos Ignacio Ellacuría, a quienes tres décadas después de los hechos se les hace algo de justicia; que EEUU estudia trasladar a Rota su mando para África pues fuentes del Gobierno de Trump desvelan que España es una de las alternativas tras haber reducido su presencia militar en Alemania; y que Guaidó, el Presidente encargado de Venezuela, dice: “Capriles intenta validar el fraude electoral de Maduro”, “yo lo que quiero es derrotar al régimen, porque censura, persigue y asesina”, “sufrimos una especie de genocidio silencioso, quiero recuperar la dignidad del país”.

                                    Jorge Cremades Sena

GANA IGLESIAS, PIERDE ESPAÑA

                        Cada vez es más evidente que en la pugna política entre el socialista Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno, y su Vicepresidente populista Pablo Iglesias, éste va ganando por goleada, lo que supone que junto a él ganen los radicalismos, el populismo y los ultranacionalismos separatistas que, por acción u omisión, catapultaron a Sánchez en la moción de censura y luego posibilitaron el actual gobierno de coalición social-comunista, a la gresca interna desde el primer momento y a la gresca pública “in crescendo”. Ello supone que, en definitiva, el problema no es, aunque también, que Iglesias le gane el pulso a Sánchez, sino que con esta derrota quien pierde de forma evidente es España y los españoles, según se desprende de las propias palabras de otro socialista, Rubalcaba, ex Secretario General del otro PSOE, que en 2016 se refería a la ya entonces conocida como “coalición Frankenstein”, para rechazar la oferta de Iglesias de un gobierno de coalición, con el argumento de que “los socialistas no pueden ir a la investidura de la mano de los independentistas” porque quieren romper aquello que ellos quieren gobernar, es decir, España. Pues bien, hoy no sólo tenemos dicho gobierno social-comunista de coalición indeseable de la mano de los independentistas, sino que en él cada vez lleva más la voz cantante el sector populista, pues, en caso contrario, se rompe la baraja y a dar cartas de nuevo, que es lo que el sector socialista no quiere por temor a perder el sillón. Gana Iglesias, pues, y pierde España, líder en destrucción de PIB y de empleo, siendo ya la única gran economía europea que no crece, según informe de la OCDE, e inmersa en una profunda crisis social, política, institucional y sanitaria, que nos aboca directamente al caos. Así las cosas, cuando parecía que Sánchez intentaba, a pesar de su socio comunista, buscar una alianza con Ciudadanos para diseñar los Presupuestos, el Presidente da en sede parlamentaria un inesperado giro copernicano y, en plena sintonía con UPodemos y ERC, llama a unos “presupuestos progresistas” mientras, sorprendentemente, acusa a los de Arrimadas de tener vinculaciones con la extrema derecha, en tanto que Rufián, líder de los republicanos secesionistas, anima a Iglesias a resistir hasta el final dando esperanzas para dar su apoyo a las cuentas si Ciudadanos queda fuera de la negociación de las mismas (ya, en días anteriores el Presidente había desafiado a Arrimadas haciendo guiños al secesionismo al retomar la promesa de rebajar las penas de sedición y la Mesa de dialogo con Torra). Además Sánchez, sabedor de que sólo con el apoyo de ERC no salen los Presupuestos, da un paso más y, en sede parlamentaria, hace un indignante guiño a los abertzales secesionistas de Bildu, lamentando “profundamente” el suicido en la cárcel del etarra González Sola, lo que ha provocado la indignación de las asociaciones de víctimas del terrorismo, de la oposición y de policías y guardias civiles por tamaña deferencia con el terrorista, cuando el mismo día de su suicidio, otro preso, Pepón, hacía lo propio sin merecer la mínima mención de pésame por parte del Presidente (en este año, 29 presos se han quitado la vida y, por lo visto, sólo el etarra merece sus condolencias)….está claro: los votos de los abertzales se compran al precio que sea. Mientras tanto Iglesias revela que tuvo una “fuerte discusión” con Sánchez por ocultarle la “huida” del Rey Juan Carlos (término improcedente ya que al no estar imputado por nada es libre y como tal no huye de nada) y que por ello el Presidente le pidió luego perdón, añadiendo que todo esto es lógico al tratarse de que en “un gobierno en el que hay un partido republicano y otro socialista, hay posiciones diferentes” y que ERC, la formación republicana secesionista, “tiene que ser un socio fundamental” ya que ha demostrado su disponibilidad para negociar los Presupuestos, al igual que otras formaciones como Compromís. Entretanto el PSOE de Sánchez veta cínicamente la creación de una comisión parlamentaria para investigar a Podemos, mientras exige que sí se investigue al PP, cuando ambos partidos andan inmersos en una investigación judicial por presuntas conductas delictivas. Está claro, gana Iglesias y pierde España.  

            En efecto, al margen de la envergadura de los presuntos delitos cometidos por los dirigentes actuales o anteriores de los partidos políticos investigados judicialmente, además cabe la posibilidad de investigar en sede parlamentaria sus responsabilidades políticas en pro de la transparencia; pero lo que no cabe, al contrario de lo que suele suceder, es que estas propuestas de crear comisiones de investigación se apoyen o rechacen según afecten a unos partidos u otros en base a la afinidad política que se tenga con ellos. Y ha querido el destino (o quién sabe qué o quién) que en estos momentos dos partidos de signo ideológico contrario, el PP y UPodemos, se vean inmersos en sendas investigaciones judiciales, que dirimirán las responsabilidades penales en que hayan incurrido, en el caso del PP sus anteriores dirigentes y en el caso de Podemos su dirigentes actuales, como debe ser. Lo paradójico, insólito y cínico es que el PSOE de Sánchez (al igual que la mayoría de quienes le auparon al poder) impida con sus votos crear una comisión parlamentaria para dirimir las responsabilidades políticas de la actual dirección de Podemos, cogobernante con él, mientras al día siguiente avala que se constituya una para investigar a la anterior dirección del PP. ¿Es que la transparencia ha de aplicarse a unos sí y a otros no? Lo razonable, lógico y sensato es que, al margen de las responsabilidades penales investigadas, que dilucidarán los tribunales, si se quiere además dilucidar las responsabilidades políticas (las del PP incluso ya dilucidadas por los votantes, al igual que las del PSOE) se exijan para todos y sobre cualquier asunto de presuntas conductas indecorosas o delictivas de la índole que sean. Curiosamente hay un cierto paralelismo en la génesis de los asuntos judiciales investigados en el PP y Podemos, al margen de su distinta índole, ya que el asunto de ambos partidos llega a los tribunales por las denuncias de dos destacados miembros rebotados de sendas formaciones políticas.

            En el caso del PP, que debe ser depurado judicialmente con todas las consecuencias, el ex número dos de Interior con Jorge Fernández Díaz declara “mi error fue ser leal a miserables como Jorge, Rajoy o Cospedal”, sintiéndose el entonces Secretario de Estado de Seguridad “utilizado vilmente” en la llamada “operación Kitchen”, que trata del grave asunto de un presunto espionaje al que fuera su tesorero, Bárcenas, para recuperar documentos que pudieran comprometer a la cúpula del partido dirigida por Rajoy y a cargo de fondos reservados del Ministerio de Interior. Según Fiscalía, hay también indicios de que, al margen de Fernández Díaz, la ex ministra Cospedal tenía “interés personal” en espiar a Bárcenas, y el juez culpa a la cúpula del Gobierno de Rajoy del “operativo policial”, mientras el ex número dos de Interior apunta a la implicación del mismísimo Rajoy en el asunto, aportando sobre ello una serie de mensajes comprometedores, tras haber advertido que si declaraba, como es el caso, podría implicarle con pruebas que conllevarían su imputación. Dicho número dos de Interior, reprochó en su día al ex presidente su exclusión de las listas electorales y le pidió que no “le dejen tirado” y señala al CNI y el desastre de Villarejo, quien dijo a Cosidó en 2012 “dile al barbas que le meto en la cárcel el primero”. Y mientras llegan noticias de que Interior pagó 53.000 euros al chófer de Bárcenas por espiarle y que su seguimiento comenzó diez días después de confesar la existencia de una “caja B”, Casado, el actual líder del PP, se desliga definitivamente de la era Rajoy, alegando “yo era diputado por Ávila: no estaba en la dirección del partido”, mientras en dicho partido apuntan, en referencia a Rajoy que “nada se hacía sin él” y que, por tanto, debería estar “muy preocupado” y algunos incluso plantean abandonar Génova para romper definitivamente con la imagen de corrupción, en tanto que los afectados por este gravísimo asunto afean a Casado “no cuidar” al “ex dos” de Interior, reprochándole “eres el sucesor y asumiste una mochila, esto te afecta”. La realidad es que, gracias a la comisión parlamentaria aprobada por PSOE, UPodemos y el resto de partidos de la investidura, Mariano Rajoy comparecerá para dar explicaciones en el Parlamento al igual que Casado.

            Y en el caso de Podemos, que también debe ser depurado judicialmente con todas las consecuencias, la Fiscalía pide investigar los contratos del partido con la consultora Neurona, mientras pide archivar el resto de cuestiones denunciadas por su ex abogado, Calvente, porque se basan en “rumores”. Sobre los contratos de Podemos con la consultora citada la Fiscalía de Madrid dice que “existen elementos que determinan que no se ha acreditado la justificación de este gasto resultando además que es una empresa creada ad hoc para la prestación del servicio…..indicios racionales suficientes de la perpetración de un hecho delictivo”. Por otro lado Calvente, que fue cesado como abogado de Podemos y acusado de un falso acoso sexual, declara además como testigo que el actual “equipo directivo” del partido diseñó la “estrategia” para la “patraña”, que en su opinión ha sido el “caso Dina”, otro turbio asunto protagonizado por Iglesias, mientras Errejón, fundador de Podemos y actual líder de Más País, afirma que “Unidas Podemos no es el proyecto que fundamos”. Sin embargo Iglesias esquiva al Congreso al rechazar él mismo con el apoyo del PSOE y la mayoría de quienes le auparon al Gobierno la creación de una comisión parlamentaria sobre la presunta financiación ilegal del partido…..para algunos, la ofensiva de la Fiscalía, que reduce al mínimo el caso, y el PSOE que veta que el Congreso indague sobre el asunto, el Vicepresidente del Gobierno se librará de dar explicaciones en la Cámara Baja, seguramente porque la transparencia en las actuaciones de Podemos se dan previamente por hecha y las del PP no, así como las respectivas presunciones de inocencia.

            Por su parte Lesmes urge a los partidos a renovar el Poder Judicial “sin dilaciones” en plena guerra sin cuartel entre PSOE y PP por controlar dicho poder ya que nadie quiere pactar la renovación de sus miembros, pues mientras Sánchez filtra un mensaje de Casado para intentar aislarle, el PP señala a Podemos por su radicalismo con la Corona y los jueces como la razón para no acceder a que el partido populista tenga representantes como quiere el Presidente, que, para contentar a su socio de gobierno, quería dos vocales para Iglesias mientras éste atacaba al CGPJ y descalificaba al juez que investiga su financiación. La realidad es que el CGPJ ha exigido a Podemos desde que llegó al Gobierno dos veces que respete su independencia y que el Ejecutivo prometió al PP que estudiaría cambiar el sistema de elección de los vocales. El CGPJ desafía tan abominable bloqueo y prevé renovar el Tribunal Supremo este mes, mientras PP y PSOE dan por rotas las conversaciones por el papel que desempeña Podemos, cuando, curiosamente, todos los partidos apoyan la elección directa de los vocales pero no la ejecutan. Y mientras los vocales progresistas se rebelan por la renovación del Supremo en pleno bloqueo del Gobierno de los jueces, Casado, que reitera que “en los años de Kitchen yo no tenía responsabilidades en el PP, era diputado por Ávila; reafirmo mi compromiso con la ejemplaridad”, afirma “sólo renovaré el CGPJ si Sánchez lo despolitiza y no entra Podemos”, añadiendo, en otro orden de cosas que “Sánchez quiere que el PP se rinda con los Presupuestos y diga sí bwana aunque suban impuestos y los pacte con ERC”, añadiendo “nunca aposté tanto por alguien como por Cayetana, pero el presidente del partido marca la estrategia en temas clave”.

            Mientras tanto, desconcierto en los primeros días de colegio, en plena confusión sobre las nuevas normas, poniéndose de manifiesto las dificultades para mantener distancias de seguridad en todo momento. Un curso que arranca a trompicones, con mezcla de edades, turnos de tarde y refuerzos de profesores aún sin llegar, cuando España cuenta con la mayor tasa de contagios de Europa, suponiendo la covid ya el 19% de los ingresos en hospitales de Madrid, lo que obliga ya a derivar enfermos y suspender operaciones, en plena segunda oleada en que el 40% de los contagiados son extranjeros y en que el perfil de los ingresados son pacientes más jóvenes que los de en plena pandemia y con menos carga viral. Y mientras la pandemia revela las lagunas tecnológicas del profesorado español, estando España entre los países que más tiempo cerraron aulas sin estar preparada para la enseñanza “on line”, dice Ayuso que “no mandamos a los alumnos a una zona de riesgo”…..esperemos que así sea, no sólo en Madrid sino en todas las CCAA.

            Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que Moncloa aprobará el martes la Ley que ilegaliza la Fundación Franco; que Ayuso plantea adelantar las elecciones autonómicas e ir a la vez con Cataluña ante las presiones del PSOE para una moción de censura con Ciudadanos, pero Génova frena el adelanto electoral ante el riesgo de perder la Comunidad de Madrid, aunque en la Puerta del Sol consideran que una campaña en clave más nacional les beneficiaría; que Air Europa pide al Gobierno un rescate de 400 millones para evitar la quiebra; que el Ejecutivo incluye ajustes en la reforma laboral en su plan legislativo, en que tendrán prioridad los convenios de sector con prórroga automática, para cambiar la reforma laboral del PP antes de fin de año, una modificación exprés que indigna a los empresarios pues, según ellos, “no es el momento”; que Canarias pasa de destino seguro a poner en riesgo su temporada turística; que se edifica un muro de diez metros en la valla de Melilla mientras lentamente se van retirando las concertinas sustituyéndolas por muros más difíciles de escalar y menos peligrosos; que Sánchez apura para confiscar el dinero de los ayuntamientos con el objetivo de aliviar a una Moncloa sin liquidez, por lo que negocia “in extremis” con sus socios para que le apoyen en el Congreso que las arcas municipales “rescaten” las de Hacienda con un préstamo, asunto que en principio está complicado de conseguir; que Cataluña es la primera Comunidad Autónoma en poner tope de alquiler de vivienda por ley; que las pensiones han subido tres veces más que los precios en los últimos quince años; y que la UE arruina el plan de Sánchez para exigir al PP apoyo a sus Presupuestos presentándolos como imprescindibles para acceder a los nuevos fondos europeos, pues la Comisión Europea niega dicha vinculación ya que “son procesos distintos”.

            Y del exterior destacar que cunde la alarma en la UE ante la ruptura del pacto del Brexit por Johnson, quien está dispuesto a incumplir lo firmado por él mismo aunque “rompa las leyes internacionales”; que, según Capriles, “Europa tiene un papel clave para que Venezuela recupere la democracia”; que Trump admite que minimizó la pandemia para evitar el pánico; que la ONU alerta de que las emisiones de CO2 vuelven a los niveles anteriores a la pandemia; que el fuego devasta el mayor campo de refugiados de la UE, el campamento de Morla en la isla de Lesbos, dejando a la intemperie a 13.000 personas ingresadas, por lo que Atenas declara el estado de emergencia en la isla; que la premio Nobel Alexiévich alerta del clima de “terror” que vive Bielorrusia; y que un revés aleja la esperanza de tener este año la vacuna de Oxford, pues AstraZeneca interrumpe de momento los ensayos tras sufrir un voluntario la rara enfermedad de la mielitis, por lo que Europa busca alternativas a dicha vacuna, mientras la OMS la retrasa hasta 2022, con lo que se frustran las promesas, entre ellas las del Gobierno español, de comenzar la vacunación antes de fin de año…..una mala noticia internacional, sin lugar a dudas.

                                    Jorge Cremades Sena

TRAMPAS EN EL SOLITARIO

 

                        Cuando en asuntos de salud y económicos, que están bastante relacionados, nos la estamos jugando, se tiene la sensación de que nuestros gobernantes, tanto los nacionales como los territoriales, andan enfrascados en sus miopes intereses partidistas y, al efecto, se hacen trampas en el solitario, lo que nos conduce al caos, en vez de buscar soluciones conjuntas viables que nos conduzcan hacia la salida de este oscuro túnel en que nos hemos metido. En efecto, España es ya el primer gran país con mayor tasa de muertes por covid, con más de diez mil nuevos contagios (estadísticamente sólo le superarían Andorra o San Marino, con poblaciones mucho menores) y bate todos los records negativos, mientras fracasa estrepitosamente la última Conferencia de Presidentes Autonómicos que acaba sin acuerdo alguno y sin reparto de fondos (Torra se desmarca y sólo se llega a acordar que las CCAA tendrán que informar a Sanidad del cierre de colegios….¡menos mal!), cuando comienza un desconcertante y caótico curso escolar atomizado territorialmente y sin medidas uniformes, cuando el gobierno de coalición sigue enfrascado en peligrosos enfrentamientos internos, y cuando gobierno y oposición son incapaces de consensuar las más esenciales medidas solventes para hacer frente a lo que se nos avecina. Y mientras España, que ya renunció en su día al reparto de mascarillas de la UE en el pico de la pandemia, registra en un solo día un nuevo record de 10.476 contagiados y Sanidad da por hecho que tendrá dosis de la vacuna antes de fin de año, el Gobierno social-comunista de Sánchez y el conservador-liberal de la Comunidad de Madrid protagonizan una absurda gresca insoportable para ver si uno se queda ciego aunque el otro se quede tuerto en vez de intentar ambos graduarse la vista para ver y enterarse de que en esta terrible crisis global vamos todos en el mismo barco. Dice Isabel Díaz Ayuso, la popular presidenta de Madrid, que “si Madrid no se reactiva, se hunde España”, que “Sánchez ha estado ausente y el verano ha sido muy duro para los presidentes autonómicos” y que “nuestras aulas se van a convertir en lugares muy seguros con medidas de protección”, mientras se blinda para frenar la nueva ola de la pandemia con más restricciones (prohibición de reuniones de más de diez personas y de los bailes en las bodas, más limitación del aforo en bodas, terrazas, misas y funerales…..) limitando la vida social bajo la presión de autonomías limítrofes, que detectan contagios importados y en pleno ataque del Gobierno, con lo que, en definitiva, la Comunidad de Madrid regresa a una especie de fase 3´5 de la pintoresca desescalada que se hizo tras las cotas más altas de la pandemia y la finalización del estado de alarma. Cierto que los hospitalizados por Covid se duplican en diez días en Madrid, con casi 1.900 ingresados a uno de septiembre, pero también es cierto que quince autonomías superan en mortalidad a la Comunidad madrileña en esta segunda oleada de contagios, pues en dicha comunidad fallecen 1´01 personas por cada 100.000 habitantes, frente a las 8´6 de la media nacional o, por ejemplo, las 25´7 de Extremadura, siendo el País Vasco, Navarra y Murcia las regiones, junto a Madrid, con menor tasa de mortalidad. En definitiva, tirarse las cifras de contagios o fallecidos a la cabeza entre unos y otros o camuflar estratégicamente los datos en un morrocotudo embrollo estadístico que nadie entiende, con el único objetivo de obtener ventajas partidistas o perjudicar las expectativas del contrario es sencillamente una indecente trampa en el solitario cuando la triste realidad se impone al final, dejando al descubierto la pésima gestión, egoísta y descoordinada, que nuestros gobernantes vienen haciendo para atajar la pandemia e intentar reconducir la catastrófica situación económica, social y laboral por la que atraviesan los españoles.

            Trampas en el solitario cuando Rufián (de momento) mantiene el veto a unos Presupuestos con Ciudadanos y Sánchez pacta con ERC convocar este mes la mesa sobre Cataluña, dando a los republicanos secesionistas esta discriminada concesión con la esperanza de que si fracasaran las negociaciones con Ciudadanos los Presupuestos puedan salir adelante con el apoyo de los independentistas, tal como prefiere Podemos. Por su parte Arrimadas, que ya negociaba con el Gobierno antes del estado de alarma (impulsó el giro de Ciudadanos tras ganar las primarias, siendo el socialista Bolaños y el naranja Cuadrado, claves en el deshielo) deja claro que “no asumiremos las subidas de impuestos de Podemos”, en tanto que el fiscal ataja el intento de Iglesias de penar las críticas al Gobierno y archiva la denuncia de Podemos contra bulos porque la libertad de expresión debe primar. El PP, por su lado, propone una fuerte reducción de altos cargos en una proposición no de ley en el Congreso y se niega a cualquier negociación presupuestaria mientras Podemos forme parte del Ejecutivo, aunque oferta a Sánchez la posibilidad de crear una Agencia para la Recuperación y plantea que la dirija el ex ministro socialista Solbes o el ex gobernador del Banco de España Caruana. Y ante semejante embrollo el Presidente incluye en la negociación con Cs bajadas de impuestos (las rebajas fiscales barajadas serían selectivas y estarían limitadas a las tasas aeroportuarias y al sector turístico, uno de los más castigados por la crisis), asunto que incomoda a su socio gubernamental Iglesias, y la Vicepresidenta Carmen Calvo manifiesta que “es secundario con quien salgan los Presupuestos, la meta es sacarlos”, cuando lo realmente esencial es que sirvan para sacar a este país de la crisis, sabiendo además que ante la necesidad de rescate por parte de la UE no serán viables unos Presupuestos, sean los que sean y con quienes sean. No en vano cada vez más se desata una cierta inquietud en el PSOE pues dirigentes socialistas alertan de que el socio de Gobierno de Sánchez, Pablo Iglesias, “pone en peligro la seguridad jurídica” y “esto puede acabar mal” ya que es obvio que las palabras de Iglesias “tienen un coste”.

Y si a todo ello añadimos la caótica estructura territorial en que ha derivado el Estado de las Autonomías, cada una por su lado y a lo suyo, con el fantasma del soberanismo como telón de fondo, ya es el colmo de los colmos del desbarajuste. En efecto, mientras las universidades públicas catalanas se rebelan contra la asfixia del independentismo, Torra, en plena guerra interna en el secesionismo catalán, echa a tres consejeros para facilitar la campaña de Puigdemont, purgando así su Govern y alejando las elecciones, con el objetivo de colocar perfiles más duros y purgar a un PDeCat roto en mil pedazos. Y, como se propone dirigir el Govern en la sombra en caso de ser inhabilitado, el President Quim Torra torpedea a su propio Vicepresident, de ERC, queriendo designar Conseller en Cap a la imputada Laura Borrás para impedir que ERC se quede con el Govern tras su más que probable inhabilitación. Entretanto la sediciosa Carme Forcadell es recibida y aplaudida en el Parlament con todos los honores, aprovechando que su tercer grado carcelario no ha sido revocado y la oportuna invitación por parte de su sucesor Torrent como President de la Cámara al acto de conmemoración del 40º aniversario de la restitución de la misma. Por su parte la Delegación de Gobierno avala una Diada de alto riesgo, mientras la oposición denuncia una convocatoria irresponsable; la ANC prevé reunir 48.000 personas pese al elevado número de contagios en Cataluña, y los juristas alertan de que debería prevalecer el derecho a la salud pública….. pero, ya ven, el Govern, por boca de la consejera de Presidencia, Meritxell Budó, ya dijo, sin que se le cayera la cara de vergüenza, que en una Cataluña independiente o con más competencias “no habría habido ni tantos muertos ni tantos infectados y probablemente se hubiera podido controlar esta enfermedad”; en fin, más trampas al solitario…. y la enfermedad política del secesionismo totalitario, ese virus liberticida, ¿quién lo controla?; evidentemente nadie, incluso se negocia y pacta con él.

Entretanto, por si fueran pocas las discrepancias entre la parte socialista y la comunista del gobierno de coalición, dos más. La primera como consecuencia del plan de bajas paternales de Iglesias, que abre otro frente con la patronal, que se opone a costear esos días de cuarentena, mientras los padres andan divididos ante la vuelta al colegio de sus hijos más incierta, en tanto que los juristas advierten de que los progenitores tienen la obligación legal de llevar a sus hijos a clase desde los seis a los dieciséis años, aunque reconocen que será difícil aplicar acciones penales si no lo hacen. La segunda como consecuencia de la inminente fusión de Caixa Bank y Bankia, favorecida por la parte socialista del Gobierno de Sánchez para crear el mayor banco del país y repudiada por la parte comunista del mismo que apostaba por la consolidación de una banca pública; una fusión, que respaldan los mercados, mientras las dos cajas se disparan en Bolsa, cuya negociación es tutelada desde hace meses por el Gobierno, aunque Calviño la ocultara a Iglesias, dejándole fuera cuando Fainé la mantenía informada desde hace semanas de por dónde iban las negociaciones entre ambas entidades, lo que ha levantado ampollas en el sector comunista del Gobierno; Podemos se revuelve ante los hechos consumados y pide mantener la participación pública en la nueva entidad, mientras el Ejecutivo, del que forma parte, aunque no se fíen unos de otros, dice que “maximizará el valor de la participación pública” en la operación (cabe recordar que Bankia, entidad que Iglesias pretendía nacionalizar, fue rescatada por 24.000 millones del que sólo se han devuelto 3.300) y Calviño sostiene que “en esta crisis los bancos son parte de la solución, no del problema”; la realidad es que la operación es un proyecto largamente pensado e impulsado por Fainé, que el procés y la moción de censura truncaron cuando ya Rajoy lo había cerrado en 2017 y que ahora retoma el Gobierno de Sánchez, que rechazó la unión de Bankia con el Sabadell, donde el Estado hubiera sido socio mayoritario, para prever ahora Moncloa mantenerse como segundo accionista…..las previsiones sobre las consecuencias, además del cabreo de Iglesias, un recorte de plantilla de unos 8.000 trabajadores, reducción de sucursales en un 23% y el paso de la participación del Estado en la nueva entidad del 61´8% que poseía en Bankia a apenas un 14% del nuevo banco que controlará la cuarta parte del mercado.

Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que los Mossos acusan al Barça de corrupción en pleno “caso Messi”; que el PP propone en el Congreso que los funcionarios de prisiones sean agentes de la ley; que en el próximo acuerdo del Pacto de Toledo no habrá recortes para las pensiones anticipadas; que Anticorrupción pide imputar a Cospedal y a Fernández Díaz al implicarles Fiscalía en la trama de espionaje a Bárcenas; que Messi se queda finalmente en el Barça pero carga contra Bertomeu y le acusa de que “no hay proyecto ni hay nada” y de faltar a su palabra al decirle que al final de temporada el jugador podría decidir, pero no mediante un pleito con el club que Messi no quiere emprender; y que el ex ministro Martin Villa, respondiendo ante la justicia argentina sobre muertes durante su gestión, dice a la juez que “la Transición fue lo contrario a un genocidio”, mientras un importante sector de la fiscalía critica a Delgado por permitir el interrogatorio de dicha jueza argentina y considera al ex ministro víctima de la “esquizofrenia jurídica” de la Fiscal General del Estado.

            Y del exterior, destacar que Francia lanza un programa de estímulo con rebajas fiscales; que Capriles rompe con Guaidó e irá a las elecciones legislativas venezolanas; que la UE confirma la llegada de vacunas anti-covid a finales de diciembre; que las protestas masivas llegan al palacio de Lukashenko en Bielorrusia; que otra muerte a tiros eleva la polarización social en EEUU tras matar los agentes federales a un autodenominado militante antifascista cuando iban a detenerlo; y que Boris Johnson amenaza a la UE con un Brexit duro si no hay acuerdo antes del 15 de octubre.  

                                    Jorge Cremades Sena