ESPAÑA EN NÚMEROS ROJOS

 

                        En esta España en número rojos, en plena oleada de rebrotes de la pandemia del coronavirus y con un gobierno débil y dividido, que hace aguas por todas partes, dicho Gobierno sufre una dura derrota parlamentaria por la rebelión de los alcaldes, una derrota humillante por la que se tumba el decreto de la Ministra Montero (la socialista, no la comunista) que pretendía apropiarse de los fondos locales acumulados por los superávits de los ayuntamientos (la voracidad por tener liquidez es atroz). Ya en la FEMP la ocurrencia de la Ministra de Hacienda pasó el filtro gracias al voto de calidad del Presidente de la misma, el socialista y alcalde de Vigo Abel Caballero, que inclinó la balanza a favor a pesar del descontento de muchos ediles, incluso socialistas, que en sus respectivos Ayuntamientos sufren escaseces y necesidades tan urgentes como las que puede tener el Gobierno a nivel nacional. Al final, toda la oposición, tanto la que apoyó en su día la investidura de Sánchez como la que la rechazó, vota en contra de PSOE y Podemos, menos el diputado de Teruel Existe que insólitamente lo apoyó: el resultado 156 votos a favor y 193 en contra (esta es la fortaleza real que tiene este Gobierno de coalición y ello tras regatear para que Podemos, su socio, le diera el visto bueno a regañadientes). Ahora, que cada cual explique en sus municipios lo que votó en el Congreso, tildado por quienes lo rechazaron de “corralito a los ahorros públicos de los ayuntamientos”, “chantaje”, “ataque a la autonomía local”, “incautación de recursos municipales”, “el robo del siglo”…..entre otras lindezas. En definitiva, el Gobierno no logra arrebatar a los ayuntamientos su superávit. Todo ello cuando España necesita más que nunca redefinir su sistema tributario ante la crisis y a las puertas de la aprobación de unos Presupuestos complicados, mientras Podemos, cogobernante con el PSOE, aunque finalmente y de momento se decide a aparcar la subida de impuestos, pide más gasto y fía al fondo europeo el pacto presupuestario, lo que inevitablemente supone más déficit y más deuda (si se ingresa igual o menos y se gasta más el resultado final es obvio). Entretanto el Gobierno prorrogará los ERTEs, que algunos todavía no han cobrado, a costa de consumir tiempo de paro (es decir, reducción de la cobertura a cambio de su extensión temporal), mientras el Banco de España alerta de un “agotamiento” en el empleo desde mediados de agosto y Moncloa prepara recortes en las pensiones y en el sueldo de los funcionarios, generando un nuevo choque interno, uno más, en el Ejecutivo. Por su parte la Seguridad Social, en esta España en números rojos (preñada de demagogia y estéril de eficacia y realismo) anula por carta el ingreso mínimo a no pocos solicitantes tras habérselo concedido con un SMS, con lo que en una especie de círculo vicioso, los concede por una vía y los deniega por otra alegando superar el límite de ingresos u otras razones por el estilo, mientras más de 700.000 familias no saben nada de sus solicitudes para recibir la ayuda, manifestando, algunos de ellos, “llevamos tres meses en espera del ingreso mínimo”. Es la consecuencia lógica de aprobar medidas muy populistas de difícil ejecución, bien por falta de medios humanos para gestionarlas, bien por falta de liquidez para pagarlas. Y todo ello en la antesala de la aprobación de unos Presupuestos, para los que el Gobierno últimamente reactiva la negociación con ERC a costa de Ciudadanos, a quien ha estado engañando con el simulacro de que sería con ellos con quienes los pactaría, para finalmente, dar otro giro copernicano, uno más de los que Sánchez nos tiene acostumbrados, y, doblegándose a las exigencias de Iglesias, primar a los republicanos en las conversaciones, para lo que, sin importarle pagar el peaje que se le exija, se dispone a convocar la mesa de negociación sobre Cataluña con los secesionistas y además a reformar el delito de sedición, para que los futuros delitos, que los habrá, les salgan más baratos a los independentistas, acelerando para reunir la “mesa de diálogo” antes del día 17, antes de que el Supremo aborde la inhabilitación de Torra.

            Mientras tanto, se sentarán en el banquillo treinta implicados en el 1-O, entre ellos actuales altos cargos, en tanto que Torra exige al Rey que pida perdón por el “asesinato” de Compayns en una Diada de alto riesgo por la pandemia y de bajo perfil por la ruptura evidente del secesionismo, con una ANC urgiendo a Junts y Ezquerra a “sentarse y hablar”. En efecto, se celebra una Diada bronca y desvaída y con el secesionismo más dividido que nunca, marcada por el hastío y el coronavirus, en la que, no obstante, los más radicales, los CDR, retoman los sabotajes y la ANC, desoyendo a los médicos, saca a 60.000 personas a la calle (los expertos creen que habrá miles de infectados), en una especie de lucha de todos contra todos, eso sí, todos ellos contra la bandera española y la Monarquía, evidente en incidentes aislados con quema de fotos de la Familia Real y de banderas españolas.

            Una España en números rojos en la que la segunda ola de coronavirus ya amenaza la capacidad de realizar PCR, aunque Sanidad habla de “estabilización” pese a registrarse un record de contagios (10.764 en 24 horas), pues Simón sigue haciendo una lectura positiva de la tragedia manifestando que “parece que los incrementos se están estabilizando”, mientras el Gobierno blinda las cárnicas por miedo a que los rebrotes lleguen a generar una crisis alimentaria. La realidad es que las muertes por Covid-19 ya son 53.000 y superan en 24.000 a las que dan las cifras oficiales, para mayor desconcierto de la población, mientras Moncloa descarta volver a aprobar un estado de alarma en toda España y, a seis meses del anterior confinamiento, insiste ahora en “confinamientos quirúrgicos” que deberán aplicar las CCAA, en tanto que Sanidad admite que parte del material que compró aún no ha llegado. Y todo ello en plena vuelta al cole (como hecho anecdótico, hasta la clase de la Princesa Leonor ha quedado en cuarentena por el positivo de un compañero suyo), cuando doce CCAA, entre ellas Madrid, Valencia o Andalucía, son incapaces de garantizar la presencialidad al 100%.

            Y por si todo lo anterior fuera poco, mientras el Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, dice que “la Justicia no está politizada en lo más mínimo”, el PSOE y el PP, entiéndase Gobierno y principal partido de la oposición, son incapaces, como en otras tantas cosas urgentes, de ponerse de acuerdo para renovar el CGPJ, por lo que Lesmes, el Presidente del Gobierno de los Jueces, que no esconde su malestar por la insólita situación de semejante bloqueo político, les lanza un órdago a la grande y llevará la renovación de las plazas pendientes de la institución al pleno del día 30 pese a que el Ministro de Justicia lo desaprueba. En fin, es lo que hay.          

            Entretanto siguen coleando los dos asuntos de presunta corrupción política que sobrevuelan sobre el PP y sobre Podemos. En el caso del espionaje a Bárcenas (el caso Kitchen) Rajoy se exculpa y descarga el espionaje en el ex “número dos” de Interior, Francisco Martínez, mientras su entorno apunta a la “relación íntima” que existía entre Martínez y Villarejo, que presume de que “las cosas delicadas me las encargaban a mí, ya sea la izquierda, la derecha o el centro”, mientras Martínez dice “voy a contar al juez todo lo que sé” y relata que se quedó “atónito” cuando el ex ministro Jorge Fernández le detalló la operación para espiar al ex tesorero del PP; por su parte Casado, cuya doctrina es “hay que romper con lo anterior” mientras el partido atribuye el origen de Kitchen y las intrigas policiales y del CNI en torno a la gestión del caso Bárcenas al “juego sucio” que alentó Rajoy entre sus sucesoras, Soraya y Cospedal, se distanciará de Rajoy en el Congreso tras la confesión de Martínez (a quien la Guardia Civil alertó sobre Villarejo y en una reunión le advirtieron de que no trabajase con el hoy comisario encarcelado), aunque el PP admite su “preocupación” ante sus revelaciones sobre el operativo ilegal del espionaje…..y en este preocupante ambiente el ex ministro de AAEE, García Margallo, manifiesta lo siguiente: “¿el CNI y Vicepresidencia? El tiempo aclarará todo”, “Jorge Fernández es de una lealtad absoluta” y como “no hay ninguna imputación” apela a la presunción de inocencia. Y en el “caso Dina”, como presunta estrategia electoral de Podemos, las declaraciones ante el juez de Calvente, el ex abogado del partido, no dejan lugar a dudas al manifestar que “la estrategia era usar el caso Villarejo para beneficio político”, añadiendo que Iglesias y Montero, su compañera, urdieron el “caso Dina”, que fue un “montaje” ideado por los actuales Vicepresidente, la Ministra, Mayoral y Del Olmo, que “Iglesias no devolvió la tarjeta a Dina porque temía que la filtrara” y la ocultó para que no se divulgara su contenido “antes de las elecciones” de 2016 y además denuncia haber sufrido acoso de la “guerrilla de Podemos”; el juez envía a Anticorrupción las campañas de difamación orquestadas por Podemos, mientras Fiscalía pide que Dina y su marido vuelvan a testificar para que aclaren su papel en el escándalo de la tarjeta, con lo que la declaración de Calvente abre la vía para investigar a Iglesias por denuncia falsa y le deja cerca de ser acusado por ello, una situación jurídica delicada a la que hay que añadir las sospechas sobre la consultora Neurona, no obstante, de momento su situación política es firme al rechazar su propio partido y el PSOE, junto a otros que apoyaron la investidura de Sánchez, la creación de una comisión parlamentaria de investigación al respecto, pues consideran que sólo con investigar al PP es suficiente para la transparencia política.

            Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que el ministro Castells cede a las CCAA la acreditación de profesores universitarios; que Caixa Bank pretende asegurarse al menos un 75% del nuevo superbanco y lo pone como condición para seguir las negociaciones mientras el Estado pide un 30% más en la valoración de Bankia y por ello se retrasa la fusión; que, según una macroencuesta de Igualdad, contando como acoso las miradas, las bromas y las insinuaciones, 2´8 millones de españolas han sufrido violencia física o sexual, y un 57% relata episodios de miradas lascivas, acoso o tocamientos; que el Madrid conquista su 7ª Supercopa de Baloncesto tras derrotar, 72-67, al Barça; que está en el Plan Calvo, exhumar de forma exprés a Queipo de Llano y García Morato; y que, según sondeo de NCReport, los madrileños avalan la controvertida gestión de Ayuso, pues, en caso de elecciones autonómicas, los resultados serían PP 28´4% de votos y 39 escaños, PSOE 27´4% y 37, Ciudadanos 14% y 19, Más Madrid 13% y 17, Vox 9% y 12, y UPodemos 8´9% y 8.

            Y del exterior destacar que Blair y Major urgen al Parlamento británico a parar el desafío de Johnson; que Israel ordena volver al confinamiento duro para frenar la ola de contagios ante el avance del coronavirus; que un infierno de fuego en el oeste de EEUU deja un San Francisco apocalíptico y medio millón de evacuados en California y Oregón; que el ex coronel y ex viceministro de El Salvador, Inocente Moncayo, ha sido condenado por la Audiencia Nacional a 133 años de prisión por la matanza de los jesuitas que ordenó en 1989, entre ellos Ignacio Ellacuría, a quienes tres décadas después de los hechos se les hace algo de justicia; que EEUU estudia trasladar a Rota su mando para África pues fuentes del Gobierno de Trump desvelan que España es una de las alternativas tras haber reducido su presencia militar en Alemania; y que Guaidó, el Presidente encargado de Venezuela, dice: “Capriles intenta validar el fraude electoral de Maduro”, “yo lo que quiero es derrotar al régimen, porque censura, persigue y asesina”, “sufrimos una especie de genocidio silencioso, quiero recuperar la dignidad del país”.

                                    Jorge Cremades Sena