DESMADRE ANTIDEMOCRÁTICO

                        Por si no tuviéramos suficiente con la que está cayendo en plena pandemia y con la galopante crisis económica que sufrimos, el Gobierno de Sánchez-Iglesias, tras el tormentoso y polémico acuerdo con Bildu, nos brinda además un indecente desmadre antidemocrático, en el fondo y las formas, con una flagrante injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, por parte, en este caso, del Ministerio de Interior, que, por desmentida y matizada que sea en boca del ministro, es más que evidente. En efecto, aunque el Ministro lo niegue en el Congreso de los Diputados, el Ministerio dirigido por Grande-Marlaska atenta contra la separación de poderes del Estado y contra la consecuente independencia judicial, básica en el Estado Democrático de Derecho, al cesar al Jefe de la Guardia Civil en Madrid, el Coronel Pérez de los Cobos, por negarse éste, como es su obligación, a entregarle un informe confidencial sobre el 8-M que la jueza instructora del caso le había encomendado al Instituto Armado en calidad de Policía Judicial, con la advertencia expresa de que el equipo encargado de elaborarlo sólo debía entregárselo a ella, tal como es preceptivo en estos casos. Los hechos hablan por sí solos: Marlaska usa a tres superiores del coronel para presionarle, pues, al parecer, un teniente general y un general llaman a Pérez de los Cobos, con una inmaculada hoja de servicios, para preguntarle si la Policía Judicial había dado informes a la jueza sobre la actuación del Delegado del Gobierno en Madrid el 8-M, recibiendo como respuesta del coronel que era un asunto judicial y que él desconocía los detalles, y, ante ello, la Directora General de la Guardia Civil le insiste en que es un tema “muy sensible” para el Ejecutivo, pero al recibir idéntica respuesta se produce el fulminante cese del coronel, provocando, ante semejante afrenta, la dimisión del “número dos” del Cuerpo, el Teniente General Laurentino Ceña y, acto seguido, el cese del “número tres”, el general Fernando Santafé porque “no está conforme” con el nombramiento del nuevo “número dos”. Una purga en toda regla se mire como se mire, mientras los juristas, con toda la razón, afirman que el ministro pidió al coronel que cometiera un delito. Por su parte un Marlaska acorralado, ante el escándalo provocado, niega cualquier injerencia apelando al manido recurso de una remodelación normal dentro del Ministerio, a la que obviamente tiene derecho, por haber perdido la confianza en el Coronel De los Cobos, mientras, para aplacar los ánimos, anuncia, como si fuera obra suya, una subida salarial a la Guardia Civil que ya estaba pactada en 2018 por el anterior Gobierno y los sindicatos policiales, provocando con ello más críticas contra el Ministro al considerar el Instituto Armado que “el honor no se compra” tras el “cese político” del coronel, quien, para negarse a entregar el informe al Ministro, esgrimió, tal como procede, la “rigurosa reserva” a la que está obligada la Policía Judicial, en este caso bajo su mando pero dependiente exclusivamente del juez instructor, en este caso la jueza que investiga los posibles delitos, si los hubiere, cometidos por permitir la multitudinaria manifestación del 8-M, mientras dicha jueza advierte que actuará contra Interior si se demuestra que el cese del coronel ha sido por obediencia. En fin, blanco y en botella, leche. Marlaska desata en la Guardia Civil la mayor crisis desde el famoso caso Roldán, mientras mandos policiales creen que el “autoritario” cese del coronel es un aviso a navegantes. Entretanto Casado afirma que “sigue el escándalo” y Ciudadanos califica de “intolerable” el “autoritarismo” del Ministro de Interior, quien ve normal su actuación, con nocturnidad y premura, un domingo cualquiera ya que, como Ministro, tiene todo el derecho a remover los cargos de confianza que considere oportunos, por lo que, salvo que seamos malintencionados, todo lo acaecido con el cese del coronel De los Cobos, justo tras las fracasadas presiones recibidas para que entregase el informe, obedece a una mera casualidad temporal que el azar ha querido, y sin ninguna intencionalidad política, salvo la pérdida de confianza en él, ni injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Ya ven, todo, según él entra dentro de lo normal.

            Pero este desmadre democrático se intensifica aún más ante la opinión pública tras filtrarse el dichoso informe, que, al parecer, tiene errores de bulto e inexactitudes, para algunos, con la intención de menoscabar la credibilidad del Gobierno, y, para otros, como es normal en este tipo de informes que suelen tener carencias, pues, al fin y al cabo, es un informe más que deberá ser contrastado durante el juicio. La cuestión fundamental de esta crisis, el meollo de la cuestión que se pretende enturbiar, no es si el Delegado del Gobierno y el Ministerio de Sanidad actuaron correctamente o no de cara al 8-N (es lo que, a instancias de parte, habrá que esclarecerse en el juicio); ni es que el informe, acertadamente o no, vea indicios “contundentes” para imputar a Illa y Simón; ni si los expertos consideran que la manifestación feminista resultara marginal en el desarrollo de la pandemia y fuese más relevante el transporte público; ni si el informe de la Guaria Civil está o no lleno de errores y es rechazado por determinadas organizaciones; ni si la Guardia Civil sospecha o no que el Gobierno le oculta datos del 8-M; ni si el informe concluye, erróneamente o no, que “el 8-M no debió celebrarse” y que el Gobierno conocía desde enero “la gravedad real de la pandemia”; ni la intencionalidad que tengan unos u otros en cargar las tintas en favor o en contra de aquello que políticamente les conviene; ni tantas otras informaciones que conscientemente pretenden marear la perdiz con declaraciones y hechos sesgados….. La cuestión fundamental, al margen de todas las demás, es si el Ministerio de Interior, en la instrucción de un caso judicial que le puede ser incómodo al Gobierno, ha intentado interferir en el caso pidiendo a altos funcionarios públicos que cometieran determinadas ilegalidades y, al no conseguirlo, les cesaran por ello en los cargos que detentaban. Más aún cuando, en este caso, sólo se trata de un informe más que, como en cualquier juicio, habrá de ser contrastado, defendido o rebatido por las partes, durante el proceso judicial en un Estado de los más garantistas que existen, como es el nuestro, por lo que sabotear la investigación carece de sentido además de ser totalmente ilegal. Esta es la cuestión fundamental que pretende distorsionarse con determinadas cortinas de humo, como en otros casos anteriores, socavando peligrosamente los cimientos democráticos al prostituir o pretender prostituir la esencial separación de poderes del Estado, consustancial en la democracia.

            Y, ante este desmadre antidemocrático, nuestra deplorable clase política, en vez de buscar esclarecer los hechos y depurarlos políticamente si fuese necesario, decide brindarnos un bochornoso espectáculo durante la Sesión parlamentaria de Control del Ejecutivo en el Congreso de los Diputados con broncos y vergonzantes enfrentamientos, insultos y despropósitos inaceptables. Mientras PP, Ciudadanos y Vox, ejerciendo su derecho como oposición, reclaman, con mayor o menor acierto o fundamento (es lo habitual por parte de la oposición del signo que sea ante escándalos de semejante envergadura) que dimita el Ministro de Interior, el Presidente Sánchez, eludiendo los ataques de Casado por el pacto con Bildu y por el cese fulminante del coronel Pérez De los Cobos, prefiere culpar al PP por no apoyarle en la quinta prórroga diciéndole “si usted habla con Vox, actúa como Vox y vota como Vox, es fácil inferir que o es o se parece mucho a Vox”, propiciando que, por reciprocidad, García Egea diga al Vicepresidente Iglesias que “si usted habla con Bildu, negocia con Bildu y pacta con Bildu, es como Bildu o se le parece mucho”, para finalmente llegar Iglesias a acusar al PP (un partido con amplia y contrastada experiencia de gobernar en democracia) de llamar a la insubordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, advirtiendo a García Egea de que “nos estamos jugando la democracia”, cuando no puede decir lo mismo de su propio partido, Podemos, cuyos líderes, con él a la cabeza, acumulan contrastada simpatía por regímenes de dudosa trayectoria democrática. Por su parte Álvarez de Toledo, respondiendo a la mofa de Pablo Iglesias al llamarla “señora marquesa” por su origen aristocrático, le responde “usted es el hijo de un terrorista, a esa aristocracia pertenece, la del crimen político” aludiendo al pasado de su padre como militante del FRAP, que el propio Pablo había desvelado hace años. Esta es la altura de los argumentos esgrimidos en el actual debate político, mientras, en el asunto 8-M, Sánchez vuelve a utilizar a la Abogacía del Estado contra los jueces y la Fiscalía tendrá que significarse ahora tras no haber recurrido el auto, en tanto que la responsable del área penal que rebajó a sedición el 1-O tacha de “causa general” contra el Gobierno la investigación por la marcha feminista.

            Todo ello cuando estrenamos los diez días de luto decretados por el Gobierno en memoria de los fallecidos por el coronavirus en medio de un desbarajuste estadístico tras los seis cambios de metodología habidos por Sanidad lo que, al final, provoca desasosiego en la ciudadanía que ya ni sabe ni entiende el verdadero alcance de mortalidad de la pandemia en España. En efecto, Sanidad vuelve a cambiar los criterios sobre las cifras de la pandemia por lo que Simón “limpia y corrige” los datos y elimina nada menos que 1.918 fallecidos respecto al día anterior, aunque la cifra total de muertes que envía a Europa sí incluye esos casos. Por otro lado los registros civiles suman 43.000 muertos más de lo normal en España (sólo en residencias de ancianos se han contabilizado 19.000 fallecimientos entre el 1 de marzo y el 12 de mayo), cuando oficialmente la pandemia se ha cobrado hasta la fecha 27.118 vidas…..dando la sensación de que el Gobierno es incapaz de dar el número real de fallecidos por coronavirus, mientras en el primer día de luto oficial todas las instituciones, y a la cabeza la Jefatura del Estado, guardan un minuto de silencio, manifestando el Rey que “España llora por tantos miles de compatriotas que hemos perdido en esta pandemia; a todos, junto a sus familias, les debemos nuestro recuerdo, nuestro duelo y nuestro cariño”. Y mientras la pandemia hace caer por primera vez la factura de las pensiones en 9.852 millones, se publica que Sanidad dejó pasar a Fase 1 a CCAA que no cumplían los requisitos de los test y sólo registró digitalmente el informe que filtró al amenazar Madrid con acciones legales, incluyendo Illa en los informes datos y medidas posteriores a su firma, al extremo de que la desescalada en el caso de Madrid se elaboró después de denegar el cambio de fase. Entretanto, mientras se preparan nuevas unidades en los “hospitales poscovid” (el virus deja, en los casos graves, cicatrices pulmonares y eleva el riesgo de trombos) Moncloa prepara un decreto, un Plan B, por si no logra apoyos para prolongar de nuevo la alarma, en tanto que anuncia que la cuarentena a visitantes extranjeros se levantará el uno de julio.

            Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que el juez señala a Iglesias por ocultar la tarjeta y eliminar los datos del móvil de su ex asesora y rechaza la petición de Fiscalía de que la afectada pudiera “perdonar” al hoy vicepresidente, a quien retira su condición de damnificado; que en la vuelta a clase por turnos y con cita previa, sólo lo hacen unos pocos alumnos de Galicia y País Vasco a pesar de que el Gobierno lo permite en la fase 2 para preparar la selectividad o recibir lecciones de refuerzo; que PP y Ciudadanos ponen a Vox al frente de la comisión andaluza para la reconstrucción y la oposición abandona la primera sesión del grupo de trabajo, contra cuya creación votó la ultraderecha; que el Gobierno lleva al Congreso la suspensión de los títulos nobiliarios de Franco en base a la Ley de Memoria Histórica; que Nissan decide el cierre de su fábrica en Barcelona; que la Comunidad de Madrid dota con 359 millones a un plan para reactivar la economía; y que Moncloa engorda el Consejo de Enagás para meter a PSOE y Podemos, por lo que los ex ministros socialistas Montilla y Blanco, así como un experto del partido de Iglesias, serán consejeros……y es que el chollo, adobado de buenos emolumentos, no cesa cuando se cesa de la política activa.

            Y del exterior, destacar que el chavismo inicia el proceso para disolver el partido de Guaidó; que el ideólogo del Brexit lleva a Boris Johnson a su peor crisis, ya que su asesor Dominic Cumming dice que no se arrepiente de haber viajado con su familia fuera de Londres y el primer ministro sale a darle su apoyo, arreciando por ello el vendaval de críticas; que la Conferencia de donantes logra 2.500 millones para la emigración venezolana; y que un gran despliegue policial anticipa la mano dura de Pekín en Hong Kong. Pero la noticia estrella, sin lugar a dudas, es la decisión de Bruselas de salir al paso de la reconstrucción de la economía europea con un fondo histórico europeo de 750.000 millones de euros, un pastizal, apostando Von der Leyen por una vía intermedia entre el norte y el sur; y mientras el Banco de España pide que la UE no financie a los “oportunistas” la Comisión presenta este fondo de recuperación, híbrido de transferencias y préstamos, que divide a los “halcones”, del que España podría recibir hasta 140.000 millones (77.000 a fondo perdido y 63.000 en préstamos), siendo el segundo país beneficiado tras Italia que recibiría 170.000 millones…..sin duda alguna, la mejor de las noticias que se podría esperar, obviamente a la espera de las contrapartidas que están por negociase entre todos los países miembros de la UE.

Jorge Cremades Sena

IGNOMINIOSO ACUERDO

                        No es que nos coja por sorpresa pues Pedro Sánchez nos tiene acostumbrados a rebasar casi todas las barreras con tal de conseguir los objetivos que se propone, sin importarle el respeto a las reglas de juego establecidas (como hizo para auparse a la dirección del PSOE), ni las dosis de incoherencia, cinismo, falsedades, deslealtades o promesas incumplidas que sean necesarias para conseguirlos. Por eso hace de la rectificación permanente y de la amnesia su bandera de actuación, pues rectificar sin dar explicación alguna y olvidarlo todo cínicamente es su habitual forma de proceder, lo que provoca un progresivo descrédito hacia él y su gobierno por parte de la ciudadanía. Inventor cuando era oposición del “no es no” y de “qué parte del no, no entiende”, ahora, desde el Gobierno, culpa y responsabiliza a quien desde la oposición dice “no” a sus decisiones, la mayoría de ellas tomadas sin negociación previa, para justificar cualquier diabólico pacto para sacarlas adelante en el Congreso por más que haya prometido por activa y pasiva que jamás iba a hacerlo. Gracias a ello es posible la existencia de su gobierno de coalición con el populismo comunista de Podemos a pesar de que en campaña electoral asegurara que jamás lo haría ya que, “como el 95% de los españoles”, no podría dormir “tranquilo” con Iglesias en el Gobierno y éste le acusara entonces de “mentir”, afirmando que su principal error fue “confiar” en que Sánchez quería un gobierno de coalición (¡menuda pareja!). Y por ello son posibles las negociaciones y contubernios con el secesionismo, tanto de derechas como de izquierdas, rayando la legalidad constitucional. Pero, no conforme con su trayectoria impresentable, Sánchez la culmina ahora con el ignominioso acuerdo con Bildu, de quien había dicho en televisión “pero si le estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20, con Bildu no vamos a pactar; con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar, si quiere se lo repito otra vez” (Fin de la cita, que diría Rajoy; ya ven, palabra de Sánchez). Ignominioso acuerdo pues, a espaldas incluso de los ministros afectados, suscrito por Sánchez (léase Lastra) y por Iglesias (léase Echenique) con Otegi (léase Aizpurúa) que ha provocado un verdadero terremoto político dentro y fuera del Gobierno, coincidiendo además con un indecente acoso “abertzale” a la vivienda de la socialista Idoia Mendieta arrojándole pintura y octavillas a favor de ETA y, paradójicamente, con la palabra “asesinos”, que se suma a otros ataques contra las casas del pueblo socialistas en estos últimos días, al extremo de que el PSE-EE lo condene diciendo que “se han cruzado todas las líneas rojas”. Pero, como ven, las líneas rojas para Sánchez no existen. Y todo ello a cambio de una innecesaria abstención “abertzale” tras la decisión de Ciudadanos de votar “sí”, para sacar adelante una prórroga del estado de alarma. Un ignominioso acuerdo que ha desatado una verdadera conmoción en el Ejecutivo, a cuyos ministros ocultó Sánchez lo que estaba haciendo, y que ahora, en plena crisis, lamentan: “Sánchez pactó con Bildu porque se obsesionó con la alarma; es inexplicable”, “muchos ministros se enteran de las cosas que les afectan por la prensa, las decisiones se toman en otras instancias”, “a Podemos sólo le preocupa la propaganda, no la gestión; sus ministros no se leen un informe ni saben abrir un Excel”…….. Entretanto, cada vez se extiende más el rumor, nada descabellado, de que el plan de Iglesias consista en romper con Sánchez ante el previsible rescate que se avecina, excusa que usaría Podemos para poner fecha al fin de la coalición y hasta entonces utilizaría Moncloa para relanzarse como alternativa electoral de izquierdas al PSOE. En fin, todo es posible entre estos dos cínicos enemigos íntimos, que, de momento, aunque con alguna pesadilla, pueden dormir tranquilos mientras buena parte de los españoles no lo consiguen.

            Como era de esperar, el ignominioso pacto con Bildu genera una tormenta política importante pues, además de las fisuras en el Gobierno, confunde al PSOE o, al menos, al sector no sanchista y tensiona las relaciones con los agentes sociales y con el resto de partidos de la oposición, tanto de quienes apoyaron la investidura de Sánchez como los que la rechazaron. Calviño, que logró rectificar el acuerdo tal como publicó el Gobierno horas después, estalla y lo califica de “absurdo y contraproducente”, mientras desde el Ejecutivo culpan a Lastra, la portavoz del PSOE, que se negó a rectificar, y fijan como prioridad recuperar la confianza del PNV y de los agentes sociales, justificando el pacto con Bildu por la falta de apoyo de PP y ERC, señalándoles como responsables del desaguisado. Podemos se desmarca de la marcha atrás de Ferraz y reivindica lo firmado, reafirmándose Iglesias en que se derogará “íntegra” la reforma laboral. Los barones socialistas hacen causa con Calviño contra Bildu e Iglesias y expresan malestar por el acercamiento al partido de Otegi mientras Page se ofrece a mediar con otras fuerzas políticas para enmendar el entuerto. El PNV avisa de que se ha encendido “la luz de reserva” en su confianza hacia el Gobierno y Urkullu califica el pacto como “inexplicable”. El PP carga contra Ciudadanos, para que no vuelva a pactar con Sánchez y le acusa de dejarse engañar. Ciudadanos no asume la traición y, aunque también carga contra el pacto, mantiene el diálogo y se abre a seguir negociando, manifestando Edmundo Bal, su portavoz adjunto, que “al centro nos caracteriza que elegimos con la cabeza, no con las tripas”. Otegi exige que se cumpla lo firmado, pues “las notas aclaratorias no alteran los acuerdos”. Los sindicatos, UGT y CCOO, que también desconocían el protagonismo que tenía la reforma laboral en el pacto con Bildu, llaman a la calma para que, a pesar de todo, no se rompa el diálogo social. Y la CEOE da por roto el diálogo social ante la “irresponsabilidad mayúscula” y advierte del daño “incalculable” de tumbar íntegramente la reforma laboral, manifestando Garamendi, su presidente, que “es indignante, el Gobierno trafica con el mercado laboral para fines políticos”, “el pacto firmado con Bildu lleva a quitar la T de ERTE y pasar a ERE”, “yo soy pactista pero se han pasado mil pueblos; así no vuelvo a Moncloa”, “Calviño no me llamó pero no me vale que me digan que era otro”. Son algunas de las reacciones que evidencian el malestar casi unánime por este ignominioso acuerdo con Bildu, mientras el Ibex alerta al Gobierno de la oleada de despidos y Sánchez descarta pedir dimisiones por semejante despropósito, en tanto que ya se rumorea que Calviño, reforzada tras oponerse al mismo, no quiere ser otro Solbes y se irá del avispero “antes de que la echen”, pues el Presidente blinda a Iglesias frente a sus ministros, acatando las exigencias en política económica de su “vicetodo” populista, quien, tras comer con él en plena tormenta política, advierte de que la coalición “está por encima, incluso de Calviño", en tanto que oficialmente Moncloa asegura a la patronal que no derogará la reforma laboral.

            Y todo ello cuando ya toda España está inmersa en la desescalada tras acceder la Comunidad de Madrid, Barcelona y las capitales de Castilla y León a la fase 1 con lo que todos los territorios españoles dejan atrás la fase 0. Ahora Sanidad felicita al titular de Salud de Madrid por los avances, mientras Cataluña, que también pasa de fase, aflora de golpe 635 muertes no contabilizadas, justo el mismo día de conseguir su pase, por lo que Sanidad afirma estar preocupada, al extremo de que Fernando Simón dice que “no es baladí que no podamos saber qué es lo que está pasando”, admitiendo una “incongruencia” de datos, en tanto que la Generalitat culpa a Colau……ya ven, entre todos la mataron y ella sola se murió. Por otro lado el coronavirus aumenta la gerontofobia en España y las organizaciones de mayores denuncian el rechazo y la discriminación que están sufriendo, mientras la violencia en las calles sigue “in crescendo” entre manifestantes contra la gestión del Gobierno, cada vez más extendidas y numerosas, y antifascistas que les salen al paso para enfrentarse incluso violentamente con ellos, teniendo que intervenir los agentes de orden público para evitar la refriega callejera. Entretanto Vox, con permiso de las autoridades judiciales pese al estado de alarma, celebra su protesta en coche por varias capitales españolas contra Sánchez y, pese a la llamada de los antifascistas a boicotearla, consiguen que sea masiva, especialmente en Madrid, donde miles de personas colapsan el Paseo de la Castellana con sus vehículos para expresar su rechazo contra la gestión del Gobierno. Y mientras cientos de miles de trabajadores siguen sin cobrar los ERTEs, quejándose de que “no tenemos nada para comer”, las colas en petición de alimentos se hacen interminables, justo cuando el Gobierno anuncia que España se abrirá al turismo internacional a partir del mes de julio con la llegada de extranjeros, vital para un sector que aporta el 12% de nuestro PIB, en tanto que en las playas se ingenian estrategias (control de aforos, sombrillas a cuatro metros, demarcaciones estancas en la arena…..) para que se pueda disfrutar de ellas con el menor riesgo posible de contagios; además el Ejecutivo anuncia que los colegios permitirán el regreso a las aulas en fase 2 y da luz verde a la Liga de futbol desde el próximo 8 de junio y a la Champions en agosto.

            Por lo que respecta  otros asuntos cabe citar que Celáa propone a los colegios convertir en aulas gimnasios y bibliotecas; que el ministro Garzón amenaza a las aerolíneas y abre un nuevo frente en el sector turístico; que Anticorrupción pide que el líder de Podemos ya no sea considerado víctima en el “caso Villarejo”; que Ignacio Galán, Presidente de Iberdrola, manifiesta que “si aceleramos las energías limpias podemos crear 300.000 empleos ya”; y que los Reyes visitan MercaMadrid (la mayor plataforma de distribución alimenticia de España) a las 5´30 de la madrugada para solidarizarse y agradecer la labor esencial durante el confinamiento de trabajadores y transportistas, quienes al aplaudir a los Reyes reciben como respuesta del Jefe del Estado que “los aplausos son para vosotros”.

            Y del exterior destacar que China impulsa una ley para reprimir las protestas en Hong Kong; que Argentina se declara en suspensión de pagos en plena pandemia y negociará con los acreedores hasta el 2 de junio; que cientos de bebés subrogados atrapados en Ucrania por el cierre de fronteras esperan que sus padres puedan recogerlos; y que los primeros resultados de la vacuna china son seguros y generan anticuerpos, mientras Pekín se centra en crear empleo a propuesta del Primer Ministro, Li Keqiang, en la sesión anual de la Asamblea Nacional Popular.

Jorge Cremades Sena

FUNAMBULISMO POLÍTICO

                        Sin lugar a dudas cada partido político, cada gobernante, es libre de elegir sus aliados, sus programas de gobierno y el modo de ponerlos en práctica, apechugando obviamente con las consecuencias derivadas del acierto o error que ello comporte, pues cuando en las elecciones no se obtiene mayoría absoluta, que consolidaría la apuesta ciudadana por un determinado programa electoral, es la negociación postelectoral la que determina la gobernabilidad del Estado (bien mediante un gobierno de coalición, bien mediante un compromiso de apoyo parlamentario, que garantice la gobernanza) o, en caso contrario, la convocatoria de nuevas elecciones, pues todo lo demás es mero funambulismo político con el único objetivo de mantenerse y mantener en la cuerda floja al gobernante de turno a costa de lo que sea hasta que la falta de apoyo o el mínimo error de cálculo le lleve a estrellarse en el escenario. Es lo que viene practicando este débil y minoritario Gobierno de coalición Sánchez-Iglesias, incapaz de mantener y consolidar los apoyos parlamentarios que, casi de milagro, le auparon al poder, dadas las inviables propuestas, por contradictorias, del variopinto elenco de partidos que, bajo el eslogan propagandístico de “gobierno progresista” de izquierdas (por más que siempre haya necesitado del apoyo de la derecha más tradicional, como es el PNV), se sostiene con el concurso de socialdemócratas, socialistas, comunistas, populistas, nacionalistas de izquierda o derecha, independentistas, radicales, “antisistema” e incluso “abertzales”…… demasiados ingredientes ideológicos, muchos de ellos incompatibles entre sí, para sacar a dicho Gobierno del funambulismo político que practica, al extremo de que este gobierno “progresista de izquierdas” ha tenido que garantizar las dos últimas prórrogas del estado de alarma gracias a la derecha (PNV y Ciudadanos), tras el rechazo de sus valedores del “espíritu de la investidura” que la secesionista ERC da por terminado, poniendo en riesgo, al menos de momento, el desarrollo normal de la Legislatura. No obstante, un funámbulo, si quiere sobrevivir, ha de mantener su equilibrio como sea para no caerse, y Sánchez, sin reparo alguno no tiene inconveniente en ir utilizando en cada momento a quien se preste a su juego de supervivencia aunque defraude a quienes le apoyaron antes, pues ya habrá posteriormente cualquier otro que se preste a participar en su juego. Si para ello hay que ser incoherente, se es; si hay que traicionar a alguien, se traiciona; y si hay que rectificar constantemente, se rectifica. Lo irrenunciable es mantener el equilibrio como sea y a costa de lo que sea. Por eso ya ni sorprende que Sánchez, tras arrancar el apoyo de Arrimadas para una nueva prórroga de 15 días, renunciando a los treinta días que él pretendía, siguiera negociando hasta última hora con ERC, que creía incompatible el acuerdo con Cs y le pedía que eligiera, mientras incluso negociaba con Bildu a pesar de sostener que jamás pactaría con los “abertzales”. Lo sorprendente es que, tras amarrar su pírrica victoria de prorrogar el estado de alarma hasta el 15 de junio con los votos de PNV y Ciudadanos, se filtrara horas después un documento firmado por la socialista Lastra, el comunista Echenique y la “abertzale” Aizpurúa, según el cual se llegaba a un pacto para “derogar íntegra la reforma laboral del PP”…… y lo insólito es que, horas después, el PSOE, a pesar de la firma de Lastra, sale al paso y “anula” “unilateralmente” este acuerdo con Bildu, que, aunque sus votos ya no eran decisivos tras el acuerdo con Ciudadanos, se había abstenido en la votación del Congreso, especulándose con que el funambulista Sánchez lo que pretende es preparar el terreno para una hipotética nueva petición de prórroga del estado de alarma, cuando ya, incluso Compromís, cogobernante en la Comunidad Valenciana con el PSPV-PSOE, le vota en contra en el Congreso, evidenciando la soledad del Gobierno de Sánchez. Y por su parte el Vicepresidente Iglesias, tras conocer la rectificación del PSOE, se agarra al texto firmado con EHBildu, manifestando que “la reforma laboral se va a derogar íntegramente” pues “el acuerdo es derogar la reforma laboral, literal”, mientras, ya ven, el funámbulo Sánchez hace equilibrismo político en una cuerda cada vez más floja.

            Un funambulismo político que va dejando pelos en la gatera por todas partes. Ciudadanos, que exigía a Sánchez elegir entre su apoyo y el de ERC, se queda con el culo al aire tras conocer el engaño del Presidente que seguía intentando pactar con ambos a la vez hasta incluso después de garantizarse el “sí” de Arrimadas, cuando, junto a PNV, ambos partidos aumentaban sus exigencias sobre la alarma ante la debilidad de Sánchez, arrancándole una nueva prórroga de estado de alarma descafeinado de sólo quince días. Y, en esta coyuntura, el fichaje estrella de Ciudadanos, Marcos de Quinto, que había hecho público su rechazo al pacto y la inconveniencia de prorrogar dicha alarma, anuncia que abandona el partido (uno más que lo hace) “por coherencia” y deja su escaño, aunque acataba la “disciplina” de partido antes de marcharse y votaba “sí” al pacto en el Congreso, mientras los independentistas exigían que Moncloa pusiera fecha a la mesa de negociación de Cataluña. Entretanto, el Vicepresidente Iglesias hacía gala de su cinismo congénito y de su incoherencia manifiesta con la doble vara de medir, en este caso, sobre las manifestaciones contra el Gobierno y los escraches, entre otros, a él mismo en su chalet de lujo donde vive, y, al respecto, denuncia las caceroladas ante su vivienda y la de Ábalos, cuando él mismo las alentó, las justificó y las protagonizó, contra líderes del PP y de Ciudadanos, antes de pasarse definitivamente a la “casta”, calificando entonces de “jarabe democrático” (abril de 2013) al escrache contra Soraya Sáenz de Santamaría ante su vivienda, mientras ahora blinda su chaletazo con patrullas de la Guardia Civil, que muchos consideran un “abuso” por lo exagerado del dispositivo que Interior envía al chalet para evitar los escraches, siempre y en todos los casos inadmisibles y no sólo aquellos que se hacen a tus contrincantes políticos. El Vicepresidente Iglesias da incluso un paso más y agita el frentismo, mientras Interior intenta silenciar las  protestas contra el Gobierno y blinda Ferraz, sede del PSOE, llamando a la movilización contra el PP ante las manifestaciones contra Sánchez, generando cierto malestar entre los “barones” del PSOE porque Podemos “siga la estela de Vox” (los extremos se tocan), y diciendo que “mañana será gente de izquierdas manifestándose enfrente del apartamento de Ayuso o de la casa de Abascal”……..¡como si no fuera ayer, con él a la cabeza, quienes ya lo hicieron!. En fin, es la coherencia y objetividad “sui géneris” de nuestro actual Vicepresidente del Gobierno.

            Y en este contexto preocupante, cuando la pandemia ya nos deja 232.555 contagiados, 27.888 fallecidos y 124.616 hospitalizados, prosigue la desescalada, mientras, según NCReport, la mayoría cree que prolongar el estado de alarma es una merma de sus libertades. Y, obviamente, prosiguen las incoherencias como en el caso de las mascarillas, cuyo uso será obligatorio desde hoy en espacios públicos si no se puede guardar la distancia, cuando, hasta hace bien poco, no eran eficaces ni necesarias, según el propio Illa. ¿Es que antes no había suficientes y ahora ya sí? Es la pregunta que muchos se hacen ante este cambio de criterio. Y mientras Fiscalía dice que el estado de alarma no basta para prohibir manifestaciones, Ayuso lleva al Tribunal Supremo la decisión de Sanidad de no dejar pasar a la Fase 1 a la Comunidad de Madrid. Se publica además que Illa pagó un millón de euros por mil respiradores inservibles, unas compras bajo sospecha; que Interior ordenó a la Policía investigar el origen de las caceroladas; y que Simón ignoró alertas de Alemania y Francia en una cumbre europea, pues, sin éxito alguno, varios de sus colegas advirtieron el 18 de febrero de la falta de material y la gravedad del contagio.

            Por lo que respecta a la pandemia económica el Banco de España pide a los partidos un pacto de Estado de ajuste fiscal para varias legislaturas, reclamando su gobernador Hernández de Cos una estrategia para que la deuda no sea una carga excesiva, advirtiendo de que la crisis durará más de lo previsto y de que obligará a recortes y subidas de impuestos, y alertando de una recesión profunda. Y es que la deuda pública de España se eleva al máximo en más de un siglo, pues las Administraciones públicas deben ya 1´2 billones, mientras la UE avisa de que las ayudas tendrán condiciones y no llegarán hasta 2021. Entretanto los registradores certifican una caída del 72% en la creación de empresas, mientras el retraso en el pago de los ERTEs pone contra las cuerdas a miles de familias (unos 900.000 afectados siguen sin cobrar), siendo curioso que España, uno de los países turísticos por excelencia, sea el país de la UE que más trabas pone a la llegada de turistas, en medio de una avalancha de ocurrencias para que se pueda volver a las playas españolas con las mayores condiciones posibles de evitar los contagios. No en vano la UE exige al Gobierno que actúe ya contra la crisis económico-social, mientras las colas del hambre van creciendo a pasos agigantados; la UE avisa a España de que debe reducir el déficit y mejorar el sector sanitario, instando al Gobierno a “tomar las medidas necesarias para apoyar la recuperación”, alertando de que “aumentarán los elevados niveles de pobreza” y pidiendo rapidez y eficacia para evitar quiebras de empresas……y todo ello en una Legislatura sin mayorías ni programas, por lo que los partidos creen que los “recortes” por la crisis acabarán con la coalición, mientras demoscópicamente todo apunta a que unas nuevas elecciones no harían variar demasiado el preocupante escenario político, pues, los ciudadanos españoles, enrocados en nuestras propias orejeras políticas, estamos poco dispuestos a cambiar sustancialmente la situación, en una dirección u otra, pero con mayorías más estables que garanticen una mayor gobernabilidad.

            Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que el Gobierno da un vuelco en la política de becas con menos requisitos académicos (basta pasar con 5 de nota en vez del actual 6´5) y más de renta (la primará frente a los méritos para conceder la beca); que País Vasco y Galicia irán a elecciones autonómicas el 12 de julio, ante el temor a un rebrote, previendo Urkullu y Feijóo, medidas sanitarias especiales para el evento; que la renta mínima vital llegará a un tercio de lo prometido a finales de mayo, pues muchas familias se quedarán fuera de una prestación que suplantará a la autonómica; que hay una caída histórica de las emisiones de CO2 por el confinamiento, mientras el Gobierno tramita la Ley Climática para acabar con los combustibles fósiles en 2050; que Baleares paga 8´2 millones por mascarillas a empresarios con sociedades “offshore”; y que Tezanos adjudica a dedo por 90.000 euros los CIS de la Covid (lo hace sin concurso a la empresa Intercampo, una entidad que trabaja para la “Fundación Sistema”, presidida por él mismo y afín al PSOE) , mientras presenta un segundo sondeo que da al PSOE como ganador por goleada en caso de elecciones, sacando más de diez puntos al PP.

            Y del exterior destacar que la vacuna más avanzada contra la Covid19 da resultados positivos y la empresa estadounidense Moderna prevé iniciar ensayos masivos en julio, tras los resultados esperanzadores probados en 45 voluntarios; que el presidente francés critica la cuarentena forzosa de Sánchez al turismo pues “no es eficaz ni realista”; que Trump choca con China también en la OMS, en cuya Asamblea la amenaza con dejarla sin financiación; que Vassilis Kikilias, ministro de Salud de Grecia, manifiesta “tomamos las medidas a tiempo y protegimos a los ciudadanos”; que Palestina da por rotos sus acuerdos con Israel por el plan de anexión, anunciando Abbas el fin de la cooperación en seguridad; que Brasil lidera con 1.200 muertos el rápido avance de la  pandemia en Latinoamérica, registrando en un solo día 1.179 defunciones, la cifra más alta hasta la fecha; y que se desata un escándalo en Bolivia por una compra irregular de respiradores en España, por lo que interrogan al ministro de Salud por pagar cuatro veces más por un equipamiento que además no es el adecuado.

            Entretanto Bruselas, que ya no exige recortes y llama a elevar la inversión para superar la crisis, sostiene en boca de Paolo Gentiloni, el Comisario de Economía, que “hace diez años tuvimos la gran recesión y ahora hay que evitar la fragmentación” y, tras preguntarse sobre la “¿austeridad?”, manifiesta que “no deberíamos usar la lógica y la terminología de crisis previas” pues “en nuestra propuesta de recuperación habrá dinero real y herramientas fiscales”. Por su parte Merkel y Macron impulsan un plan Marshall de medio billón, basado en subsidios y no en créditos, proponiendo para reconstruir Europa un fondo “ambicioso, temporal y focalizado” para los “países y sectores más afectados”. Y, mientras se publica que Europa subestimó las primeras alertas de la irrupción del coronavirus (los responsables sanitarios de la UE, reunidos el 18 de febrero, consideraron “bajo” el riesgo para la población), Christine Lagarde, presidenta del BCE, sostiene que “un crecimiento sólido es la solución para los países más endeudados”, que “hay que revisar y modernizar el Pacto de Estabilidad antes de pensar en restablecerlo” y que “no puede haber más solidaridad sin mayor coordinación de decisiones presupuestarias”.

Jorge Cremades Sena

UN VERDADERO DESFASE

                        La asimétrica desescalada por fases se está convirtiendo en un verdadero desfase político y sanitario a causa de la indefinición y falta de concreción del proceso que habrá de llevarnos a esa especie de “nueva normalidad” que nadie sabe en qué consistirá. En efecto, por si no hubiera bastante confusión con las cuatro fases (de la 0 a la 3) inicialmente acordadas por el Gobierno, ahora Sánchez, a petición de Cataluña añade la fase 0´5, una especie de fase 0 con premio, para beneficiar a aquellos territorios (Barcelona, Comunidad de Madrid y parte de Castilla y León) que a su juicio (en el caso de Madrid) o a petición de las propias CCAA (en el caso de Cataluña) no están preparados para desescalar, mientras al resto de territorios les da el visto bueno para pasar de fase. Si a ello se añade que, caprichosamente, en unos casos la circunscripción desescaladora es el distrito sanitario y en otros la provincia, pudiendo cambiar de criterio a lo largo del proceso (como en la Comunidad Valenciana que se le aplicó el distrito sanitario para pasar a la fase 1 y desde ahora se le aplicará la provincia), el desfase está más que garantizado, al extremo de que casi nadie es capaz de saber en qué fase vive y, menos aún, en la que vive el pueblo de al lado. Y si se añade además el inexplicable oscurantismo con el que el Ejecutivo está llevando la desescalada, sin publicar el nombre del misterioso grupo de sabios, que en realidad toman las decisiones, ni presentar en tiempo y forma los informes que avalan la decisión de forma objetiva e indiscriminada, el desfase se convierte en un desmadre preocupante, con desencuentros abismales como el existente entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de Sánchez, adobados con declaraciones indecentes como las de Simancas que llega a decir que “España tiene tantos muertos por Covid porque en España está Madrid”, mientras Ayuso, la presidenta madrileña, alienta las protestas callejeras contra Sánchez, iniciadas en el Barrio de Salamanca y cada vez más extendidas y continuadas (incluida ahora hasta la calle Ferraz, sede del PSOE y otros lugares fuera de la Comunidad madrileña) y advierte al Ejecutivo de que “esperen a que la gente salga a la calle; lo de Núñez de Balboa les va a parecer una broma”. Protestas y caceroladas contra la prórroga del estado de alarma y contra la gestión del Gobierno, que, desafiando dicho estado de alarma, se dan entre un fuerte blindaje policial, ordenado por Interior, mientras Echenique exige que las autoridades actúen contra las protestas de los “cayetanos” de la “clase alta” porque ponen “en peligro” a la población por “saltarse las normas” del confinamiento y acusa al popular Martínez-Almeida de ser “el alcalde de los ricos”, suponiendo que si la manifestación hubiera sido “en un barrio obrero ahora toda esa gente estaría identificada y multada”; y finalmente pone la guinda el secesionista Rufian manifestando que las protestas son “alegales, por no decir ilegales”, añadiendo que “son pijos que no pueden jugar al golf” y que “si llegan a llevar esteladas les muelen a palos”. En fin, despropósito tras despropósito, con la intención de sacar ventaja política o contentar a sus clientelas, que suenan a un cinismo absoluto, viniendo de Echenique o Rufian, salvo que olvidemos las múltiples manifestaciones ilegalmente convocadas por los podemitas o por los secesionistas en muchos casos violentas, alentadas por ellos mismos y con graves enfrentamientos con las fuerzas de orden público, en medio de incendios de contenedores y otros bienes públicos, cuando ahora su cinismo y subjetividad se afianza con el silencio más sospechoso ante el permiso para concentrarse por un etarra, permitida por el Gobierno, actitud que, en todo caso, choca con el despliegue policial que diariamente se envía al Barrio de Salamanca. Ya ven, desfase tras desfase en esta desescalada cuando, si el objetivo fuera la defensa del interés ciudadano general, todo debiera hacerse de distinta forma, mucho más clara, objetiva y transparente.

            Y mientras el PP cierra filas frente al acoso a la Presidenta de Madrid, sosteniendo Génova que los ataques del PSOE y Podemos la refuerzan pese a sus errores, que no cree “determinantes”, Arrimadas garantiza a Casado el apoyo total de Ciudadanos al gobierno de coalición de la Comunidad, cuando Ayuso apunta al partido de Arrimadas por la filtración del contrato falso de su apartahotel, en plena crisis Ayuso-Aguado que el Vicepresidente naranja desmiente públicamente por activa y pasiva. Y en medio de este berenjenal, el Gobierno de Sánchez decide que la Comunidad de Madrid permanezca en su conjunto en la fase 0, quedando como única autonomía con todo el territorio completo sin pasar a la fase 1, aunque eso sí, favorecida por esa medida del 0´5, recién inventada por la imposición de Cataluña de una desescalada a la carta, pues el colmo hubiese sido que ni siquiera Madrid hubiese obtenido ese pequeño premio y Barcelona sí. Obviamente Ayuso denuncia el veto de Sanidad a que Madrid pase a fase 1, cuando Castilla-La Mancha y Aragón superan a la capital en letalidad, asegurando que el ministerio “no parece estar dispuesto a que Madrid pase de fase, pero no ofrece razones técnicas” pese a que “Madrid cumple todos los criterios” y amenazando con que “si Sánchez no envía el informe estudiaremos medidas legales”. La realidad es que el 70% de la población española entra en fase 1 y sólo quedan rezagados en esa entelequia de nueva fase 0´5 Madrid (contra su voluntad), el área metropolitana de Barcelona (a petición propia) y buena parte de Castilla y León….el resto de España pasa a fase 1 y las pequeñas islas que ya lo estaban pasan a fase 2. Al final, Sánchez, que sigue sin enviar los informes a Ayuso, hace públicas algunas de las razones del veto a Madrid como que “un rebrote afectaría a toda España”, mientras Ayuso se siente víctima de un “ataque político” y mantiene que no le han dado “ninguna razón técnica que justifique el rechazo”. ¿Quién lleva razón en esta controversia? Alguien obviamente está mintiendo o no dice la verdad y los ciudadanos tenemos derecho a saberlo…. ¡Con lo fácil que sería emprender este proceso de desescalada con luz y taquígrafos y en absoluta transparencia! En fin, sin más comentarios.

            Entretanto Sánchez anuncia que va a solicitar una nueva prórroga “sui géneris” del estado de alarma, que nada tiene que ver con las anteriores, pues será por un periodo de “alrededor de un mes” y, salvo las cuestiones de movilidad, la desescalada quedará bajo la responsabilidad de las CCAA, mientras destacados juristas ya alertan de una “suspensión de derechos” y ponen en duda que sea constitucional. Lo cierto es que, al no contar con el respaldo mayoritario en el Congreso, Sánchez negocia dicha nueva prórroga de alarma confiando en volver a convencer a PNV y Ciudadanos y a recuperar a ERC para la abstención, por lo que devolvería las competencias de Interior, como piden ERC y PNV para darles sus votos, y prácticamente, salvo las cuestiones de movilidad, serían las CCAA quienes en esa nueva cogobernanza llevarían la voz cantante en la desescalada con poder de decisión. Torra ya le exige hacer manifestaciones en plena alarma, en tanto que Calvo y tres ministros negocian con ERC y Cs extenderla hasta el verano, aunque Marcos de Quinto, diputado naranja, sostiene que “es innecesario prorrogar la alarma e inverosímil que Cs apoye los Presupuestos”, que “un refresco en el liderazgo del PSOE facilitaría la unidad por la que la ciudadanía clama” y remata con que “no veo otra salida que un pacto serio de liberales, populares y socialdemócratas”. Todo ello cuando se publica que el Gobierno ha dictado 209 normas durante el estado de alarma (los expertos respaldan el marco legal para la pandemia, pero alertan de inseguridad jurídica por los cambios y la calidad técnica de algunos textos); que las CCAA se aprovisionan para afrontar futuros rebrotes (Sanidad exige disponer de productos como test, batas y guantes para cinco semanas); que las muertes diarias bajan a 87, el mínimo en dos meses, siendo ya 231.350 los infectados, 27.650 los fallecidos y 149.576 las altas médicas; que las CCAA abren la batalla por el prometido fondo de 16.000 millones por parte de Sánchez; que grandes fabricantes chinos engañaron a Sanidad y a las CCAA con burdas falsificaciones; que Sanidad vuelve a rectificar e impone ahora el uso de mascarillas en lugares públicos cuando las desaconsejó en marzo; que Lesmes afea al Presidente del TSJ de Castilla y León su crítica al estado de alarma y le pide por carta “responsabilidad y prudencia”; y que Sánchez ya dobla el record de cargos a dedo del Gobierno, pues PSOE y Podemos imponen 26 excepciones, casi la cuarta parte del total, a la obligación de escoger entre funcionarios (Zapatero había llegado a 11 en 2004 y Rajoy a 12 en 2018). Por otro lado, al final, los niños de cero a seis años se quedarán sin escuela hasta septiembre, pues las CCAA, salvo Euskadi, ven inviable reabrir aulas con seguridad, mientras la ministra Celáa permite a cada autonomía que “haga lo que quiera” con la vuelta al cole, en tanto que algo parecido sucede con pasar de curso, pues la inacción de la Ministra, permitirá dos sistemas ya que siete CCAA dan facilidades no imponiendo el límite de los tres suspensos para pasar de curso y siete mantienen la exigencia.

            Y en lo referente a la pandemia económica, como era de esperar, Francia responde “por reciprocidad” imponiendo a los viajeros de España a Francia una cuarentena, tras la idéntica medida tomada previamente por el Gobierno español con los ciudadanos europeos, incluidos los franceses; una medida de Macron “por reciprocidad”, que no se aplica a otros países de la UE, y que durará mientras siga vigente la obligación de la cuarentena a los franceses que vengan a España. Y, en definitiva, una medida, la española, que Illa ratifica y ya ha costado 3.000 millones en Bolsa a las empresas turísticas, que están que trinan, y piden la dimisión del ministro Garzón por poner la guinda diciendo que el sector turístico tiene poco valor añadido. Por su parte, cuando el Gobierno prepara un “sablazo” fiscal de 20.000 millones, Antonio Catalán, presidente de AC Hotels by Marriott, dice: “con casi 30.000 muertos no entiendo que Sánchez y Casado no se sienten”, “no es hora de subir impuestos, hay que sacar el país adelante” y “si los ERTE acaban en junio habrá ocho millones de parados”. No obstante, mientras el comercio clama contra la absurda prohibición de las rebajas (la excusa es evitar aglomeraciones, cuando éstas se pueden evitar con rebajas y sin ellas impidiendo la entrada masiva como se hace en la actualidad) y cuando, según la UE, España tendrá que financiar el 20% de su PIB hasta 2030, Pablo Iglesias vuelve a tensionar el Gobierno con su ofensiva fiscal, diciendo que hay “consenso social” para imponer los impuestos a rentas altas, que Hacienda rechaza, y pactando directamente con Sánchez acaparar todo el protagonismo en la defensa de la iniciativa.

            Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar el fallecimiento a los 89 años de edad de Juan Genovés, el pintor de “El abrazo” en que plasmó el espíritu de La Transición (hoy imposible de repetir), y la muerte a los 78 años de edad de Julio Anguita, el líder histórico de Izquierda Unida famoso por su “programa, programa y programa” que llevó al comunismo a la mayor cota de poder parlamentario de toda nuestra democracia.

            Entretanto, cuando, según GAD3, la mayoría de españoles cree que el Gobierno actúa con criterios políticos y que prevalecen los intereses partidistas sobre los científicos en la desescalada, el barómetro de NCReport concluye que por intención de voto el PSOE volvería a ganar las elecciones con el 26% de votos y entre 108-110 escaños, seguido de PP con el 24´9% y entre 107-109, de Vox con el 14´6% y 49-51, de UPodemos con el 12´5% y 31-33, de Ciudadanos con el 5´2% y 6-8, de ERC con el 3´6% y 13-14, de JxCat con el 2´6% y 8-9, de PNV con el 1´7% y 6-7, de EHBildu con el 1´2% y 5, y de Otros con el 7´7% y 12 escaños; según dicha encuesta los populares se disparan en las últimas dos semanas y empatan en escaños con el PSOE, que acusa más que Podemos el desgaste de la gestión de la pandemia……pero, en fin, sólo se trata de encuestas.

            Y del exterior, destacar que Maduro asedia la embajada de Francia en Venezuela; que Japón da por hecho el cierre de la planta de Nissan en Barcelona; que, según un estudio realizado en Nueva York, el 99% de los infectados por coronavirus genera anticuerpos por lo que casi todos los contagiados pueden ser inmunes; que Netanyahu defiende la anexión parcial de Cisjordania y se alternará en el poder con su gran rival en el gobierno de unidad de Israel; que, según Philip Lane, economista jefe del BCE, “la economía depende de la adaptación a vivir con el virus”; y que Europa sale al rescate del turismo, sector que aporta de media el 10% del PIB de los países miembros, mientras el bloqueo Reino Unido-UE en la negociación del Brexit ahonda la crisis europea, ya que la tercera ronda negociadora se cierra sin avance alguno creciendo la posibilidad de un divorcio salvaje cuando expire el periodo transitorio a finales de este año.

Jorge Cremades Sena

ALARMADOS POR EL ESTADO DE ALARMA

                        Después de dos meses de vigencia del estado de alarma y tras la anunciada intención del Presidente del Gobierno de solicitar una nueva prórroga más, en este caso de un mes (hasta finales de junio, justo cuando las Cortes Españolas inician sus vacaciones), cabe estar alarmados por la deriva que está tomando el citado estado de alarma cada vez con menos apoyos parlamentarios y más en precario. En efecto, cuando Sánchez solicitó en marzo el estado de alarma por quince días le fue otorgado a cambio de nada y casi por unanimidad en el Congreso de los Diputados como la mejor fórmula de afrontar la pandemia y, desde entonces, en vez de mantener los apoyos ha ido perdiéndolos, tanto los de quienes apoyaron su pírrica y frágil investidura como los de la oposición, al extremo de que la última prórroga, la cuarta, salió airosa de milagro gracias al respaldo de Ciudadanos y PNV a cambio de una serie de concesiones. En algo importante estará fallando la gestión del Gobierno cuando provoca esta desbandada de tirios y troyanos, absurda en caso de estar acertado, al extremo de que ahora, cuando intenta otra prórroga más la pide para un estado de alarma descafeinado (casi limitado a la movilidad y a que sean las CCAA quienes tengan el poder) y para un mes, cuando él mismo decidió someterse al control parlamentario cada quince días, lo que, visto lo visto, hace sospechar que lo que pretende es eludir dicho control quincenal, que tan malos resultados le ha venido dando, y llegar a finales de junio para garantizarse así el estado de alarma, aunque sea descafeinado, durante los meses de verano al estar las Cortes Generales cerradas y bajo el control de la Diputación Permanente, lo que nos conduciría a que el último tramo y definitivo de la desescalada se desarrollaría en circunstancias de doble excepcionalidad, poco saludable cuando la delicada situación requiere de un amplio consenso político que el Gobierno está obligado a buscar en vez de intentar resistir como sea desde su debilidad parlamentaria y desde la inestabilidad de la coalición gubernamental, plagada de improvisaciones y descoordinaciones entre sus miembros. Por su parte Casado, que se abstuvo en la cuarta prórroga tras apoyar las anteriores y fue criticado por no presentar un plan alternativo, considera que el estado de alarma ya no tiene sentido, confirmando, tal como había avisado, que el PP votará “no” a esa hipotética prórroga de un estado de alarma descafeinado, y presenta su “plan B” contra los abusos del estado de alarma, proponiendo pactar una alternativa sanitaria, económica y jurídica que proteja a los españoles sin imponerles por más tiempo la pérdida de sus derechos y libertades; un “plan B” a negociar para salir de la alarma con una batería de medidas para frenar la pandemia y evitar el rescate de la economía, con propuestas como duplicar la liquidez, exonerar de impuestos a empresas o hacer un gran pacto por la sanidad. Entretanto Arrimadas, probable tabla de salvación para que Sánchez pueda llevar su objetivo de alarma descafeinada a buen puerto, le advierte de que no dé por hecho su apoyo y de que reclamará nuevas condiciones para negociar la prórroga y un plan de salida, mientras Sánchez le concede un estatus de privilegio sobre Casado llamándola directamente para negociar mientras al Jefe de la oposición le llama la Vicepresidenta Carmen Calvo. Todo ello cuando la pandemia nos deja ya 228.691 infectados, 27.104 fallecidos, 138.980 altas y el trágico récord de sanitarios contagiados, sin que sea posible conocer los nombres de ese supuesto comité de sabios que durante el estado de alarma decide sobre nosotros y nuestras vidas, mientras se plantea la primera denuncia colectiva por el coronavirus contra el Gobierno, pues las familias de más de 3.000 víctimas de toda España se querellarán en el Supremo por homicidio imprudente.

            Entretanto el Gobierno publica los primeros datos del estudio de seroprevalencia que revela que sólo el 5% de la población española ha tenido contacto con el virus, por lo que supone que sólo ese porcentaje de españoles tiene anticuerpos contra el mismo y el 95% restante es susceptible de ser contagiado, confirmando además una asimetría territorial que va desde más del 10% en Madrid y Castilla La Mancha a menos del 2% de Asturias, Canarias y Murcia, siendo en todo caso Soria la más inmunizada con el 14´2% de su  población. Todo ello envuelto entre quejas de las CCAA descartadas para pasar a la Fase 1, que de nuevo solicitan el pase a dicha fase, con la sospecha de que se ha dado trato de favor a Urkullu (¿por qué será?) al comparar el desfase entre Vizcaya y Granada en favor de ésta cuando es la relegada……y es que ni los criterios de desescalada son objetivos y contrastables. En todo caso, Madrid insiste en desescalar ya, al igual que Andalucía, Valencia y Castilla La Mancha, mientras que Cataluña solicita que Barcelona y su cinturón (la zona más poblada) siga confinada y sólo pase Lleida, Girona y Cataluña Central, mientras Castilla y León también prefiere esperar el paso de fase para aquellas zonas más pobladas y lo solicita ahora sólo para varias decenas de zonas básicas de salud y no para todo el territorio castellano-leonés. Cabe citar además que Illa le dice al TS que empezó a hacer acopio de material doce días antes del estado de alarma; que, tras salir a la calle desde el día 26, hay un 30% más de casos de niños contagiados, pasando de 634 a 829 en este periodo; que Sanidad plantea ahora que la mascarilla sea obligatoria en todos los espacios públicos e Illa consulta a las CCAA sobre ampliar la recomendación sobre su uso; que los datos de los juzgados doblan el número de muertos en las dos Castillas; que Sanidad “borró” de los informes en marzo a los 14 expertos de Simón; y que el PP exige desclasificar los informes ocultos sobre el coronavirus. Todo esto cuando en plena desescalada hemos de soportar imágenes preocupantes como manifestaciones, fiestas, botellones y otras imprudencias que, en cualquier momento, pueden provocar un rebrote de imprevisibles consecuencias.

            En cuanto se refiere a la otra pandemia, la económica, el Gobierno materializa la firma con los agentes sociales para ampliar a fin de junio los ERTEs, que quedan desvinculados del estado d alarma, apostando por asegurarse la paz social, mientras acosan a los trabajadores del SEPE por el impago de buena parte de dichos ERTEs, al extremo de creer que no es seguro abrir las oficinas hasta que todos los afectados hayan cobrado; no obstante Sánchez flexibiliza el despido de los afectados, aceptando el Gobierno y los sindicatos que el blindaje de seis meses se pueda revisar. Entretanto Podemos, abre otra grieta con Montero a causa del impuesto a los “ricos” de Iglesias pretendiendo gravar con un mínimo de un 2% a los que tengan más de un millón de patrimonio, mientras se anuncia que declarar que no se tienen ingresos bastará para cobrar la renta mínima, valiendo incluir en la solicitud una “declaración responsable” de que se cumplen los requisitos, aunque el fraude será castigado con duras sanciones y Escrivá ligue el cobro de dicha renta a participar en un plan de empleo……buenos propósitos, sin lugar a dudas, pero que habrá que concretar y vigilar con minuciosidad dada la típica picaresca española y sus altos índices de fraude fiscal, laboral y asistencial, que es lo que habría que perseguir con rotundidad para no frustrar las expectativas de la inmensa mayoría de empresarios y trabajadores que viven al margen de prácticas fraudulentas mientras otros disfrutan con ello y compiten en desigualdad de condiciones.

            Y mientras muchos se preguntan cómo habrán de afrontarse todas estas necesidades sociales sobrevenidas de la pandemia económica, el turismo, uno de los motores de la economía española, pone el grito en el cielo ante la decisión del Gobierno de imponer una cuarentena a todos aquellos turistas extranjeros que lleguen a España lo que en realidad impide el turismo pues ¿quién va a decidir venir de turismo para confinarse catorce días en un hotel? Ante ello, los empresarios critican la pasividad del Gobierno y, frente a tales ocurrencias absurdas, le exigen que impulse en Bruselas acuerdos como los de Francia y Reino Unido para establecer corredores sanitarios que permitan recuperar el turismo internacional mediante una oferta de sol y playas “libres” de coronavirus, cuando Bruselas está proponiendo reabrir las fronteras en tres fases, al extremo de que el mismísimo Gentiloni, Comisario Europeo de Economía, manifiesta que “tendremos temporada turística este verano” y la UE desaconseja las cuarentenas en verano siempre que no haya un repunte del contagio del coronavirus, que es lo que realmente hay que combatir, pero no a costa de la ruina económica definitiva que nos conduciría a morirnos de hambre aunque sanos de virus. La alternativa no puede ser salud o economía, sino un equilibrio entre ambas a base de garantizar la salud con un derroche de medios y una gestión eficaz que permita que la economía pueda seguir garantizando el estado del bienestar. Por ello la ocurrencia de imponer una cuarentena a los visitantes no es la opción…..la opción es garantizar en origen la salud de los mismos y en destino los recursos necesarios para minimizar al máximo el contagio y, en todo caso, una atención sanitaria solvente que minimice al máximo los efectos perversos de aquellos que, a pesar de todo, pudieran contagiarse. Así parecen entenderlo en la UE, rechazando las cuarentenas a los viajeros, y presentando un plan para reactivar el turismo lo más seguro posible, mientras Francia anuncia un “plan Marshall” para su turismo y Alemania ya relaja fronteras. Por su parte las aerolíneas rechazan bajar la ocupación de los vuelos (un trayecto a Canarias repleto desata la polémica, pues Transportes había limitado plazas en trayectos interpeninsulares pero no con la Península), mientras Bruselas les advierte que deben pagar a los clientes los billetes cancelados y mientras los aeropuertos quieren impedir la entrada de acompañantes a las terminales, en tanto que Aena prevé reducir los asientos en el área de espera para el embarque.

            Entretanto el PP endurece su pulso a Sánchez pues la ruptura con el Presidente es total y Casado no sólo anuncia que votará contra otra prórroga de la alarma, sino que, además, se opone en el Congreso al decreto ley para evitar el colapso de la justicia, que sale adelante con quienes apoyaron la investidura ya que Ciudadanos vota en contra igual que hace PP y Vox. Y es que el PSOE se fija como objetivo reforzar los acuerdos de investidura y en su primera reunión de Ejecutiva en dos meses así lo decide a pesar del acuerdo reciente con Ciudadanos para prolongar la alarma y del voto negativo al respecto por parte de ERC. Por su parte el PSC ofrecía a la CUP la alcaldía de Badalona para que no gobernara el PP, siendo la lista más votada, proponiéndole a los soberanistas repartirse el mandato entre los dos con el apoyo de ERC, JxCat y En Comú Podem, pero, sorprendentemente, el popular Albiol recupera la alcaldía de rebote, como lista más votada, al fracasar este pretendido pacto de izquierda PSC-CUP por negarse la candidata soberanista, Dolors Sabater, a compartir la Alcaldía con los socialistas…… en fin, sin más comentarios, las querencias del PSC con el soberanismo gozan de buena salud por más que el soberanismo vaya a su bola.

            Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que Podemos impulsa desde el Gobierno una web con la que dinamitar a sus críticos; que Feijóo quiere ir a las urnas en julio y no en septiembre para sortear una posible segunda oleada de contagios de coronavirus pues, según él, es “el momento menos inseguro para votar”; que se desencadena una polémica por el uso de Díaz Ayuso de dos apartamentos de lujo, justo cuando el PP trata de recuperar la iniciativa política; y que la UE ordena investigar al Gobierno vasco por el accidente de Zaldibar.

            Y del exterior, destacar que un ataque por error de uno de sus barcos provoca 19 muertos en Irán; que el nuevo Gobierno de Israel prepara la anexión parcial de Cisjordania; que Jean Michel Blanquer, Ministro de Educación de Francia, dice que “abrir la escuela es una decisión política, no de los científicos”; que Escocia, Irlanda del Norte y Gales se rebelan contra la desescalada de Boris Johnson; que López Obrador encarga la seguridad de Méjico a los militares; que Corea del Sur, ejemplo de la gestión de la pandemia, se moviliza contra el rebrote de coronavirus tras constatar un centenar de contagios por la apertura de bares y clubes; que un nuevo coronavirus hallado en murciélagos en China refuerza la tesis del origen animal del Covid19; y que en EEUU ya hay 16.000 voluntarios para servir de conejillos de indias…….¿es lícito infectar a personas sanas para buscar una vacuna?, esa es la cuestión.   

Jorge Cremades Sena

POLÉMICO DESESCALAMIENTO

                        Se inicia la desescalada, no exenta de polémica, tras la petición de todas las CCAA, excepto las de Cataluña y Castilla y León, de pasar a la Fase 1, convencidas de que cumplían todos los requisitos para dar tan importante paso, mientras la de Madrid, cuya presidenta había apuntado a la necesidad de esperar algo más de tiempo, tras una discusión con su Vicepresidente, decidía a última hora sumarse a la petición de la inmensa mayoría de territorios para pasar de fase. Todo ello envuelto en la polémica de si la demarcación a tener en cuenta habría de ser caprichosamente la provincia, la comarca o las zonas básicas de salud establecidas en cada Autonomía. Así las cosas, las CCAA se sometían al veredicto del Gobierno, concretamente del Ministerio de Sanidad, asesorado por un opaco Comité de Expertos, compuesto de doce “sabios” anónimos, ya que el Ministerio, con el argumento de protegerlos de la “presión” que podrían sufrir, se negaba a dar a conocer su identidad, contraviniendo, según algunos, la Ley General de Salud Pública que en su artículo once indica que “será pública la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública, los procedimientos de selección, la declaración de intereses de los intervinientes, así como los dictámenes y documentos relevantes, salvo las limitaciones previstas en la normativa vigente”, mientras la Ley de Transparencia, en su exposición de motivos, habla de las “obligaciones de publicidad activa” que tienen los miembros de la Administración “para las funciones que desarrollan, la normativa que se les aplica y su estructura organizativa”, exigiendo además que se deberá incluir “un organigrama que identifique a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y su trayectoria profesional”. En fin, más claro, el agua; sin embargo, a los ciudadanos españoles se les oculta la identidad de quienes, en definitiva, han de decidir sobre el devenir de sus propias vidas. Pues bien, en medio de este oscurantismo incomprensible, el Gobierno, tras el asesoramiento de tan misterioso Comité de Expertos, decide que el 51% de la población española pase a la Fase 1 y que el resto permanezca en la Fase 0, quedando fuera de la desescalada gran parte de Cataluña y Castilla-León, tal como sus gobiernos pedían, y, contra lo que solicitaban los gobiernos de otras CCAA, no pasa la mayoría de la Comunidad Valenciana (quedando fuera las tres capitales y Elche) y de Castilla-La Mancha (Toledo, Ciudad Real y Albacete) y parte de Andalucía (las provincias de Granada y Málaga), mientras la Comunidad de Madrid queda en la Fase 0 en su totalidad territorial, mientras el resto de CCAA (Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón, La Rioja, Extremadura, Murcia, Baleares y Canarias, junto a Ceuta y Melilla) ven satisfechas sus aspiraciones de pasar íntegramente este tramo de desescalada. Las reacciones no se han hecho esperar y las especulaciones tampoco. Particularmente la Comunidad de Madrid y la de Andalucía, gobernadas por el PP, y la Comunidad Valenciana, gobernada por el PSOE, ponen el grito en el cielo y critican al Gobierno, denunciando que haya privilegiado a territorios (entre ellos Euskadi, denuncia a la que se suma también el socialista Lambán) con peores o similares datos sanitarios que sus comunidades, mientras Sánchez apacigua a Torra, Urkullu y Feijóo. Y como continúa el secretismo sobre el Comité de Expertos, ya se especula con que son altos cargos del PSOE quienes toman las decisiones de este polémico desconfinamiento pues en el misterioso equipo asesor, por lo visto, hay funcionarios pero no científicos, mientras Valencia y Andalucía, especialmente, acusan a Moncloa de “favoritismo” en la desescalada, lo que, de ser cierto, sería de una gravedad intolerable.

            Entretanto en la Comunidad de Madrid, única comunidad autónoma que queda sin ninguno de sus territorios en la Fase 1, se abre una crisis política y de gobierno preocupante tras la dimisión de la Directora de Salud al negarse a firmar la polémica petición de la Presidenta Díaz Ayuso para pasar a la Fase 1, después de haber reconocido ella misma horas antes que sería más adecuado, como hizo Cataluña y Castilla-León, esperar un tiempo más. En efecto, Yolanda Fuentes, afirmaba por carta que no han prevalecido “los criterios sanitarios” a la hora de solicitar el cambio de fase, que defendía el Vicepresidente Aguado frente a la Presidenta Ayuso, lo que ha desembocado en una mayor tensión en las relaciones PP-Ciudadanos que gobiernan en coalición. Por su parte Pablo Iglesias, aprovechando la situación, lanzaba un severo ataque contra la Presidenta madrileña, llegando a acusarla de “jugar” con la vida de los madrileños y de anteponer sus intereses partidistas a la salud de la población, mientras Ángel Garrido, actual Consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid y antiguo jerarca del PP madrileño, hoy militante de Ciudadanos, echaba más leña al fuego manifestando que “el estilo de Almeida es el adecuado; Díaz Ayuso tiene otro distinto”, es decir, tiene un estilo inadecuado (a buen entendedor con pocas palabras basta). Una crisis política que trasciende el ámbito de la Comunidad de Madrid, pues el Gobierno de Sánchez busca aislar al PP con pactos con Ciudadanos, que acaba de apoyar su decreto de prórroga del estado de alarma, por más que Podemos, ERC y PNV conminen al Presidente a que se aleje de Ciudadanos y Carmen Calvo trate de calmarles negando cualquier cambio de alianzas. Lo cierto es que, se especula con que, aunque Albert Rivera discrepe de la mano tendida de Arrimadas a Sánchez, éste ya ha ofrecido a la lideresa de Ciudadanos negociar los Presupuestos, por más que ordene volver a los socios de investidura para aprobarlos, socios impredecibles y poco fiables, como ERC que ya tumbó su anterior gobierno obligándole a convocar elecciones. Y como indicio de todo lo anterior, valgan las siguientes declaraciones de estos días: “los que quieren ver caer nuestros gobiernos autonómicos se van a quedar con las ganas”, “no voy a bajar ni un ápice mi crítica y exigencia al Gobierno; ha habido errores enormes de gestión e intentos de taparlos” dice Arrimadas; “vamos a ir dando pasitos antes de pactar el Presupuesto” dice Garicano, eurodiputado de Cs; y remata el socialista García-Page, diciendo que “el virus ha dejado claro que la coalición no es suficiente” y que “hay que recolocar todas las fichas, se necesitan nuevos aliados”.

            Y con 224.390 infectados, 26.621 fallecidos y 136.166 altas, prosigue la lucha contra la pandemia, dudando Simón de la causa del exceso de mortalidad al reconocer que “no sabemos si es achacable al coronavirus”, mientras el CSIC estima “poco probable” el contagio en piscinas y playas. Por su parte los empleados del BOE reciben un mail para silenciar las “chapuzas”, recordándoles Moncloa su “deber de confidencialidad”, mientras ellos denuncian que “los textos llegan a las doce de la noche con faltas de ortografía” y mientras se ha impuesto un dispositivo para trabajar 24 horas sin remuneración extra alguna. Y es que, como dice Calvo, “en la desescalada se pueden cometer errores muy traumáticos”.

            Mientras tanto se constituye en el Congreso de los Diputados la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, que, sin el apoyo de PP, Cs, ERC, Bildu o Junts, presidirá Patxi López, quien, en su estreno como tal, advierte de que la labor no es “controlar al Gobierno” y el Ejecutivo excluye sin negociación previa, el debate sobre las libertades al rechazar la petición del PP de que también se aborden los derechos recortados por el estado de alarma, pues la Mesa podrá negar incluso la comparecencia de altos cargos tras asegurarse el tándem PSOE-Podemos el control de la misma con tres de los cinco puestos. Mal inicio de una Comisión que veremos qué recorrido tiene de cara a la reconstrucción de nuestra maltrecha Economía. Por otro lado Gobierno y agentes sociales (empresarios y sindicatos) desvinculan los ERTEs del estado de alarma, con lo que seguirán hasta finales de junio, en medio del temor a despidos masivos y con las empresas molestas por tener que mantener todos los empleos hasta 2021, advirtiendo Garamendi de que “será muy difícil” reincorporar a todos los afectados; al parecer, Yolanda Díaz echó un órdago a la CEOE advirtiendo de que si la patronal no firmaba el acuerdo, ella sería más dura con los empresarios, por lo que Garamendi aceptó finalmente el pacto como mal menor, aunque frenó su salida al BOE hasta verlo él mismo….en todo caso, positivo este acuerdo económico entre el Ejecutivo y los agentes sociales y económicos, que posibilita que una comisión tripartita evalúe posibles extensiones en sectores más vulnerables. Y mientras Calviño presiona a Iglesias para hacer recortes en 2021 con un plan de austeridad para evitar el rescate, asumiendo el equipo económico que habrá un desplome de hasta un 30% de los ingresos y advirtiendo los ministros del PSOE de una intervención si el Vicepresidente se impone, se conoce el borrador del ingreso mínimo vital, que se solicitará desde junio con la referencia de los ingresos de 2019, según el cual lo percibirán los mayores de 23 años sin ingresos ni vivienda que busquen empleo, y partirá de una renta base de 426 euros, que aumentará si hay niños a cargo, y tendrá incentivos por lograr otros ingresos, pudiendo llegara hasta 1.015 euros para un millón de familias vulnerables.

            Y por si a alguien le  interesa la demoscopia, según GAD3, por intención de voto el PSOE volvería a ganar las elecciones con el 28´7% de los sufragios y 120 escaños, seguido del PP con el 27´1% y 115 escaños, de Vox con el 11´7% y 35, de UPodemos con el 10´9% y 28, de Ciudadanos con el 5´9% y 8, y de Más País con el 1´4% y 2; el PP captaría 250.000 votos del PSOE y 650.000 de Ciudadanos y Vox, amenazando la mayoría de Sánchez, quien compensaría la pérdida de casi un millón de sus votantes con los que recoge de Unidas Podemos y Más País. Pero, en fin, sólo se trata de encuestas.

            Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que muchos juristas rechazan una quinta prórroga del estado de alarma y apuestan por volver a la normalidad constitucional; y que Telefónica crea con Liberty un gigante de las telecos en Reino Unido, tras conseguir Pallete cerrar en pleno confinamiento la mayor operación de la empresa con la fusión de 02 y Virgin Media, que liderará el sector de telecomunicaciones británico tras fusionar su filial en Reino Unido con la de Liberty para liderar el mercado de ultra banda ancha. Cabe citar además las declaraciones de la polémica Fiscal del Estado, Dolores Delgado, que sobre el Covid19 manifiesta que “vamos a investigarlo todo, las víctimas son una prioridad” por lo que “investigaremos las residencias y el material sanitario, hay que ver cómo se compró, necesitamos peritajes”; sobre su polémico nombramiento sostiene que “Sánchez vio en mí a una mujer preparada” y se pregunta “por qué haber sido ministra es una debilidad y no una fortaleza”; sobre el juicio del 1-O dice que “la Abogacía entendió que era sedición, ¿influí?, la relación entre Abogacía y Administración es de profesional y cliente”; y, sobre el caso Tándem y el comisario Villarejo añade “me considero una víctima y será la Justicia la que ponga los límites….en lo personal el dolor lo administro bien”.

            Y del exterior, destacar que el impacto en Rusia de la pandemia agrieta la fortaleza de Putin; que el coronavirus lleva a EEUU a los niveles de paro de la Gran Depresión de 1929, pasando de un 3% a un 14´7% de desempleo; que el Presidente alemán Steinmeier, durante la celebración del Día de la Victoria y homenaje a las víctimas en el 75 aniversario del final de la Segunda Guerra mundial, cuyos actos principales se han dado en París, Londres y Berlín, advierte de que “ahora nos tenemos que liberar del nacionalismo”; y que Lagarde advierte a Alemania que el BCE es independiente y no acepta presiones, con lo que la institución actuará “sin inmutarse” por el desafío del Constitucional germano, mientras el Tribunal de la UE de Luxemburgo responde con dureza al Alto Tribunal alemán considerando que su sentencia amenaza la seguridad jurídica, en tanto que Bruselas amenaza con expedientar a Alemania por su fallo sobre el BCE.

Jorge Cremades Sena

ESTADO DE ALARMA O CAOS

                        Planteada la prórroga por parte del Gobierno de Sánchez en términos de “estado de alarma o caos”, es decir, “o yo, o el caos”, tras anunciar que no tenía ningún “Plan B” para salir de esta situación de excepcionalidad, sólo cabía esperar la aprobación, “sí o sí”, en el Congreso de los Diputados del decreto de prórroga de la alarma, la cuarta, presentado por el Ejecutivo, quien, hasta pocas horas antes del debate, no tenía garantizada la aprobación a causa de su minoritario respaldo parlamentario, el más exiguo de todos los gobiernos democráticos, ya que hasta quienes le auparon al poder en la moción de censura (léase PNV o ERC) manifestaban sus reticencias e incluso su rechazo a concederle una nueva prórroga, generando incertidumbres innecesarias en momentos tan delicados como el que estamos viviendo a causa de la pandemia. En definitiva, una irresponsabilidad o frivolidad manifiesta por no haber hecho el Ejecutivo los deberes en tiempo y forma, que, finalmente, tuvo que hacer deprisa y corriendo, tras el anuncio por parte del primer partido de la oposición, el PP, (Vox anunciaba su voto en contra y Ciudadanos dudaba en apoyar el decreto) de que no apoyaría la cuarta prórroga del estado de alarma para evitar que el Gobierno siguiera actuando sin contar con ellos para nada como si tuviera mayoría absoluta y no les necesitara para sacar sus proyectos adelante. La indecencia y el chantaje llegaron al extremo de que Sánchez incluso llegó a responsabilizar a Casado (que le había apoyado en todas las prórrogas anteriores) de las consecuencias de un posible rebrote y éste le devolvía el exabrupto diciéndole que con ese planteamiento el único responsable de todo lo acaecido hasta hoy sería el Presidente. En fin, todo lo contrario al ejercicio de una política con mayúsculas. Al final, el gobierno de izquierdas progresista de Sánchez e Iglesias, abandonado por quienes le auparon al poder, entre ellos ERC, consigue su objetivo de prorrogar la alarma gracias al apoyo de la derecha (Ciudadanos y PNV) tras concederles una serie de peticiones, entre ellas, la cogestión de la desescalada con las CCAA, la desvinculación de las medidas de apoyo social, económico y laboral del estado de alarma y la elaboración de un “Plan B” que permita el tránsito de la excepcionalidad a la normalidad constitucional, amén de un compromiso de decretar el luto por las víctimas, que el PP le venía solicitando y que Sánchez anunciaba para cuando la mayoría de los territorios hayan pasado a la fase siguiente de desescalada. Medidas que exigía, como la mayoría de los grupos, el PP, quien, tras acusar a Sánchez de querer una “dictadura constitucional”, finalmente se abstuvo en la votación. El Presidente Sánchez, en este nuevo escenario político de cogobernanza obligada con las CCAA para la desescalada y de exigencia de previo diálogo fluido para evitar la actual unilateralidad gubernamental (hasta ahora el Ejecutivo tomaba las decisiones a priori y las comunicaba al resto después, tarde y mal, sin posibilidad de enmienda alguna), ganaba así quince días más de un necesario y conveniente estado de alarma, pero a su vez evidenciaba su fragilidad, con reproches y críticas a su gestión por parte de todos los grupos políticos, incluidos quienes a priori apoyaban su decreto de prórroga de la alarma sin previas contrapartidas, y con el rechazo contundente de quienes, absteniéndose o votando en contra, ya le anuncian que esta será la última vez que, por activa o pasiva, permitirán nuevas prórrogas de la alarma, esperando que el Gobierno presente el comprometido “Plan B” para salir definitivamente de esta situación, constitucional pero de excepcionalidad, tal como hacen otros gobiernos democráticos de nuestro entorno. En democracia, especialmente si el Gobierno no cuenta con mayoría absoluta, chantajear a la oposición con la disyuntiva de “o yo o el caos” es el peor de los errores, cuando lo que hay que hacer es buscar los apoyos necesarios mediante un diálogo permanente y constante con la oposición, pero no a última hora y deprisa y corriendo, como ha hecho Sánchez para garantizarse “in extremis”, en este caso, el apoyo de la derecha de Ciudadanos y PNV.

            Así las cosas y superado el espectáculo parlamentario, que jamás debiera haberse dado, las distintas CCAA plantean al Gobierno en este nuevo escenario político una desescalada a la carta, mientras esperan conocer el Plan B que le exigen a Sánchez. En efecto, casi todas las CCAA piden relajar ya el confinamiento a partir del próximo lunes, día once, presentando diversas peticiones, con las excepciones de Cataluña, que pide mantener la fase cero en las zonas más pobladas (Barcelona, Cataluña Central y Girona), por miedo al rebrote, y de Castilla y León, que sólo pide pasar a la fase uno en 26 áreas sanitarias castellanoleonesas, que no provincias, pero no en el resto, dando la sorpresa la Comunidad de Madrid, que, teniendo junto a Cataluña los peores datos, pide finalmente pasar de fase horas después de que la propia Presidenta Díaz Ayuso, del PP, admitiera que la región no está preparada y tras mantener un convulso debate con su Vicepresidente Aguado, perteneciente a Ciudadanos. En fin, ahora le toca al Ejecutivo de Sánchez decidir al respecto, entre otras cosas, quiénes, cómo, cuándo y dónde se cumplen los requisitos para dar paso al progresivo y asimétrico desconfinamiento, valorando si se dan las condiciones óptimas para evitar el riesgo de un rebrote (o en todo caso para garantizar su control) de la pandemia, pues, salvo que se den las condiciones de afrontarlo con éxito, sí que sería caótico, mientras ya hay informes que consideran que la pandemia durará entre 18 y 24 meses.  

            Entretanto con 219.329 infectados, 25.613 fallecidos (que no bajan de los 200 diarios de  forma permanente) y 123.486 altas hospitalarias, se sigue luchando para erradicar la pandemia, al margen y a pesar de los intereses de los partidos, legítimos pero no adecuados, como se acaba de ver en el Congreso de los Diputados por parte de unos u otros, mientras que los trabajadores sanitarios sufren la mayoría de los nuevos contagios (dato preocupante donde los haya). Ni las amenazas de caos si no hay estado de alarma, ni la vinculación de medidas sociales, económicas y laborales a la vigencia de dicha excepcionalidad para eternizarla, ni la falta de diálogo político ante la emergencia sanitaria y económica en la que estamos inmersos, ni la imputación frívola de responsabilidades y culpas entre unos y otros……todo ello con el ojo puesto en cálculos electorales futuros, tiene sentido alguno cuando se requiere el concurso de todos, pero de verdad, para afrontar una situación, presente y futura, de muy difícil solución. Mientras tanto se publica que ya se han gastado más de 22´5 millones en vuelos chárter para traer material sanitario chino; que han sido los barones del PP quienes han frenado el “no” del PP a la prórroga de la alarma, tal como prefería Casado, a quien trasladan la necesidad de mantener garantías jurídicas para el confinamiento; que el Gobierno exportó material sanitario a Cuba en plena pandemia, avalando el envío de 41.738 guantes y otros productos a pesar de la reiterada denuncia de falta de equipos de protección para sanitarios y ciudadanos en España; y que, según se ha remitido al juez que investiga por prevaricación al Delegado del Gobierno en Madrid, dos correos prueban que Ayuso alertó al Gobierno de la “emergencia sanitaria” y lo hizo el 7 de marzo, un día antes de la manifestación del Día del Trabajo.

            Por su parte Bruselas confirma la “pandemia” económica, por la que España caerá un 9´4% este año, mientras el Banco de España advierte de la vulnerabilidad de las cuentas del Estado y se dan los peores datos de empleo, pues en sólo dos meses se han destruido 142.000 negocios, subiendo el paro registrado en casi 600.000 personas con lo que la cifra total de parados roza ya los cuatro millones, a pesar de que las ayudas a ERTEs y autónomos evitan un desplome mayor aún. Todo un record de gasto en el paro pues más de cinco millones cobran prestaciones del Estado en este peor abril de la historia en que se suman 300.000 parados más sin contar los ERTEs, de los cuales la AIReF calcula que un 30% no recuperará su empleo en 2020 y apunta que el Gobierno ha inflado en 14.000 millones las cuentas enviadas a la UE, mientras Bruselas prevé que España, junto a Italia y Grecia, será la más golpeada por la crisis, ya que estará entre los países con mayor recesión y sólo griegos e italianos sufrirán una caída aún mayor entre los 27 estados miembros. Una hecatombe económica y social se mire como se mire, de la que va a costar mucho salir. Por ello no se entiende que la Ministra de Trabajo, tras conocer todos estos desastrosos datos, se dedique a alardear de la “cifra histórica” de prestaciones por desempleo, mientras la de Hacienda amenazaba con que si no se apoyaba el estado de alarma “decaen” las ayudas a los afectados por la crisis, lo que, en todo caso, no es cierto del todo, pues se resolvería desvinculando dichas ayudas del estado de alarma. Felicitarse por pagar 5´2 millones de euros de prestaciones en este peor abril de la historia, que eleva a un millón los empleos destruidos y triplica la factura para el Estado, jamás puede ser motivo de satisfacción para nadie sino de preocupación, menos aún para el Ministerio de Trabajo cuya obligación es fomentar el empleo y evitar su caída, salvo que se tenga la irreal convicción de que los recursos económicos son infinitos o que lo ideal es un régimen controlado por el Estado con súbditos sometidos a subvenciones y subsidios. Una cosa es salir en ayuda de quienes lo necesitan por parte del Estado mediante un imprescindible sistema de prestaciones, ayudas y coberturas para aliviar la situación de los sectores más deprimidos, y otra cosa bien distinta es presumir, como hace la Ministra, del enorme, casi inasumible, volumen de las mismas. No en vano ya se rumorea que el Gobierno prepara un duro recorte de las pensiones (teniendo en cuenta toda la vida laboral y limitando las de viudedad por nivel de renta), mientras la Autoridad Fiscal prevé una etapa de recortes como la de la crisis financiera, mientras los barones del PSOE chocan por el reparto del fondo para las CCAA, mientras el turismo se hunde un 100% en abril tras el batacazo en marzo, al igual que el sector del automóvil que en todo abril sólo ha vendido lo que antes de la crisis vendía en un solo día, considerando el sector que la recuperación será lenta y por ello reclama ayudas urgentes, y mientras los comerciantes dan la espalda a esta “fase fantasma” de la desescalada, siendo contados los hosteleros y sólo un 30% del negocio tradicional quienes abren sus puertas, pues, salvo las peluquerías, que tienen listas de espera hasta junio, no ven rentable trabajar con las condiciones impuestas.

            Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que Cultura habilita un fondo de ayuda, sobre todo para teatro y cine, de 20 millones de euros para avales y ayudas directas; que Ciudadanos se aproxima al PSOE en Madrid pese al recelo de Ayuso, pues Aguado mantiene contactos con Gabilondo en busca de pactos; que el futbol se pone en marcha tras mes y medio de total inactividad con la realización de test y a la espera de iniciar los entrenamientos de nuevo; que el Gobierno ha nombrado altos cargos exprés sin exigirles ser funcionarios, haciendo de la excepción (en circunstancias muy concretas y motivadas) la norma al acumular en sólo cuatro meses el nombramiento de 25 altos cargos sin observar dichos requisitos; y que Educación plantea para el próximo curso clases con sólo quince alumnos en las aulas mediante un modelo mixto, presencial y a distancia, con turnos de mañana y tarde o en días alternos, mientras los profesores, a quienes no se les consultó, lo ven “inviable” como el resto del sector, salvo que se habiliten medios suficientes, que habría que someter a las CCAA, a las que tampoco se ha consultado, pues parece poco razonable que, reduciendo las clases a la mitad de alumnos, lo que supone el doble de grupos, éstos puedan ser atendidos por la misma cantidad de profesores, salvo que se les someta por la mañana a atender las clase presenciales y por la tarde las de educación a distancia…….en fin, ya veremos en qué queda todo esto.

            Y del exterior citar que Macron impone ya la apertura de colegios y hace caso omiso del comité científico; que Reino Unido se pone al frente de Europa en fallecimientos por coronavirus; que Merkel da luz verde a la vuelta de la Bundesliga en mayo y renuncia a liderar la salida de la crisis en favor de los “länder”; que Francia descubre que su primer contagio de coronavirus ocurrió en diciembre tras el análisis a un hombre que enfermó del pulmón antes de la alerta china, lo que abre incógnitas sobre cómo llegó el virus a Europa; y que la Justicia alemana cuestiona la compra de deuda por el BCE, pues el TC alemán pone en duda que el “salvavidas” del Banco Europeo sea legal, declarando que el programa de la UE de comprar deuda en 2015 viola parcialmente la Carta Magna de Alemania, un aviso inquietante que bloquearía los fondos para el plan de reconstrucción que, entre otros países, pide España para salir de la crisis actual.

Jorge Cremades Sena