DESMADRE ANTIDEMOCRÁTICO

                        Por si no tuviéramos suficiente con la que está cayendo en plena pandemia y con la galopante crisis económica que sufrimos, el Gobierno de Sánchez-Iglesias, tras el tormentoso y polémico acuerdo con Bildu, nos brinda además un indecente desmadre antidemocrático, en el fondo y las formas, con una flagrante injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, por parte, en este caso, del Ministerio de Interior, que, por desmentida y matizada que sea en boca del ministro, es más que evidente. En efecto, aunque el Ministro lo niegue en el Congreso de los Diputados, el Ministerio dirigido por Grande-Marlaska atenta contra la separación de poderes del Estado y contra la consecuente independencia judicial, básica en el Estado Democrático de Derecho, al cesar al Jefe de la Guardia Civil en Madrid, el Coronel Pérez de los Cobos, por negarse éste, como es su obligación, a entregarle un informe confidencial sobre el 8-M que la jueza instructora del caso le había encomendado al Instituto Armado en calidad de Policía Judicial, con la advertencia expresa de que el equipo encargado de elaborarlo sólo debía entregárselo a ella, tal como es preceptivo en estos casos. Los hechos hablan por sí solos: Marlaska usa a tres superiores del coronel para presionarle, pues, al parecer, un teniente general y un general llaman a Pérez de los Cobos, con una inmaculada hoja de servicios, para preguntarle si la Policía Judicial había dado informes a la jueza sobre la actuación del Delegado del Gobierno en Madrid el 8-M, recibiendo como respuesta del coronel que era un asunto judicial y que él desconocía los detalles, y, ante ello, la Directora General de la Guardia Civil le insiste en que es un tema “muy sensible” para el Ejecutivo, pero al recibir idéntica respuesta se produce el fulminante cese del coronel, provocando, ante semejante afrenta, la dimisión del “número dos” del Cuerpo, el Teniente General Laurentino Ceña y, acto seguido, el cese del “número tres”, el general Fernando Santafé porque “no está conforme” con el nombramiento del nuevo “número dos”. Una purga en toda regla se mire como se mire, mientras los juristas, con toda la razón, afirman que el ministro pidió al coronel que cometiera un delito. Por su parte un Marlaska acorralado, ante el escándalo provocado, niega cualquier injerencia apelando al manido recurso de una remodelación normal dentro del Ministerio, a la que obviamente tiene derecho, por haber perdido la confianza en el Coronel De los Cobos, mientras, para aplacar los ánimos, anuncia, como si fuera obra suya, una subida salarial a la Guardia Civil que ya estaba pactada en 2018 por el anterior Gobierno y los sindicatos policiales, provocando con ello más críticas contra el Ministro al considerar el Instituto Armado que “el honor no se compra” tras el “cese político” del coronel, quien, para negarse a entregar el informe al Ministro, esgrimió, tal como procede, la “rigurosa reserva” a la que está obligada la Policía Judicial, en este caso bajo su mando pero dependiente exclusivamente del juez instructor, en este caso la jueza que investiga los posibles delitos, si los hubiere, cometidos por permitir la multitudinaria manifestación del 8-M, mientras dicha jueza advierte que actuará contra Interior si se demuestra que el cese del coronel ha sido por obediencia. En fin, blanco y en botella, leche. Marlaska desata en la Guardia Civil la mayor crisis desde el famoso caso Roldán, mientras mandos policiales creen que el “autoritario” cese del coronel es un aviso a navegantes. Entretanto Casado afirma que “sigue el escándalo” y Ciudadanos califica de “intolerable” el “autoritarismo” del Ministro de Interior, quien ve normal su actuación, con nocturnidad y premura, un domingo cualquiera ya que, como Ministro, tiene todo el derecho a remover los cargos de confianza que considere oportunos, por lo que, salvo que seamos malintencionados, todo lo acaecido con el cese del coronel De los Cobos, justo tras las fracasadas presiones recibidas para que entregase el informe, obedece a una mera casualidad temporal que el azar ha querido, y sin ninguna intencionalidad política, salvo la pérdida de confianza en él, ni injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Ya ven, todo, según él entra dentro de lo normal.

            Pero este desmadre democrático se intensifica aún más ante la opinión pública tras filtrarse el dichoso informe, que, al parecer, tiene errores de bulto e inexactitudes, para algunos, con la intención de menoscabar la credibilidad del Gobierno, y, para otros, como es normal en este tipo de informes que suelen tener carencias, pues, al fin y al cabo, es un informe más que deberá ser contrastado durante el juicio. La cuestión fundamental de esta crisis, el meollo de la cuestión que se pretende enturbiar, no es si el Delegado del Gobierno y el Ministerio de Sanidad actuaron correctamente o no de cara al 8-N (es lo que, a instancias de parte, habrá que esclarecerse en el juicio); ni es que el informe, acertadamente o no, vea indicios “contundentes” para imputar a Illa y Simón; ni si los expertos consideran que la manifestación feminista resultara marginal en el desarrollo de la pandemia y fuese más relevante el transporte público; ni si el informe de la Guaria Civil está o no lleno de errores y es rechazado por determinadas organizaciones; ni si la Guardia Civil sospecha o no que el Gobierno le oculta datos del 8-M; ni si el informe concluye, erróneamente o no, que “el 8-M no debió celebrarse” y que el Gobierno conocía desde enero “la gravedad real de la pandemia”; ni la intencionalidad que tengan unos u otros en cargar las tintas en favor o en contra de aquello que políticamente les conviene; ni tantas otras informaciones que conscientemente pretenden marear la perdiz con declaraciones y hechos sesgados….. La cuestión fundamental, al margen de todas las demás, es si el Ministerio de Interior, en la instrucción de un caso judicial que le puede ser incómodo al Gobierno, ha intentado interferir en el caso pidiendo a altos funcionarios públicos que cometieran determinadas ilegalidades y, al no conseguirlo, les cesaran por ello en los cargos que detentaban. Más aún cuando, en este caso, sólo se trata de un informe más que, como en cualquier juicio, habrá de ser contrastado, defendido o rebatido por las partes, durante el proceso judicial en un Estado de los más garantistas que existen, como es el nuestro, por lo que sabotear la investigación carece de sentido además de ser totalmente ilegal. Esta es la cuestión fundamental que pretende distorsionarse con determinadas cortinas de humo, como en otros casos anteriores, socavando peligrosamente los cimientos democráticos al prostituir o pretender prostituir la esencial separación de poderes del Estado, consustancial en la democracia.

            Y, ante este desmadre antidemocrático, nuestra deplorable clase política, en vez de buscar esclarecer los hechos y depurarlos políticamente si fuese necesario, decide brindarnos un bochornoso espectáculo durante la Sesión parlamentaria de Control del Ejecutivo en el Congreso de los Diputados con broncos y vergonzantes enfrentamientos, insultos y despropósitos inaceptables. Mientras PP, Ciudadanos y Vox, ejerciendo su derecho como oposición, reclaman, con mayor o menor acierto o fundamento (es lo habitual por parte de la oposición del signo que sea ante escándalos de semejante envergadura) que dimita el Ministro de Interior, el Presidente Sánchez, eludiendo los ataques de Casado por el pacto con Bildu y por el cese fulminante del coronel Pérez De los Cobos, prefiere culpar al PP por no apoyarle en la quinta prórroga diciéndole “si usted habla con Vox, actúa como Vox y vota como Vox, es fácil inferir que o es o se parece mucho a Vox”, propiciando que, por reciprocidad, García Egea diga al Vicepresidente Iglesias que “si usted habla con Bildu, negocia con Bildu y pacta con Bildu, es como Bildu o se le parece mucho”, para finalmente llegar Iglesias a acusar al PP (un partido con amplia y contrastada experiencia de gobernar en democracia) de llamar a la insubordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, advirtiendo a García Egea de que “nos estamos jugando la democracia”, cuando no puede decir lo mismo de su propio partido, Podemos, cuyos líderes, con él a la cabeza, acumulan contrastada simpatía por regímenes de dudosa trayectoria democrática. Por su parte Álvarez de Toledo, respondiendo a la mofa de Pablo Iglesias al llamarla “señora marquesa” por su origen aristocrático, le responde “usted es el hijo de un terrorista, a esa aristocracia pertenece, la del crimen político” aludiendo al pasado de su padre como militante del FRAP, que el propio Pablo había desvelado hace años. Esta es la altura de los argumentos esgrimidos en el actual debate político, mientras, en el asunto 8-M, Sánchez vuelve a utilizar a la Abogacía del Estado contra los jueces y la Fiscalía tendrá que significarse ahora tras no haber recurrido el auto, en tanto que la responsable del área penal que rebajó a sedición el 1-O tacha de “causa general” contra el Gobierno la investigación por la marcha feminista.

            Todo ello cuando estrenamos los diez días de luto decretados por el Gobierno en memoria de los fallecidos por el coronavirus en medio de un desbarajuste estadístico tras los seis cambios de metodología habidos por Sanidad lo que, al final, provoca desasosiego en la ciudadanía que ya ni sabe ni entiende el verdadero alcance de mortalidad de la pandemia en España. En efecto, Sanidad vuelve a cambiar los criterios sobre las cifras de la pandemia por lo que Simón “limpia y corrige” los datos y elimina nada menos que 1.918 fallecidos respecto al día anterior, aunque la cifra total de muertes que envía a Europa sí incluye esos casos. Por otro lado los registros civiles suman 43.000 muertos más de lo normal en España (sólo en residencias de ancianos se han contabilizado 19.000 fallecimientos entre el 1 de marzo y el 12 de mayo), cuando oficialmente la pandemia se ha cobrado hasta la fecha 27.118 vidas…..dando la sensación de que el Gobierno es incapaz de dar el número real de fallecidos por coronavirus, mientras en el primer día de luto oficial todas las instituciones, y a la cabeza la Jefatura del Estado, guardan un minuto de silencio, manifestando el Rey que “España llora por tantos miles de compatriotas que hemos perdido en esta pandemia; a todos, junto a sus familias, les debemos nuestro recuerdo, nuestro duelo y nuestro cariño”. Y mientras la pandemia hace caer por primera vez la factura de las pensiones en 9.852 millones, se publica que Sanidad dejó pasar a Fase 1 a CCAA que no cumplían los requisitos de los test y sólo registró digitalmente el informe que filtró al amenazar Madrid con acciones legales, incluyendo Illa en los informes datos y medidas posteriores a su firma, al extremo de que la desescalada en el caso de Madrid se elaboró después de denegar el cambio de fase. Entretanto, mientras se preparan nuevas unidades en los “hospitales poscovid” (el virus deja, en los casos graves, cicatrices pulmonares y eleva el riesgo de trombos) Moncloa prepara un decreto, un Plan B, por si no logra apoyos para prolongar de nuevo la alarma, en tanto que anuncia que la cuarentena a visitantes extranjeros se levantará el uno de julio.

            Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que el juez señala a Iglesias por ocultar la tarjeta y eliminar los datos del móvil de su ex asesora y rechaza la petición de Fiscalía de que la afectada pudiera “perdonar” al hoy vicepresidente, a quien retira su condición de damnificado; que en la vuelta a clase por turnos y con cita previa, sólo lo hacen unos pocos alumnos de Galicia y País Vasco a pesar de que el Gobierno lo permite en la fase 2 para preparar la selectividad o recibir lecciones de refuerzo; que PP y Ciudadanos ponen a Vox al frente de la comisión andaluza para la reconstrucción y la oposición abandona la primera sesión del grupo de trabajo, contra cuya creación votó la ultraderecha; que el Gobierno lleva al Congreso la suspensión de los títulos nobiliarios de Franco en base a la Ley de Memoria Histórica; que Nissan decide el cierre de su fábrica en Barcelona; que la Comunidad de Madrid dota con 359 millones a un plan para reactivar la economía; y que Moncloa engorda el Consejo de Enagás para meter a PSOE y Podemos, por lo que los ex ministros socialistas Montilla y Blanco, así como un experto del partido de Iglesias, serán consejeros……y es que el chollo, adobado de buenos emolumentos, no cesa cuando se cesa de la política activa.

            Y del exterior, destacar que el chavismo inicia el proceso para disolver el partido de Guaidó; que el ideólogo del Brexit lleva a Boris Johnson a su peor crisis, ya que su asesor Dominic Cumming dice que no se arrepiente de haber viajado con su familia fuera de Londres y el primer ministro sale a darle su apoyo, arreciando por ello el vendaval de críticas; que la Conferencia de donantes logra 2.500 millones para la emigración venezolana; y que un gran despliegue policial anticipa la mano dura de Pekín en Hong Kong. Pero la noticia estrella, sin lugar a dudas, es la decisión de Bruselas de salir al paso de la reconstrucción de la economía europea con un fondo histórico europeo de 750.000 millones de euros, un pastizal, apostando Von der Leyen por una vía intermedia entre el norte y el sur; y mientras el Banco de España pide que la UE no financie a los “oportunistas” la Comisión presenta este fondo de recuperación, híbrido de transferencias y préstamos, que divide a los “halcones”, del que España podría recibir hasta 140.000 millones (77.000 a fondo perdido y 63.000 en préstamos), siendo el segundo país beneficiado tras Italia que recibiría 170.000 millones…..sin duda alguna, la mejor de las noticias que se podría esperar, obviamente a la espera de las contrapartidas que están por negociase entre todos los países miembros de la UE.

Jorge Cremades Sena