POLÉMICO DESESCALAMIENTO

                        Se inicia la desescalada, no exenta de polémica, tras la petición de todas las CCAA, excepto las de Cataluña y Castilla y León, de pasar a la Fase 1, convencidas de que cumplían todos los requisitos para dar tan importante paso, mientras la de Madrid, cuya presidenta había apuntado a la necesidad de esperar algo más de tiempo, tras una discusión con su Vicepresidente, decidía a última hora sumarse a la petición de la inmensa mayoría de territorios para pasar de fase. Todo ello envuelto en la polémica de si la demarcación a tener en cuenta habría de ser caprichosamente la provincia, la comarca o las zonas básicas de salud establecidas en cada Autonomía. Así las cosas, las CCAA se sometían al veredicto del Gobierno, concretamente del Ministerio de Sanidad, asesorado por un opaco Comité de Expertos, compuesto de doce “sabios” anónimos, ya que el Ministerio, con el argumento de protegerlos de la “presión” que podrían sufrir, se negaba a dar a conocer su identidad, contraviniendo, según algunos, la Ley General de Salud Pública que en su artículo once indica que “será pública la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública, los procedimientos de selección, la declaración de intereses de los intervinientes, así como los dictámenes y documentos relevantes, salvo las limitaciones previstas en la normativa vigente”, mientras la Ley de Transparencia, en su exposición de motivos, habla de las “obligaciones de publicidad activa” que tienen los miembros de la Administración “para las funciones que desarrollan, la normativa que se les aplica y su estructura organizativa”, exigiendo además que se deberá incluir “un organigrama que identifique a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y su trayectoria profesional”. En fin, más claro, el agua; sin embargo, a los ciudadanos españoles se les oculta la identidad de quienes, en definitiva, han de decidir sobre el devenir de sus propias vidas. Pues bien, en medio de este oscurantismo incomprensible, el Gobierno, tras el asesoramiento de tan misterioso Comité de Expertos, decide que el 51% de la población española pase a la Fase 1 y que el resto permanezca en la Fase 0, quedando fuera de la desescalada gran parte de Cataluña y Castilla-León, tal como sus gobiernos pedían, y, contra lo que solicitaban los gobiernos de otras CCAA, no pasa la mayoría de la Comunidad Valenciana (quedando fuera las tres capitales y Elche) y de Castilla-La Mancha (Toledo, Ciudad Real y Albacete) y parte de Andalucía (las provincias de Granada y Málaga), mientras la Comunidad de Madrid queda en la Fase 0 en su totalidad territorial, mientras el resto de CCAA (Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón, La Rioja, Extremadura, Murcia, Baleares y Canarias, junto a Ceuta y Melilla) ven satisfechas sus aspiraciones de pasar íntegramente este tramo de desescalada. Las reacciones no se han hecho esperar y las especulaciones tampoco. Particularmente la Comunidad de Madrid y la de Andalucía, gobernadas por el PP, y la Comunidad Valenciana, gobernada por el PSOE, ponen el grito en el cielo y critican al Gobierno, denunciando que haya privilegiado a territorios (entre ellos Euskadi, denuncia a la que se suma también el socialista Lambán) con peores o similares datos sanitarios que sus comunidades, mientras Sánchez apacigua a Torra, Urkullu y Feijóo. Y como continúa el secretismo sobre el Comité de Expertos, ya se especula con que son altos cargos del PSOE quienes toman las decisiones de este polémico desconfinamiento pues en el misterioso equipo asesor, por lo visto, hay funcionarios pero no científicos, mientras Valencia y Andalucía, especialmente, acusan a Moncloa de “favoritismo” en la desescalada, lo que, de ser cierto, sería de una gravedad intolerable.

            Entretanto en la Comunidad de Madrid, única comunidad autónoma que queda sin ninguno de sus territorios en la Fase 1, se abre una crisis política y de gobierno preocupante tras la dimisión de la Directora de Salud al negarse a firmar la polémica petición de la Presidenta Díaz Ayuso para pasar a la Fase 1, después de haber reconocido ella misma horas antes que sería más adecuado, como hizo Cataluña y Castilla-León, esperar un tiempo más. En efecto, Yolanda Fuentes, afirmaba por carta que no han prevalecido “los criterios sanitarios” a la hora de solicitar el cambio de fase, que defendía el Vicepresidente Aguado frente a la Presidenta Ayuso, lo que ha desembocado en una mayor tensión en las relaciones PP-Ciudadanos que gobiernan en coalición. Por su parte Pablo Iglesias, aprovechando la situación, lanzaba un severo ataque contra la Presidenta madrileña, llegando a acusarla de “jugar” con la vida de los madrileños y de anteponer sus intereses partidistas a la salud de la población, mientras Ángel Garrido, actual Consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid y antiguo jerarca del PP madrileño, hoy militante de Ciudadanos, echaba más leña al fuego manifestando que “el estilo de Almeida es el adecuado; Díaz Ayuso tiene otro distinto”, es decir, tiene un estilo inadecuado (a buen entendedor con pocas palabras basta). Una crisis política que trasciende el ámbito de la Comunidad de Madrid, pues el Gobierno de Sánchez busca aislar al PP con pactos con Ciudadanos, que acaba de apoyar su decreto de prórroga del estado de alarma, por más que Podemos, ERC y PNV conminen al Presidente a que se aleje de Ciudadanos y Carmen Calvo trate de calmarles negando cualquier cambio de alianzas. Lo cierto es que, se especula con que, aunque Albert Rivera discrepe de la mano tendida de Arrimadas a Sánchez, éste ya ha ofrecido a la lideresa de Ciudadanos negociar los Presupuestos, por más que ordene volver a los socios de investidura para aprobarlos, socios impredecibles y poco fiables, como ERC que ya tumbó su anterior gobierno obligándole a convocar elecciones. Y como indicio de todo lo anterior, valgan las siguientes declaraciones de estos días: “los que quieren ver caer nuestros gobiernos autonómicos se van a quedar con las ganas”, “no voy a bajar ni un ápice mi crítica y exigencia al Gobierno; ha habido errores enormes de gestión e intentos de taparlos” dice Arrimadas; “vamos a ir dando pasitos antes de pactar el Presupuesto” dice Garicano, eurodiputado de Cs; y remata el socialista García-Page, diciendo que “el virus ha dejado claro que la coalición no es suficiente” y que “hay que recolocar todas las fichas, se necesitan nuevos aliados”.

            Y con 224.390 infectados, 26.621 fallecidos y 136.166 altas, prosigue la lucha contra la pandemia, dudando Simón de la causa del exceso de mortalidad al reconocer que “no sabemos si es achacable al coronavirus”, mientras el CSIC estima “poco probable” el contagio en piscinas y playas. Por su parte los empleados del BOE reciben un mail para silenciar las “chapuzas”, recordándoles Moncloa su “deber de confidencialidad”, mientras ellos denuncian que “los textos llegan a las doce de la noche con faltas de ortografía” y mientras se ha impuesto un dispositivo para trabajar 24 horas sin remuneración extra alguna. Y es que, como dice Calvo, “en la desescalada se pueden cometer errores muy traumáticos”.

            Mientras tanto se constituye en el Congreso de los Diputados la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, que, sin el apoyo de PP, Cs, ERC, Bildu o Junts, presidirá Patxi López, quien, en su estreno como tal, advierte de que la labor no es “controlar al Gobierno” y el Ejecutivo excluye sin negociación previa, el debate sobre las libertades al rechazar la petición del PP de que también se aborden los derechos recortados por el estado de alarma, pues la Mesa podrá negar incluso la comparecencia de altos cargos tras asegurarse el tándem PSOE-Podemos el control de la misma con tres de los cinco puestos. Mal inicio de una Comisión que veremos qué recorrido tiene de cara a la reconstrucción de nuestra maltrecha Economía. Por otro lado Gobierno y agentes sociales (empresarios y sindicatos) desvinculan los ERTEs del estado de alarma, con lo que seguirán hasta finales de junio, en medio del temor a despidos masivos y con las empresas molestas por tener que mantener todos los empleos hasta 2021, advirtiendo Garamendi de que “será muy difícil” reincorporar a todos los afectados; al parecer, Yolanda Díaz echó un órdago a la CEOE advirtiendo de que si la patronal no firmaba el acuerdo, ella sería más dura con los empresarios, por lo que Garamendi aceptó finalmente el pacto como mal menor, aunque frenó su salida al BOE hasta verlo él mismo….en todo caso, positivo este acuerdo económico entre el Ejecutivo y los agentes sociales y económicos, que posibilita que una comisión tripartita evalúe posibles extensiones en sectores más vulnerables. Y mientras Calviño presiona a Iglesias para hacer recortes en 2021 con un plan de austeridad para evitar el rescate, asumiendo el equipo económico que habrá un desplome de hasta un 30% de los ingresos y advirtiendo los ministros del PSOE de una intervención si el Vicepresidente se impone, se conoce el borrador del ingreso mínimo vital, que se solicitará desde junio con la referencia de los ingresos de 2019, según el cual lo percibirán los mayores de 23 años sin ingresos ni vivienda que busquen empleo, y partirá de una renta base de 426 euros, que aumentará si hay niños a cargo, y tendrá incentivos por lograr otros ingresos, pudiendo llegara hasta 1.015 euros para un millón de familias vulnerables.

            Y por si a alguien le  interesa la demoscopia, según GAD3, por intención de voto el PSOE volvería a ganar las elecciones con el 28´7% de los sufragios y 120 escaños, seguido del PP con el 27´1% y 115 escaños, de Vox con el 11´7% y 35, de UPodemos con el 10´9% y 28, de Ciudadanos con el 5´9% y 8, y de Más País con el 1´4% y 2; el PP captaría 250.000 votos del PSOE y 650.000 de Ciudadanos y Vox, amenazando la mayoría de Sánchez, quien compensaría la pérdida de casi un millón de sus votantes con los que recoge de Unidas Podemos y Más País. Pero, en fin, sólo se trata de encuestas.

            Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que muchos juristas rechazan una quinta prórroga del estado de alarma y apuestan por volver a la normalidad constitucional; y que Telefónica crea con Liberty un gigante de las telecos en Reino Unido, tras conseguir Pallete cerrar en pleno confinamiento la mayor operación de la empresa con la fusión de 02 y Virgin Media, que liderará el sector de telecomunicaciones británico tras fusionar su filial en Reino Unido con la de Liberty para liderar el mercado de ultra banda ancha. Cabe citar además las declaraciones de la polémica Fiscal del Estado, Dolores Delgado, que sobre el Covid19 manifiesta que “vamos a investigarlo todo, las víctimas son una prioridad” por lo que “investigaremos las residencias y el material sanitario, hay que ver cómo se compró, necesitamos peritajes”; sobre su polémico nombramiento sostiene que “Sánchez vio en mí a una mujer preparada” y se pregunta “por qué haber sido ministra es una debilidad y no una fortaleza”; sobre el juicio del 1-O dice que “la Abogacía entendió que era sedición, ¿influí?, la relación entre Abogacía y Administración es de profesional y cliente”; y, sobre el caso Tándem y el comisario Villarejo añade “me considero una víctima y será la Justicia la que ponga los límites….en lo personal el dolor lo administro bien”.

            Y del exterior, destacar que el impacto en Rusia de la pandemia agrieta la fortaleza de Putin; que el coronavirus lleva a EEUU a los niveles de paro de la Gran Depresión de 1929, pasando de un 3% a un 14´7% de desempleo; que el Presidente alemán Steinmeier, durante la celebración del Día de la Victoria y homenaje a las víctimas en el 75 aniversario del final de la Segunda Guerra mundial, cuyos actos principales se han dado en París, Londres y Berlín, advierte de que “ahora nos tenemos que liberar del nacionalismo”; y que Lagarde advierte a Alemania que el BCE es independiente y no acepta presiones, con lo que la institución actuará “sin inmutarse” por el desafío del Constitucional germano, mientras el Tribunal de la UE de Luxemburgo responde con dureza al Alto Tribunal alemán considerando que su sentencia amenaza la seguridad jurídica, en tanto que Bruselas amenaza con expedientar a Alemania por su fallo sobre el BCE.

Jorge Cremades Sena