CCAA AMIGAS Y ENEMIGAS

 

                    Como si de un juego de niños se tratara, el Gobierno de Sánchez cataloga a las CCAA como amigas o enemigas según sean críticas con su gestión o no y, al efecto, amenaza con no darles fondos a las que le critican o a las que no se pliegan a sus cogobernantes decisiones, exigiendo que apoyen su plan para poder recibir el dinero para el turismo a las que discrepan del reparto de los mismos. En definitiva, o estás conmigo (como las gobernadas por el PSOE) o estás contra mí (como las gobernadas por el PP), menos País Vasco y Cataluña a las que, estando gobernadas por nacionalistas y necesitándolas para seguir gobernando, el Gobierno cede y cede a todos sus chantajes, dándoles un tratamiento de favoritismo respecto al resto de autonomías, un agravio intolerable contrario incluso a los principios de igualdad reseñados en la Constitución. Así las cosas, Galicia, Castilla y León y Murcia se ven obligadas a respaldarle para no verse relegadas en la ayuda, mientras Urkullu irá a la Conferencia de Presidentes tras arrancar nuevos tributos y Cataluña, aunque Aragonés no asistirá a la Conferencia, se ve favorecida al perdonarle Montero 1.024 millones si le aprueba los Presupuestos. Una absurda Conferencia de Presidentes mientras ahora Sánchez quiere dos reuniones anuales, con el objetivo, según dice, de fortalecer la famosa cogobernanza a pesar del permanente boicot de Cataluña y País Vasco, que apalancan su Gobierno de coalición y se saltan la Conferencia a la torera según les conviene, cuando desde su creación en 2004 ha sido un encuentro inútil que ni siquiera ha conseguido una periodicidad anual, y que los barones del PP tachan de “timo” criticando los beneficios que Pedro Sánchez da a Cataluña y País Vasco. Las CCAA, que recibirán 112.000 millones en 2022, más dinero que nunca, se ven sometidas a un chantaje de 3.000 millones de Hacienda, pues Monteo condiciona el pago del IVA a que se aprueben los Presupuestos, lo mismo que ya prometió la ministra con las fallidas cuentas públicas de 2019. Al final una administración inoperante, con duplicación y confusión de competencias por doquier, y sobredimensionada que en la era Sánchez ha crecido en 300.000 empleados públicos más mientras el déficit público y la deuda están  disparados y la nómina de las administraciones bate máximos y se acerca a los 3´4 millones de trabajadores. Y, por si fuera poco semejante derroche y despilfarro, el Banco de España se ve forzado a examinar la sumisión del “ICO catalán” a la Generalitat, en tanto que el Tribunal de Cuentas duda de que los avales del procés sean legales y fuerza a que Sánchez se posicione sobre el asunto, instando a la Abogacía del Estado a pronunciarse sobre las fianzas de la Generalitat al procés, mientras la Fiscalía investiga si dichos avales públicos a excargos del Govern catalán suponen un delito por “malversar” en los avales a los malversadores de dinero público, admitiendo una denuncia de Ciudadanos por la pintoresca garantía del Instituto de Finanzas. Cataluña con sus secesionistas gobernantes, ni es una autonomía amiga ni enemiga……simplemente es una autonomía imprescindible, hoy por hoy, y privilegiada por ello para que siga sobreviviendo el gobierno de coalición de Sánchez.

          Y mientras España, a pesar de todo, se sitúa a la cabeza en la carrera de la vacunación, siendo ya el país con una mayor parte de la población con la pauta completa entre los cincuenta más poblados del mundo, las CCAA, que hacen lo que pueden en el proceso de vacunación, se quejan de que “el Ministerio ni planifica las vacunas ni nos deja planificar”, reprochando a la UE y a la ministra Darias la falta de dosis y temiendo incumplir por ello el calendario previsto ya que Murcia, por ejemplo, sostiene que “el Gobierno no está enviando suficientes; sólo sabemos lo que nos van a mandar semana a semana”, mientras Aragón pide dosis “para los jóvenes” y así frenar la escalada, cuando la incidencia en España ya se sitúa en los 700 y los ingresos en las UCI se han duplicado en los últimos quince días. Por otro lado el Gobierno, que negocia con las CCAA más control de las residencias, se inhibe en la gestión de la quinta ola y alimenta el caos autonómico con restricciones y fallos judiciales dispares, cuando las CCAA piden un marco legal común que les permita actuar y, mientras los países ricos imponen más limitaciones a los no vacunados (Francia, Italia e Israel vetan el ocio, y EEUU obligará a los funcionarios a pincharse ante el frenazo de la inmunización y el avance de la variante delta), la ministra Darias descarta el “pasaporte covid” en el ocio y la hostelería por ser ilegal, con lo que Sanidad descarta ampliar su uso para poder acceder a bares y restaurantes.

          En todo caso Sánchez, de momento, puede estar tranquilo pues la derecha se rompe en mil pedazos con las encuestas a favor, ya que Vox da por quebrada su relación con el PP y amenaza con no apoyarle en ayuntamientos y autonomías, pues los de Abascal exigen a Génova que se retracte tras abstenerse en la reprobación de su líder en Ceuta. Por su parte el PP respalda a su líder ceutí tras el anuncio de ruptura de Vox, al extremo de que Vivas dimitirá si Casado le obliga a rectificar, y Génova cree que lo de Vox sólo es una provocación, aunque teme que intente forzar elecciones en Andalucía. “El PP se ríe de nosotros; en cada momento votaremos lo que queramos” dice Abascal tras su reprobación en Ceuta, mientras los populares frenan que la Asamblea de Ceuta revoque la declaración de “persona non grata” y Vivas, el alcalde-presidente popular de Ceuta, dice que “Marruecos se frota las manos con las tesis de Abascal”. Por su parte PSOE y Podemos aparcan tensiones y se dan una tregua en agosto, aplazando las negociaciones de los Presupuestos a septiembre, cuando la batalla se librará en materia fiscal sin lugar a dudas.

          Entretanto, mientras el FMI sitúa a España como el país desarrollado que más crecerá (por algo ya parte de muy abajo al ser el que más ha sufrido los efectos de la crisis) y su economía recuperará en 2022 el nivel previo a la pandemia, Calviño cede ante Díaz y estudiará subir el salario mínimo este mismo año, un guiño a la coalición que enciende a las empresas, que advierten que “es prematuro y dañará el empleo” cuando “aún muchos no se han recuperado”, pues no en vano en 2019 se perdieron 174.000 empleos por la subida.

          Por lo que se refiere a otros asuntos cabe citar que ACS gana 351 millones entre enero y junio, un 4´8% más, siendo la mejora del tráfico de las autopistas de Abertis lo que impulsa sus beneficios; que el granadino Valero logra el bronce en Tokio, la segunda medalla para España, tras remontar en mountain bike; que Fernández-Lasquetty, consejero de Hacienda de Madrid, dice “me temo que va a haber muchos Plus Ultra y más grandes”; que la palista vasca Maialen Chourraut a sus 38 años logra medalla de plata en Tokio tras el bronce de Londres y el oro de Río, una hazaña indiscutible, tras sufrir un verdadero calvario en piragüismo de aguas bravas con lumbago, vértigos y una fisura de costilla; que el PNV habilita un organismo afín para multar por “enaltecer el franquismo”; que Corinna demanda a Juan Carlos I y pide que no se acerque a menos de 150 metros; que muere Menchu Álvarez del Valle, abuela de Doña Letizia; y que la Ley de Eutanasia no garantiza la objeción de conciencia según informe del Comité de Bioética que advierte al Gobierno de que se hace “una regulación muy restrictiva” de este derecho fundamental del personal sanitario.

          Y del exterior, destacar que, según Borrell, “a algunos países europeos lo único que les separa de Rusia es una valla”; que la presión vence a Simone Biles, la mejor gimnasta del mundo, que deja de competir en Tokio por un ataque de ansiedad y denuncia la gran exigencia a las estrellas del deporte; que el presidente de Túnez abre una crisis al asumir plenos poderes, apartándose de la senda de la democracia tras un golpe de mano; y que Castillo asume en Perú la Presidencia, acto al que acude Felipe VI y en el que el nuevo mandatario peruano se autocalifica como “el primer campesino que gobierna este país” mientras asume su cargo con “dolor” y “orgullo”.

Fdo. Jorge Cremades Sena

LA ESPAÑA MULTINIVEL

 

                    Mientras el Tribunal de Cuentas paraliza los embargos para analizar el aval catalán y da un ultimátum a los líderes del procés antes de embargarlos, exigiéndoles que presenten los avales adecuados y no los de la Generalitat, sospechosamente ilegales y contradictorios (es difícil de entender que con dinero público se avale a quienes lo malversaron), ya que considera “otra malversación” en las fianzas del  procés, por lo que fuentes del órgano fiscalizador alertan de que la Generalitat cometería de nuevo “desvío de dinero público”, dimiten tres miembros independientes de la Junta de Gobierno del Instituto Catalán de Finanzas dos días antes de que se activara el aval a los 34 ex altos cargos supuestamente malversadores de dinero público para llevar a cabo su ilegal procés independentista de Cataluña. Y es que Aragonés decide finalmente imponer dichos avales a la cúpula del “ICO catalán” gracias a que el presidente del Instituto de Finanzas aprobara con su voto de calidad las fianzas del Tribunal de Cuentas con buena parte de la dirección de dicho organismo en contra y recelando que se pudiera estar incurriendo en otra manifiesta malversación de fondos públicos. Por su parte el Gobierno de Sánchez y el PSOE, más interesados en no soliviantar a sus socios catalanes secesionistas para conseguir mantenerse en el poder que en defender a ultranza una impecable gestión de los fondos públicos, hacen mutis por el foro inmersos en la entelequia de la cuadratura del círculo de una imposible negociación con los independentistas totalitarios que, antes o después, habrá de romperse ante la imposibilidad de concesiones inconstitucionales, como un referéndum de autodeterminación en Cataluña o una amnistía, que es lo que, sí o sí, exigen al Gobierno desde el Govern catalán en dicha negociación. Al efecto, para seguir mareando la perdiz y ganar tiempo en este itinerario hacia la nada, Isabel Rodríguez, la nueva ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, dice “buscamos un acuerdo en Cataluña, no un referéndum”, que, obviamente sería ilegal, mientras el PSOE de Sánchez en la ponencia marco del 40º Congreso del Partido, donde en 300 páginas sólo hace una única cita a Cataluña, se inventa el término de una “España multinivel” para “encajar” Cataluña en España con más autogobierno, denuncia el “neocentralismo” y propone una “armonización fiscal” contra Ayuso. Entretanto Moncloa presiona al Govern de Cataluña para que vuelva a las citas multilaterales, como el resto de CCAA, y el pretendido diálogo bilateral enfrenta a los socios independentistas mientras Puigdemont menosprecia a la mesa de ambos gobiernos. Y en medio de este carajal, el Rey, durante la ofrenda al Apostol en Santiago, reivindica la Corona como “continuidad de la nación” y como “puente entre pasado y futuro”, apelando a la unidad de España, que “asegura nuestra convivencia”. Pero nada se hace para frenar las afrentas y desplantes al Jefe del Estado desde otras instituciones gobernadas por secesionistas, cuando están obligadas constitucionalmente a defenderlo, ni desde el Gobierno se manifiesta clara y contundentemente que, al margen de ese dudoso eufemismo de la “España multinivel”, en nuestro país, en nuestro Estado democrático, no cabe negociación alguna, ni presente ni futura, que atente contra las libertades de todos los españoles, por lo que ese acuerdo del que habla Isabel Rodríguez, con el referéndum como exigencia primordial del secesionismo totalitario, es totalmente imposible y, por tanto, cualquier apariencia de negociación o diálogo al respecto es sencillamente perder el tiempo……o mejor, ganar el tiempo que sea para mantener algún tiempo más este gobierno de coalición de Sánchez que hace aguas por todas partes.

          Hace aguas por todas partes mientras España pierde peso a nivel internacional tal como ha puesto en evidencia el semiclandestino viaje de Sánchez a EEUU, un periplo americano con una agenda más propia de un ministro que de un Jefe de Gobierno, que ha pasado casi desapercibido a nivel local y no ha tenido contenido político alguno ni de Estado ya que no sólo no se ha entrevistado con Biden sino que tampoco lo ha hecho con ningún otro político de talla. Y es que no basta con las buenas intenciones que Sánchez pueda tener para atraer inversores a España, que, por lo visto, era el objetivo de dicho viaje (¡y ojala que vinieran muchos!), pues las cosas hay que hacerlas mucho mejor, tanto en políticas internas como en política internacional, ya que la triste realidad es que la inversión extranjera huye de la política económica del gobierno de Sánchez, pues, desde que en 2018 llegó a La Moncloa, los flujos se han reducido a menos de la mitad y seis de cada diez euros que llegan van a Madrid. No sabemos si tras el invento de esa eufemística “España multinivel” mejorarán las cosas, pues, de momento, según SigmaDos, Sánchez es el líder europeo peor valorado entre sus ciudadanos y tanto en las vacunas como en la estrategia económica se confía más en Bruselas que en Madrid, siendo el crecimiento económico la gran prioridad para los españoles cuando entre los europeos es la ecología. Además, el cambio de ministros que Sánchez ha hecho, según GAD3, no logra frenar la caída de Sánchez y de su gobierno de coalición cada vez más débil y más contradictorio, ya que, en caso de elecciones, el PSOE se dejaría 19 escaños desde las últimas generales frente a los 50 que ganaría el PP, que sumaría mayoría absoluta con VOX; los resultados de los principales partidos serían: PP 31´1% de votos y 139 escaños, PSOE 25´1% y 101, Vox 12´4% y 37, y UPodemos 10% y 23. Por otro lado, según NCReport, los votantes del PP apoyan a Casado y quieren abandonar Génova, ya que el 73´9% de los electores populares cree que su liderazgo es bueno o muy bueno, manteniendo una gran fidelidad de un 96´3% con respecto a las pasadas elecciones.

          Entretanto, la jueza paraliza cautelarmente “por no estar justificadas” las ayudas a la aerolínea Plus Ultra, con lo que su sospechoso rescate público queda paralizado, poniendo en alerta a la UE en vísperas de la llegada de fondos europeos. Así la juez pone en jaque los rescates del Gobierno y exige revisar la ayuda de Ábalos a la aerolínea (ya hay quien especula con que su fulminante cese no anda alejado de esta cuestión), cuestiona sus informes e impone otro peritaje, mientras el Ejecutivo augura el colapso de la compañía y la pérdida de los 19 millones ya entregados. Y mientras la Abogacía reconoce que peligra recuperar el dinero ya inyectado (faltaría por inyectar otros 34 millones), el escándalo de Plus Ultra frena ayudas de 3.600 millones en la Sepi, en tanto que el sector turístico agoniza a la sombra de dicho escándalo, pues, al parecer, el Gobierno dio el “sí” al rescate de la compañía aérea incluso antes de ver los informes. Y mientras Sánchez vende en EEUU que sus cesiones a Podemos serán mínimas, el PP relanza su petición de comisión de investigación, para esclarecer políticamente el asunto.

          Por otro lado Llop ignora a Bruselas y no cambiará el sistema de elección de los jueces, pues la nueva ministra de Justicia rechaza la fórmula reclamada por la UE porque no cuenta con “legitimación popular”, mientras PSOE y PP por fin se emplazan a septiembre para renovar el CGPJ, ya que la fractura política insostenible está derivando en un bloqueo institucional inédito (cuatro órganos constitucionales siguen sin renovarse a tiempo: Defensor del Pueblo, CGPJ, TC….y ahora se suma el Tribunal de Cuentas, que acaba de cumplir mandato). Y mientras Conde-Pumpido perfila su candidatura a la Presidencia del TC, fuentes de la magistratura apuntan a un relevo en que el actual presidente del TC, González Rivas, acceda a su vez a presidir el CGPJ. Es cuestión de que Sánchez y Casado se pongan de acuerdo y, ya puestos, decidan modificar, de una vez por todas, los mecanismos de elección de jueces y magistrados, despojando el sistema de la excesiva dependencia política actual que, ya ven, rompe la necesaria independencia de los poderes públicos y, sobre todo, abona su descrédito ante la ciudadanía. Casado y Sánchez pueden hacerlo, entre ambos tienen la mayoría suficiente en el Congreso para lograrlo. Ya puestos, también deberían hacer un esfuerzo por aproximar posturas sobre las relaciones con Marruecos y sobre la política migratoria, cuando en un tercer asalto colectivo en dos semanas 238 migrantes logran entrar en Melilla, sumándose a los 140 que lo lograron en dos últimos saltos en estos días, y a través de unas vallas sin concertinas ni “peines invertidos” lo consiguen en apenas dos minutos durante la fiesta del cordero. De momento sabemos que Casado plantea quitar las ayudas del Estado a los inmigrantes de 16 y 17 años, pues propone excluir a los “casi adultos” para que Marruecos no los envíe de “avanzadilla”, mientras Génova corrige al PP de Ceuta por haber permitido que se declarara “persona non grata” a Abascal, tras advertir Vox al PP con romper por dicha reprobación.

          Y entretanto prosigue la pandemia y el caos de gestión con toques de queda en casi toda España ante el preocupante repunte de esta quinta ola, mientras los test de autodiagnóstico se agotan en las farmacias en el primer día de venta y mientras Sanidad rechaza paliar con Janssen la escasez de vacunas de Pfizer, que cuatro CCAA habían solicitado ante el avance de la pandemia en los menores de 40 años, en tanto que País Vasco impone de nuevo la mascarilla. Sanidad asume que será necesaria una tercera dosis y que habrá que vacunarse todos los años, mientras se dan cifras record de incidencia en cinco autonomías y Alemania asesta otro golpe al turismo declarando toda España zona de alto riesgo. Por otro lado, mientras los estudios muestran que la utilidad de las vacunas es menor de lo previsto, Sanidad investiga la muerte de un hombre de 36 años vacunado con Janssen.

          Por lo que respeta a otros asuntos cabe citar que Ayuso se niega a ser la “palmera” de Sánchez en la inútil Conferencia de Presidentes; que la educación infantil pierde 80.000 alumnos en la pandemia; que Adriana Cerezo logra en su debut a sus 17 años una medalla de plata en taekwondo en los JJOO, estrenando así el medallero español; que el golfista vasco Jon Rahm, número uno del mundo, da positivo y se pierde los JJOO, cuando ya había pasado el coronavirus en junio y estaba vacunado; que el Constitucional planea reactivar la sentencia sobre el aborto; que el Gobierno convoca más de 30.000 plazas de empleo público, lanzando así Montero la mayor oferta de la historia; que el Paseo del Prado y El Retiro de Madrid es declarado por la Unesco patrimonio Mundial en la categoría de Paisaje Cultural; que mientras muchos ciudadanos, asfixiados por el precio de la luz, han de elegir entre comer y el alquiler o pagar el recibo, a Teresa Ribera, Vicepresidenta y Ministra de Transición Ecológica, sólo se le ocurre decir que “no es razonable que los ciudadanos estén pagando tanto por la luz”….. ya lo sabemos, señora Vicepresidenta, ¿y?; y que el PSOE busca presionar a la Iglesia modificando los acuerdos con nla Santa Sede, pues en la ponencia de su próximo Congreso incluirá de nuevo la necesidad de negociar los tratados, objetivo recurrente en plena ofensiva contra el Valle de los Caídos, pues el Gobierno quiere asfixiar económicamente a los benedictinos, ya que, en paralelo a la Ley de Memoria Democrática, Patrimonio Nacional ha congelado desde hace tres años la partida para mantener Cuelgamuros, un millón de euros, con los que los monjes no llegan a fin de mes y los edificios se resienten.

Y del exterior destacar que la inteligencia artificial da un empuje gigantesco a la bioquímica y las predicciones sobre las proteínas permitirán grandes avances médicos; y que Tokio, tras superar las dudas, echa a andar e inaugura los JJOO de verano más caros de la historia con una ceremonia inaugural sin público, sobria y sin carácter festivo, en que lanza un mensaje de esperanza contra la pandemia con mezcla de tradición y drones….sobriedad y homenaje a las víctimas del Covid mezclando tecnología, emoción y llamadas a la unidad mundial en un mundo tan amenazado en su globalidad.

Fdo. Jorge Cremades Sena

TENTACIONES TOTALITARIAS

                    Es frecuente que la sustancial e indispensable separación de poderes que exige cualquier sistema democrático se vea muchas veces zarandeada por el poder Ejecutivo pues, salvo que los miembros o partidos que lo conforman tengan una inmaculada y nítida vocación y convicción democrática, el deseo de imponer sus proyectos, aunque sea por la mínima y fuera de plazo, les conduce a actuar al margen de o bordeando la normativa democrática vigente y las instituciones que conforman el Estado de Derecho, avivando así tentaciones totalitarias que, poco a poco, van minando los derechos y libertades ciudadanas con el riesgo en algunos casos de convertir un Estado Democrático en un Estado Autoritario de difícil reconversión futura. Obviamente si los miembros que conforman el Ejecutivo tienen ideologías totalitarias, como son el fascismo, el comunismo, el nacionalismo secesionista o el populismo radical de izquierdas o de derechas, las tentaciones totalitarias se incrementan ya que obedecen a la concepción autoritaria de la ideología que profesan y que impondrían sin duda desde la minoría si pudieran hacerlo, ya que en su concepción ideológica se consideran siempre poseedores de la verdad absoluta, una verdad que ha llevado y lleva a muchos pueblos a la ruina económica, a la eliminación de sus libertades y derechos básicos (entre ellos, el derecho a la información) y, en definitiva, al sometimiento expreso al poder Ejecutivo del resto de instituciones y poderes del Estado, como el Legislativo y Judicial, que, en el mejor de los casos, quedan convertidos en meras comparsas bufas para avalar los dictámenes caprichosos del Jefe de Gobierno de turno. Pues bien, en España, con el débil gobierno de coalición social-comunista las tentaciones totalitarias del mismo son cada vez más frecuentes y van “in crescendo” de forma alarmante, provocando no pocos conflictos con el Poder Judicial, a los que, de momento, pone la guinda la última sentencia del TC respecto al primer estado de alarma decretado por Sánchez. Los jueces, alarmados, cargan contra los ministros que, erigidos en voceros del Ejecutivo, se dedican a “deslegitimarlos”, por lo que las asociaciones judiciales afean a Pilar Llop “la descalificación constante del Poder Judicial”, la APM cree que las críticas al TC traslucen “el cuestionamiento continuo de las instituciones” y la Francisco de Vitoria tiene claro que “el Gobierno pone en duda nuestra legitimidad cuando no le gusta una resolución”, mientras Conde-Pumpido se ve obligado a pedir perdón a la mitad del TC después de que los seis magistrados que votaron a favor de la inconstitucionalidad del decreto de estado de alarma le exigieran una rectificación pública de las descalificaciones que hizo contra sus compañeros. No en vano la UE reclama a España un CGPJ elegido por los jueces (y no por las conveniencias de los partidos políticos) indicando que debe renovarse “de acuerdo con los estándares europeos” para que no sea “vulnerable a la politización” y expresando su “preocupación” por “la autonomía de la Fiscalía respecto al Gobierno”….. Y mientras nueve jueces del Supremo piden elevar al Pleno la elección de Dolores Delgado, que pasó de ministra de Justicia a Fiscal General del Estado,  Didier Reynders, el Comisario de Justicia europeo manifiesta que “hay problemas en Varsovia pero en Madrid también”, ya ven, las tentaciones totalitarias proliferan peligrosamente. Entretanto, el nuevo ministro Bolaños aún no ha llamado al PP para retomar las conversaciones y renovar las instancias judiciales pendientes de renovación, mientras los jueces elevan la presión a PSOE y PP para que se renueven ya, creyendo que el cambio de Gobierno debe llevar al menos al desbloqueo del CGPJ. Y en pleno enfrentamiento intolerable Gobierno-TC se produce el acto protocolario de la entrega de las memorias anuales por parte de los presidentes del TC y del CGPJ y TS, como rendición de cuentas a Felipe VI.

          Tentaciones totalitarias en la Ley de Seguridad Nacional ya que los puntos más polémicos de la reforma imitan normas chavistas, tan del gusto del sector podemita del Ejecutivo, pues las nuevas obligaciones de prestación de servicios y los requisamientos en situaciones de emergencia son similares a los que existen en Venezuela. Además, en pleno revisionismo, Sánchez impulsa la nueva Ley de Memoria enviando el Consejo de Ministros el texto legal, con el que vuelve a recurrir al franquismo como arma política al usar esta Ley de Memoria Democrática contra el PP y Vox, argumentando que “un partido democrático no puede estar en contra”, con lo que, ya ven, o me votas la Ley o te conviertes en un sujeto totalitario donde los haya, cuando lo adecuado debiera ser pactar estas leyes con la oposición por su propia naturaleza y no sacarlas adelante por la mínima a cambio de determinadas concesiones, como ha sucedido con el “icetazo” que concede la plaza fija a aquellos trabajadores de la Administración que lleven más de diez años en temporalidad y no tendrán ya que opositar gracias a un improvisado acuerdo con ERC de última hora que consigue sacarlo adelante en el Congreso por un solo voto de diferencia, mientras fuentes sindicales temen que puede que sea inconstitucional. En fin, una Ley, la de Memoria Democrática, que algunos consideran innecesaria (ya estaba la de Memoria Histórica de Zapatero) y que quiere un Valle de los Caídos sin Cruz, sin benedictinos y sin Primo de Rivera enterrado allí.

          Tentaciones totalitarias que llevan al esperpento de que los secesionistas, socios de Sánchez, malversan fondos públicos para llevar a cabo su ilegal procés y la Generalitat decide pagar sus fianzas con otros fondos públicos, apuntando así a una doble malversación del dinero de todos. En efecto, los grandes bancos rechazan avalar a los encausados por el procés, echando por tierra la fórmula más prudente para que los encausados no tengan que apechugar con sus respectivos patrimonios, y el Tribunal de Cuentas rechaza darles más tiempo para la fianza. Por su parte Aragonés, resignado en principio a dejar sin aval a Junqueras, Mas y Puigdemont, tras fracasar el Govern en la búsqueda de bancos privados que intermediaran en el pago, con lo que obligarían a que los líderes del procés hubieran de responder con sus respectivos patrimonios, rectifica finalmente y usará dinero público cubriendo los embargos con el aval del “ICO catalán” que el Tribunal de Cuentas rechaza inclinándose, como es lógico y democrático, por vetar el aval público catalán y no acepta que las fianzas de los 34 ex altos cargos se financien con el Presupuesto de la Generalitat a través del Instituto de Finanzas, es decir, con el dinero de todos, en este caso, de la Generalitat que forma parte del Estado al que estos individuos atacaron de forma ilegal y totalitaria para acabar con el mismo, poniendo en riesgo con semejantes decisiones a los profesionales del ente a los que Giró, Consejero de Economía de la Generalitat, que debiera velar por el correcto uso del dinero público, prometió proteger porque podrían incurrir en malversación. Al final nuevos recursos de inconstitucionalidad a la vista porque el Ejecutivo, mudo cuando le conviene, prefiere moverse entre dos aguas para contentar al variopinto elenco de opciones minoritarias que le apoyan pero con claros matices totalitarios.

          Y mientras la pandemia, que sigue fuerte entre nosotros, agrava el atasco con 3.156.877 casos judiciales pendientes, media España está ya vacunada pues más de 24 millones de españoles ya han recibido la pauta completa, con Asturias, Galicia y Castilla y León a la cabeza. Un proceso de vacunación que se frena en Europa pero avanza en España, aunque, no obstante, los contagios se multiplican por seis sin mascarilla, cuando los expertos no aprueban que se relaje su uso en exteriores y no pocas CCAA piden en vano volver al toque de queda y al uso obligatorio de las mismas, mientras un juez anula la primera multa tras la sentencia del TC y mientras es imputada la Directora de Salud de Baleares que confinó a los estudiantes en un hotel. Entretanto Reino Unido pone fin a casi todas las restricciones sociales a pesar de que los contagios siguen disparados, registrando 50.000 contagios diarios pese a tener al 70% de la población vacunada con dos dosis, lo que ha posibilitado que las reservas de británicos para volar a España hayan subido un 400% tras la decisión del Gobierno británico de eliminar casi todas las restricciones.

          Mientras tanto la luz pulveriza su record y hace inútiles las medidas del Gobierno de Sánchez al marcar el precio más alto del mercado en veinte años en plena ola de calor, pues los españoles pagan hoy el precio de la luz más caro de Europa, disparándose el mercado eléctrico por encima de los 106 euros por megavatio a la hora y batiendo record histórico, mientras el Gobierno, que por fin se ha visto obligado a bajar el IVA del 21% al 10%, intenta pasar como puede la crisis energética vinculando la insoportable subida a “factores internacionales”. Es decir, que la culpa de esta desorbitada subida la tienen los demás, cuando, junto con Italia tenemos los precios de la luz más altos de la UE, costando en nuestro país un 13% más que en Alemania y Francia, donde hay más nucleares, y superando en un 11% la media de toda la Unión. No en vano, ante el fracaso manifiesto del Gobierno sanchista que con las medidas para frenar la “pobreza energética”, que achacaban al PP cuando eran oposición, no impiden el “tarifazo” en este verano, le recuerdan a Sánchez y a Iglesias (es decir, al PSOE y Podemos) las acusaciones que hacían a Rajoy por “empobrecer el país” y “dar un golpe a las familias”, acusándole de “cómplice” de las eléctricas, mientras prometían que ellos, si gobernaban, bajarían el precio de la luz y pondrían “firmes a las grandes eléctricas”, llegando a afirmar el comunista Garzón, hoy ministro aunque no se sabe de qué, que “ningún gobierno decente debía tolerarlo”, cuando en aquellos tiempos el precio de la luz se había encarecido entre un 4´6% y un 16´2%, mientras ahora la subida ha sido superior al 270%. Cabría preguntarles a tenor de sus declaraciones cuando eran oposición si este gobierno si es “decente” y no es “cómplice”…..y, en caso afirmativo, que nos expliquen por qué aquel gobierno de Rajoy era indecente y cómplice de las eléctricas y este de Sánchez no. Ya ven, tentaciones totalitarias que no sólo existen cuando se gobierna, sino también cuando desde la oposición se hace demagogia populista barata e irresponsable para llegar al poder y luego todo se lo lleva el viento.

          Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que un instituto de Sevilla aprueba a un alumno con ocho suspensos que no iba a clase; que fondos de EEUU elevan a Sánchez (de viaje por tierras americanas aunque sin reunirse con Biden) su inquietud por la reforma laboral y los inversores también le trasladan su preocupación ante la ley de vivienda; y que Casado, ante su cuarto año al frente del PP, “empieza la fase de alternativa” y en la celebración del tercer aniversario en Gredos promete ante su directiva una oposición “más propositiva”, trasladándole al partido que ya duplican los votos de Rajoy, pues hoy se impondrían, con permiso de Tezanos, en todas las provincias salvo las de Cataluña y País Vasco, y cuando sucedió en el partido a Rajoy sólo ganaban en Salamanca, Lugo y Orense.

          Y del exterior destacar que EEUU, la UE y la OTAN acusan a China de promover ciberataques, entre ellos el ciberataque masivo a Microsoft, y tildan al país asiático de “irresponsable”; que el programa israelí Pegasus permitió a regímenes autoritarios espiar a periodistas y opositores; que Jeff Bezos completa un vuelo de unos diez minutos con su propia nave espacial y aterriza con éxito tras ir al espacio; que el tribunal electoral de Perú proclama presidente a Pedro Castillo, con lo que Venezuela y Cuba ganan un aliado con él en el poder; que Cuba siembra el terror con juicios exprés sin abogado a los detenidos, mientras el régimen castrista utiliza a los Boinas Negras, sus fuerzas especiales, para reprimir las protestas en las calles; y que hay miedo y vacío en Tokio ya que crece el temor a un brote tras confirmarse algunos positivos en la Villa Olímpica, donde residen 11.000 deportistas de 205 países, obligados a múltiples controles y restricciones antes de celebrar los juegos del miedo para olvidar la maldita pandemia.

Fdo. Jorge Cremades Sena

ELUCUBRACIONES DOCTRINALES

 

                    De “elucubraciones doctrinales” sin “sentido de Estado” tilda la jueza y ministra de Defensa, Margarita Robles, la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional por mayoría de sus miembros parte del decreto del primer estado de alarma de Sánchez, con lo que el Gobierno, disconforme con la sentencia, eleva el tono contra el TC que en su controvertido fallo sostiene que “se alteró el orden público y eso legitima el estado de excepción”, por lo que deroga el confinamiento ya que “la gravedad y extensión de la pandemia imposibilitó el ejercicio de derechos” y, por tanto, el decreto de alarma no era suficiente para el caso, pues lo correcto hubiera sido decretar el estado de excepción, ya que “es difícil negar que una norma que prohíbe circular a todos supone una suspensión del derecho, proscrito en el estado de alarma”. Por su parte Conde-Pumpido, uno de los magistrados que quedaron en minoría y propuesto por el PSOE, arremete contra sus compañeros que conforman la mayoría y emite un voto particular a la sentencia ya que ve “un atajo” que “no responde a criterios jurídicos” y que “crea un grave problema político", desacreditando así los argumentos de sus colegas mayoritarios en favor de la sentencia, incluidos los de su compañera Encarnación Roca, también propuesta como él por el PSOE, que con su voto decisivo a favor de la sentencia la hizo mayoritaria en el TC y que en plena deliberación alertó sobre las presiones del Ejecutivo al Constitucional confesando que también ella había “recibido esas llamadas del Gobierno” para que avalara el estado de alarma, mientras magistrados del Alto Tribunal sitúan a Carmen Calvo como punta de lanza de dicha estrategia, cuando parece ser que en su momento ella quiso aplicar el estado de excepción exponiendo sus “dudas” con el estado de alarma y apoyando en las reuniones con Sánchez una vía “más prudente” pero Bolaños lo rechazó (testigos de las negociaciones recuerdan que el ahora nuevo ministro fue quien más defendió la opción “rápida” para poder confinar). Tras lo declarado por Robles y Conde-Pumpido cabe que expliquen por qué los argumentos de los magistrados que conformaron mayoría en el TC son “elucubraciones doctrinales” sin “sentido de Estado” y los que quedaron en minoría, como Conde-Pumpido, no lo son; pero sobre todo cabe preguntar si es que las sentencias, cuando no dan la razón al Ejecutivo, están erradas porque, como dice Conde-Pumpido, generan “un grave problema político” o, como dice Robles, carecen de “sentido de Estado” cuando, en todo caso, el grave problema político y la agresión al Estado quien lo genera es el Gobierno que actúa al margen de la legalidad constitucional vigente. En el TC, que en la sentencia tampoco apoya que se prorrogase la alarma seis meses y recela que no hubiese control parlamentario, se ha generado un lógico malestar, creyendo algunos que el PSOE actúa como un “antisistema” y que las críticas al fallo “deslegitiman” al tribunal de garantías constitucionales, lamentando que “no es normal que un ministro del PSOE actúe como si fuera antisistema” (es decir, como lo haría cualquier ministro podemita). Así las cosas, el PP pide que Bolaños, flamante Ministro de la Presidencia, explique su oposición al estado de excepción, mientras él dice que “no hay que tocar ni las leyes ni la Constitución tras la sentencia” y Edmundo Bal, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, tiene claro que “al Gobierno no le convenía reformar la ley del estado de alarma porque imponía más control” sobre el Ejecutivo. ¿Tan difícil es que el Ejecutivo reconozca que erró, como ha hecho tantas veces, a la hora de optar por el estado de alarma en vez del estado de excepción para poder confinar a la ciudadanía? En fin, esta es la cuestión.

          Un Ejecutivo que busca aliados tras su fiasco con Marruecos y EEUU a causa de una errática política exterior, al extremo de que Sánchez visita Nueva York, Los Ángeles y San Francisco sin verse con Biden y tras la vuelta de vacaciones iniciará una gira por países africanos, mientras China usa a España para distanciar a la UE de la política norteamericana. Un Gobierno cuya primera orden de Sánchez a Oscar López es desmontar la megaestructura de Iván Redondo, con el objetivo de que ahora el Presidente asuma muchas de las áreas acaparadas por su anterior Jefe de Gabinete, cuando se conoce que el control de los fondos europeos desató el cisma ente Redondo y Bolaños, un distanciamiento que comenzó en Navidad del 2020 y se agravó definitivamente en marzo con la moción de censura fallida en Murcia, que tantos quebraderos de cabeza le ha causado al PSOE. Un Ejecutivo en el que, según NCReport, Sánchez frena la caída tras la renovación del mismo, pues en la semana de los cambios suma más de un punto aunque no logra pasar al PP ya que Casado podría gobernar con el apoyo de Vox; los resultados serían: PP 29´8% de votos y entre 126-128 escaños, PSOE 25´9% y 101-103, Vox 15´3% y 50-52, UPodemos 9´2% y 20-22, ERC 3´3% y 13, JxCat 2´4% y 9, PNV 1´6% y 6, Más País 3´7% y 6, EHBildu 1´2% y 5, Ciudadanos 2´7% y 1, y Otros 3´4% y 9. Entretanto, los indultados y Puigdemont se conjuran en el sur de Francia para “volver a hacerlo” y Aragonés planta a Moncloa y no irá a la Conferencia de Presidentes pese a los esfuerzos de Sánchez por abrir un nuevo tiempo de negociación con el secesionismo, siguiendo así los pasos de Torra, mientras el Presidente se guarda la baza de dar “una solución” al ex president fugado dentro de la negociación con los independentistas, esperando hasta septiembre para ver los movimiento en la mesa negociadora. ¿Hasta cuándo hemos de soportar los españoles, incluidos los catalanes, esta mascarada negociadora que sólo conduce a una ruptura final humillante para España como Estado de Derecho? El tiempo lo dirá.

          Entretanto, mientras Sánchez ignora las medidas sanitarias que pactó en el Congreso, incumpliendo el 81% de lo firmado un año después, y mientras la atención primaria ya está al límite, se celebra el homenaje solemne en recuerdo a los 120 sanitarios que murieron combatiendo al coronavirus, en un acto presidido por los Reyes en la Plaza de la Armería del Palacio Real, en el que el Rey dice “no olvidemos a los que se enfrentaron al covid” y pide “unidad” y “esfuerzo” ante la quinta ola, cuando ocho millones de españoles viven de nuevo bajo toques de queda, con Cataluña y Cantabria logrando el aval judicial, como la Comunidad Valenciana, para decretarlo y cuando el TSJ extremeño lo rechaza para Plasencia. Así se afronta una pandemia, que elevó la pobreza al nivel de la Gran Recesión, con un 7% de los españoles sufriendo una situación de carencia material grave, mientras los ingresos hospitalarios por covid se duplican en dos semanas, en un verano que empieza con nueve veces más hospitalizaciones y el doble de muertos que en 2020 pese a la vacunación. Y en plena polémica de una tercera dosis como refuerzo, se autorizan los autotest que serán nasales y de saliva, y se venderán en farmacias sin receta médica y costarán entre cinco y diez euros…..La buena noticia: la primera semana sin fallecidos en residencias de ancianos.

          Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que la reforma de la Ley de Seguridad Nacional prevé su uso en pandemias y recorta derechos sin control parlamentario, siendo la “emergencia sanitaria” uno de los ámbitos en los que el presidente del Gobierno podría incrementar su poder de forma extraordinaria; que Podemos presiona para salvar el bloqueo judicial del PP, proponiendo Echenique cambios legales que fuercen la renovación; que el Consejo de Estado cuestiona la utilidad de la ley del “sólo sí es sí”, indicando al Gobierno que los casos de agresión ya se centran en el consentimiento de la víctima; que la presidenta del mercado de la luz, Carmen Becerril, quiso subirse el sueldo en pleno “tarifazo” al proponer elevarlo un 3% para equipararlo con el de su homólogo portugués, pero el Consejo del Operador del Mercado Eléctrico vetó la iniciativa y mantiene el salario en 300.000 euros; que Casado rompe con FAES y refuerza su equipo económico, por lo que la fundación que lidera el ex ministro Juan Costa será su nuevo laboratorio ideológico, ampliando sus expertos con Pizarro, Caruana y gestores autonómicos para las elecciones de 2023; que Arrimadas redefine Ciudadanos como partido “liberal progresista” y rechaza unirse al PP, avisando de que “no nos rendiremos nunca”; que Feijóo es elegido por quinta vez líder del PP gallego con el 98% de los votos; que veinte presos de ETA piden sentarse cara a cara con sus víctimas y por primera vez en diez años los etarras participan en talleres de justicia restaurativa; que muere la actriz Pilar Bardem a los 82 años de edad; y que Holanda pide supeditar los fondos europeos a que España cumpla las reformas pues el gobierno de Países Bajos emite un informe sobre el plan de recuperación de Sánchez en el que avisa de que seguirá “de cerca” el plan español tras apoyarlo en la UE y dice en el Ecofin que “los siguientes pagos sólo deben ser abonados si hay avances” mientras pide a la Comisión que revise el coste de la reforma de pensiones, de la fiscal y de la laboral.

          Y del exterior, destacar que Bruselas abre expediente a Polonia y Hungría por su deriva homófoba oprimiendo a las personas LGTBI al violar sus derechos; que Leopoldo López dice sobre Cuba que “lo que está pasando es una esperanza para Venezuela” ya que las protestas en la isla afectarán a su país; que Bruselas lanza la Autoridad Europea contra el blanqueo y en el proyecto para combatir la financiación de actividades ilícitas comprende crear en 2024 un organismo que podrá sancionar a compañías transnacionales, con multas que llegarán hasta los diez millones de euros o al 10% de la cifra de negocio, contando con un presupuesto de 45´6 millones y 250 empleados; que las protestas obligan al castrismo en Cuba a permitir la importación de medicinas y alimentos para calmar la situación, mientras excarcela a la corresponsal de ABC, Camila Acosta, tras permanecer cuatro días incomunicada, durante las 72 horas que hicieron temblar el régimen cubano, en el que los militares dejaron al Presidente Díaz-Canel fuera de las decisiones para afrontar la crisis, mientras el servicio de inteligencia cubano activó un plan de fuga para sacar a sus líderes hacia Sudáfrica; y que el agua desatada por lluvias intensas mata a más de 200 personas en el oeste de Alemania y zonas limítrofes de Bélgica y Países Bajos arrasando casas, coches y calles, y dejando decenas de desaparecidos, mientras la inundación sorprende a Merkel en EEUU y su candidato a canciller recorre la zona afectada….es la mayor catástrofe natural que se recuerda en Alemania desde 1962, de la que el Servicio Europeo de Alertas avisó sobre su riesgo “extremo” pero “todo ha sido un error monumental del sistema” mientras Merkel llama a luchar contra el cambio climático.

Fdo. Jorge Cremades Sena

CONFINAMIENTO INCONSTITUCIONAL

 

                    En pleno avance de la quinta ola de la pandemia, en medio de un caos jurídico para afrontarla y recién estrenado el nuevo gobierno de Sánchez, surgido de una remodelación sin precedentes que desvela por parte del Presidente un reconocimiento explícito del rotundo fracaso de su gestión gubernamental hasta ahora, el Tribunal Constitucional da un varapalo al Ejecutivo de coalición estimando parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Vox al anular la medida más dura de la pandemia decretada por Sánchez, el confinamiento, pues para ello debiera haber recurrido previamente al estado de excepción y no al de alarma, con lo que el encierro de los españoles, decretado por el Ejecutivo, fue inconstitucional. Una sentencia muy controvertida del TC que finalmente se inclina, por seis votos a cinco, contra las tesis del Gobierno de Sánchez y lo hace gracias al voto de una magistrada progresista, la vicepresidenta Encarnación Roca, elegida por el PSOE, considerando que el Ejecutivo no sólo limitó derechos fundamentales, que caben dentro del estado de alarma, sino que los suspendió, lo que sólo cabe dentro del estado de excepción, que exige un previo y mayor control parlamentario del Gobierno, al que Sánchez, consciente de su debilidad parlamentaria y poco dado a los controles parlamentarios, no se quiso someter. Por tanto, el confinamiento impuesto por Sánchez durante el primer estado de alarma fue inconstitucional, tal como sostenía Vox al recurrirlo. Guste o no guste, así es, el confinamiento fue ilegal, lo que supone, entre otras cosas, anular buena parte del millón de multas interpuestas a quienes se lo saltaron a la torera y el descrédito de un Ejecutivo (ya de por sí desacreditado como demuestra su reciente remodelación profunda), incapaz de ajustar sus decisiones a la legalidad constitucional a pesar de estar sobredimensionado de asesores y contar con los recursos jurídicos que el Estado pone a su disposición. Pero lo grave no es ya la sentencia, un error (otro más) lo tiene cualquiera; lo grave es la cínica explicación que da el Gobierno, que no la comparte aunque la respeta, diciendo que Europa tomó medidas similares, lo cual es cierto, pero olvidando dos cosas: que en Europa se tomaron ajustándose a su legalidad vigente en cada país y que el TC en su sentencia no dice que el confinamiento fuese desacertado sino que se decretó de forma ilegal. Por tanto es demagógico que la nueva ministra de Justicia arremeta contra la sentencia defendiendo que el estado de alarma “salvó vidas”, lo que nadie cuestiona, y es intolerable e indecente que Podemos, cogobernante con el PSOE en España, arremeta contra la división de poderes y, por boca de su portavoz parlamentario, Echenique, descalifique al Tribunal Constitucional porque su sentencia no le gusta calificándolo como “Tribunal Voxtitucional” y diciendo que sus miembros “se presenten a las elecciones” (seguro que si lo hicieran sacarían más votos que su partido), cuando todos ellos, incluida la magistrada progresista que ha decantado la ajustada sentencia, han sido nombrados conforme a la legalidad constitucional vigente (son 12 miembros nombrados por el Rey, de ellos 4 a propuesta del Congreso y otros 4 por el Senado y por mayoría de tres quintos, 2 a propuesta del Gobierno y otros 2 a propuesta del CGPJ), lo que, dada la representación de Vox en las Cortes, hace inverosímil que el Alto Tribunal se “voxtitucionalice” por el mero hecho de dar la razón jurídica al recurso interpuesto por los de Abascal, siendo más verosímil que la rabieta de Echenique obedezca a su manifiesta tentación totalitaria. Entretanto el avance alarmante de la quinta ola de infección, cuya incidencia se eleva a su máximo desde febrero y duplica la cifra de hospitalizados en quince días, fuerza el retorno de restricciones más duras por parte de las CCAA sin cobertura ni amparo legal alguno: Cataluña cierra la actividad social a las 00.30 horas, Valencia impone el toque de queda en 32 municipios, mientras Cataluña y Cantabria se lo piden a los tribunales de Justicia de su demarcación, ante la incertidumbre de que ya lo avalaron en la Comunidad Valenciana pero no en Canarias.

          Por otro lado este renovado Gobierno de Sánchez, que llega con la buena noticia de que la UE libera los primeros fondos europeos por 9.000 millones para España (los 27 dan luz verde al plan de recuperación del Ejecutivo), se estrena evitando tildar a Cuba como “dictadura” en pleno auge de la represión del régimen cubano y lo hace, entre otras cosas, supongo, para no soliviantar a su socio comunista, Podemos, que por boca de una portavoz parlamentaria sostiene que el gobierno cubano no es una dictadura. Así, la represión del régimen comunista cubano se convierte en el primer problema del nuevo Ejecutivo de Sánchez, quien, junto a su nueva portavoz y su nuevo ministro de AAEE, evitan tildar a Cuba de dictadura, prefiriendo decir que “no es una democracia”, mientras incluso algunos viejos socialistas sostienen que a las cosas hay que llamarlas por su nombre y mientras el castrismo recurre a la violencia y a la violación de derecho humanos para frenar las protestas del pueblo cubano que, hundido en la miseria, reclama al menos la libertad, en tanto que Exteriores, con el nuevo ministro, Albanes, prepara ya un viaje a Rabat para sellar la paz con Marruecos, que acoge con satisfacción la “cabeza” de Laya, manifestando en su toma de posesión que “hay que reforzar las relaciones con Marruecos, gran amigo y vecino del sur”. La triste realidad es que este gobierno de coalición social-comunista tiene un grave problema ideológico tanto en política exterior como interna, que no se puede resolver sólo con un cambio de caras en los ministerios, pues mientras la mitad del Ejecutivo es filodemocrático sin lugar a dudas la otra mitad, precisamente la que no se ha remodelado, es filoautoritario, teniendo como modelos de gobernanza a países popular-comunistas que nada tienen que ver con la de los países del Occidente europeo.

          Y en el asunto de Cataluña este nuevo Ejecutivo, que busca consenso para desbloquear el Poder Judicial y aplicar la unilateral ley educativa, ofrece mejoras a Cataluña planteando a la Generalitat avances en el autogobierno, cuando el secesionismo, que celebra el ascenso de Bolaños y la caída de Calvo, lo que quiere es la amnistía y el derecho a un referéndum de determinación, ilegales ambas en nuestro marco legislativo democrático. En efecto, el nacionalismo radical o secesionismo, socio de Sánchez, valora el talante del nuevo ministro de Presidencia convencido de que “habrá diálogo” y critica que su predecesora “desconectó hace tiempo”, aunque saben, al igual que Sánchez, que el final de la historia del cínico diálogo negociador llegará a su fin antes o después ya que ni Bolaños ni nadie puede dar el visto bueno al margen de la Constitución para solucionar los problemas de los diversos territorios que conforman el Estado Español como pretende y exige el secesionismo catalán. En todo caso ahora manda Bolaños, a quien destacados cargos del PSOE y del Gobierno arroparon en su toma de posesión como nuevo hombre fuerte del Presidente, contrastando con la soledad de Ábalos y las quejas de los ministros salientes en su despedida, cuando se conoce que Iván Redondo, el otro hombre de confianza caído en desgracia en favor de Oscar López, pidió a Sánchez no ser destituido junto a los ministros y solicitó salir dos semanas antes que los demás, tras recibir la comunicación de su cese y fracasar en su intento de ser titular de Presidencia, aunque otros especulan con que Sánchez le ofreció ser ministro por dos veces. Al margen de especulaciones, lo cierto es que, salvo el amoroso e idílico relevo de Calvo, a quien parece ser que se ofrecerá una salida personal esplendorosa en el Consejo de Estado, los ministros ajustaron cuentas en los relevos, con un Ábalos omitiendo citar al Presidente, su amigo al que avaló en los peores momentos, y con Laya e Iceta mostrando abiertamente sus quejas por el relevo, mientras se conoce que Oscar López, el nuevo hombre de confianza de Sánchez, fue quien diseñó el plan de cambio en el Gobierno y en el PSOE con una operación que arrancó hace seis meses y que está pensada para que en el próximo Congreso Federal Socialista del otoño no haya voces críticas a la gestión del Secretario General, quien, en todo caso, siempre tendrá la posibilidad de echarle la culpa de sus desvaríos a los ministros cesados, cuando el problema es él y su dependencia voluntaria de filo-comunistas, secesionistas y abertzales con quienes es muy complicado gobernar en democracia y en libertad. Así las cosas, Illa se acerca al separatismo y apoya al aval del Govern a los líderes del procés, creyendo ahora el ex ministro que “está muy ajustado a la legalidad” sin esperar ni siquiera el dictamen jurídico que en su día solicitó el propio PSC. Hay que allanar el camino al secesionismo y la Generalitat, con el visto bueno del Gobierno de España y del PSOE, abonará el aval a los líderes del “procés”, que siguen arremetiendo contra España, con cargo a fondos del Estado al que quieren destruir. Entretanto un emisario de Puigdemont revela que negoció con Iván Redondo fondos de la UE, pues, según una grabación de la Guardia Civil al empresario David Madí en el “caso Voloh”, que destapa el encuentro, en su conversación relata la cita, en la que había más personas, con el ex director del Gabinete de Sánchez, mientras el juez acaba de incorporar el audio a la investigación sobre la financiación del desafío soberanista.

          Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que el turismo pierde 20.400 millones por la quinta ola de covid al provocar los rebrotes una cadena de cancelaciones de reservas; que el PP negociará con Bolaños la renovación del CGPJ, pero ve muy difícil pactar pues Génova considera que la nueva ministra de Justicia “no tiene peso como interlocutora porque no la conoce ni la carrera judicial”; que Echenique autorizó pagos de la “caja B” de Podemos, mientras imputan al tesorero del partido por el caso de la falsa niñera; que Benidorm se dispone a inaugurar el rascacielos residencial más alto de Europa, con 198 metros, cuyas obras acaban de concluir; que la mitad de los muertos al volante en 2020 habían consumido drogas y alcohol; que la reforma de la FP busca que los hombres sean sanitarios y las mujeres mecánicas; y que Armengol se reunió en secreto con el implicado clave de la red corrupta, una cita que se produjo días después del arresto de Gual, según una grabación del “caso Puertos de Baleares”.

          Y del exterior destacar que Haití culpa a un médico, que viajó desde EEUU, del asesinato del Presidente; que Francia exigirá el certificado de vacunación o la PCR para entrar en bares, restaurantes y teatros; que Maduro detiene y acusa de terrorismo a un opositor con el que negociaba; que la UE prohibirá vender coches de combustión en 2035 pues la Comisión lanza un ambicioso paquete de medidas por el clima, mientras Frans Timmermans, su Vicepresidente, manifiesta que “no podemos ir despacio, hay que hacer la transición verde de forma radical”; y que Cuba atraviesa por la mayor protesta al régimen en décadas, mientras Díaz-Canel despliega a la policía y culpa a EEUU de alentar las manifestaciones, una represión que no detiene el grito de “libertad” del pueblo cubano a pesar de las decenas de detenidos tras las protestas que ponen en jaque al Gobierno comunista, un pueblo indignado y acostumbrado a colas eternas en las que, según dicen, “esperamos cinco horas y cuando entramos en la tienda sólo hay refrescos”, mientras Cuba amenaza a EEUU con otra crisis de los balseros y Marco Rubio, senador republicano estadounidense, sostiene que “el Gobierno español debe apoyar el clamor del pueblo cubano” y el cantante Yotuel Romero, que ha puesto la voz a la revolución de “patria y vida” contra el castrismo, dice que “los cubanos estamos luchando para que sea la última de nuestras batallas” por la libertad. 

Fdo. Jorge Cremades Sena

PODEMOS, LOS INTOCABLES

 

                    Que no existe un gobierno de coalición en España, sino dos gobiernos en uno, queda más que demostrado tras la profunda remodelación que Sánchez acaba de hacer en el sector socialista del Ejecutivo pero sin tocar un pelo al sector comunista que, por lo visto, es el único que actúa de forma acertada y tiene patente de corso aunque lo hagan mal, bien o regular. Podríamos pues concluir que Sánchez, ante la cruda realidad de presidir un Ejecutivo de coalición (o dos gobiernos en uno) que hacía aguas por todas partes, decide resolver la crisis pero remodelando sólo el sector socialista del mismo y avalando al sector podemita justo cuando hace cuatro días este sector provocaba una nueva crisis, la enésima, provocando que el mismísimo Sánchez descalificase y desautorizase públicamente y de forma inédita a su ministro comunista de Consumo, Garzón, tras aconsejar éste que se redujera el consumo de carne (asunto que, por cierto, está contemplado en el informe gubernamental “España, 2050”), diciéndole a través de los medios “a mí, donde me pongan un chuletón al punto….es imbatible”, mientras el ministro, experto en no hacer nada y meter la pata con declaraciones inoportunas, decía irónicamente que a él el chuletón “le gustaba poco hecho”, con lo que se exhibía públicamente una crisis sin precedentes que presagiaba que en la primera remodelación gubernamental, rumoreada en los medios y negada por Sánchez, uno de los ministros caídos en desgracia sería Garzón, pues, entre otros, socialistas o no, destacaba entre los que han venido protagonizando desencuentros de bulto manifiestos y meteduras de pata inaceptables que han ido consolidando un deterioro progresivo del Ejecutivo cada vez más insoportable. Pues bien, no ha sido así. Sánchez, contra lo que venía diciendo, sí remodela el Ejecutivo, pero sólo al sector socialista del mismo y se traga, tal como le exige Podemos, a los cinco ministros podemitas (los cinco magníficos, magníficas o magnifiques…..¡vaya a ser que me acusen de lenguaje machista!), que, ya ven, funcionando a su aire, son intocables y no dependen del Presidente del Gobierno sino de lo que el pacto IU-Podemos decida y, como es obvio, siendo el comunista Garzón el líder de IU se convierte en intocable junto a sus compañeros podemitas. El Presidente, por tanto, para frenar el desgaste, da un vuelco profundo a la mitad de su Gobierno, al sector socialista, y avala incomprensiblemente a la otra mitad, mantiene intacto a su equipo económico así como el excesivo número de ministros, pero prescinde de su fiel núcleo duro, que le ayudó a llegar a la Secretaría General del PSOE, cuando el Comité Federal le expulsó de la misma, y a alcanzar La Moncloa, dejando fuera ahora del nuevo Gabinete a Carmen Calvo, Ábalos, Campo y a su Jefe de Gabinete, Iván Redondo, muñidor de todas las estrategias de Sánchez hasta la fecha, a quien sustituye por Félix Bolaños como el nuevo gurú que manejará la nueva estrategia de esta renovada “fontanería” de un sanchismo sin sanchistas que casi nadie entiende, salvo que sólo se trate de renovar un Gobierno en quiebra (bueno, medio gobierno) como estrategia para que Sánchez pueda sobrevivir y agotar la legislatura, mientras los partidos de la oposición (PP, Vox y Ciudadanos) sostienen que el problema es el Presidente, pues, como dice Arrimadas, “Sánchez ha cambiado de ministros pero no de socios”.

          En definitiva, el nuevo Gabinete, que estará integrado por 14 mujeres y 9 hombres (una mayor apuesta por la cuota femenina), sin la presencia de Iván Redondo como el hombre más influyente del mismo y con la reducción de cuatro vicepresidencias a tres, incorpora las siguientes nuevas caras: José Manuel Albares en Exteriores, UE y Cooperación, sustituyendo a González Laya; Pilar Llop en Justicia, sustituyendo a Juan Carlos Campo; Raquel Sánchez en Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, sustituyendo a Ábalos; Pilar Alegría en Educación y Formación Profesional, sustituyendo a Celaá; Isabel Rodríguez como portavoz, sustituyendo a María Jesús Montero, que conserva Hacienda y añade Función Pública, y en Política Territorial, sustituyendo a Iceta, que pasa a Cultura, sustituyendo a Uribes; Félix Bolaños en Presidencia y Relaciones con las Cortes, el puesto que ocupaba Carmen Calvo; y Diana Morant en Ciencia e Innovación, sustituyendo a Pedro Duque. Además, cesa a su Jefe de Gabinete, Iván Redondo, y lo sustituye por Oscar López; suprime una vicepresidencia y asciende a Nadia Calviño a la Vicepresidencia Primera, que ocupaba Calvo, dejando la Segunda para Yolanda Díaz y la Tercera para Teresa Ribera. Un Ejecutivo derrochón, que pulveriza el record de asesores a dedo subiendo en mayo un 17%, en el que el equipo de Calviño queda como único contrapeso a Podemos al perder el Presidente su cortafuegos tras expulsar a Carmen Calvo, Ábalos y Redondo; un cambio para frenar a la nueva izquierda tras el fiasco del 4-M en Madrid y que puede afectar al partido al testar ya Sánchez la cantera de cara a una renovación profunda del PSOE que, tal como está, hace aguas por todas partes; y un intento de resolución de una crisis de Gobierno que defrauda incluso al sector más fiel a Sánchez, donde sostienen, entre otras cosas, que “hay un sabor amargo; Pedro ha vuelto al PSOE de antes” y que “si Ábalos no quería marcharse y ha sido él quien se lo ha cargado, sería el colmo”, mientras sus ex críticos celebran el rescate de Oscar López, que apoyó a Patxi López frente a Sánchez, ya que “no es sectario y ha madurado”. En definitiva, Sánchez en estilo puro, que, al parecer, ofreció en mayo un reparto de carteras diferente al que ha hecho ya que tras el descalabro del 4-M en Madrid se empezó a planificar un nuevo gabinete y se cerró con su gente de confianza, pero que la semana pasada cambió todo, típico en la forma de proceder de Sánchez a lo largo de su trayectoria política en que su narcisismo prevalece por encima de cualquier otra consideración.

          Poco antes Ayuso, recibida en Moncloa por Sánchez, le planteaba su oposición en clave nacional, declarando que ve el orden constitucional en peligro y en una tensa reunión diciéndole que “vamos a un cambio de régimen” mientras él contesta que “no vamos a romper España”. En efecto, Ayuso, en calve nacional y no autonómica, recrimina al Presidente los indultos, alerta de una ruptura constitucional y avisa de que acudirá al TC si sube los impuestos, mientras María Jesús Montero, todavía Portavoz del Gobierno, en sus últimas declaraciones como tal, le replica que esos temas se debaten en el Congreso de los Diputados con los líderes del PP y critica que no hable de Madrid. Por su parte, mientras Ayuso marca el paso de la oposición a Sánchez y denuncia en Moncloa el “chantaje” independentista, que “nos está llevando a un cambio de modelo”, el Presidente le contesta que “Cataluña no se llevará gran cosa”, quitando hierro a la negociación con los soberanistas, mientras en Sol, tras la reunión en Moncloa, creen que Sánchez “está en otro mundo” y el balance del Gobierno es que ella quiere liderar la oposición.

          Y mientras el PSOE se prepara para una necesaria renovación profunda como la realizada en la mitad socialista del Gobierno (la generación ente los 40 y 50 años tendrá peso en la nueva dirección) y asume un tsunami que podría afectar hasta Adriana Lastra, quien se hará cargo del partido tras el cese de Ábalos, Jordi Sánchez, Secretario General de Junts, advierte de que no se quedarán de “brazos cruzados” si fracasa el diálogo entre Gobierno y Generalitat, ya que “el nuevo referéndum o es acordado y vinculante o ya tenemos el mandato del 1-O”, en tanto que el Gobierno de Sánchez, como era de esperar, no recurrirá los avales de la Generalitat por el procés y estudia la similitud con los seguros de otras comunidades. En fin, todo lo que haga falta para quitar las “piedras del camino” de las que hablaba Ábalos. Por su parte Aragonés dice que “nunca nos levantaremos de la mesa de diálogo”, en tanto que el separatismo marca al nuevo Ejecutivo, dejando claro que “la agenda sigue, referéndum y amnistía” mientras el Govern aprovecha la debilidad manifiesta de Sánchez y le acusa de tener “poca voluntad de resolver el conflicto”, justo cuando el Presidente y Bolaños serán quienes, desde ahora, lleven la negociación con ERC para la “vía catalana”.

          En cuanto a la pandemia se refiere, los contagios siguen en ascenso, cuando la vacuna en España ya la tienen completa más de veinte millones y medio de personas, pero, junto a Portugal, bate el record de contagiados de toda Europa, que, por cierto, pidió hace quince días que los jóvenes usaran mascarilla, justo un día antes de que el Gobierno acabara con la obligatoriedad de las mismas, pues la Agencia de Control de Enfermedades propuso “reforzar” su uso en este colectivo que en España sigue sin vacunar. En esta situación, Alemania declara a España zona de riesgo y con ello golpea al turismo al exigir un test negativo para evitar la cuarentena, mientras Francia, un día antes, desaconsejaba viajar a la Península Ibérica y Bélgica hacía lo propio. Mal asunto para la ansiada recuperación económica.

          Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que la Ley de Seguridad prohibirá la venta de empresas a extranjeros, pretendiendo con ello el Gobierno blindar las compañías estratégicas para el “autoabastecimiento del país”; que los fiscales temen efectos “catastróficos” por la reforma procesal y avisan de la falta de personal ante la nueva Ley de Enjuiciamiento; que Bruselas ve “fundamental” que el Gobierno gestiones los fondos europeos con las CCAA; que la Audiencia imputa a Repsol y CaixaBank por el “caso Villarejo”; que la Fiscalía pide imputar a dos altos cargos de Podemos por la niñera de Irene Montero; que el Supremo facilita a los autónomos desgravar por las comidas, pudiendo deducirlas aunque no generen unos ingresos directos; que el líder de Ausbanc es condenado a ocho años de cárcel por extorsionar a bancos; que los detenidos por la muerte de Samuel se culpan entre sí ante la juez, que decreta prisión para tres de ellos, siendo dos de los seis detenidos menores de edad, mientras, según la Policía, una discusión entre el principal agresor del joven asesinado y su novia fue el detonante del brutal crimen; y que el PSOE de Armengol “indicó” el amaño del puerto de Mahón, pues, según el informe de la Guardia Civil sobre la trama de corrupción en Baleares, los investigadores destapan una reunión clave entre la Presidenta balear y el principal sospechoso y creen que hubo “indicaciones políticas” en adjudicaciones millonarias de forma irregular, por lo que la juez ve “indicios sólidos” de delito contra el ex presidente de Puertos, afín a la líder socialista.

          Y del exterior, destacar que la Policía mata a cuatro de los presuntos asesinos del Presidente en Haití; que Afganistán queda a merced de los talibanes con la retirada de EEUU de su guerra más larga, mientras la milicia islámica avanza en todo el país ya que el Ejército afgano tiene muy difícil controlarlo, más allá de Kabul, y resistir ante ella; que miles de cubanos protestan en las calles contra el régimen al grito de “no tenemos miedo”, en plena crisis económica y el azote de la pandemia que acosan a la dictadura cubana en las principales ciudades; que Italia consigue ser campeona de Europa de Futbol en los penaltis apeando a Inglaterra, mientras Argentina consigue la Copa de América al derrotar a Brasil; que Djokovic gana Wimbledon e iguala a Nadal y Federer con 20 Grand Slam; que el BCE se rearma para tener más margen contra la crisis y fija un objetivo del 2% de inflación que se podrá superar si es necesario, facilitando la nueva estrategia mantener una política monetaria expansiva; que los Juegos Olímpicos de Tokio se desarrollarán en estadios vacíos sin público ya que las autoridades niponas decretan el estado de alarma al dispararse los contagios por la variante Delta; y que la UE se propone doblar las renovables en sólo una década, por lo que Bruselas lanza una batería legal por el clima que incluye retirar los vehículos contaminantes y obligar a bajar la huella de los edificios.

Fdo. Jorge Cremades Sena

DESMADRE ANTE LA QUINTA OLA

 

                    La quinta ola de infección por la pandemia de coronavirus invade nuestro país y nubla la esperanza de recuperación económica, especialmente la del sector turístico, mientras otros países, como Francia, culpan del repunte de casos, especialmente de la variante Delta, que domina ya en Madrid y en Cataluña, a España y Portugal, que se han puesto a la cabeza de la infección en Europa. Un verdadero varapalo que finiquita la desescalada y descalifica el exagerado optimismo del Gobierno para vender el fin de las mascarillas cuando dos tercios de los españoles, según SigmaDos, temen grandes rebrotes todavía, lo que se está confirmando, y cuando el 40% de los votantes del PSOE y una mayoría de los del PP rechazan su retirada, mientras el propio Simón teme que enfermen incluso vacunados que no han completado la inmunización. En efecto, en esta quinta ola los contagios se triplican entre los jóvenes, mientras Sanidad se dispone a ocultar dos meses más las actas de la pandemia, que intentó “colar” a las distintas regiones, y se ve obligada a estudiar el cierre urgente del ocio nocturno, veinte días después de abrirlo, y mientras algunas CCAA, como Castilla y León, piden volver al toque de queda para afrontar esta crisis, otras, como Cantabria y Navarra imponen restricciones a la hostelería y al ocio nocturno, otras, como Cataluña, lo cierran por su cuenta, y otras, como Valencia, sopesan cerrar las playas en tanto que los expertos alertan ya del colapso de la Atención Primaria y piden que también se “valore” recuperar el toque de queda para “mitigar el aumento exponencial de casos”. En definitiva, una propuesta de frenar la desescalada que parte de Salud Pública y que suscita dudas en Moncloa, por lo que, al final, Sanidad no recuperará los toques de queda ni limitará el ocio nocturno, cuando siete CCAA solicitan a la ministra Darias nuevas restricciones tras volver de nuevo España al riesgo extremo. Un nuevo desmadre de gestión ante esta quinta ola de infección, que ya pasa factura al turismo pues “no ayuda salir así en portadas de todo el mundo”, y que aboca a las CCAA a actuar como buenamente quiera o pueda cada una de ellas, pues Moncloa no quiere asumir el coste de volver a las limitaciones generalizadas para contener los contagios y deja la pelota en el tejado de las autonomías tal como acaba de quedar claro tras el Consejo Interterritorial. Sanidad se desentiende pues de esta quinta ola y descarta toques de queda y cierres del ocio nocturno pese a las peticiones de las CCAA que tendrán que afrontar este preocupante rebrote con las herramientas jurídicas de las que dispongan, pues el mismísimo Sánchez ya adelantó que “no es necesario aprobar ninguna medida más”, mientras un fallo en la seguridad de los datos de la Comunidad de Madrid deja al descubierto los móviles de vacunados como el Rey o Sánchez. El desmadre en la gestión de la pandemia sigue su curso con nuestros gobernantes, más pendientes de vender su propia imagen pública que de afrontar conjuntamente y de forma uniforme esta crisis que no sólo nos mata sino que nos lleva a la ruina…….ya llegará el momento, según convenga, de echarse las culpas unos a otros o auto-adjudicarse los éxitos. Es la triste realidad de una gestión sanitaria manifiestamente mejorable que, al final, lleva a España a la cola de Europa, mientras no se entiende el desbarajuste competencial entre Gobierno y CCAA, cada uno buscando salvar su trasero mientras los españoles en conjunto seguimos enfermando y arruinándonos inevitablemente.

          Pero no importa, enfermos o arruinados, aunque el Tribunal de Cuentas cree inviable un aval de la Generalitat por el procés, es decir, un aval con el dinero de todos, y avisa a Aragonés de “fraude de ley” si avala con dinero público a los líderes del 1-O, que ya lo malversaron, el Govern catalán crea un fondo para avalar a 34 ex altos cargos, mientras Sánchez estudia (cuestión de estética) si recurre la medida (a pesar de que Ábalos considera el asunto como poner piedras en el camino del diálogo) y Casado denuncia malversación, pues Aragonés descarta pagar los 5´4 millones de multa por el procés y SegurCaixa descarta que su seguro pueda valer para los malversadores. Así las cosas, el Govern endosa las multas del ilegal procés a todos los catalanes (y por ende a todos los españoles), camuflando con un decreto-ley el uso, políticamente impresentable y probablemente fraudulento, de diez millones públicos para avalar las fianzas impuestas a sus líderes por el Tribunal de Cuentas, mientras Sánchez, que debiera defender lo público a capa y espada, se escuda en que espera que se ajuste a derecho (siempre cabe algún truco) y Casado recurrirá ante la Justicia lo que considera una nueva malversación para salir indemnes de la malversación anterior, con este invento de un fondo público para burlar al Tribunal de Cuentas pese a la advertencia de “fraude de ley”. En éstas estamos cuando los indultados arrancan en Europa una nueva campaña de desprestigio contra España, otra más, con una visita de Junqueras a Puigdemont, enemigos íntimos, en Bruselas, concretamente en Waterloo, en la famosa ignominiosa Casa de la República donde reside el prófugo. Una reunión propagandística que ERC plantea con frialdad y Junts vende como un reconocimiento de Junqueras al “presidente legítimo” a quien, más o menos, hay que ayudar por el bien de la causa secesionista. Al final, un frío encuentro entre Puigdemont y Junqueras, quien acude acompañado de otros tres indultados (Romeva, Bassa y Forcadell), mientras la Generalitat pretende negociar su decreto para evitar el recurso del Gobierno de Sánchez (seguro que lo logrará) ya que la impugnación al Constitucional suspendería el aval a los ex altos cargos condenados por malversación y ello, como dice Ábalos, sería poner “piedras en el camino”. En definitiva, el Govern reactiva su ilegal “Ministerio de Exteriores” con este tenso encuentro de los indultados con el fugado después de cuatro años en que Puigdemont, el principal responsable de la sedición, huyera como un delincuente en el maletero de un coche y Junqueras acabara en prisión, por lo que ambos no esconden sus manifiestas diferencias a día de hoy. Sánchez por su parte planea ayudas para que las empresas vuelvan a Cataluña, mientras la patronal catalana y la Generalitat presionan para que se aprueben incentivos en favor de Barcelona, intentando frenar el auge de Madrid y que regrese la mayoría de las 6.200 firmas que huyeron del “procés”, olvidando todos ellos que el mayor incentivo es una firme, clara y contundente declaración conjunta de que todos volverán en el futuro a la senda democrática que marca la Constitución Española y el Estatut de Catalunya, emanado de ella. Por su parte, la presidenta madrileña, al ser recibida por el Jefe del Estado, Felipe VI, en el Palacio de La Zarzuela, le traslada el mensaje de máxima lealtad “con la Corona, la Constitución y la unidad de España”.

          Entretanto la polémica ley del “sólo sí es sí”, que casi obliga a que todos los hombres obtengan un certificado previo por escrito en cada una de sus relaciones sexuales, castiga como delito el acoso callejero (en definitiva, el tradicional piropo) y pone penas de trabajo para la comunidad o localización permanente, exigiendo un consentimiento sexual que sea claro y libre, no siempre fácil de demostrar, y protegiendo a las víctimas de violencia sexual como a las de género, mientras Moncloa relega a Irene Montero en dicha ley porque “no es nueva” y castiga las expresiones sexuales en la calle. Por otro lado la polémica Ley de Seguridad de Sánchez permitirá contratar sin control, decidiendo el Presidente qué empresas optan a las licitaciones públicas por razones de “urgencia” y facilitando que se eludan los controles de transparencia en situaciones de crisis…..en definitiva, para algunos, una patente de corso para que en tiempos de crisis el Ejecutivo actúe como le venga en gana ya que el Presidente se otorga plenos poderes en dicha ley permitiendo que el Jefe del Ejecutivo pueda eludir los controles y pueda forzar a los medios a colaborar. Mientras tanto, un asesinato en La Coruña con tintes homófobos desata protestas por toda España, mientras la Policía investiga si el apaleamiento mortal a Samuel Luiz, un joven de 24 años, obedece a la homofobia, que de momento no ve la investigación, cuando se producen las primeras tres detenciones y se investiga la participación en el homicidio de varias personas más.

Po otro lado Sánchez, que tendría que echar a seis ministros para cumplir el estándar europeo de un Ejecutivo normal y no sobredimensionado como el de coalición en España en cuanto a carteras se refiere, oculta a Podemos, su socio gubernamental, el peso de la crisis de Gobierno en ciernes, pues el entorno de Yolanda Díaz reconoce que el presidente no trata con ella “ese tema”, aunque los morados le avisan de que las cuotas, es decir, las poltronas, deben mantenerse según lo pactado, lo que supone mayor dificultad para reducir las carteras de cara al futuro.

          Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que la Guía del Gobierno sobre la eutanasia prevé el uso de fármacos no autorizados; que hay acuerdo para acabar con la temporalidad laboral en la Administración, por lo que la experiencia pesará hasta un 40% en las “generosas” pruebas de Iceta a los interinos; que Escrivá subirá las cotizaciones a quien gane más de 49.000 euros para poder pagar a los “baby boomers”; que adelantar la jubilación no se penalizará más con la reforma aprobada ya en el Consejo de Ministros; que la Justicia avala el cartel electoral de Vox con el argumento de que los menores extranjeros “son un problema social y político” y la Audiencia de Madrid lo enmarca dentro de “la lucha ideológica partidista”; que fallece Tico Medina, pionero de la pequeña pantalla en España y gran entrevistador; que el PP no descarta sumar a Albert Rivera a su equipo (según Casado siempre cuentan “con los mejores”) y de momento el ex líder naranja, que mantiene una fluida relación con Génova, será ponente de la regeneración en la Convención del PP e intervendrá en una de las mesas del encuentro que se celebrará en octubre; y que una Selección Española de Fútbol, que mereció más, cae en los penaltis ante Italia, que se enfrentará en la final a Inglaterra tras vencer ésta a Dinamarca en la prórroga, con lo que los ingleses jugarán su primera final de la Eurocopa.

          Y del exterior, destacar que Chile se sume en la inestabilidad con su proceso constituyente; que Reino Unido prevé penas de cárcel para inmigrantes sin documentos; que el BCE dejará que la inflación de la zona euro supere el 2% si es necesario; que fallece Raffaela Carrá, la estrella del espectáculo que triunfó en Italia y España, a los 78 años de edad; y que un comando de mercenarios asesinan a tiros al presidente de Haití, Moïse, en su residencia privada mientras dormía, agravando dicho asesinato la crisis del país pues el vacío de poder se suma a la pandemia y la violencia.

Fdo. Jorge Cremades Sena

SECESIONISMO EN PRIMERA PLANA

 

                    Sin duda alguna, desde que Sánchez indultara a los totalitarios sediciosos del “procés”, el secesionismo, que con ellos en prisión había pasado a un segundo plano mediático, vuelve a primera plana relegando otros asuntos importantes para España a un rango menor con lo que el totalitarismo secesionista en Cataluña se aúpa de nuevo al protagonismo mediático y político, envalentonado frente al Estado español al que Cataluña pertenece, mientras ERC y Junts (la izquierda y la derecha secesionistas totalitarias, que gobiernan en tierras catalanas) niegan para Cataluña lo que exigen para los organismos públicos del Estado, bloqueando, por ejemplo, la renovación de su Tribunal de Cuentas y de su Defensor del Pueblo, mientras el Supremo (menos mal) da portazo a los recursos por la consulta ilegal de Artur Mas del 9-N de 2014 por la que el Tribunal de Cuentas les condena a devolver 4´9 millones al inadmitir el recurso de casación, señalando con ello el camino ante las sanciones a los sediciosos por el “procés” en 2017, indultados por el Gobierno. Por su parte Sánchez perfila una especie de “referéndum consultivo” (como si los referéndums no fuesen todos consultivos), una especie de “traje a medida” para que se vote sobre autogobierno y financiación, pero no sobre autodeterminación, para ver si unos y otros (Gobierno y secesionismo, con el que pactan), allanan el camino para que los catalanes puedan votar y con ello mantener esta incomprensible ceremonia de la confusión contentando a sus respectivos electorados con el objetivo de prolongar lo máximo posible la “gobernabilidad” tanto en España como en Cataluña. Entretanto, colocado de nuevo el secesionismo en primera plana, los indultados se exhiben con los prófugos, alardeando desde Bruselas de su triunfo sobre el Estado que, de seguir así, desembocará en un triunfo a nivel internacional, mientras Sánchez, jugando al despiste, no aclara si propondrá en la mesa de diálogo un referéndum en Cataluña, por consultivo que se le recalifique, y Moncloa sopesa, por si acaso, modificar la ley sobre el referéndum para que Cataluña vote, sea como sea, y todos contentos, cuando la única salida que puede intentar el Gobierno es ofrecer una votación, pero sobre los consensos que se alcancen en la “mesa de diálogo” donde obviamente no puede consensuarse sobre asuntos ajenos a la legalidad democrática vigente, pues ambas partes, Gobierno español y Govern catalán, como instituciones del Estado de Derecho que son, están obligados no sólo a cumplir la ley vigente sino además a hacerla cumplir, aunque a veces parezca que actúan haciendo todo lo contrario sin reparar en el daño que con ello causan a la higiene democrática de nuestro país, cada vez más puesta en entredicho a nivel internacional, pues, si las instituciones del Estado no lo defienden contundentemente siendo sus propias instituciones el descrédito democrático está más que justificado. Por si no fuera suficiente, la presión secesionista sobre Omella hace virar a la Conferencia Episcopal y los obispos pasan de respaldar públicamente la constitucional “unidad de España” a apoyar el indulto de los delincuentes independentistas que pretenden acabar con dicha unidad, y Casado, que reivindica que es católico practicante, no se identifica con “la Iglesia que apoya indultos”, al igual que la mayoría de los españoles que considera los indultos como un error que fortalece a los secesionistas. Y el PSOE, con ausencia de los principales barones críticos, celebrando un Comité Federal sin críticas a Sánchez pese al malestar interno en el partido por los resultados en Madrid y por los indultos a los líderes del procés, que el mismísimo Sánchez había negado por activa y pasiva en la campaña electoral.

          Y en este contexto incierto y perturbador, mientras el PP acusa al Presidente de haber mentido en el Congreso de los Diputados, el Gobierno deja de perseguir por arte de magia la malversación del 1-O, al extremo de que el Tribunal de Cuentas tiene que reivindicarse ante las presiones recibidas del Ejecutivo y defiende que sólo se somete “al ordenamiento jurídico”, en tanto que Junts quiere que la Generalitat avale las fianzas del Tribunal de Cuentas, buena manera de malversar fondos públicos y con fondos públicos evitar las consecuencias derivadas de la malversación, cuando el PSOE pidió en la oposición la fiscalización de las embajadas catalanas y que los líderes del “procés” devolvieran el dinero malversado “lo antes posible”. ¡Qué tiempos aquellos en que todos o la inmensa mayoría defendíamos nuestro Estado de Derecho al margen de las ideologías de cada uno! No obstante y a pesar de todo el Tribunal de Cuentas prepara la subasta de la vivienda de Artur Mas por el 9-M (liquidará cinco inmuebles del ex president y de otros ex cargos si no pagan), cuando la Abogacía del Estado, ahora silenciada, acusó en su momento al Govern en la instrucción de desviar fondos. ¿Se despejarán las “piedras del camino” de las que habla Ábalos perdonando a los sediciosos todo el dinero público malversado? Al respecto de dicho asunto, Mireia Vidal, ex Interventora General de la Generalitat desde 2011 a 2016, sostiene lo siguiente: “Junqueras me cesó tras mi primera advertencia, sin ninguna explicación”, “el Tribunal de Cuentas me pide más de tres millones, es una cifra aberrante; no lo entiendo, soy una técnica que no decidía”, “me siento fatal e indefensa; me va a embargar y no sé cómo voy a sobrevivir hasta que un tribunal ponga las cosas en su sitio”, “la interventora general es como un director de orquesta….cumplí con todas las normas, las apliqué a rajatabla hasta que me cesaron”…… eso digo yo, hasta que “un tribunal ponga las cosas en su sitio” pero añado, sin que desde el Gobierno se perdonen las consecuencias a los condenados por dicho tribunal.

          Además de todo lo anterior y temiéndose lo peor, barones del PP y algunos del PSOE presionan a Sánchez para evitar nuevos agravios en la financiación y exigen una financiación abierta ante el riesgo de que la famosa mesa de diálogo bilateral incluya otra financiación a la carta para Cataluña, ahondando más aún en el deterioro del precepto constitucional de la igualdad de todos los españoles. Al efecto, el PP, que desencadena una ofensiva ante el Supremo contra los indultos (diputados del Congreso y del Parlament los recurrirán ante el Alto Tribunal), crea una comisión política y jurídica para tumbar la negociación Sánchez-ERC y los barones llevarán una voz común contra los presuntos privilegios que se otorguen a Cataluña y no se le den al resto de CCAA. De entrada, paree ser que ERC y PNV se disponen a apoyar los Presupuestos a cambio de 24.000 millones, que posibilitarían prolongar la legislatura, mientras Casado asegura que revertirá “todas las leyes sociales” del PSOE convencido de que “la moción de censura a Sánchez se la harán los españoles en las urnas”….. y es que, según SigmaDos, en caso de elecciones, el PP fortalece su mayoría como líder del centroderecha, siendo el único partido que crece al recoger más de un 12% de los votantes de Vox y superar el 40% de los de Ciudadanos, mientras ERC capitalizaría los indultos en el electorado catalán a costa de Junts (los resultados serían: PP 29´4% de votos, PSOE 25´9%, Vox 14´4%, UPodemos 10´5%, Más País 5% y Ciudadanos 2´5%). 

          Al margen de lo que digan los sondeos, lo cierto es que estamos inmersos en no pocas polémicas como la causada por la Ley Trans, pues, según NCReport, el 70% de los españoles rechaza la autodeterminación de género y el 68% rechaza que se eliminen los términos padre y madre por el de “progenitores”; una Ley Trans que la manifestación del Orgullo LGTBI toma por bandera y vuelve a las calles de Madrid sin carrozas pero más reivindicativo y polémico con la pandemia y con dicha ley Trans en el centro de la movilización. Entretanto Escrivá, adelantando un “ajuste” sobre las pensiones, invita a los “baby boomers” a elegir entre menos pensión o trabajar más, teniendo que matizar sus palabras ante la desvinculación de la CEOE de tan “desafortunadas” afirmaciones ya que “eso no está en el pacto”. Según el desliz del ministro, el ajuste de las pensiones lo pagarían once millones de “baby boomers”, ensombreciendo el reciente acuerdo en la Moncloa; es decir los nacidos ente finales de los cincuenta y mediados de los setenta, que o trabajarían más años o cobrarían menos prestación, mientras sindicatos y empresarios se rebelan y dicen que no está pactado, en tanto que el Gobierno deja solo a Escrivá, pues “se le escapó la verdad”…. La cruda realidad es que la pensión en el futuro queda en manos de diez millones de inmigrantes ya que el 31% de la población tendrá más de 65 años en 2050 y hoy apenas nace un niño en España por cada mujer. Por otro lado Yolanda Díaz, que dice que “el Gobierno no puede parecer más cerca de la élite que de la gente”, choca con la patronal con su promesa de reforma laboral, pues la CEOE descalifica por “marxista” el plan que pone trabas a los despidos, ya que la ministra quiere sustituir los contratos temporales por fijos discontinuos y el borrador plantea limitar los cambios unilaterales en las condiciones de trabajo. Y todo ello cuando la mejora del empleo (una buena noticia donde las haya, al acabar junio con una bajada récord del paro de 167.000 personas) reabre el debate sobre subir el salario mínimo.

          La pésima noticia es sin duda que la incidencia de la covid vuelve a situarnos en riesgo alto tras el mayor repunte desde enero, disparándose los contagios entre jóvenes y abocando a España a una quinta ola, cuando los destinos de verano, repletos de gente, intentan blindarse contra la “variante fiesta” con las playas llenas mientras sube la incidencia y la covid está disparada en zonas turísticas (la transmisión del virus supera el umbral de riesgo y crece con fuerza en Baleares, Valencia y Cantabria); por su parte la ministra Reyes Maroto sostiene que “aún podemos recuperar la mitad del turismo internacional”. Entretanto la precariedad expulsa a las enfermeras de las residencias de ancianos (los centros necesitan a 15.000 profesionales que prefieren otros sectores o emigran ante los sueldos bajos y la sobrecarga de trabajo) y los médicos exigen regular con urgencia la objeción de conciencia ante la Ley de la Eutanasia, denunciando que ayudar a morir crea inseguridad jurídica a los facultativos y señalando que puede ser inconstitucional obligarles a pronunciarse, pues recuerdan que una norma concreta no puede restringir otros derechos……sin duda, la polémica, por si no tuviéramos pocas, está más que servida.

          Entretanto el Rey sigue sin poder ir a Girona por capricho de los secesionistas y se ve obligado junto a la princesa Leonor a entregar en Barcelona los Premios Princesa de Girona por segundo año consecutivo para mayor escarnio de nuestro Estado de Derecho, único en el mundo en que su Jefe de Estado no puede moverse por todo su territorio con absoluta normalidad y con el respeto que merece. En todo caso, en dicho evento, Leonor pide “escuchar a los jóvenes” y Felipe VI recuerda que “juntos seremos más capaces de afrontar la recuperación”, en tanto que Sánchez ha recortado sus visitas a Cataluña desde 2018, pues desde que gobierna con el apoyo de los secesionistas el Monarca ha estado 19 veces frente a las 52 que estuvo con el PP.

En lo que se refiere a otros asuntos cabe citar que Interior ya ha acercado al País Vasco a todos los etarras; que el juez deja libre a José Luis Moreno, quien tenía grabaciones a políticos y policías a los que sobornaba, pero le pide una fianza de tres millones de euros; que el Tribunal de Cuentas certifica un nuevo agujero record en las pensiones; que Sánchez frena el debate del estado de la Nación hasta que repunte la economía; que Hablamos Español denuncia que ningún colegio público de Guipúzcoa ofrece ya castellano como lengua vehicular con el pretexto de que “te dicen que las clases en castellano sólo las piden los inmigrantes”; que el TC reprocha a Sánchez que recurra a los “decretazos” para esquivar a las Cortes y anula el decreto ley que llevó a nombrar a Rosa María Mateo a ser administradora única de RTVE; que una ley permitirá movilizar a los españoles en caso de crisis, tras la reforma de la Ley de Seguridad Nacional por parte del Gobierno a la luz de la pandemia, con  lo que la autoridad podrá exigir “prestaciones personales” a todos los mayores de edad, permitiendo el texto intervenir empresas, requisar bienes o suspender actividades; que la Selección Española de Fútbol pasa a semifinales de la Eurocopa 2020 al eliminar a Suiza en la tanda de penaltis tras empatar el partido, 1-1, por lo que se enfrentará a Italia en semifinales; y que Exteriores ordenó no pedir el pasaporte al líder del Frente Polisario al dar instrucciones de que Ghali no pasase el control de aduanas, contra lo que se establece a los llegados desde fuera del espacio Schengen.

Y del exterior, destacar que 130 países llegan a un acuerdo para gravar a las grandes empresas al menos con el tipo mínimo del 15% por el impuesto de sociedades; que el calor provoca una verdadera crisis sanitaria en Norteamérica pues las altas temperaturas en Canadá y EEUU provocan más de 600 muertes; que Xi Jinping exhibe su poder y promete que “reunificará” China y que “aplastará” el plan de Taiwan; que Luxemburgo burla a la UE y mantiene privilegios a empresas y millonarios, como demuestra una investigación de varios medios concluyendo que se salta la fiscalidad europea; que China acapara materias primas, pone en jaque a la industria mundial y frena la recuperación, mientras los precios del cobre, níquel, petróleo o madera se disparan con la vuelta a la actividad; y que el Papa es operado de un problema en el colon, por lo que reducirá su agenda en verano para recuperarse y viajar del 12 al 15 de septiembre a Hungría y Eslovaquia.

Fdo. Jorge Cremades Sena