CONFINAMIENTO INCONSTITUCIONAL

 

                    En pleno avance de la quinta ola de la pandemia, en medio de un caos jurídico para afrontarla y recién estrenado el nuevo gobierno de Sánchez, surgido de una remodelación sin precedentes que desvela por parte del Presidente un reconocimiento explícito del rotundo fracaso de su gestión gubernamental hasta ahora, el Tribunal Constitucional da un varapalo al Ejecutivo de coalición estimando parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Vox al anular la medida más dura de la pandemia decretada por Sánchez, el confinamiento, pues para ello debiera haber recurrido previamente al estado de excepción y no al de alarma, con lo que el encierro de los españoles, decretado por el Ejecutivo, fue inconstitucional. Una sentencia muy controvertida del TC que finalmente se inclina, por seis votos a cinco, contra las tesis del Gobierno de Sánchez y lo hace gracias al voto de una magistrada progresista, la vicepresidenta Encarnación Roca, elegida por el PSOE, considerando que el Ejecutivo no sólo limitó derechos fundamentales, que caben dentro del estado de alarma, sino que los suspendió, lo que sólo cabe dentro del estado de excepción, que exige un previo y mayor control parlamentario del Gobierno, al que Sánchez, consciente de su debilidad parlamentaria y poco dado a los controles parlamentarios, no se quiso someter. Por tanto, el confinamiento impuesto por Sánchez durante el primer estado de alarma fue inconstitucional, tal como sostenía Vox al recurrirlo. Guste o no guste, así es, el confinamiento fue ilegal, lo que supone, entre otras cosas, anular buena parte del millón de multas interpuestas a quienes se lo saltaron a la torera y el descrédito de un Ejecutivo (ya de por sí desacreditado como demuestra su reciente remodelación profunda), incapaz de ajustar sus decisiones a la legalidad constitucional a pesar de estar sobredimensionado de asesores y contar con los recursos jurídicos que el Estado pone a su disposición. Pero lo grave no es ya la sentencia, un error (otro más) lo tiene cualquiera; lo grave es la cínica explicación que da el Gobierno, que no la comparte aunque la respeta, diciendo que Europa tomó medidas similares, lo cual es cierto, pero olvidando dos cosas: que en Europa se tomaron ajustándose a su legalidad vigente en cada país y que el TC en su sentencia no dice que el confinamiento fuese desacertado sino que se decretó de forma ilegal. Por tanto es demagógico que la nueva ministra de Justicia arremeta contra la sentencia defendiendo que el estado de alarma “salvó vidas”, lo que nadie cuestiona, y es intolerable e indecente que Podemos, cogobernante con el PSOE en España, arremeta contra la división de poderes y, por boca de su portavoz parlamentario, Echenique, descalifique al Tribunal Constitucional porque su sentencia no le gusta calificándolo como “Tribunal Voxtitucional” y diciendo que sus miembros “se presenten a las elecciones” (seguro que si lo hicieran sacarían más votos que su partido), cuando todos ellos, incluida la magistrada progresista que ha decantado la ajustada sentencia, han sido nombrados conforme a la legalidad constitucional vigente (son 12 miembros nombrados por el Rey, de ellos 4 a propuesta del Congreso y otros 4 por el Senado y por mayoría de tres quintos, 2 a propuesta del Gobierno y otros 2 a propuesta del CGPJ), lo que, dada la representación de Vox en las Cortes, hace inverosímil que el Alto Tribunal se “voxtitucionalice” por el mero hecho de dar la razón jurídica al recurso interpuesto por los de Abascal, siendo más verosímil que la rabieta de Echenique obedezca a su manifiesta tentación totalitaria. Entretanto el avance alarmante de la quinta ola de infección, cuya incidencia se eleva a su máximo desde febrero y duplica la cifra de hospitalizados en quince días, fuerza el retorno de restricciones más duras por parte de las CCAA sin cobertura ni amparo legal alguno: Cataluña cierra la actividad social a las 00.30 horas, Valencia impone el toque de queda en 32 municipios, mientras Cataluña y Cantabria se lo piden a los tribunales de Justicia de su demarcación, ante la incertidumbre de que ya lo avalaron en la Comunidad Valenciana pero no en Canarias.

          Por otro lado este renovado Gobierno de Sánchez, que llega con la buena noticia de que la UE libera los primeros fondos europeos por 9.000 millones para España (los 27 dan luz verde al plan de recuperación del Ejecutivo), se estrena evitando tildar a Cuba como “dictadura” en pleno auge de la represión del régimen cubano y lo hace, entre otras cosas, supongo, para no soliviantar a su socio comunista, Podemos, que por boca de una portavoz parlamentaria sostiene que el gobierno cubano no es una dictadura. Así, la represión del régimen comunista cubano se convierte en el primer problema del nuevo Ejecutivo de Sánchez, quien, junto a su nueva portavoz y su nuevo ministro de AAEE, evitan tildar a Cuba de dictadura, prefiriendo decir que “no es una democracia”, mientras incluso algunos viejos socialistas sostienen que a las cosas hay que llamarlas por su nombre y mientras el castrismo recurre a la violencia y a la violación de derecho humanos para frenar las protestas del pueblo cubano que, hundido en la miseria, reclama al menos la libertad, en tanto que Exteriores, con el nuevo ministro, Albanes, prepara ya un viaje a Rabat para sellar la paz con Marruecos, que acoge con satisfacción la “cabeza” de Laya, manifestando en su toma de posesión que “hay que reforzar las relaciones con Marruecos, gran amigo y vecino del sur”. La triste realidad es que este gobierno de coalición social-comunista tiene un grave problema ideológico tanto en política exterior como interna, que no se puede resolver sólo con un cambio de caras en los ministerios, pues mientras la mitad del Ejecutivo es filodemocrático sin lugar a dudas la otra mitad, precisamente la que no se ha remodelado, es filoautoritario, teniendo como modelos de gobernanza a países popular-comunistas que nada tienen que ver con la de los países del Occidente europeo.

          Y en el asunto de Cataluña este nuevo Ejecutivo, que busca consenso para desbloquear el Poder Judicial y aplicar la unilateral ley educativa, ofrece mejoras a Cataluña planteando a la Generalitat avances en el autogobierno, cuando el secesionismo, que celebra el ascenso de Bolaños y la caída de Calvo, lo que quiere es la amnistía y el derecho a un referéndum de determinación, ilegales ambas en nuestro marco legislativo democrático. En efecto, el nacionalismo radical o secesionismo, socio de Sánchez, valora el talante del nuevo ministro de Presidencia convencido de que “habrá diálogo” y critica que su predecesora “desconectó hace tiempo”, aunque saben, al igual que Sánchez, que el final de la historia del cínico diálogo negociador llegará a su fin antes o después ya que ni Bolaños ni nadie puede dar el visto bueno al margen de la Constitución para solucionar los problemas de los diversos territorios que conforman el Estado Español como pretende y exige el secesionismo catalán. En todo caso ahora manda Bolaños, a quien destacados cargos del PSOE y del Gobierno arroparon en su toma de posesión como nuevo hombre fuerte del Presidente, contrastando con la soledad de Ábalos y las quejas de los ministros salientes en su despedida, cuando se conoce que Iván Redondo, el otro hombre de confianza caído en desgracia en favor de Oscar López, pidió a Sánchez no ser destituido junto a los ministros y solicitó salir dos semanas antes que los demás, tras recibir la comunicación de su cese y fracasar en su intento de ser titular de Presidencia, aunque otros especulan con que Sánchez le ofreció ser ministro por dos veces. Al margen de especulaciones, lo cierto es que, salvo el amoroso e idílico relevo de Calvo, a quien parece ser que se ofrecerá una salida personal esplendorosa en el Consejo de Estado, los ministros ajustaron cuentas en los relevos, con un Ábalos omitiendo citar al Presidente, su amigo al que avaló en los peores momentos, y con Laya e Iceta mostrando abiertamente sus quejas por el relevo, mientras se conoce que Oscar López, el nuevo hombre de confianza de Sánchez, fue quien diseñó el plan de cambio en el Gobierno y en el PSOE con una operación que arrancó hace seis meses y que está pensada para que en el próximo Congreso Federal Socialista del otoño no haya voces críticas a la gestión del Secretario General, quien, en todo caso, siempre tendrá la posibilidad de echarle la culpa de sus desvaríos a los ministros cesados, cuando el problema es él y su dependencia voluntaria de filo-comunistas, secesionistas y abertzales con quienes es muy complicado gobernar en democracia y en libertad. Así las cosas, Illa se acerca al separatismo y apoya al aval del Govern a los líderes del procés, creyendo ahora el ex ministro que “está muy ajustado a la legalidad” sin esperar ni siquiera el dictamen jurídico que en su día solicitó el propio PSC. Hay que allanar el camino al secesionismo y la Generalitat, con el visto bueno del Gobierno de España y del PSOE, abonará el aval a los líderes del “procés”, que siguen arremetiendo contra España, con cargo a fondos del Estado al que quieren destruir. Entretanto un emisario de Puigdemont revela que negoció con Iván Redondo fondos de la UE, pues, según una grabación de la Guardia Civil al empresario David Madí en el “caso Voloh”, que destapa el encuentro, en su conversación relata la cita, en la que había más personas, con el ex director del Gabinete de Sánchez, mientras el juez acaba de incorporar el audio a la investigación sobre la financiación del desafío soberanista.

          Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que el turismo pierde 20.400 millones por la quinta ola de covid al provocar los rebrotes una cadena de cancelaciones de reservas; que el PP negociará con Bolaños la renovación del CGPJ, pero ve muy difícil pactar pues Génova considera que la nueva ministra de Justicia “no tiene peso como interlocutora porque no la conoce ni la carrera judicial”; que Echenique autorizó pagos de la “caja B” de Podemos, mientras imputan al tesorero del partido por el caso de la falsa niñera; que Benidorm se dispone a inaugurar el rascacielos residencial más alto de Europa, con 198 metros, cuyas obras acaban de concluir; que la mitad de los muertos al volante en 2020 habían consumido drogas y alcohol; que la reforma de la FP busca que los hombres sean sanitarios y las mujeres mecánicas; y que Armengol se reunió en secreto con el implicado clave de la red corrupta, una cita que se produjo días después del arresto de Gual, según una grabación del “caso Puertos de Baleares”.

          Y del exterior destacar que Haití culpa a un médico, que viajó desde EEUU, del asesinato del Presidente; que Francia exigirá el certificado de vacunación o la PCR para entrar en bares, restaurantes y teatros; que Maduro detiene y acusa de terrorismo a un opositor con el que negociaba; que la UE prohibirá vender coches de combustión en 2035 pues la Comisión lanza un ambicioso paquete de medidas por el clima, mientras Frans Timmermans, su Vicepresidente, manifiesta que “no podemos ir despacio, hay que hacer la transición verde de forma radical”; y que Cuba atraviesa por la mayor protesta al régimen en décadas, mientras Díaz-Canel despliega a la policía y culpa a EEUU de alentar las manifestaciones, una represión que no detiene el grito de “libertad” del pueblo cubano a pesar de las decenas de detenidos tras las protestas que ponen en jaque al Gobierno comunista, un pueblo indignado y acostumbrado a colas eternas en las que, según dicen, “esperamos cinco horas y cuando entramos en la tienda sólo hay refrescos”, mientras Cuba amenaza a EEUU con otra crisis de los balseros y Marco Rubio, senador republicano estadounidense, sostiene que “el Gobierno español debe apoyar el clamor del pueblo cubano” y el cantante Yotuel Romero, que ha puesto la voz a la revolución de “patria y vida” contra el castrismo, dice que “los cubanos estamos luchando para que sea la última de nuestras batallas” por la libertad. 

Fdo. Jorge Cremades Sena