SECESIONISMO EN PRIMERA PLANA

 

                    Sin duda alguna, desde que Sánchez indultara a los totalitarios sediciosos del “procés”, el secesionismo, que con ellos en prisión había pasado a un segundo plano mediático, vuelve a primera plana relegando otros asuntos importantes para España a un rango menor con lo que el totalitarismo secesionista en Cataluña se aúpa de nuevo al protagonismo mediático y político, envalentonado frente al Estado español al que Cataluña pertenece, mientras ERC y Junts (la izquierda y la derecha secesionistas totalitarias, que gobiernan en tierras catalanas) niegan para Cataluña lo que exigen para los organismos públicos del Estado, bloqueando, por ejemplo, la renovación de su Tribunal de Cuentas y de su Defensor del Pueblo, mientras el Supremo (menos mal) da portazo a los recursos por la consulta ilegal de Artur Mas del 9-N de 2014 por la que el Tribunal de Cuentas les condena a devolver 4´9 millones al inadmitir el recurso de casación, señalando con ello el camino ante las sanciones a los sediciosos por el “procés” en 2017, indultados por el Gobierno. Por su parte Sánchez perfila una especie de “referéndum consultivo” (como si los referéndums no fuesen todos consultivos), una especie de “traje a medida” para que se vote sobre autogobierno y financiación, pero no sobre autodeterminación, para ver si unos y otros (Gobierno y secesionismo, con el que pactan), allanan el camino para que los catalanes puedan votar y con ello mantener esta incomprensible ceremonia de la confusión contentando a sus respectivos electorados con el objetivo de prolongar lo máximo posible la “gobernabilidad” tanto en España como en Cataluña. Entretanto, colocado de nuevo el secesionismo en primera plana, los indultados se exhiben con los prófugos, alardeando desde Bruselas de su triunfo sobre el Estado que, de seguir así, desembocará en un triunfo a nivel internacional, mientras Sánchez, jugando al despiste, no aclara si propondrá en la mesa de diálogo un referéndum en Cataluña, por consultivo que se le recalifique, y Moncloa sopesa, por si acaso, modificar la ley sobre el referéndum para que Cataluña vote, sea como sea, y todos contentos, cuando la única salida que puede intentar el Gobierno es ofrecer una votación, pero sobre los consensos que se alcancen en la “mesa de diálogo” donde obviamente no puede consensuarse sobre asuntos ajenos a la legalidad democrática vigente, pues ambas partes, Gobierno español y Govern catalán, como instituciones del Estado de Derecho que son, están obligados no sólo a cumplir la ley vigente sino además a hacerla cumplir, aunque a veces parezca que actúan haciendo todo lo contrario sin reparar en el daño que con ello causan a la higiene democrática de nuestro país, cada vez más puesta en entredicho a nivel internacional, pues, si las instituciones del Estado no lo defienden contundentemente siendo sus propias instituciones el descrédito democrático está más que justificado. Por si no fuera suficiente, la presión secesionista sobre Omella hace virar a la Conferencia Episcopal y los obispos pasan de respaldar públicamente la constitucional “unidad de España” a apoyar el indulto de los delincuentes independentistas que pretenden acabar con dicha unidad, y Casado, que reivindica que es católico practicante, no se identifica con “la Iglesia que apoya indultos”, al igual que la mayoría de los españoles que considera los indultos como un error que fortalece a los secesionistas. Y el PSOE, con ausencia de los principales barones críticos, celebrando un Comité Federal sin críticas a Sánchez pese al malestar interno en el partido por los resultados en Madrid y por los indultos a los líderes del procés, que el mismísimo Sánchez había negado por activa y pasiva en la campaña electoral.

          Y en este contexto incierto y perturbador, mientras el PP acusa al Presidente de haber mentido en el Congreso de los Diputados, el Gobierno deja de perseguir por arte de magia la malversación del 1-O, al extremo de que el Tribunal de Cuentas tiene que reivindicarse ante las presiones recibidas del Ejecutivo y defiende que sólo se somete “al ordenamiento jurídico”, en tanto que Junts quiere que la Generalitat avale las fianzas del Tribunal de Cuentas, buena manera de malversar fondos públicos y con fondos públicos evitar las consecuencias derivadas de la malversación, cuando el PSOE pidió en la oposición la fiscalización de las embajadas catalanas y que los líderes del “procés” devolvieran el dinero malversado “lo antes posible”. ¡Qué tiempos aquellos en que todos o la inmensa mayoría defendíamos nuestro Estado de Derecho al margen de las ideologías de cada uno! No obstante y a pesar de todo el Tribunal de Cuentas prepara la subasta de la vivienda de Artur Mas por el 9-M (liquidará cinco inmuebles del ex president y de otros ex cargos si no pagan), cuando la Abogacía del Estado, ahora silenciada, acusó en su momento al Govern en la instrucción de desviar fondos. ¿Se despejarán las “piedras del camino” de las que habla Ábalos perdonando a los sediciosos todo el dinero público malversado? Al respecto de dicho asunto, Mireia Vidal, ex Interventora General de la Generalitat desde 2011 a 2016, sostiene lo siguiente: “Junqueras me cesó tras mi primera advertencia, sin ninguna explicación”, “el Tribunal de Cuentas me pide más de tres millones, es una cifra aberrante; no lo entiendo, soy una técnica que no decidía”, “me siento fatal e indefensa; me va a embargar y no sé cómo voy a sobrevivir hasta que un tribunal ponga las cosas en su sitio”, “la interventora general es como un director de orquesta….cumplí con todas las normas, las apliqué a rajatabla hasta que me cesaron”…… eso digo yo, hasta que “un tribunal ponga las cosas en su sitio” pero añado, sin que desde el Gobierno se perdonen las consecuencias a los condenados por dicho tribunal.

          Además de todo lo anterior y temiéndose lo peor, barones del PP y algunos del PSOE presionan a Sánchez para evitar nuevos agravios en la financiación y exigen una financiación abierta ante el riesgo de que la famosa mesa de diálogo bilateral incluya otra financiación a la carta para Cataluña, ahondando más aún en el deterioro del precepto constitucional de la igualdad de todos los españoles. Al efecto, el PP, que desencadena una ofensiva ante el Supremo contra los indultos (diputados del Congreso y del Parlament los recurrirán ante el Alto Tribunal), crea una comisión política y jurídica para tumbar la negociación Sánchez-ERC y los barones llevarán una voz común contra los presuntos privilegios que se otorguen a Cataluña y no se le den al resto de CCAA. De entrada, paree ser que ERC y PNV se disponen a apoyar los Presupuestos a cambio de 24.000 millones, que posibilitarían prolongar la legislatura, mientras Casado asegura que revertirá “todas las leyes sociales” del PSOE convencido de que “la moción de censura a Sánchez se la harán los españoles en las urnas”….. y es que, según SigmaDos, en caso de elecciones, el PP fortalece su mayoría como líder del centroderecha, siendo el único partido que crece al recoger más de un 12% de los votantes de Vox y superar el 40% de los de Ciudadanos, mientras ERC capitalizaría los indultos en el electorado catalán a costa de Junts (los resultados serían: PP 29´4% de votos, PSOE 25´9%, Vox 14´4%, UPodemos 10´5%, Más País 5% y Ciudadanos 2´5%). 

          Al margen de lo que digan los sondeos, lo cierto es que estamos inmersos en no pocas polémicas como la causada por la Ley Trans, pues, según NCReport, el 70% de los españoles rechaza la autodeterminación de género y el 68% rechaza que se eliminen los términos padre y madre por el de “progenitores”; una Ley Trans que la manifestación del Orgullo LGTBI toma por bandera y vuelve a las calles de Madrid sin carrozas pero más reivindicativo y polémico con la pandemia y con dicha ley Trans en el centro de la movilización. Entretanto Escrivá, adelantando un “ajuste” sobre las pensiones, invita a los “baby boomers” a elegir entre menos pensión o trabajar más, teniendo que matizar sus palabras ante la desvinculación de la CEOE de tan “desafortunadas” afirmaciones ya que “eso no está en el pacto”. Según el desliz del ministro, el ajuste de las pensiones lo pagarían once millones de “baby boomers”, ensombreciendo el reciente acuerdo en la Moncloa; es decir los nacidos ente finales de los cincuenta y mediados de los setenta, que o trabajarían más años o cobrarían menos prestación, mientras sindicatos y empresarios se rebelan y dicen que no está pactado, en tanto que el Gobierno deja solo a Escrivá, pues “se le escapó la verdad”…. La cruda realidad es que la pensión en el futuro queda en manos de diez millones de inmigrantes ya que el 31% de la población tendrá más de 65 años en 2050 y hoy apenas nace un niño en España por cada mujer. Por otro lado Yolanda Díaz, que dice que “el Gobierno no puede parecer más cerca de la élite que de la gente”, choca con la patronal con su promesa de reforma laboral, pues la CEOE descalifica por “marxista” el plan que pone trabas a los despidos, ya que la ministra quiere sustituir los contratos temporales por fijos discontinuos y el borrador plantea limitar los cambios unilaterales en las condiciones de trabajo. Y todo ello cuando la mejora del empleo (una buena noticia donde las haya, al acabar junio con una bajada récord del paro de 167.000 personas) reabre el debate sobre subir el salario mínimo.

          La pésima noticia es sin duda que la incidencia de la covid vuelve a situarnos en riesgo alto tras el mayor repunte desde enero, disparándose los contagios entre jóvenes y abocando a España a una quinta ola, cuando los destinos de verano, repletos de gente, intentan blindarse contra la “variante fiesta” con las playas llenas mientras sube la incidencia y la covid está disparada en zonas turísticas (la transmisión del virus supera el umbral de riesgo y crece con fuerza en Baleares, Valencia y Cantabria); por su parte la ministra Reyes Maroto sostiene que “aún podemos recuperar la mitad del turismo internacional”. Entretanto la precariedad expulsa a las enfermeras de las residencias de ancianos (los centros necesitan a 15.000 profesionales que prefieren otros sectores o emigran ante los sueldos bajos y la sobrecarga de trabajo) y los médicos exigen regular con urgencia la objeción de conciencia ante la Ley de la Eutanasia, denunciando que ayudar a morir crea inseguridad jurídica a los facultativos y señalando que puede ser inconstitucional obligarles a pronunciarse, pues recuerdan que una norma concreta no puede restringir otros derechos……sin duda, la polémica, por si no tuviéramos pocas, está más que servida.

          Entretanto el Rey sigue sin poder ir a Girona por capricho de los secesionistas y se ve obligado junto a la princesa Leonor a entregar en Barcelona los Premios Princesa de Girona por segundo año consecutivo para mayor escarnio de nuestro Estado de Derecho, único en el mundo en que su Jefe de Estado no puede moverse por todo su territorio con absoluta normalidad y con el respeto que merece. En todo caso, en dicho evento, Leonor pide “escuchar a los jóvenes” y Felipe VI recuerda que “juntos seremos más capaces de afrontar la recuperación”, en tanto que Sánchez ha recortado sus visitas a Cataluña desde 2018, pues desde que gobierna con el apoyo de los secesionistas el Monarca ha estado 19 veces frente a las 52 que estuvo con el PP.

En lo que se refiere a otros asuntos cabe citar que Interior ya ha acercado al País Vasco a todos los etarras; que el juez deja libre a José Luis Moreno, quien tenía grabaciones a políticos y policías a los que sobornaba, pero le pide una fianza de tres millones de euros; que el Tribunal de Cuentas certifica un nuevo agujero record en las pensiones; que Sánchez frena el debate del estado de la Nación hasta que repunte la economía; que Hablamos Español denuncia que ningún colegio público de Guipúzcoa ofrece ya castellano como lengua vehicular con el pretexto de que “te dicen que las clases en castellano sólo las piden los inmigrantes”; que el TC reprocha a Sánchez que recurra a los “decretazos” para esquivar a las Cortes y anula el decreto ley que llevó a nombrar a Rosa María Mateo a ser administradora única de RTVE; que una ley permitirá movilizar a los españoles en caso de crisis, tras la reforma de la Ley de Seguridad Nacional por parte del Gobierno a la luz de la pandemia, con  lo que la autoridad podrá exigir “prestaciones personales” a todos los mayores de edad, permitiendo el texto intervenir empresas, requisar bienes o suspender actividades; que la Selección Española de Fútbol pasa a semifinales de la Eurocopa 2020 al eliminar a Suiza en la tanda de penaltis tras empatar el partido, 1-1, por lo que se enfrentará a Italia en semifinales; y que Exteriores ordenó no pedir el pasaporte al líder del Frente Polisario al dar instrucciones de que Ghali no pasase el control de aduanas, contra lo que se establece a los llegados desde fuera del espacio Schengen.

Y del exterior, destacar que 130 países llegan a un acuerdo para gravar a las grandes empresas al menos con el tipo mínimo del 15% por el impuesto de sociedades; que el calor provoca una verdadera crisis sanitaria en Norteamérica pues las altas temperaturas en Canadá y EEUU provocan más de 600 muertes; que Xi Jinping exhibe su poder y promete que “reunificará” China y que “aplastará” el plan de Taiwan; que Luxemburgo burla a la UE y mantiene privilegios a empresas y millonarios, como demuestra una investigación de varios medios concluyendo que se salta la fiscalidad europea; que China acapara materias primas, pone en jaque a la industria mundial y frena la recuperación, mientras los precios del cobre, níquel, petróleo o madera se disparan con la vuelta a la actividad; y que el Papa es operado de un problema en el colon, por lo que reducirá su agenda en verano para recuperarse y viajar del 12 al 15 de septiembre a Hungría y Eslovaquia.

Fdo. Jorge Cremades Sena