Resulta
patético, se mire como se mire, el comportamiento de cualquier gobernante, en
este caso Puigdemont, actuando al margen de la legalidad, que precisamente le
legitima como gobernante, sabiendo que sus decisiones ilegales, si finalmente
las consuma, sólo le llevarán a un callejón sin salida a nivel personal y
provocarán una fractura de incalculables consecuencias sobre sus gobernados, en
este caso los catalanes. Patético ya que, agotadas todas las amenazas y
chulerías totalitarias, toca definitivamente pasar a los hechos y es a él, como
presidente de la Generalitat, a quien corresponde, saltándose el Estado de Derecho,
convocar el ilegal referéndum, cuando sabe que ni tiene competencias para
hacerlo ni es al conjunto de los catalanes a quien corresponde decidir sobre la
independencia de Cataluña. Y como ya tiene el precedente de su predecesor y
mentor, Artur Mas, inhabilitado por sus comportamientos totalitarios, pero no
quiere retractarse de su manifiesto error (siendo benevolente en el término)
abortando su delirio antidemocrático, decide publicar, que no convocar, la
fecha y pregunta del ilegal referéndum independentista para, a diferencia de
Mas, quedarse al borde de lo delictivo, pero, de momento, no incurrir en el
delito manifiesto. Por tanto, según el patético anuncio, ya sabemos el día del ilegal
referéndum, el próximo uno de octubre, y la pregunta, “¿quiere que Cataluña sea
un estado independiente en forma de república?”, que, en el mejor de los casos,
debiera dirigirse a todos los españoles, depositarios de la soberanía nacional,
y no sólo a una parte de ellos. En fin, algo así (pero peor aún) como si Rajoy convocara
un referéndum vinculante en España para decidir que la UE se convierta en una
República Europea… patético y esperpéntico. Evidentemente, tanto el Gobierno de
España, que de entrada descarta una cumbre con Sánchez y Rivera para responder
a Puigdemont, como los partidos democráticos, rechazan el anuncio (pues sólo se
trata de eso), aunque estrechan sus contactos para afrontar este desafío
totalitario contra el Estado de Derecho que, de momento, sigue siendo “de
farol”, ya que el anuncio no tiene trascendencia jurídica alguna hasta que
Puigdemont decida firmar la pertinente convocatoria del mismo. No obstante
Moncloa, que garantiza que no habrá otro 9-N y dice que el llamamiento “sólo
son palabras”, controla, por si acaso, los contratos de la Generalitat, las
empresas y los fondos para evitar la ilegal consulta, si es que finalmente se
convoca y no sólo se anuncia, mientras que los funcionarios piden un protocolo
de actuación pues no quieren ser “escudos humanos” y mientras Puigdemont pone
un tope de 20 euros por urna, necesitando 4.000 funcionarios para su patética
consulta ilegal, por lo que los sindicatos exigen protección para los
trabajadores públicos. Patético, ¿verdad? La respuesta del Estado de Derecho
debe ser meridianamente clara: la estricta aplicación de la ley.
Entretanto
el Tribunal Constitucional falla de forma inapelable que la amnistía de Montoro
avaló el fraude fiscal y legitimó a los defraudadores, por lo que anula por
unanimidad el decreto ley de 2012, que, según la sentencia, “legitima la
conducta de los evasores”, “supone la abdicación del Estado ante su obligación
de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos
públicos” y “valida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron
su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica”, añadiendo que “el
objetivo de conseguir más recaudación no puede ser causa suficiente que
legitime la quiebra del objetivo de justicia al que debe tender”, aunque, por
razones de seguridad jurídica, no invalida las 31.000 regularizaciones que se
hicieron. Un varapalo en toda regla a Montoro en el fondo y en la forma, pues
la sentencia sostiene además que, en todo caso, no es constitucional que dicha
amnistía se aprobase por decreto-ley. Obviamente las reacciones a dicha
sentencia, no se han hecho esperar: desde la oposición, incluido el PSOE, se
exige la dimisión del ministro, ante las duras críticas que le hace el TC;
desde el Ejecutivo descartan su destitución y desde Hacienda incluso tachan de
“perorata política” la sentencia, aunque ciertas críticas internas en el PP
piden “gestos”. No obstante, desde el PP sostienen que dicha amnistía se tomó
en plena crisis económica, con una España al borde de la quiebra, y como medida
excepcional y que, en todo caso, no es la primera amnistía fiscal pues los
ministros socialistas, Boyer y Solchaga, hicieron sendas amnistías en la época
de Felipe González. En fin, si la actual sentencia del TC sirve para que en el
futuro no haya más amnistías, bienvenida sea la decisión unánime del Alto
Tribunal, pues lo que está meridianamente claro es que las amnistías fiscales
favorece a los delincuentes defraudadores y perjudican a la inmensa mayoría de
ciudadanos honrados que tributan al fisco lo que les corresponde.
Por
otro lado la falta de liquidez del Banco Popular acelera su venta al Santander,
que se lo queda por el precio simbólico de un euro y amplía su capital en 7.000
millones, después de que las autoridades europeas concluyeran que el banco
estaba al borde de la quiebra y de que los reguladores le dejaran tocar fondo;
el Santander se lo queda sin ayudas públicas, pero 300.000 accionistas pierden
la totalidad de sus inversiones y anticipan una avalancha de demandas, pues no
hace mucho el Popular superó los test de estrés, cuando el BCE le rebajó las
exigencias hace sólo seis meses, y ahora Bruselas decidió encargar al Gobierno
que buscara un comprador de urgencia, lo que ha propiciado semejante desenlace,
que, en ningún caso afectará a los meros depositantes que tienen sus ahorros y
sus cuentas en dicho banco.
Además cabe destacar
que, mientras el PSOE decide abstenerse en la moción de censura de Iglesias a
Rajoy, cuyo debate será el próximo martes, Sánchez planea refundar el PSOE en
un año para dar poder a la militancia y el nuevo portavoz socialista, José Luis
Ábalos, asegura “no renunciamos a pactar con Podemos, pero tienen que madurar”,
lo que han puesto en evidencia en el ensayo fallido de moción de censura, que
Podemos ha hecho contra Cifuentes, quedándose aislados en la Asamblea de Madrid
en la defensa de la misma, a cuya tribuna acudieron en comandita los
principales dirigentes podemitas, encabezados por Pablo Iglesias. Y, entre
otros asuntos, cabe citar que el juez Pedraz abronca a la UCO por investigar
por su cuenta a Mario Conde; que Aznar acoge a Rivera en plena gresca entre PP
y Ciudadanos por los temas de corrupción que, curiosamente, provienen de la
época de Aznar, y le elogia como alternativa política “centrista”; y que la
factura de las huelgas de la estiba arroja 12 millones diarios, mientras Maersk
desvía definitivamente 150.000 movimientos anuales de Algeciras al puerto de
Tánger.
Y en el exterior,
Reino Unido se lleva la palma. Tras ratificar finalmente Londres la muerte de
Echeverría, el héroe de Borough Market, con lo que la presión de España, cuyo
Gobierno critica duramente la tardanza en hacerlo, ha podido acortar “la
agonía” de la familia ya que Scotland Yark pretendía demorar 48 horas más que
la familia pudiera ver su cadáver, los británicos celebran elecciones
legislativas anticipadas para mayor descrédito de Theresa May y los
conservadores, que, tirando por la borda la mayoría absoluta heredada, ganan las
elecciones pero pierden 12 escaños, cuando el objetivo de May era ampliar más
su mayoría absoluta y legitimarse para negociar su anunciado Brexit duro con la
UE. En efecto, los conservadores consiguen 318 escaños, seguidos de los
laboristas con 262, de los nacionalistas escoceses con 35, de los liberales con
12, de los unionistas con 10, de Sinn Feim con 7 y de los 6 restantes
repartidos entre otros; tal resultado supone la pérdida de la mayoría absoluta
de May, confirmando su grave error estratégico, que queda debilitada tanto
dentro de su partido, como en el Gobierno, que podrá mantener en minoría gracias
a los unionistas, y por supuesto como en su pulso con Europa, cuyo Brexit promete
cumplir pese a su debilidad tras el voto, mientras la UE espera iniciar las
negociaciones lo antes posible ya que para materializar el divorcio de Reino
Unido con la UE el plazo máximo de dos años ya cuenta y marzo del 2019 se echa
encima casi sin darnos cuenta, augurándose hasta entonces una caótica
negociación, que esperemos sea lo menos desfavorable para los ciudadanos
europeos que viven en Reino Unido y para los británicos, que no son pocos, que
viven en países miembros de la Unión.
También destaca en
el exterior que en Marruecos se han hallado los restos más antiguos de “homo
sapiens”, poniendo así patas arriba, tanto en el tiempo como en el lugar, el
origen del hombre actual tenido como válido hasta el momento; que Comey, el ex
director del FBI, declara que Trump le cesó por investigar la trama rusa y
llama “mentiroso” al Presidente, acusándole de mentir y difamar, mientras éste
le acusa de filtrador; que Trump contradice a su ministro de Exteriores y exige
más mano dura contra Qatar; y que el Estado Islámico prosigue sus barbaridades
y ataca ahora los principales símbolos políticos y religiosos de Irán,
provocando al menos doce muertos y varias decenas de heridos en un doble
atentado contra el Parlamento iraní y el mausoleo de Jomeini, la gran
referencia chií.
Jorge Cremades Sena
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