En plena
tormenta mediática por la corrupción irrumpe hace unos días el Presidente
extremeño, el popular Monago, por haber viajado a Tenerife en su etapa de
senador nada menos que 32 veces a cargo del Senado y no por asuntos
relacionados con su cargo sino por asuntos privados, al parecer, para visitar a
una supuesta amante. A pesar de saber que los viajes de los parlamentarios
son gratis, sin que las Cortes exijan
ninguna justificación sobre el objetivo de los mismos (se supone que no han de
ser viajes de placer o de ocio, pero no se exige nada de nada), por tanto
ningún delito en todo caso, el revuelo mediático del asunto es de órdago y la
petición de dimisión de Monago por parte de la oposición insistente. Es tal el
asqueo social a causa de la corrupción que cualquier corruptela o conducta
irregular o poco ética por parte de nuestros políticos, debidamente adobada al
efecto, puede hacernos perder el norte. Y en este caso, seguramente es lo que
ha ocurrido. Al final, Monago, que dijo que los viajes privados se los pagaba
con su dinero, se defiende de las acusaciones en una rueda de prensa y en una
tertulia televisiva, mostrando documentación, que algunos califican como “los
papeles” de Monago, por la que, según certificado del Senado, sólo hizo 16
“viajes de trabajo” y no 32 (algunos dicen ahora que contando ida y vuelta sí
que lo son, ¡vaya tela!) con cargo a la Cámara, mientras que, según extracto
bancario, pagó con su visa particular otros 22 viajes a la isla en dicho
periodo. Para unos, suficiente; para otros, no. En todo caso, petición de
disculpas de algunos que le acusaron, mientras otros insisten en su denuncia de
algo que, se mire como se mire, no sería constitutivo de delito. Otros, exigen
ahora que al resto de parlamentarios se les fiscalice al igual que a Monago,
convencidos de que habrá muchos en todos los grupos parlamentarios que incluso
habrán actuado como él e incluso peor aún ya que, tal como está el Reglamento
del Congreso y del Senado, la correcta conducta en los viajes gratis de los
parlamentarios, su uso y abuso, queda, como siempre estuvo, a la conciencia
individual de cada uno de ellos. Por tanto, que se mantengan o se modifiquen
ahora los reglamentos es el quid de la cuestión. Todo lo demás, cortinas de
humo para ocultar o desviar la atención de otros asuntos de verdadera gravedad,
puñaladas traperas de propios o extraños para satisfacer venganzas personales o
políticas, o, simplemente, estrategias electorales ante la inminencia de los
próximos comicios cada vez más cercanos.
Entretanto, una edil
socialista renuncia a ser alcaldesa de Parla tras desvelarse que su padre se
benefició de la trama “Púnica” que ha obligado al alcalde a dimitir tras su
imputación, mientras que César Luena, el Secretario de Organización del PSOE,
dice que “corresponde a dirección general socialista expulsar a Chaves y
Griñán”, en tanto que el PP madrileño se convulsiona por los exámenes de
idoneidad que Aguirre impone a los alcaldables, mereciendo la iniciativa los reproches
del mismísimo González, Presidente de Madrid. Estas cuestiones si obedecen a
asuntos de verdadera gravedad.
Y verdadera gravedad,
incluso extrema, tiene si al final Artur Mas y sus colegas se van de rositas
con el asunto del 9-N. La previsible querella se demora, pues, al parecer los
fiscales catalanes torpedean la denuncia contra el president, mientras
Torres-Dulce duda ya de que la misma salga adelante, aunque el Gobierno le
recuerde que “quien defiende al Estado es la Fiscalía” y advierta a los
fiscales catalanes que tienen un Jefe. Pero, según se publica, Torres-Dulce
asegura que “no es necesario” que el Ministerio Fiscal lleve el 9-N a los
tribunales porque “ya está judicializado” a pesar de la advertencia de
Santamaría de que es el Fiscal el que “tiene que ejercer la defensa del
Estado”. Entre unas cosas y otras, al margen del tiempo que deba tomar Fiscalía
para interponer la denuncia, por supuesto, bien documentada, lo que, a mi
juicio, no puede hacerse es dejar la defensa del Estado a iniciativas
particulares, cuando hay autoridades específicamente investidas para hacerlo.
Si la desobediencia manifiesta al Imperio de la Ley por parte de las
autoridades gubernamentales no es susceptible de sanción, que venga Dios y lo
vea; si el temor es que dicha denuncia no fuera admitida por el Juez
competente, apaga y vámonos. Cada vez nos aproximamos más al precipicio (Ver en
Blog Ojo crítico, http://jcremadesena.blogspot.com.es/ “Estado… ¿de Derecho o de Desecho?”
recientemente publicado) aunque puede que todavía estemos a tiempo de no caer
en él.
En cuanto a otros
asuntos que merecen la atención de las portadas en algunos medios, el Banco de
Santander prescinde de Rato al disolver el Consejo Asesor Internacional al que
pertenecía el ex vicepresidente de Gobierno (malditas puertas giratorias); el
financiero norteamericano Soros se convierte en socio clave de la constructora
FCC al adquirir el 25% del grupo; las estrellas de You Tube logran audiencias
millonarias con breves vídeos, desafiando a la televisión; Podemos entroniza a
Pablo Iglesias como Secretario General y a su cúpula directiva a través de
votos en Internet; sólo el 15% de los menores de 29 años vive de sus ingresos,
cayendo la cifra a la mitad en los últimos siete años; y, Gallardón rompe su
silencio desde que abandonara el Gobierno, manifestando que le “dan asco las
razones de la retirada de la reforma del aborto”. Entretanto, mientras la Reina
Leticia gana en popularidad y consolida un estilo propio tras cinco meses en
ejercicio, su cuñada, la Infanta Cristina, sigue resistiéndose a renunciar a
sus derechos dinásticos a pesar de la presión que ejercen desde el entorno de
Zarzuela.
Y fuera de nuestro
país, el Pentágono revela graves fallos en su arsenal nuclear (un asunto
preocupante), mientras Marruecos dicta tres días de celebración en Rabat para
festejar el enlace de Mulay Rachid, hermano de Mohamed VI y príncipe “playboy”
marroquí.
Jorge Cremades Sena
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu comentario, gracias