Cuando Sánchez decidió
de forma insólita hacer pasar de un día para otro a su ministra de Justicia,
Dolores Delgado, a Fiscal General del Estado desencadenó una oleada de críticas
que, en sólo un año, se han recrudecido ante determinadas decisiones tomadas
Fiscalía que ponen en duda el principio de imparcialidad que debiera presidir
tan alto cargo, basado en la independencia de los tribunales españoles. El
último caso es escandaloso al rechazar Fiscalía todas las querellas contra el
Gobierno por su gestión de la pandemia, por lo que no pocos fiscales, hartos
del descrédito que provoca Delgado, critican los argumentos “políticos”
utilizados por el Ministerio Público para pedir el rechazo en bloque de esta
veintena de iniciativas que instaban a una investigación sobre la gestión
gubernamental de la pandemia. Un malestar entre los fiscales al extremo de que
varios de ellos manifiestan que “hay un desembarco del Gobierno” ya que
reclamaron debatir las querellas pero su Jefa se negó, con lo que incluso un
fiscal de Sala del Supremo afirma que “ha sido un proceso llevado por el
ocultismo”, evidenciando que “usar un trono laudatorio de esta pésima gestión
hace que la Fiscalía pierda credibilidad” pues “es vergonzoso que no se
consulte a la cúpula fiscal” para tomar tan delicada decisión. En efecto,
Fiscalía pide archivar todas las querellas rechazando en un dictamen los
argumentos esgrimidos porque no hay delito en la gestión, con lo que, para
muchos, lo que hace Fiscalía es salir al rescate del Gobierno, pidiendo al Supremo
que las rechace todas porque es “imposible afirmar que debiera haber previsto”
la pandemia, esgrimiendo como eximente que varios ministros se pusieron incluso
en riesgo acudiendo a la manifestación del 8-M y haciendo una defensa de la
gestión de la pandemia que califica como “idónea”, por lo que solicita al
Supremo que ni se investigue. Y es que, al margen de las polémicas grabaciones
de Delgado en el caso Villarejo, se hace difícil buscar la imparcialidad, la
independencia y la autonomía que debe tener quien ocupe el alto cargo de Fiscal
General del Estado, en una persona que se levanta del sillón de ministro y que
es diputada del partido gobernante para sentarse “ipso facto” en el sillón de
la Fiscalía General del Estado. Si a ello se añade que Sánchez declaró
públicamente que Fiscalía depende del Gobierno (cuando lo que depende del
Gobierno sólo es el nombramiento del Fiscal General del Estado, que no del
Gobierno) el asunto es obvio, la imparcialidad e independencia de los fiscales
queda por los suelos. Por ello no cabe asombrarse de que las decisiones de
Fiscalía sean más que polémicas y cada vez tomadas con más descaro, pues, desde
que está Delgado al frente, casualmente todas suelen ir en la misma dirección:
ordenar investigar “bulos” contra el Gobierno sobre el coronavirus a instancias
de Podemos; solicitar el archivo de la investigación contra el Delegado del
Gobierno en Madrid; asumir la investigación al Rey Juan Carlos por el AVE a La
Meca; rebajar de rebelión a sedición la acusación contra Trapero; oponerse a
investigar al Ministro Marlaska por el cese de Pérez de los Cobos…. No sé si
los españoles podrán estar tranquilos, pero Sánchez sí que podrá estarlo pues,
blindado por las decisiones de su Fiscal General (salvo que los jueces decidan lo
contrario, asunto bastante difícil) y por sus socios en el Congreso de los
Diputados quedará exento de cualquier investigación judicial o política. ¿Se
puede pedir más? Yo creo que no: que se investiguen las fechorías o
negligencias de los demás, pero las mías, no.
Mientras tanto España desciende al
puesto 27 mundial en la realización de test cuando la segunda ola de virus
desborda la atención primaria y los sanitarios alertan del riesgo de colapso en
los centros de salud. En efecto, los contagios por covid se multiplican por
treinta en apenas tres meses, pero, como la gestión ha pasado del “ordeno y
mando” durante el estado de alarma al “que cada cual se lo monte como pueda” de
las CCAA, entre todos la mataron y ella sola se murió. España vuelve a los 10.000
contagios diarios y en la Comunidad de Madrid, aunque no es la única, la
situación se hace cada vez más insostenible. El Gobierno regional madrileño,
desbordado por las circunstancias, siembra el desconcierto sobre posibles
confinamientos, con el viceconsejero anunciando “medidas drásticas” en las
zonas más afectadas, mientras Ayuso no da explicaciones convincentes y remite a
una reunión extraordinaria para hoy o mañana, mientras su Ejecutivo estudia
reabrir el hospital de campaña de Ifema para descongestionar los centros con
mayor presión y limitar la movilidad, aunque, parce ser que con carácter
voluntario y pudiendo seguir yendo al trabajo. Y mientras los fallecidos por
covid se duplican en las dos última semanas, cada vez se hace más evidente que
Sánchez quiere forzar a Ayuso a ir al Congreso a pedir el estado de alarma.
Y por si no hubiera pocas
preocupaciones y problemas, el PSOE saca del Código Ético de las Cortes acatar
la Constitución, eliminando del documento la referencia que obliga a actuar a
los parlamentarios “con pleno acatamiento y respeto” a la Carta Magna porque la
considera “innecesaria y redundante”. ¿Otro guiño o cesión a los secesionistas
y radicales para que le aprueben las cuentas? La realidad es que el Gobierno
negociará los Presupuestos, además de ERC, con EHBildu pues Otegi dice que está
“predispuesto a hablar, negociar y en su caso aprobarlos”, seguramente, a
cambio de beneficios penitenciarios para los encarcelados de ETA y de
“concesiones territoriales”. Por su parte ERC exhibe su complicidad con
Iglesias y desdeña a Carmen Calvo, pues el Vicepresidente podemita presiona
para pactar con ERC y Bildu y para evitar a Ciudadanos, iniciando al efecto
gestiones en paralelo a la Vicepresidenta socialista. En definitiva, mientras
los retrasos en el Presupuesto fuerzan ya una tercera prórroga en enero, el
Gobierno, que aún no ha presentado el techo de gasto ni el objetivo de déficit,
eleva a Bildu a socio preferente, en tanto que Podemos destaca la “buena
sintonía” que aleja el acuerdo con Ciudadanos y preocupa al PNV por el temor de
perder influencia en La Moncloa. Además el Gobierno de Sánchez reactiva la ley
de Memoria Histórica y fija sanciones, un proyecto que busca acabar con los
últimos rescoldos del franquismo…..¡qué pena que la Memoria se olvide tan
pronto de atrocidades más cercanas como los asesinatos de ETA! Lo cierto es que
Sánchez obvia la Ley de Amnistía de la Transición, que la izquierda, incluso la
comunista, propició para consolidar un proceso de paz y libertada, e investigará
ahora delitos del franquismo aprobando el anteproyecto de una Ley de Memoria
Democrática (entre tantas memorias nos vamos a desmemoriar), escudándose en que
una nueva interpretación de los tratados internacionales así lo permite y está
dispuesto a que la “memoria democrática” se incluya en el currículo escolar; la
realidad es que esta especie de revisión del franquismo, con el objetivo de
derogar definitivamente la Transición, choca con el Supremo que hasta en siete
ocasiones ha rechazado “resentenciar” estas causas; una ley que contempla
sanciones desde 200 a 150.000 euros por incumplimiento, que convertirá el Valle
de los Caídos en un lugar de memoria y del que expulsará a los benedictinos,
que ilegalizará fundaciones que exalten a Franco y que se estudiará
obligadamente en Secundaria, Bachillerato y en la formación del profesorado.
Por lo que respecta a otros asuntos
cabe citar que el juez ordena investigar la “tapadera” mejicana que recibió
fondos de Podemos, reclamando a la Udef que averigüe el domicilio real y el
objeto social de la empresa pantalla usada por Neurona; que el Gobierno
rectifica el mismo día sobre los ERTEs y los alcaldes permitiendo a los ediles
gastar más; que la Audiencia devuelve a Iglesias la condición de víctima por el
“caso Dina” e impide que se le investigue; que el PP prevé endurecer las
medidas contra los posibles imputados por Kitchen y no asumirá la defensa de
Jorge Fernández ni de Cospedal si son imputados, pero Casado reitera que no
“admite juicios paralelos; que, según Calvente, “Podemos tiene un equipo a
sueldo para cargarse a los jueces y a quien les ataca”; que un instituto de
Ibiza reprende a un profesor por emplear el castellano con el argumento de que
“el catalán está por encima de tus derechos individuales”; que otra ex abogada
de Podemos ratificará ante el juez que había “caja B”; que Pérez Jácome, el
alcalde de Orense perteneciente a Democracia Orensana, un partido “ni de
izquierdas ni de derechas, de Ourense” cobraba a sus asesores por colocarlos
con la excusa de que tenía que mantener la televisión local de su propiedad;
que el Estado tendrá presencia en el consejo del nuevo superbanco pues contará
al menos con un miembro; que Ayuso aleja el cambio de gobierno, cuya gestión
defiende, y descarta cambiar a los consejeros; que la empresa regada de dineros
por Griñán colocó a la Ministra Ribera, pues tras abandonar la Secretaría de
Estado de Energía fichó por Isofotón, investigada por malversar 80 millones en
ayudas de la Junta de Andalucía; que Torra no designará sucesor si es
inhabilitado para retrasar las urnas y la legislatura quedaría en el aire ya
que sólo el President del Parlament podría convocar comicios; y que el Banco de
España augura una economía débil en 2021 por los rebrotes, enfriando así la
recuperación que “será frágil e incompleta” mientras aboga por extender los
ERTEs a las empresas solventes y recorta hasta la mitad el crecimiento.
Y del exterior destacar que se han
hallado posibles indicios de vida en Venus atribuyendo un grupo de científicos
a microbios la existencia de gas fosfina detectada en dicho planeta por lo que
sus nubes podrían albergar bacterias; que Melinda Gates, codirectora de la
Fundación Gates, dice que “la pandemia no sólo nos ha estancado, nos ha hecho
retroceder”; que Navalni, recuperado del envenenamiento, está dispuesto a
volver a Rusia; que Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, eleva al
55% el recorte de emisiones para 2030, situando como prioridad la transición a
la economía verde, mientras pide competencias para una Unión Europea de la
Salud; que la Casa Blanca es escenario del mayor acuerdo de paz en Oriente
Próximo en más de cuatro décadas, en este caso entre Israel y dos países
árabes, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos; y que, mientras la ONU acusa a Maduro
de crímenes de lesa humanidad y pide que se investigue la Presidente venezolano
y a dos generales por ello, nuestra ministra Laya dice ahora que España apoyará
las elecciones de Maduro si son democráticas….¿la mano de Podemos? ¿quién
sabe?.
Fdo.
Jorge Cremades Sena
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