Y EL TC SE PRONUNCIÓ

 

                    El Pleno del Tribunal Constitucional, sometido a graves presiones por parte del Ejecutivo, se pronuncia y acuerda suspender de forma urgente la chapucera tramitación parlamentaria de las dos enmiendas por las que Sánchez pretendía modificar el sistema de elección de magistrados del Alto Tribunal y que el PP, haciendo uso de su derecho constitucional, recurría al entender que el avance de dicha tramitación parlamentaria causaba un daño de difícil reparación a los derechos de los legisladores (en este caso a los legisladores populares), por lo que invocaban el art. 23 de la Carta Magna, donde se recoge el derecho a la participación política de los ciudadanos a través de sus representantes. Decisión del TC inédita tras haber sido aprobadas dichas enmiendas en el Congreso en el marco de la proposición de ley para derogar el delito de sedición y que, en todo caso, sólo afecta a las dos enmiendas que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, añadió el PSOE a la derogación de la sedición para reformar por esta vía el sistema de elección de magistrados al TC, que ha imperado desde siempre en el CGPJ, y además para, ya de paso, eliminar también la potestad del Constitucional de examinar a sus candidatos, cuando el PP había pedido tumbarlas por no tener ninguna relación con la sedición, alegando en su recurso de amparo que se trataba de modificaciones de calado que se adoptan por la vía de la urgencia y sin escuchar a los órganos consultivos. Por tanto el TC, que es un órgano constitucional independiente de los demás órganos constitucionales y que no forma parte del Poder Judicial, ha hecho lo que tenía que hacer como intérprete supremo de la Constitución Española y como garante de que se actúa conforme a la misma; en este caso decir que por la puerta trasera vía enmiendas no se pueden imponer modificaciones de calado como es la modificación del sistema de elección de sus magistrados o la eliminación de su potestad de examinar a sus candidatos, cuando Sánchez, si eso es lo que quiere, puede y debe hacerlo ajustándose estrictamente a la legalidad. Por tanto, el TC, contra lo que se está vendiendo, no paraliza absolutamente nada ni interrumpe el trabajo del Legislativo, pues la reforma de la sedición y la malversación, que es el meollo de la cuestión, como no podía ser de otra forma, sigue adelante con su trámite parlamentario en el Senado (cuestión distinta es la conveniencia política o no de modificar en este sentido el Código Penal suavizando de forma flagrante las penas por semejantes repugnantes delitos) y sólo quedan sin vigencia las dos enmiendas recurridas. Ante tan lógica decisión del TC, Sánchez, rebajando su tono de amenaza precedente contra los “jueces conservadores”, llama a la “serenidad” y, mientras Bruselas respalda al TC y reitera al Gobierno que no puede actuar unilateralmente, prepara con sus aliados otro atajo para esquivar el varapalo del Alto Tribunal y Feijóo reclama a Moncloa que se aleje de sus socios y vuelva al Constitucionalismo, cuando su socio gubernamental, UPodemos, amaga incluso con que se incumpla la sentencia del TC y sus socios de investidura ponen el grito en el cielo por la osadía del Alto Tribunal de suspender el plan judicial de Sánchez, quien, adicto a las medidas exprés, ya se dispone a habilitar el Congreso en enero para que se tramite una proposición de ley, por vía de urgencia, con las enmiendas rechazadas por el Constitucional y conseguir así los objetivos pretendidos en las mismas, como es el control del Alto Tribunal por parte del Ejecutivo, que, obviamente, habrá de hacerse ajustándose a la legalidad y no mediante estos atajos inconstitucionales.

          Dicho lo anterior, es lamentable que no se aproveche esta crisis institucional para resolver en España un asunto de envergadura y calado como es la excesiva dependencia política del Poder Judicial que nos sitúa, junto a Polonia, a la cabeza de la más deplorable separación de poderes, con una ley que obliga al consenso entre los dos partidos mayoritarios para renovar la cúpula del CGPJ, que, aunque ha venido funcionando a lo largo de todo este tiempo democrático, ha dejado de funcionar desde que el PSOE de Sánchez decidiera gobernar con radicales y secesionistas, contrarios a lo que llaman “régimen del 78”, lo que ha valido de excusa al PP para obstaculizar dicho consenso pretendiendo imponer más duras condiciones y haciendo imposible la renovación del Poder Judicial, madre de todos los problemas actuales, y que también ha servido de argumento al Gobierno para justificar su intento de desbloquear el asunto mediante estos atajos legislativos indeseables y precarios cuando el calado del asunto debiera desembocar, por el bien de todos, en un acuerdo muy mayoritario en el Congreso de los Diputados para, como sostiene la UE, que las interferencias en el Poder Judicial sean las mínimas y los propios jueces, como sucede en el resto de Europa, sean protagonistas de la elección de sus órganos de Gobierno, evitando, como sucede ahora, esa dependencia de quienes les nombran que nos ha llevado a la patética división de la judicatura entre “jueces progresistas y conservadores” quienes parecen actuar más por razones políticas que jurídicas en el ámbito de sus competencias. ¿Estamos dispuestos a que como en la mayoría de los países europeos no sean los políticos sino los jueces quienes tengan más influencia en la designación de los miembros de los órganos del Poder Judicial equivalentes a los nuestros? Lamentablemente parece ser que no estamos dispuestos a ello, pues nuestros políticos están más interesados en la refriega que en la solución de los problemas…..y así nos va. Seguiremos pues en una España que, junto a Polonia, es el único país en que el Parlamento interviene de forma directa en el nombramiento del CGPJ….y si, para colmo, Gobierno y Oposición prefieren utilizar la Justicia como arma arrojadiza electoral o instrumento subjetivo para avalar sus decisiones, la división de poderes en  nuestro país será una mera utopía. Y para arreglarlo, con el Congreso y el Senado como encargados de elegir a los veinte vocales del CGPJ, eso sí, con la exigencia de una mayoría cualificada de tres quintos (es decir, con el sí de 210 diputados y 159 senadores), Sánchez, para tenerlo más fácil (hoy él, y mañana quién sabe), pretende que desde ahora se requiera simplemente una mayoría absoluta (es decir, 176 diputados y 133 senadores)….En fin, el TC le ha venido a decir que, al menos, si pretende esto, lo haga dentro de la más estricta legalidad y no vía enmiendas u otros recursos excepcionales.

          Así las cosas y en plena resaca por la sentencia del TC nuestros representantes políticos no tienen reparos en tirarse los trastos a la cabeza mientras el común de los mortales y quienes tienen un mínimo sentido común, no pueden entender que, en caso de una mayoría progresista en el TC (ahora hay una mayoría  conservadora de seis a cinco) la decisión del Tribunal hubiera sido la contraria…. ¿esa es la objetividad requerida por los tribunales? ¿acaso la misma ley tiene tantas caras como ideologías de los miembros del tribunal que han de aplicarla? ¿se nos está diciendo que en caso de una diferente composición del TC los diputados recurrentes no hubieran sido atendidos en sus peticiones o lo hubiesen sido en distinto sentido?..... En fin, sin más comentarios; el descrédito de la Justicia está servido y el de la división de poderes por los suelos.

          La triste realidad es que nuestros políticos siguen a la suya y a lo suyo, mientras con sus declaraciones y decisiones deslegitiman las instituciones que les interesan deslegitimar en cada momento. El PSOE, haciendo suyo el discurso de Podemos contra los jueces, habla de golpe de Estado con “togas” y “atropello democrático”, ve el TC deslegitimado y considera su decisión como “abuso inaudito” y Sánchez dice a Feijóo en el Senado que “su única aportación ha sido enmudecer a las Cortes”, mientras UPodemos, socio gubernamental de Sánchez, va más allá y amaga incluso con desobedecer la decisión del TC; el PP pide a Moncloa “desinflamar”, Feijóo dice que irá hasta “donde haga falta” para acabar con esta “pesadilla política” y cree que Sánchez no puede seguir su “asalto” a la Justicia salvo que choque con la UE, añadiendo “pido al Presidente Sánchez que renuncie a modificar el Código Penal a toda prisa” e instando a Sánchez en el Senado a que deje de legislar al “dictado de sus socios” pidiéndole que recapacite y vuelva a la Constitución; Batet y Gil, presidentes respectivos del Congreso y del Senado, acatan la suspensión del plan de Sánchez pero alertan de sus consecuencias; y Moncloa habla de “gravedad máxima” y censura la “mayoría exigua” (como si el Gobierno disfrutara de una mayoría cualificada para gobernar), evita la autocrítica y activa el “plan B” en el Congreso con medidas “conforme a ley” diciendo “adoptaremos las medidas necesarias para poner fin a este injustificable bloqueo”, mientras Bruselas respalda al TC y recuerda que “las reformas de calado requieren consultas previas”. De momento es el colofón de un espectáculo peligroso que jamás debiera haberse representado.

          Entretanto España y los países del sur logran que la UE apruebe el tope del gas, alumbrando los 27 un tope de 180 euros tras meses de bloqueo, cuando España se dispone a pedir a la UE 84.000 millones en créditos a tipos bajos con una carencia de diez años que supondrán más deuda, mientras el Banco de España avisa de una inflación disparada hasta 2025 y de que la Economía tardará aún otro año más en recuperar el nivel de PIB prepandemia y mientras que el 5% de los niños no puede comer carne en España, segundo país de la UE en pobreza infantil.

          Por otro lado, otro asunto preocupante ya que las rebajas de condena por la ley del “sólo sí es sí” de Montero superan ya el centenar, con lo que más de cien agresores sexuales se han visto beneficiados por la aplicación de la citada ley, mientras seis mujeres mueren asesinadas en España a manos de sus parejas en solo veinte días…….¿estaremos haciendo algo mal?, seguramente sí.

Fdo. Jorge Cremades Sena