VÉRTIGO LEGISLATIVO Y DEFICIT DEMOCRÁTICO

 

                    Al final, tal como se veía venir, las prisas del Gobierno de Sánchez por iniciar el decisivo último año electoral de la Legislatura sin fisuras con sus socios secesionistas y con el objetivo primordial de darle la vuelta a las encuestas ha desencadenado un vértigo legislativo sin precedentes que, a falta de tiempo, ha propiciado una especie de atajo indeseable para aprobar determinadas reformas sin atenerse a los procedimientos establecidos lo que, obviamente, supone un “déficit democrático” grave y peligroso de cara al futuro que puede traer muy malas consecuencias. Y prueba de ello es la celebración del último tormentoso y vergonzoso Pleno del Congreso para aprobar la reforma penal de Sánchez que debería pasar a los anales del Constitucionalismo como ejemplo de lo que nuestros legisladores jamás deben hacer. En efecto, el Gobierno arrolla la división de poderes y con el mantra de tener a su favor una variopinta mayoría, como si la Democracia sólo fuese pura matemática, saca adelante en la Cámara Baja derogar la sedición, rebajar la malversación y asaltar por la  puerta trasera el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, mientras la Oposición, haciendo uso de su legítimo derecho, denuncia al Alto Tribunal la presunta inconstitucionalidad y el fraude a la democracia por no atenerse a lo establecido, provocando con ello que, insólitamente, el PSOE, en sintonía con los socios del Gobierno, tache al PP y al resto de partidos de la derecha de pretender dar un Golpe de Estado llegando a comparar la situación con la de Tejero. Ante semejante panorama, el Constitucional se ve obligado a retrasar al lunes su decisión sobre la suspensión de la tramitación parlamentaria mientras el paquete legislativo queda pendiente de ser validado en el Senado el día 22 y Sánchez, desde Bruselas, manifiesta que “la derecha ha intentado atropellar la democracia”, avalando las barbaridades de sus portavoces con Felipe Sicilia a la cabeza que llama golpista al PP en el Congreso acusándole de que el golpe “hace 41 años lo hizo con tricornios, hoy con togas”, mientras la portavoz popular, Gamarra, le recuerda que cuando se produjo el fallido golpe de Tejero en 1981 gobernaba el centroderecha y Feijóo añade que “llamar fachas con toga a los jueces de España es incompatible con la democracia”, en tanto que en amplios sectores del PSOE hay cierto enfado con su compañero Sicilia por sus ataques desmesurados a jueces y al PP ya que “no podemos comportarnos como nuestros socios”. Y es que este es el problema pues el PSOE de Sánchez, acuciado incluso por el PSC, que no es una Federación del PSOE sino un partido diferente asociado, emula el discurso del “procés” de “jueces o democracia”, olvidando que ambos términos jamás pueden ser incompatibles sino todo lo contrario, pues en democracia son complementarios ya que no existe democracia sin magistrados y jueces independientes, quienes deben dedicarse a impartir justicia en los tribunales con arreglo a las leyes aportadas por el Legislativo en sus diversos ámbitos territoriales. Entretanto, con este turbulento escenario parlamentario, mientras magistrados progresistas logran aplazar el Pleno sobre el plan de Moncloa tras amenazar con marcharse si había votación, dirigentes del PSOE y ministros advierten al TC de que si no da la razón al Gobierno será “un atropello institucional sin precedentes”. Y es que la prioridad acuciante de Moncloa es un TC que, por las buenas o por las malas, avale su pacto con ERC y la exigida consulta de los republicanos ya que el control del Alto Tribunal es el mejor seguro ante las polémicas decisiones ya adoptadas y las futuras.

          Así las cosas, el Gobierno salva de momento su reforma penal a la espera de lo que hoy decida un TC presionado (ya saben, si no apoya al Ejecutivo será un “atropello institucional” al igual que si no apoyaba el procés, pues los totalitarismos sólo aceptan la Justicia si les es favorable) y Sánchez con total temeridad denuncia un “complot” de la derecha política y judicial (son los malos de la película), mientras el PP le acusa de “falta de valentía” y de plegarse a la hoja de ruta de ERC, desde donde Aragonés, eufórico por la situación, ya exige una reforma constitucional para el referéndum de independencia y avisa a Sánchez que con total formalidad planteará la “consulta” (eufemismo de referéndum ilegal pactado) en la patética mesa de diálogo y negociación sobre asuntos innegociables sencillamente por ser inconstitucionales. Así un TC, presionado por el Ejecutivo, tras verse amenazado por el sector progresista, que amenazaba con boicotear su Pleno si se debatía el recurso del PP, se ve obligado a aplazar la decisión escudándose en la “complejidad” y “trascendencia” que tiene suspender la tramitación parlamentaria de una ley, accediendo su presidente al aplazamiento únicamente si por escrito se responsabilizaban de su decisión, y hoy tendrá que decidir al respecto, sabiendo que, si no lo hiciera, el Ejecutivo le tachará de “atropello institucional”. Sencillamente nos hemos cargado la imprescindible separación de poderes que requiere la democracia, provocando que las asociaciones de jueces, no en vano, alerten ya de que con este asalto a la Justicia nos estamos acercando a países como Polonia u otros países expedientados por la UE, lo que “nos aleja de las democracias liberales y de la constitucionalidad”.

          Al final, como en la vieja España dividida entre malos y buenos, nos estamos cargando la concordia ciudadana y el Tribunal Constitucional, la mayor garantía de que las cosas se hacen bien y conforme a la Constitución, pues no vale actuar al margen de la Ley creyendo que basta con tener una mayoría en el Congreso para imponer lo que ésta considere oportuno en cada momento. La Democracia es mucho más que eso y, además de esa mayoría parlamentaria, obviamente imprescindible para tomar decisiones, debe tomar dichas decisiones con arreglo a los procedimientos y garantías establecidas; y el TC ve claramente un “déficit democrático” en algunas maniobras como la del PSOE y sus socios gubernamentales que consideran que basta conformar una mayoría parlamentaria como sea para imponer lo que consideren oportuno al margen de lo establecido; en efecto, varias sentencias del Alto Tribunal establecen, por ejemplo, que cambiar leyes relevantes por vía enmienda, como es el caso, socava el “pluralismo político” pues secuestra el derecho a un debate parlamentario en toda regla con sus plazos y periodos de enmiendas pertinentes y los preceptivos informes judiciales previos, entre otras cosas… Y cuando esto no se hace, prefiriendo colar por la puerta trasera asuntos de relevancia, lo peor que se puede hacer es tachar encima de golpista a la oposición por pedir amparo al TC y decir que si éste no apoya la tesis del Gobierno está haciendo un “atropello institucional” cuando el verdadero atropello lo comete el Ejecutivo por no ajustarse a lo establecido a la hora de consolidar sus reformas; es intolerable por tanto que Bolaños reincida y advierta de “consecuencias impredecibles” si los magistrados paralizan hoy el plan del Gobierno, mientras Feijóo manifiesta que Sánchez “sabe que se está legislando de forma ilegal y ayer los socialistas abandonaron la Constitución”. Así las cosas, el TC tendrá que decidir sobre la suspensión “con el proceso legislativo abierto”, lo que ni es normal ni saludable, pero es a lo que le aboca la situación creada; de momento, el informe del letrado principal dice que “la doctrina del Constitucional es no conceder la suspensión cautelar”, rechazando la petición del PP, mientras el texto que encargó el magistrado Arnaldo avala en cambio esa medida y otros documentos señalan el peligro de interferir en el trabajo de los diputados, quienes, ya ven, afectados de una especie de locura colectiva, protagonizaban el peor de los espectáculos en el último Pleno del Congreso.

          A todo este patético embrollo se añade que la falta de precedentes deja al TC al borde del abismo, mientras expertos constitucionalistas destacan la relevancia de decidir si se ha vulnerado el derecho de los diputados; y entretanto, a nivel político, Sánchez logra de momento enterrar la polémica de la malversación gracias a este choque con el Constitucional, cuando vocales del CGPJ creen irresponsable el discurso del Presidente, y cuando el PSOE se ha visto obligado a aplacar a diputados críticos al extremo de que Patxi López reunió al Grupo Parlamentario para intentar controlar un creciente malestar por los cambios legales (habrá que explicar muy bien a los ciudadanos por qué se rebaja la malversación a instancias de un Gobierno que consiguió acceder al poder mediante una moción de censura basada en la supuesta corrupción del gobierno anterior), en tanto que ocho vocales del CGPJ tachan de “irresponsable” al Jefe del Ejecutivo por sus críticas a “la derecha política y judicial”, pero Sánchez, desnortado y olvidando que es el Presidente del Gobierno, insiste en arremeter contra el PP diciendo que “bloquea el CGPJ, el Constitucional y, si es necesario, el Parlamento” cuando es él con sus irregularidades legislativas quien pone al borde del abismo a las instituciones. A la espera pues de lo que decida el TC, la Fiscalía del Constitucional parece estar en contra de suspender la reforma y rechaza las medidas cautelares que pide el PP, mientras el PSOE pelea con dos nuevos escritos al Alto Tribunal para frenar la petición de amparo de los populares y solicita que se aparte a los magistrados Gónzález-Treviño y Narváez por verse “afectados en su imparcialidad”, y el bloque progresista intenta apartar al Presidente del Tribunal en un pleno trascendental de un TC partido en dos (los cinco magistrados afines al Gobierno maniobran para que hoy ni siquiera se pueda debatir y votar la reforma legal), mientras el bloque conservador rechaza las presiones pues “la mayoría parlamentaria no puede apisonar derechos fundamentales”, y, mientras tanto, el PSOE de Sánchez ofrece ahora a los secesionistas (sus aliados indiscutibles y, ya saben, constitucionalistas de toda la vida) rebajar el artículo que permitió retirar sus escaños a líderes procesados por el 1-O. Ya ven, sin duda alguna, en esto de consolidar y fortalecer la democracia en España vamos de derrota en derrota hasta la victoria final, la de Sánchez y la de los que quieren cargarse el actual Estado de Derecho, al que llaman Régimen del 78. ¡Qué pena!.

          Mientras tanto una segunda sentencia del Supremo avala rebajas de penas por el “sí es sí” de Montero al reducir a la mitad una condena por un delito de abuso sexual, batiéndose records de revisión de condenas (22 penas reducidas en un solo día) mientras feministas del PSOE aplauden al PP por su lucha tenaz contra la “monstruosa Ley Trans”, próximo bodrio que tendremos que aguantar los españoles. En fin, esperemos enderezar todo esto para evitar parecernos o ya a Polonia, sino a ese Perú ingobernable en que las veleidades autoritarias del Presidente Castillo provocan decenas de muertos, turistas atrapados, aeropuertos cerrados y una revuelta que se extiende por el sur del país, después de que el sexto presidente en cuatro años acabe condenado a 18 meses de prisión preventiva por dar un autogolpe de Estado….estamos en la UE, esperemos no llegar a tanto. En fin, y por si alguien quiere saber por dónde van los tiros demoscópicos en medio de este vértigo legislativo y déficit democrático, según NCReport, PP y Vox lograrían, en caso de elecciones, entre 183-187 escaños por las cesiones a ERC, mientras el PSOE se mantendría en los 92-94 diputados sin que la reforma penal agudice su caída y ERC, PNV y Bildu se alimentan de la confrontación (son los grandes beneficiados del desmadre) y pueden subir un escaño….los resultados serían: PP 33´6% de votos y entre 141-143 escaños, PSOE 23´6% y 92-94, Vox 13´1% y 42-44, y UPodemos 9´9% y 25-27. Es lo que hay.

Fdo. Jorge Cremades Sena