LA CULTURA DE LA VIOLACIÓN

 

                    Mientras el socialista Lambán lamenta el liderazgo de Sánchez porque “mejor le hubiera ido a España” con otro, el Gobierno de coalición que lidera éste recibe la vuelta de la Ley Trans porque Podemos, su socio gubernamental, se plantea votar en contra pues el PSOE, socio mayoritario del Gobierno, mantiene los cambios y agiliza su tramitación para forzar un acuerdo “in extremis”. La realidad es que el choque en el Gobierno por la Ley Trans (entre otras muchas) hace peligrar otras, como la de Vivienda, ya que la posibilidad de que el Congreso devuelva la norma puede llevar a PSOE y Podemos a extender su tradicional confrontación a otras iniciativas legislativas, cuando los choques internos en el Gobierno social-comunista (el socialismo democrático y el comunismo son intrínsecamente incompatibles) bloquean ya siete leyes clave para Podemos e inasumibles para los socialistas, por lo que Podemos acusa al PSOE de bloquear sus leyes por puro interés electoral, mientras el parón de la Ley de Familias y de la Ley Trans dispara el malestar entre los dos socios, aunque el Ejecutivo aprueba la norma contra la trata y la explotación, cuyas víctimas tendrán protección sin una denuncia previa. Así las cosas, mientras el Tribunal Supremo eleva las condenas del caso Arandina pero advierte de que lo hubiera hecho más aún sin la ley del “sólo sí es sí” y mientras el PSOE fuerza otro  pleno para una segunda votación sobre el delito de sedición, el Alto Tribunal insta a estudiar “caso por caso” la rebaja de penas y abre la puerta a las rebajas de condena, cuando la aplicación de la chapucera ley ya ha beneficiado a 43 violadores (entre ellos la mayor rebaja de penas a dos de ellos con siete años menos). Y la ministra Irene Montero, en vez de rectificar la ley y reconocer sus errores que permiten semejante aberración de favorecer a los violadores, decide arremeter contra el primer partido de la oposición, el PP, que ha gobernado durante buena parte de nuestra reciente historia democrática, acusándole de promover la “cultura de la violación”, mientras el Congreso pierde el control entre cruces de acusaciones e insultos, así como la denuncia de la oposición por la diferente vara de medir que utiliza Batet, su presidenta, permitiendo que Montero acuse a sus rivales políticos de ser promotores de “la cultura de la violación” mientras es inflexible con PP, Vox y Ciudadanos al extremo de que ellos pueden sufrir el calificativo de fascistas (y ahora de promotores de la violación) pero a sus contrincantes no se les puede calificar de filoetarras, por ejemplo. Este tipo de actuación desigual en dirigir los debates en la Cámara provoca una “sobreactuación” en diputados y también en ministros, ministres y ministras, como Irene Montero, que más bien parecen mítines electorales de barrio que discursos políticos parlamentarios, al extremo de que el PSOE e incluso los afines a Yolanda Díaz reniegan ya de las salidas de tono de la ministra, pues dirigentes socialistas y de Unidas Podemos critican su “agresividad verbal” tras la grave acusación hecha al PP, que, junto a Vox y Ciudadanos, piden la dimisión de Montero, quien, tras ser apoyada hace pocos días por la inmensa mayoría de la Cámara, incluido el PP, frente a las agresividades verbales contra ella por parte de una diputada de Vox, vuelve a ser protagonista ahora por el despropósito inaceptable de acusar a los populares de promover la violación.

          Pero Sánchez, en vez de poner orden en el gallinero e intentar suavizar relaciones con el principal partido de la oposición para resolver al menos los asuntos de Estado, decide elegir a su ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y a Laura Díez, ex directora general de Presidencia, como nuevos magistrados para el Constitucional, tensando así más aún las relaciones con la oposición que critica esta decisión al igual que la de Podemos. El Constitucional por su parte apremia al Poder Judicial a nombrar ya a sus magistrados aunque se resiste a aceptar la maniobra de Sánchez para controlarlo y, de momento, descarta avalar los nombramientos hasta ver si el CGPJ propone sus dos magistrados como obliga la Constitución. Y es que Sánchez pretende montar un TC obediente y con ello agrava la crisis institucional al designar sin esperar al CGPJ a su ex ministro de los indultos y a una jurista que trabajó en Moncloa, mientras Bolaños acusa a vocales del CGPJ de prevaricar diciendo que “no están cumpliendo la Ley ni la Constitución” lo que ven los magistrados como “una provocación” inédita y rechazan por ahora validarlos. Entretanto se publica que Moncloa no dio al PP el nombre de sus candidatos al Constitucional cuando estaban negociando y después optó por la táctica de dar largas, para ahora dar a conocer la elección de Campo que calma a ERC pero violaba las condiciones del pacto entre Gobierno y PP, con lo que el Gobierno abre una crisis “sin precedentes” al renovar el TC en solitario, aunque asume que puedan tumbarse sus nombres en otro choque con el Poder Judicial que esperará pese al órdago del Ejecutivo. Un CGPJ más tensado todavía cuyos vocales conservadores y progresistas se ven sorprendidos por esta designación de Sánchez de su ex ministro y de una ex asesora como su cuota en el Constitucional, que debe fallar sobre 15 recursos contra leyes del ex ministro de Sánchez recurridas por Feijóo y Abascal, mientras otros juristas advierten que Díez también tendría que abstenerse en asuntos que afecten a su etapa de asesora de la Generalitat y Alto cargo de Moncloa. ¿Es que no encuentra Sánchez juristas con un perfil más neutro y menos politizado que el de estos dos candidatos cómo ya sucediera en su día con la designación de Dolores Delgado como Fiscal General? Seguramente Sánchez se basa para avalar dichos nombramientos en que el Comisario de Justicia sostiene que España no es el único país de la UE donde ex ministros ejercen como magistrados del Constitucional, con lo que Bruselas complica el plan de Feijóo de llevar a Europa dichas designaciones.

          Y en medio de todos estos embrollos González Morales, relator de la ONU sobre los derechos de los migrantes, dice que “es lamentable que no se haya aclarado en cinco meses la tragedia de Melilla” en plena investigación de lo allí ocurrido. El informe de la Guardia Civil de Melilla niega que hubiese cadáveres en zona española y matiza que sólo hubo gendarmes marroquíes durante la avalancha, aunque, según testigos y la policía marroquí, alguna persona pudo fallecer en suelo español, pues un joven que quedó inconsciente afirma “desperté encima de dos cadáveres”….. En todo caso una nueva investigación sostiene que Marlaska mintió sobre la tragedia en la valla de Melilla mientras él se enroca en su versión de la misma insistiendo en que no hubo “ningún hecho trágico” en suelo español, cuando la mayoría del Congreso rechaza su actuación y el PP reclama que dimita, mientras Fiscalía practica diligencias antes de decidir si presenta una querella y los eurodiputados presionan para que el ministro dé explicaciones. Sánchez, por su parte, protege a Marlaska pese a estar sólo en el Gobierno, pues, aunque se encuentre en la cuerda floja, Moncloa se resiste a “entregar” una “pieza de caza mayor a Pablo Iglesias”, cuando ministros socialistas dan por probadas sus mentiras sobre Melilla, pero guardan silencio oficial.

          Así las cosas, según GESOP, Sánchez recorta distancias y Feijóo ve más lejos la mayoría ya que el PP ganaría las elecciones pero necesitaría a Vox y a otro socio para poder gobernar, pues el PSOE reduce la diferencia con el PP en cinco puntos desde junio y ahora los resultados serían: PP entre 126-129 escaños, PSOE 106-108, Vox 39-41 y UPodemos 33-35…..los partidos minoritarios de todo tipo ya se relamen ante la posibilidad de seguir sacando jugosos beneficios del mercadeo de escaños para poder hacer medianamente gobernable nuestro país. Y entretanto Escrivá plantea subir de 25 a 30 años el cálculo de las pensiones y elegir entre los 28 mejores, cuando sólo un tercio del coste total del alza de las pensiones beneficia a las bajas y la cotización máxima subirá diez veces más que la mayor pensión; pensiones que subirán un 8´5% en 2023, mientras energía y carburantes frenan el IPC que “sólo” sube en noviembre un 6´8%, el nivel más bajo de la eurozona con un 10%, lo que no evitará que la cena de Navidad sea la más cara de la Historia ya que los precios, especialmente de los alimentos, se disparan un 12´4% respecto al año pasado. Por su parte la ministra Ribera dice lo siguiente: “el suministro de gas en Europa está asegurado hasta febrero o marzo”, “si a nuestros vecinos no les va bien, podemos sufrir tensiones en los precios del gas", "el calendario de cierre de las nucleares sigue siendo válido” con el objetivo 2035, “sin las renovables tendríamos precios mucho más altos, como pasa en otros países europeos”, “hay que focalizar la ayuda de 20 céntimos a los carburantes”…..y añade “habrá otra Legislatura con un gobierno de coalición parecido a éste”.

Y mientras el PP se lanza a recoger los “restos” de Ciudadanos y Feijóo presume de un PP “unido” con sus barones frente al “enredo” de Sánchez, en Podemos bajan las aguas turbias con el “ejército norcoreano” de Iglesias, pues según el ex diputado y ex senador podemita Espinar, “él señala y las redes muerden” con lo que así funciona su “difamación”, ahora centrada en sus potenciales rivales mediáticos, pues “Pablo tiene a sus propios yihadistas”, miles de seguidores, conocidos como “ejército norcoreano” que no dudan en linchar a quien se aparte de su línea como estrategia de “difamación”….. en fin, sin más comentarios. 

          Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que un procesado en el “caso ERE” pacta devolver la ayuda fraudulenta de 120.000 euros para evitar la cárcel, cuando Fiscalía Anticorrupción pedía a este empresario, acusado de cooperar con la prevaricación y malversación de altos cargos socialistas andaluces, dos años y nueve meses de condena; que Hacienda obliga al Emérito a pagar por el regalo de cacerías con lo que concluye su último caso en España con un acuerdo por los vuelos y dádivas tras su abdicación; que España es el tercer país con mayor alza de presión fiscal desde 2010 al subir 7 puntos, hasta el 38´4%, pues sólo Eslovaquia y Corea del Sur la han aumentado más; que el Euribor cierra noviembre en el 2´83% y frena el incremento de las ventas, pudiendo acabar el año en torno al 3% y acercarse al 3´5% en el primer semestre de 2023; que Ayuso pretende poner fin a la precariedad para lo que hará fijos al 86% de los sanitarios en dos años; que buscan 30 años después restos de Anglés con nuevas técnicas de ADN para esclarecer el triple crimen de Alcasser; que se produce un atentado con carta-bomba contra el embajador ucraniano y una empresa de Zaragoza recibe un sobre similar procedente de Ucrania; y que el mayor “think tank” cuestiona las cifras de paro del Gobierno, pues Fedea sostiene que el desempleo “efectivo” no cayó en octubre en 27.000 personas, como anunció el Ejecutivo de Sánchez, sino que subió en 138.000, por lo que alerta sobre el paro oculto de fijos discontinuos.

          Y del exterior, destacar que Rusia cancela su cita con EEUU para negociar sobre armas nucleares; que la UE congela fondos de 7.500 millones para Hungría por la corrupción; que Qatar eleva de 40 a “400 o 500” los trabajadores muertos en las obras del Mundial de Futbol que se está celebrando en el país; que los rusos arrasaron con el patrimonio de Jersón antes de retirarse de la ciudad, pues robaron los restos del general Potemkin, 10.000 piezas de arte de los museos, bibliotecas y hasta los animales del zoo, un saqueo en toda regla; y que Pekín despliega a la policía por la protesta de los papeles en blanco con lo que los manifestantes chinos, hartos de restricciones por la covid, se enfrentan al régimen mostrando folios en blanco para denunciar la censura, un estallido social contra la coartada de Xi Jinping para sus restricciones, la falta de movilidad, las detenciones y los confinamientos que provocan las primeras protestas en décadas contra el autoritarismo y la censura del actual régimen chino, que blinda las ciudades para frenar lo que llaman “revuelta del folio en blanco” y que llama a acelerar la vacunación tras sofocar dichas protestas.

Fdo. Jorge Cremades Sena