LEVANTAMIENTO VIOLENTO

                        Por más que se empeñen los secesionistas, negar la evidencia es absurdo y, tal como vimos todos el 1-O y seguimos viendo casi a diario, el totalitario “procés” es en sí mismo un mecanismo violento, tal como acredita la Guardia Civil al Tribunal Supremo (315 actos violentos del “procés”, documentando al juez Llarena 122 “agresiones” e intimidaciones y casi 200 cortes de vías), señalando en el informe que se planificó un “levantamiento violento” contra el Estado, que todos vimos en televisión. Un levantamiento violento que continúa hoy y, mientras CCOO y UGT se suman a la manifestación en favor de los presos y contra los jueces, Interior, que denuncia a los mossos que acompañaron a Puigdemont a Finlandia, reúne a los mandos de los Mossos, que dejan claro que “no somos los del 1-O”, para ordenarles que respondan ante la escalada de violencia que ha anunciado la CUP, por lo que, entre otras actuaciones, la policía autónoma blinda la Estación de Sants, y, mientras los autodenominados “comités de defensa de la república” bloquean intermitentemente algunas carreteras (menospreciando derechos fundamentales de las personas), interviene con eficacia para restablecer el tráfico, procurando que el independentismo no logre paralizar Cataluña. Entretanto, mientras Puigdemont anuncia que recurrirá al TC alemán y a Estrasburgo para evitar su entrega (ya ven, la apestada España le repugna), Interior tiene que enviar escoltas para proteger a los políticos constitucionalistas y refuerza la seguridad de los jueces encargados del “procés”. Por otro lado en el esperpéntico pleno simbólico del Parlament de Torrent votan juntos el PSC, ERC y el partido de Colau, según ellos, para recuperar las instituciones y romper el “bloqueo actual”, aunque lo aprobado no genere compromiso alguno, pues, de hecho, el PSOE rechaza (y con razón) que el PSC entre en un gobierno con una ERC echada al monte del totalitarismo, lo que en la práctica supone que Iceta y los comunes, en alianza con los separatistas, han protegido al totalitario Torrent, quien rechazó condenar la violencia callejera, y que sólo Ciudadanos y PP hayan exigido su dimisión tras su inaceptable declaración de que el president de Cataluña, Puigdemont, jamás puede ser perseguido por los jueces. En definitiva, el partido de Colau está dispuesto a formar gobierno con Esquerra, a la que exigen una renuncia a la vía unilateral y una agenda social, pretendiendo formar una mayoría transversal que incluya al PSC, e Iceta sostiene que “la única salida a esta crisis es el Gobierno de concentración”, mientras la alianza les vale para no condenar la violencia y evitar que el Parlament se pronuncie sobre los disturbios y para pedir la libertad de los presos, en tanto que hasta el abogado de Puigdemont, que acaba de conseguir el único apoyo de la más radical extrema derecha alemana, acude al Pleno para pedir frenar su investidura (temiendo que perjudique su futuro judicial), y Torrent pone el Parlament al servicio de los presos, mientras Ponsatí, comparece ante un tribunal de Edimburgo, que le concede la libertad condicional, y recauda unas 200.000 libras para su defensa gracias al “crowdfunding” o micromecenazgo. Y mientras documentos incautados por la Guardia Civil revelan el “cronograma” de la Hacienda catalana para arrebatar el control tributario al Estado a partir de 2018, el “procés” y Colau dejan a Cataluña sin la Barcelona World Race (Barcelona pierde más de 20 millones), cuyos organizadores cancelan el evento por la “inestabilidad política”, sumándose así la pérdida de la regata a otros desastrosos efectos del independentismo como la caída de la inversión, la fuga de depósitos y empresas y el desplome de la ocupación hotelera….. Pero no cabe preocuparse, Puigdemont, desde su delirio carcelario y con el apoyo de la extrema derecha alemana, designa sucesora a la alcaldesa de Gerona, Marta Madrenas, quien mantendría el desafío al Estado de Derecho y la hoja de ruta soberanista para que el levantamiento violento continúe.

            Entretanto el Gobierno de Rajoy aprueba un Presupuesto al alza (el Presupuesto más social de los populares) sin tener aún el apoyo del PNV, mientras la izquierda lo desprecia y todo queda en manos de los nacionalistas vascos. En dicho Presupuesto, con una previsión de crecimiento que se eleva al 2´7%, entre otras cosas, hay las siguientes medidas expansivas: subida a los salarios públicos de entre el 1´75% y el 1´95%; deducciones a las familias por guarderías, discapacitados y familia numerosa; alzas de prestaciones del 1% al 3% para 6´7 millones de pensionistas, mil millones más; 1.450 millones para becas, 30 más que en 2017; bajada del IRPF para rentas inferiores a 18.000 euros y del IVA al cine al 10%.... Pero los nacionalistas vascos insisten en que no apoyarán las cuentas del Estado si persiste el artículo 155 en Cataluña y la izquierda no los apoya (veremos a ver con qué argumentos en el debate parlamentario), mientras Hacienda garantizará la subida de las pensiones aunque no haya PGE. Ya ven, la polémica sobre el debate más importante para todos, el debate presupuestario, está servida.

            Y, por si todo lo anterior fuera poco, la Justicia investiga la financiación del PSOE de Valencia y de Compromís, socios en el Govern de la Comunitat Valenciana, pues, al parecer, constructoras camuflaban pagos al PSPV y al Bloc, el socio más importante de Compromís, como gastos de márketing. La Audiencia podría así asumir el caso de esta irregular financiación ya que cuatro juzgados investigan facturas en “B” para pagar campañas electorales, quedando las causas abiertas por los delitos de falsedad, prevaricación, malversación y delito electoral entre 2007 y 2011, mientras la oposición al Govern valenciano exige explicaciones a Puig y Oltra. En efecto, se investigan contratos de la trama del PSPV con Zapatero, pues, entre otras cosas, Medio Ambiente adjudicó a la agencia con la que se financiaban los socialistas la publicidad de desaladoras sin cumplir los requisitos y el PSOE valenciano colocó a uno de los cargos de la empresa de las facturas B, se trata de José Ramón Tiller, quien, tras pasar por Crespo Gomar, la empresa con sede en Gandía sobre la que se investiga una trama de facturas, logró un importante puesto “a dedo” de la Diputación….veremos al final en qué queda todo esto. En cuanto a otros asuntos cabe citar que Génova intentó utilizar el caso del “tamayazo” para dinamitar el PP de Aguirre; que Ciudadanos está en el centro de la batalla electoral por el poder local, por lo que Rivera busca independientes en los municipios para presentar listas en toda España; que el bono social para pagar el teléfono sólo llega a 33.000 españoles; y que la banca venderá 40.000 millones de activos tóxicos inmobiliarios este ejercicio.

            Por lo que respecta al exterior cabe destacar que Rusia expulsa a 60 diplomáticos estadounidenses y cierra el consulado en San Petersburgo, como respuesta a la expulsión de diplomáticos rusos de EEUU; que Trump abre un nuevo frente con sus amenazas a Amazón, el gigante del comercio por Internet y propietaria del The Washington Post,  acusándola de destruir el comercio y tributar poco en EEUU y pretendiendo castigarla con impuestos más elevados; que estalla la indignación y el dolor en Rusia tras el incendio de Kemerovo; que las “trampas” del Brexit cuestionan la legitimidad del referéndum mientras el cerebro de Cambridge Analytica dice que se manipuló su resultado; que Corea del Norte sale del aislamiento y se abre a reducir el arsenal nuclear al firmar Kim Jong-un la reconciliación con China en una reunión secreta con Xi en Pekín; y que se desata la tragedia en la cárcel venezolana de Carabobo, donde mueren 68 personas al pegar fuego los presos hacinados a sus colchones en un fallido intento de fuga, aunque también se habla de un motín o de incidentes entre facciones que lideran los internos.

Jorge Cremades Sena