La espontánea fiebre de igualitarismo, que ha infectado a nuestros políticos ante el año y medio electoral que se avecina, requiere que todos los ciudadanos, susceptibles de ser igualados, estemos bien atentos, pues es probable que la pretendida igualdad sólo pretenda que unos sigan siendo, como siempre, más iguales que otros. Es evidente que la privilegiada clase política, necesitada de lavar su deteriorada imagen, pretenda dar un golpe de efecto ante los electores, publicando a los cuatro vientos su decisión de acabar con los privilegios que tienen; pero también es evidente que no van a hacerlo a tenor de las declaraciones hechas por muchos de sus dirigentes. Ya es sintomático que tan popular propuesta se centre, exclusivamente, en el privilegiado sistema de acceso a la máxima pensión de los parlamentarios, dejando para más adelante –o para nunca- el resto de privilegios que tienen mientras están en activo en distintos ámbitos políticos. En todo caso, si esta medida es la única que se va a adoptar al respecto, bienvenida sea, pero conviene conocer el alcance de la misma en comparación con los privilegios que se mantienen. Es la única forma de saber si la proclamación de eliminar los privilegios –en lo que estamos todos de acuerdo- va en serio o es pura demagogia, una cortina de humo para que todo siga igual tras la concesión del chocolate del loro.
El privilegio que se pretende eliminar no es –como se dice- una pensión parlamentaria, sino un complemento diferencial entre la pensión que cada uno tenga, según lo cotizado, y la pensión máxima, siempre que el trabajador haya sido parlamentario durante once años –es decir, tres legislaturas-, tenga 65 años cumplidos o 60 y cuarenta cotizados en su trabajo. Ello significa que, de entrada, quedan fuera de dicho complemento todos los que hayan sido funcionarios del grupo A (su pensión máxima ya rebasa la máxima autorizada con 33 años cotizados) y todos aquellos que en el sector privado tengan un puesto directivo con alta cotización en el régimen general; asimismo, el complemento se reduce a muy poca cantidad a todos los que hayan sido funcionarios del grupo B o similares en puestos privados del régimen general. Si a ello se añade el requisito de haber sido parlamentario durante tres legislaturas –no son muchos quienes lo consiguen-, no sorprende que tan suculento privilegio sólo lo hayan disfrutado unas decenas de personas desde el inicio de la democracia (es decir en 33 años), con un coste global insignificante, comparado con otros privilegios que se mantienen, a pesar de que en las primeras legislaturas sí había casos (por exilio, cotizaciones mínimas en época franquista, etc) que no tenían derecho a pensión o lo tenían, en todo caso, a pensiones mínimas. ¿Cuántos parlamentarios hay hoy en tan lamentables circunstancias? ¿Cuántos serán elegidos en tres ocasiones?. Hagan el cálculo y sabrán de lo que estamos tratando.
Sin embargo, los luchadores contra los privilegios, con todo descaro van a mantener privilegios como pensiones vitalicias, es decir, desde que dejan el cargo, a los ex-presidentes de Gobierno (unos 80.000 euros anuales) que pueden compatibilizar con otros sueldos mucho más sustanciosos (léase Endesa o Gas Natural); van a mantener el 80% del sueldo durante dos años a ex-ministros y altos cargos, que pueden compatibilizar con el de otros oficios públicos (senadores, diputados, etc) o privados; van a mantener indemnizaciones a parlamentarios tras su cese a razón de un mes de sueldo por año ejercido hasta un máximo de dos años. Todo ello sin entrar a valorar los que, de parecidas características, van a mantener sus homólogos en los distintos gobiernos autónomos; sin entrar en los privilegios que unos y otros tienen de nombrar a su capricho una caterva de “asesores” con sueldos que ya quisieran médicos, catedráticos o profesionales de alta cualificación en el sector público; sin entrar en la caprichosa autoasignación de sueldos de alcaldes, concejales y diputados provinciales, muy por encima de lo razonable; sin entrar en el control del uso y abuso de coches oficiales, teléfonos móviles, ordenadores, etc. Hagan el cálculo aproximado de los privilegios que van a mantener y comparen con el que pretenden eliminar.
Si en circunstancias de crisis es razonable que se propongan medidas austeras y se eliminen privilegios, lo mínimo exigible es que se haga con seriedad y no como una campaña propagandista eliminando, de todos ellos, sólo el más discutible que, en todo caso, simplemente afecta a una fórmula de acceso a la pensión máxima –con la concesión de un complemento- a través de una serie de requisitos que muy pocas personas van a poder reunir y que, en definitiva, supone para el erario público un mínimo gasto. Por tanto, abierto el debate, conviene exigir que se eliminen todos los privilegios, pero sin demagogía; sin que, una vez más, pretendan tomarnos el pelo.
Fdo. Jorge Cremades Sena
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