Como
era de esperar, la reunión en Moncloa (ya era hora) entre el Presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, y el Jefe de la Oposición, Pablo Casado, en un clima
de bloqueo político y desencuentro sustantivos, ha terminado evidenciando que
el bloqueo político sigue siendo la norma a seguir desde que Pedro se inventará
aquel incomprensible bloqueo irracional con su famoso “no es no” y presumiera
del mismo diciéndole a Rajoy “qué parte del no es la que no entiende”, al
extremo de causar incluso un terremoto político en su propio partido, el PSOE,
que ya sin él en la dirección, apostó por la racionalidad y la mesura
favoreciendo la aprobación de los Presupuestos del PP que todavía hoy siguen
vigentes. De aquellos vientos estas tempestades, sin lugar a dudas, pues hoy,
con Pedro de nuevo en la dirección socialista, Pablo, el nuevo dirigente
del PP, no está dispuesto a regalarle su
apoyo a los Presupuestos que prepara Sánchez sin determinadas concesiones a
cambio, un precio muy alto que el Presidente del Gobierno no está dispuesto a
pagar. En efecto, tras agrandarse la brecha entre PP y PSOE con el examen
parlamentario a Dolores Delgado para ser Fiscal General del Estado, Casado
exige a Sánchez rectificar en Cataluña y le ofrece apoyo a los Presupuestos,
para que no dependa de los secesionistas, siempre que rompa el pacto que tiene
con los republicanos, una especie de trampa cordial para escenificar el bloqueo
pues Sánchez le deja bien claro: “no romperé el pacto con ERC”. La realidad es
que con semejante desencuentro entre Pedro y Pablo las instituciones del Estado
quedan bloqueadas pues su renovación requiere mayorías suficientes que sólo
pueden proporcionar un pacto de Estado PSOE-PP los dos partidos más votados en
España. Sin embargo, en vez de buscar ambos vías de aproximación, prefieren
recurrir a los reproches para que parezca que el otro es el responsable de
tamaña irresponsabilidad: el Ejecutivo acusa al PP de tomar los órganos
constitucionales como “rehenes” y el líder de la oposición le exige romper con
el independentismo, que aupó a Sánchez al poder durante la sesión de
investidura, mientras Justicia descarta cambiar el modelo de CGPJ antes de que
sea renovado, lo que, hoy por hoy, parece imposible. Entretanto, según
NCReport, la coalición de gobierno social-comunista sólo desgasta al PSOE, que
caería 600.000 votos y perdería hasta seis escaños mientras Podemos se
mantiene, y, aunque el PP es el partido que más crece, la debacle de Ciudadanos
impide sumar a las derechas, con lo que la inestable situación actual se
perpetuaría incluso si hubiera elecciones, en las que PSOE obtendría el 26´9%
de votos y entre 114-116 escaños, PP 22´2% y 92-94, Vox 16´1% y 54-56, UPodemos
13´2% y 34-36, Ciudadanos 5´6% y 8, ERC 3´4% y 12-13, JxCat 2´9% y 10-11, PNV
1´5% y 6, EHBildu 1´7% y 5, y Otros 2´7% y 11. Ya ven todo sigue casi igual.
Quienes
pronto van a salir de dudas son gallegos y vascos ya que están convocados a las
urnas para el 5 de abril, donde, respectivamente PP y PNV se juegan su
hegemonía política en dichas demarcaciones en las que actualmente gobiernan. En
Galicia, según GAD3, Feijóo lograría su cuarta mayoría absoluta al aglutinar
los votos de centroderecha, mientras Podemos y sus confluencias se hundirían y
perderían hasta doce escaños de los catorce que tienen, los cuales se repartirían
entre socialistas y el BNG; los resultados serían: PP 46´9% de votos y 41
escaños, los que tiene ahora; PSOPE 26´2% y 21, sube 7; BNG 14´7% y 11, sube 5;
Podemos y sus marcas 5% y 2, pierde 12; Vox con el 2´9% y Ciudadanos con el
1´7% no obtendrían escaño. Y, según GAD3, en País Vasco sale reforzado Urkullu
y podrá elegir socio para gobernar; los resultados serían PNV 40´5% de votos y
31-32 escaños, ahora tiene 29; PSE-EE 12´3% y 10, tiene 9; EHBildu 22´4% y
18-19, tiene 17; Podemos 10´9% y 7-9, tiene 11; y PP 7´9% y 7, tiene 9. Todo
esto sin tener en cuenta el intento de Arrimadas de conformar una coalición
electoral con PP en Cataluña, País Vasco y Galicia, aunque Feijóo no está
dispuesto a hacerlo, por lo que cabe la incertidumbre si cuajará o no en las
otras dos CCAA. Y todo ello sin tener en cuenta el coste político que pueda
tener la pésima gestión del Gobierno vasco ante el desastre del estercolero de
Zaldibar, por lo que la oposición acorrala a Urkullu por su ”mala gestión y falta
de liderazgo” mientras el lehendakari pide disculpas por los errores pero defiende
la gestión.
Mientras
tanto Justicia planea un nuevo tipo de sedición a medida de Junqueras, pues la
reforma del Código Penal que prepara el Gobierno prevé crear una forma
específica de sedición con uso de fondos públicos, especulándose que el
objetivo es soslayar la malversación de los condenados por el 1-O para poder
reducir sus penas de forma considerable, pues se les aplicaría el cambio de
forma retroactiva, como marca la ley, y se indicaría al TS cómo debe revisar la
sentencia. Entretanto el Gobierno avala que Torra ponga en la calle a los
presos y afirma “estar tranquilo” porque se cumple la ley ya que los reclusos
salen para trabajar, mientras ERC dice que la liberación de Dolores Bassa es “la
imagen de la derrota del Estado”, en tanto que Roures ficha a Forn para
facilitar su salida de prisión y ERC exige a JxCat fijar ya la fecha de la mesa
de diálogo con Sánchez. Por otro lado el ministro de Justicia quiere que antes
de final de año sea la Fiscalía, controlada por Delgado, quien instruya los
casos….en definitiva, menos poder para los jueces y más poder para la Jefa de
los Fiscales, justo la que hace un mes le entregó a Juan Carlos Campo la
cartera para que le sucediera en el cargo como Ministro de Justicia, mientras
Enrique López, Secretario de Justicia del PP y Consejero de la Comunidad de
Madrid apela a que “hay que cambiar la ley para que una ministra no sea fiscal
general”.
En
otro orden de cosas prosigue el interés por alumbrar las oscuras relaciones de
los gobiernos socialistas con el régimen chavista de Venezuela. De un lado el
juez rastrea el “destino final” de los pagos de Chávez a Morodo, el ex
embajador español cuya familia tiene cuentas en Suiza, y pide datos a bancos,
notarios y registradores para identificar a los receptores de 14´5 millones de
los 35 que cobró el embajador de Zapatero, cuyos fondos acabaron en cuentas de
Suiza, Portugal y Caribe. De otro lado, mientras la oposición en España teme
que se expulse a Leopoldo López, refugiado en la Embajada Española en Caracas,
el juez ve indicios de delito en el Delcygate y ordena guardar las imágenes del
encuentro en Barajas entre Ábalos y Delcy Rodríguez y que se conserven las
cintas con todas las grabaciones del aeropuerto en las que aparezcan ambos
dirigentes políticos, advirtiendo de que si se destruyen las imágenes se les
podría acusar de un delito de desobediencia, mientras el PSOE y sus socios
blindan al ministro en el Congreso de los Diputados para que no dé
explicaciones.
Y
mientras prosiguen las protestas en el campo y se enconan por el temor al
recorte de la PAC, afirmando el Gobierno que presionará en Bruselas para
mantener los fondos, Pablo Iglesias, olvidándose de que es gobierno y no
oposición irresponsable, anima a los agricultores en sus protestas, mientras el
campo choca con él al no haber medida alguna tras la reunión que tuvieron con la
ministra en la que apareció inesperadamente el vicepresidente. Por otro lado el
Consejo de Ministros, que revisará el IVA para cuadrar el gasto, aprueba las
tasas “Google” y “Tobin” pero aplaza su cobro hasta diciembre para evitar un
conflicto directo con Donald Trump, mientras que reconoce que dichas tasas no
son suficientes y que recaudarán la mitad de lo previsto, por lo que las
vicepresidentas Calviño y Montero ya trabajan en el “plan B” para prorrogar las
cuentas de 2019.
Por
lo que respecta a otros asuntos cabe citar que Madrid triplica a Cataluña en su
aportación a la solidaridad autonómica; que los responsables para España del
FMI denuncian los obstáculos entre regiones; que Sánchez envía al Secretario de
Estado a echar al jefe de EFE en una cafetería, donde le anuncia que va a ser
despedido tras estar 19 meses en el cargo; que al PP le esperan cinco juicios
por corrupción en menos de un año; que el PSOE y los independentistas tumban en
Palma la comisión sobre prostitución de menores; que un triunfal Madrid de
Baloncesto consigue la copa del Rey tras arrasar en la final al Unicaja, 68-95;
que España endurecerá los criterios para la concesión de asilo con una ley
siguiendo la senda marcada por la UE; que el Rey preside el Consejo de Ministros
social-comunista, acogiéndolo en Zarzuela; y que la altura de las vallas de
Ceuta y Melilla aumentarán un 30% al retomar Marlaska su proyecto para retirar
las concertinas.
Y
del exterior, destacar que Johnson pone en la diana a la BBC y cuestiona su financiación;
que Macron recurre a su ministra estrella para París tras el video sexual del
candidato; que China ocultó el brote de coronavirus quince días; que se está
construyendo una capital faraónica para el Egipto de Al Sisi, un nuevo El Cairo
levantado en el desierto que acogerá a seis millones de habitantes; que Borrell
logra una misión que controle Libia a cambio de que los barcos europeos no
recojan inmigrantes; que Rusia prohíbe la entrada a los ciudadanos chinos por
temor al virus y justifica la drástica medida por la rápida expansión de la
epidemia; que más de 900.000 civiles sirios huyen en el mayor éxodo de toda la
guerra, mientras la ONU denuncia que la ofensiva del régimen en Idlib provoca
la salida masiva de población en pleno invierno; y que Ilva Johansson,
Comisaria Europea de Interior, manifiesta: “las condiciones de vida en Lesbos
me quitan el sueño” y “si no logramos gestionar juntos la migración hay un enorme
riesgo de entrar en una espiral”.
Jorge Cremades Sena
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