Finalmente, tras los
desconcertantes vaivenes y titubeos sobre el uso de Astra-Zeneca y el retraso
en la entrega de dosis de Janssen a Europa, después de suspender EEUU su uso
para investigar los coágulos sufridos por seis inmunizados, la Unión Europea
fía su estrategia de vacunación a la vacuna de Pfizer y anuncia una remesa
extra de 50 millones de dosis mientras negocia más compras de la vacuna a largo
plazo, en tanto que, de momento, relega el suero anglo-sueco y el de Janssen a
la espera de nuevas investigaciones, cuando los expertos consideran que el
riesgo de trombos por el uso de estas vacunas es mínimo e incluso menor que el
de las píldoras anticonceptivas. Y si la UE no se aclara, difícilmente pueden
aclararse sus estados-miembros, cada uno a su aire en medio de semejante
desconcierto. Por lo que se refiere a España, que iba a recibir ya 300.000
dosis de Janssen de los cinco millones previstos para inmunizar a personas de
entre 70 y 79 años, queda comprometido el plan de vacunación del Gobierno,
amenazando el calendario previsto, aunque el exagerado optimismo de Sánchez
sostenga que a finales de agosto estará inmunizado el 70% de los españoles.
Entretanto la incidencia sube más de un 22% después de la Semana Santa y la
cuarta ola de la pandemia ya avanza por casi todas las CCAA, cuando la variante
británica ya supone entre el 60% y 90% de los casos y cuando, ante el inminente
final del estado de alarma, tanto la oposición como aliados del Gobierno piden
alternativas legales que permitan a las Autonomías seguir afrontando la
pandemia con todas las garantías. Pero Moncloa, que reconoce ahora que estudia
ampliar el estado de alarma (dicen que Sánchez expresó una “intención” y asume
la presión de barones del PSOE), no está muy por la labor, aunque parece ser
que obtendría el visto bueno del Congreso a una prórroga de la alarma pero con
otras condiciones, mientras Casado propone una reforma urgente de la ley sanitaria.
En definitiva, un mar de incertidumbres y contradicciones que en nada favorecen
el optimismo de la ciudadanía de cara al futuro, mientras Simón rectifica al
mismísimo Presidente del Gobierno diciendo que no le consta que Madrid esté
falsificando datos sanitarios tal como Sánchez dejó caer en su particular
campaña electoral del 4-M. Así las cosas, el parón de Janssen y las cautelas
sobre AstraZeneca, pendiente de la segunda dosis, aleja la inmunidad de grupo
en España a 2022 pues al ritmo actual de vacunación se tardarían 631 días para
que el 70% de la población tuviera inoculadas las dos dosis preceptivas, que
ahora quedan en el aire, mientras el grupo de entre 70-79 años sigue a la
espera de ser vacunado cuando ya debiera estar siéndolo con la vacuna de
Janssen. Y en pleno debate sobre el estado de alarma, resulta que el TC fallará
sobre el primer estado de alarma tras expirar el segundo (el tribunal prevé
pronunciarse sobre la medida excepcional decretada en marzo de 2020 “antes de
verano”)…… en fin, como para confiar en la agilidad de la Justicia en caso de
que haya que recurrir a ella para dirimir los conflictos que surjan con el
vacío legal en que tendrán que moverse las CCAA tras el fin del actual estado
de alarma y sin legislación alternativa al respecto. Ya ven, la UE no se
aclara, y España tampoco.
Y es que Sánchez, que lleva seis meses
sin reunirse con los presidentes autonómicos, adapta la vacunación, los fondos
europeos (el esperado maná del desierto) y lo que sea a su particular campaña
electoral madrileña, en la que, junto a Ayuso, se ha erigido en protagonista
indiscutible, relegando a la mínima expresión al candidato socialista
Gabilondo, quien, tras proclamar que no subiría los impuestos en Madrid, ha
sido desautorizado por el Presidente. En efecto, Sánchez desdeña la promesa del
candidato socialista de no subir impuestos y le desmiente confirmando la subida
de impuestos en Madrid, pues Hacienda, pese a la crisis del covid, plantea
aumentar ya la presión fiscal en Sociedades, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones,
buscando incluirlo en los Presupuestos de 2022 junto a una tasa a los ricos,
escudándose en exigencias de la UE. Una precampaña electoral a cara de perro,
en la que Almeida, el alcalde madrileño y portavoz del PP, pide reunificar el
centro-derecha para defender el modelo constitucional “que nunca se había visto
tan amenazado” y dice que “Madrid es la oportunidad de transmitir el mensaje de
que al sanchismo se le puede vencer”. Entretanto Sánchez presenta por octava
vez nada menos los fondos europeos sin precisar su llegada (el cacareado Plan
de Recuperación ha sido expuesto dos veces en Moncloa y también en seis actos
públicos en otras tantas CCAA) dando lugar a que Casado denuncie el “desprecio
al Congreso” del Presidente del Gobierno por presentar de nuevo su proyecto de
recuperación sin concretar las reformas asociadas y sostenga que “su plan de
fondos es una pizza recalentada ocho veces”; al parecer, el Gobierno, que
todavía negocia con Bruselas las reformas estructurales, establecerá tres tipos
de contratos laborales (es en lo que quedará la reforma laboral prometida a la
UE), mientras el Presidente en su última intervención tampoco puede decir en
qué momento llegarán los primeros 70.000 millones para su plan económico, que
se exhibe exageradamente pero no se concreta.
Por otro lado, por si no fueran pocas
las incertidumbres y los problemas, más de 2.500 jueces denuncian en Europa los
ataques del Gobierno de Sánchez al Poder Judicial, acusando a PSOE y Podemos de
“horadar” su independencia, mientras los fiscales llevan a los tribunales la “arbitrariedad”
de Dolores Delgado en los nombramientos. En efecto, más de 2.500 jueces
denuncian a la UE la reforma del Gobierno remitiendo una carta a la Comisión
Europea en la que alertan del “riesgo grave de violación del Estado de Derecho”,
siendo más que probable que la UE cite a los jueces denunciantes que alertan de
que el Gobierno ataca la “independencia judicial”, con lo que Europa podría aplicar
a España la “vía Polonia” y dejar en el aire los fondos por la “falta de separación
de poderes”, requisito democrático por el que la UE vela escrupulosamente.
Por cierto, hablando de los
cumplimiento y exigencias de la UE, cabe citar que el polémico rescate de la
aerolínea Plus Ultra por parte del Gobierno incumple las condiciones de la
Justicia Europea ya que el Tribunal de la UE fija como criterios liderar el
mercado, alto número de pasajeros y aportación al PIB, condiciones que para nada
se dan en la empresa rescatada, pues la compañía beneficiada graciosamente por
el Ejecutivo, que tuvo en total 300.000 viajeros, supone un tráfico aéreo de
apenas el 1%; no obstante, su presidente, García Manso, sostiene que “somos
cruciales para romper el monopolio de vuelos a Latinoamérica” y asegura que “no
contactamos con Zapatero para lograr la ayuda”.
En cuanto a otros asuntos se refiere
cabe citar que las amenazas de la izquierda radical obligan a reclutar a más de
cien policías de toda España para blindar la campaña de Vox y proteger sus
actos electorales; que Escrivá ofrece hasta 12.000 euros por cada año de
retraso en la jubilación; que el Estado pagará hasta el 100% de las rehabilitaciones
de vivienda (una partida de 5.800 millones del plan de recuperación financiará
la eficiencia energética de los edificios); que Casado planteó a Arrimadas
unirse al PP y ser la portavoz; que ERC, PNV, JxCat y Bildu se ausentan del
acto de homenaje a Clara Campoamor, presidido por la Reina Letizia, por el 90º
aniversario de la aprobación del voto femenino; que Puigdemont flirtea con la
repetición de elecciones en Cataluña; que el TS envía al banquillo al “número
tres” de Podemos por patear a un policía; que el Emérito no tendrá que declarar
tras su regularización fiscal ya que la Fiscalía del Supremo “no tiene previsto”
citarle en la investigación de su patrimonio al creer que su testimonio no
aportaría nada si no hay nuevas revelaciones; y que el récord de empleo público
evita la debacle de la Seguridad Social en el año de la pandemia, al inyectar
185.000 afiliados mientras el sector privado destruye 270.000 y tiene otros
700.000 en ERTE.
Y del exterior, destacar que los británicos
vuelven a reabrir los comercios no esenciales y los pubs, finiquitando así tres
meses de cierre estricto; que otra muerte inflama la ira en Minneapolis tras
abatir una policía a un hombre negro en la misma ciudad donde murió George Floyd;
que el triunfo en Ecuador de Guillermo Lasso pone fin al populismo de Correa;
que el ultraizquierdista Castillo pasa a la segunda vuelta de las
presidenciales en Perú; que la OTAN exige a Moscú que retire sus tropas de la
frontera ucrania; y que EEUU deja Afganistán veinte años después del 11-S,
poniendo así fin a la guerra más larga de los estadounidenses.
Fdo. Jorge Cremades Sena
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