lunes, 17 de abril de 2023

EL PRECIO A PAGAR

 

                        Cuando las elecciones generales están cada vez más próximas y las locales y autonómicas son inminentes, aumenta la curiosidad y el nerviosismo por conocer el precio electoral que Sánchez habrá de pagar por su entreguismo indeseable al radicalismo podemita y al secesionismo catalán y vasco, y especialmente le preocupa a los votantes socialistas y, sobre todo, a los barones y presidentes autonómicos y alcaldes socialistas, conscientes de que la marca PSOE se puede convertir en un lastre para ellos. Así, más o menos, lo vaticinan a estas alturas (con el permiso del CIS que dice todo lo contrario) los diferentes sondeos, que auguran tremendas dificultades electorales para el PSOE sanchista tanto en las generales como en las territoriales que, al ser unos meses antes, pueden incluso empeorar las expectativas de reeditar el gobierno Frankenstein de coalición al que se agarra Sánchez para seguir en la Moncloa. En efecto, según las últimas encuestas publicadas, a la popular Ayuso, a pesar de las críticas masivas a su gestión por parte del PSOE y compañía, no le iría nada mal en la Comunidad de Madrid, mientras que los socialistas Page en Castilla La Mancha y Lambán en Aragón tendrían serias dificultades para reeditar sus respectivos gobiernos regionales. Ayuso, según SigmaDos, podría alcanzar la mayoría absoluta a costa del bajón de Vox, pues arrebataría a Monasterio un tercio de sus votos, aunque necesitaría los de Abascal para gobernar, mientras Más Madrid superaría con claridad al PSOE madrileño y Podemos estaría a punto de no entrar en la Asamblea (los resultados serían: PP 48´2% de votos, Más Madrid 19´1%, PSOE 17´1%, Vox 7´8% y Podemos 5´1%) y, según GAD3, la Presidenta de Madrid triplicaría en apoyos al candidato socialista y conseguiría la mayoría absoluta al superar holgadamente a la suma del bloque de izquierdas (los resultados serían: PP 48´5% de votos y entre 67-69 escaños, PSOE 18´3% y 24-26, Más Madrid 16´8% y 23-24, Vox 8´5% y 11-12, y UPodemos 5´1% y 7); buenos resultados para los populares que se repetirían en el Ayuntamiento de la capital con Almeida (según SigmaDos, el PP obtendría el 38´2% de votos, Más Madrid 23´9%, PSOE 17´5%, Vox 7´1%, Ciudadanos 6´2, y UPodemos 5´8%; y, según GAD3 , Almeida acariciaría la mayoría absoluta para revalidar su mandato, pues al absorber a Ciudadanos no necesitaría de Vox para gobernar en solitario y los resultados serían PP 44´7% de votos y entre 28-29 concejales, PSOE 19´3% y 12, Más Madrid 18´9% y 12, y Vox 7´6% y 4-5). Sin embargo en la Comunidad Valenciana y en Aragón, feudos socialistas, las encuestas vaticinan también malos augurios para Sánchez, pues, según NCReport, en la Comunitat Valenciana el PP ganaría 18 diputados a costa de Ciudadanos, aunque necesitaría a Vox para gobernar (los resultados serían: PP 33´6% de votos y 37 escaños, PSOE 23´6% y 27, Compromís 15´2% y 15, Vox 15´1% y 15, y UPodemos 6´1% y 5) y en Aragón los populares estarían a siete escaños de la mayoría absoluta (los resultados serían: PP 34´9% de votos y 27 escaños, PSOE 29´6% y 23, Vox 8´8% y 7, AE 5´4% y 4, UP 5´5% y 3, Cha 4´6% y 2, e IU 4´1% y 1)…..y por si todo esto fuera poco, según SigmaDos, en otro feudo socialista, Castilla La Mancha, Page perdería la mayoría absoluta y dejaría la región en manos de PP y Vox, pues evidentemente el desgaste de la marca PSOE-sanchista hace mella también en el actual Presidente socialista castellano-manchego, mientras el candidato popular Paco Núñez pasa del 28% al 36´6%. Es evidente que las veleidades de Sánchez y su Gobierno Frankenstein, repleto de discrepancias profundas entre sus ministros, cada uno a su aire, y en manos del apoyo no gratuito de secesionistas como ERC y Bildu, tiene un precio a pagar en las urnas…..¿cuál es ese precio a pagar?, esta es la cuestión que muy pronto responderán los ciudadanos en las elecciones locales y autonómicas, para saldarlo definitivamente en las posteriores elecciones generales.

            En todo caso Sánchez no se rinde y se pone en marcha para cazar un millón de votos que necesitaría para ganar a Feijóo en las generales y las autonómicas serán el termómetro que medirá sus posibilidades de reeditar su gobierno de coalición, mientras fía sus opciones a pasar del 68% de movilización actual al 80% en que se mueve el PP, esperando que Sumar movilice a los votantes que ya no seducían ni al PSOE sanchista ni a Podemos, en capa caída. Yolanda es el cielo abierto que busca el Gobierno, mientras al parecer Podemos irá con IU en diez CCAA pero sin frente amplio en las capitales, mientras el partido del emérito Iglesias (o lo que quede de él) se distingue del PSOE y de Yolanda Díaz: “no somos un adorno”, dice Belarra, mientras Iglesias pide ahora la unidad con Sumar “a pesar de los insultos” y de los “ninguneos”, ya que, según él, la “unidad” es “más importante que la dignidad”, mientras su compañera Irene Montero añade “somos mujeres de nuestros partidos, solas no se consigue nada” y Belarra advierte a Sánchez y a la Vicepresidenta que Unidas Podemos no será “un adorno del PSOE” (¡menudo adorno, dicen muchos!. Y mientras tanto Ferrovial se marcha a los Países Bajos tras recibir, como otros muchos empresarios, todo tipo de insultos y descalificaciones de Belarra y los suyos, los adornos del PSOE, así como del propio Presidente Sánchez, pues Rafael del Pino apela a la “libertad de establecimiento” en la UE para trasladar la sede de la empresa, mientras ahora, tras todo tipo de presiones, Economía asegura que respeta la decisión de los accionistas, que han respaldado a Ferrovial con el 93´3% de apoyos, pese a los ataques y amenazas del Gobierno, mientras Del Pino dice que “es la mejor contribución que podíamos hacer a la sociedad”; en definitiva, los mayores fondos del mundo golpean a Sánchez en Ferrovial: Black Rock, Vanguard, Fidelity, Norges y TCI apoyan la propuesta de llevar la sede a Países Bajos y los pequeños accionistas apoyan la propuesta masivamente, obligando a Calviño a plegarse a la decisión, en plena revuelta del área económica contra Sánchez y Calviño, pues los más técnicos avisaron de que la estrategia contra Ferrovial era “fallida” y critican el coste para la imagen del país. En fin, los precios a pagar por las decisiones equivocadas.

            No obstante el Ejecutivo tiene que apresurarse en poner en candelero de forma urgente asuntos que generen polémica y puedan nublar otros asuntos indeseables como, por ejemplo, las cesiones hechas al secesionismo, la claudicación ante Marruecos o las perniciosas consecuencias de aplicar la ley del “sólo sí es sí” para ver si pasan más desapercibidas y se olvidan antes de los comicios. Y al efecto, tras esperar el aval definitivo de ERC y Bildu, Sánchez consigue aprobar la Ley de la Vivienda con la pretensión de usar el tope de los alquileres en campaña electoral, cuando, donde ya se ha topado, la consecuencia ha sido negativa. Un pacto para la ley de vivienda (competencia delegada a las CCAA) que impone más límites al alquiler, por la que la actualización de todos los arrendamientos tendrá un tope del 3% en 2024, y deja la declaración de zonas tensionadas en manos de comunidades y municipios, con lo que el Gobierno interviene el precio de los alquileres y altera el mercado inmobiliarios, pues la nueva ley, pactada con Bildu y ERC, establece topes al arrendamiento, ampara la okupación y sólo los caseros pagarán comisión a las agencias, mientras el sector avisa que favorece la infravivienda y Sánchez regala a sus socios vascos y catalanes el anuncio de dicha ley mientras ellos presumen de no ceder competencias al Estado y Podemos, aliado de Sánchez, aúpa a Esquerra para castigar a Colau, aliada electoral de Yolanda Díaz. En definitiva, el Gobierno interviene el alquiler para acorralar a los propietarios y rebaja de 10 a 5 las viviendas para ser considerado un gran tenedor….. Pero no conforme con la Ley, añade por sorpresa movilizar 50.000 viviendas del Banco Malo para facilitar el alquiler barato y promete ahora elevar del 3% al 20% el parque público de pisos, que es lo que tenía que haber hecho prioritariamente desde que consiguió gobernar. El tufo electoral de esta ley es evidente….aunque ya veremos si será él u otro quien tenga que aplicarla.

            Y en este ambiente ya más que preelectoral, le viene a Sánchez como anillo al dedo una ley de la Junta de Andalucía para legalizar los regadíos cercanos a Doñana cuando el Parque está cada vez más seco a causa, entre otras cosas, de la sobreexplotación de acuíferos, practicada durante demasiado tiempo en Andalucía. En efecto, la polémica generada por la decisión de la actual Junta de Andalucía es una oportunidad de oro para distraer la atención sobre otros muchos asuntos y escaquear responsabilidades de unos u otros sobre el preocupante problema de la sequía. Mientras la UE esgrime la amenaza de sanciones por el regadío de Doñana, que lleva al PP a un incómodo debate sobre ecología ante el 28-M, unos 30.000 trabajadores del “oro rojo” (el cultivo de fresas, frambuesas y arándanos) amenazan el Parque, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1994, pues quieren seguir viviendo del cultivo de estos productos, que se ha venido practicando ilegalmente hasta ahora, y, si no sale adelante la iniciativa de la Junta cuando la agricultura es el motor económico de Huelva, ven un panorama ruinoso de cara al futuro, pues sólo cabe regularizar las 650 explotaciones que pretende la Junta, lo que pone en riesgo la supervivencia de Doñana que cada vez padece una mayor sequía. Así las cosas el Gobierno de España usa Doñana contra la Junta de Andalucía mientras los agricultores piden legalizar los cultivos entre advertencias de Bruselas y la UNESCO se suma a la advertencia por los riegos. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, dice que “lo que hacen en Doñana es un engaño: no va a haber agua” cuando la realidad es que los pozos no dan ya ni para cultivar las fresas legales…..una realidad llena de demagogia, pues el Parque Nacional, un tesoro biológico a proteger sin excusas, lleva cuarenta años con gobiernos socialistas en Andalucía consintiendo la proliferación ilegal de cultivos, mientras la gente del campo sostiene que “sin agua aquí no trabaja nadie, la gente de la comarca vive del campo”…..Un problemón que lleva años y años enquistado y que ahora la Junta, gobernada por el PP, quiere solucionar legalizando las explotaciones ilegales frente a la oposición de la izquierda que es la responsable de dichas ilegalidades. Pero, ya ven, nadie quiere afrontar con seriedad el grave problema de la sequía que, a modo de maldición, asola a España, donde, después de 100 días sin lluvias en algunas zonas deja en situación alarmante especialmente a Cataluña, Extremadura y la zona este de Andalucía…..y es que el 15% de España está en emergencia por falta de agua, un 8% en clara alerta, un 20% en prealerta, teniendo que activar riegos de emergencia, cuando el cultivo de cereal caerá de 20 a 10 toneladas, el olivar está seco y los embalses al 51% de su capacidad frente al promedio histórico del 63´5%; en fin, como para andar confundiendo a la gente con demagogias indeseables, cuando, eso sí, el Plan Hidrológico Nacional sigue durante décadas durmiendo el sueño de los justos.

            En cuanto a otros asuntos citar que Báñez y otros ex ministros “pelotean” a Feijóo para colocarse y critican la falta de peso del actual equipo del PP para entrar en el futuro gobierno; que el PSOE acepta negociar con el PP retoques en su reforma al “sólo sí es sí”; que el socialista Lambán pide un pacto de Estado ante el “colapso” de la Sanidad y urge al Gobierno a impulsar ya un “gran debate nacional”; que el PSOE castigará la prostitución en sus municipios ante el vacío legal estatal; que la Junta Electoral ordena al Parlament el cese de Borras; y que la Administración burla la reforma laboral con un 31´4% de contratos temporales, con lo que la tasa del sector público supera en trece puntos la del sector privado, que se sitúa en el nivel más bajo de las últimas tres décadas, al margen de la polémica sobre los famosos fijos-discontinuos como camuflaje de los temporales.

Fdo. Jorge Cremades Sena

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