Y AHORA LOS NIETOS

 

                    Sin duda alguna, al Gobierno sanchista le va la marcha y la polémica a la hora de tomar decisiones unilaterales que requerirían, por el bien de todos, un amplio consenso para evitar sospechas y especulaciones innecesarias como, por ejemplo, sucede ahora con la polémica “Ley de Nietos” que lleva al Tribunal Supremo el temor de que pueda suponer un fraude electoral que, si se diera, supondría un daño irreparable a nuestra democracia. De momento el Alto Tribunal suspende el derecho al voto de medio millón de nacionalizados por esta polémica ley al aceptar parcialmente la petición formulada por Vox y por Iustitia Europea, y se da tres meses para decidir si unos más de dos millones y medio de “nietos” votan o no en las próximas elecciones generales a celebrar en España, pues, de momento, les impide inscribirse en el censo electoral y sólo mantiene el voto a aquellos que “acrediten” fehacientemente ser descendientes de exiliados. El dato es que los electores residentes en el exterior se han disparado y supondrían un 12% del censo si se completa el proceso, generando una cierta preocupación de  tamaña alteración censal que podría influir en el resultado electoral, mientras Sánchez pide al Supremo que resuelva pronto al respecto como si le fuera la vida política en ello… ¿A qué se debe tanta urgencia por parte del Ejecutivo cuando demasiadas leyes duermen el sueño de los justos en los cajones por falta de mayoría parlamentaria? En fin, Sánchez sabrá el por qué de tanta urgencia de cara a estos próximos comicios, llegano a calificar de grave usurpación de derechos a tantos y tantos “nietos” cuando, en todos estos años atrás de democracia, nadie reparó en tan ominosa usurpación de derechos fundamentales. El caso es que, ¡cómo no!, al igual que sucede con la masiva regularización de inmigrantes, urgente y sin control exhaustivo, la urgencia de que se acelere la masiva “ley de nietos” sin demasiado control para ser inscritos en el censo electoral, desata todas las alertas, teniendo en cuenta las formas chapuceras de Sánchez de entender la democracia y recurrir a apelaciones como “estamos hablando de derechos fundamentales”, al igual que dice sobre los invasores de Ceuta para dejarlos luego tirados por las calles de la ciudad o, en el mejor de los casos para ellos, abocarlos a la beneficencia.

            En definitiva, el caso de la “ley de nietos”, que podría ampliarse a ley de bisnietos, tataranietos y sucesores hasta remontarnos a la época histórica que a cada uno nos interese, se justifica con el curioso argumento de que es Vox quien propone paralizarla, mientras son los jueces quieres consideran que la inscripción de los nacionalizados en el censo electoral es un peligro “fundado, real y serio” para la democracia, con el argumento de que el ponente de la resolución expresó en su día a Feijoo que deseaba que el PP gobernara en España. Una vez más se arremete contra los jueces y se les desacredita cuando las decisiones judiciales no nos benefician, cuando lo que debe quedar claro es que los jueces, al margen de la ideología que tenga cada uno, han de ser libres a la hora de tomar decisiones, y, si alguno se equivoca, hay mecanismos procesales para resolver el error, y, si comete algún delito, cabe la posibilidad de exigirle las pertinentes responsabilidades civiles o penales como a cualquier otro funcionario del Estado. No en vano, la Presidenta del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, durante el acto de apertura del año judicial, presidido por el Rey Felipe y ante la presencia del ministro Bolaños, critica que se atribuya a los jueces “propósitos políticos” y denuncia la “extrema gravedad” de acusar a los jueces de actuar por objetivos políticos, denunciando que la presión a los jueces “no es admisible”, instando a los magistrados a actuar “sin injerencias” y lamentando que se les atribuyan “propósito políticos e ideológicos”. Por su parte la Fiscal Jefe del Estado, Teresa Paramato, sucesora en el cargo del condenado Fiscal Jefe García Ortiz, insólito en cualquier país democrático, reclama que sean los fiscales y no los magistrados quienes asuman la instrucción en los procesos judiciales.

          Y en medio de esta enésima polémica entre Poder Ejecutivo y Poder Judicial, mientras Marruecos acusa al PP de populista por hacerle responsable de la invasión de Ceuta, vamos conociendo detalles de lo ocurrido en la ciudad autónoma. Conocemos, por ejemplo, que dos pinchazos a agentes marroquíes en la frontera alertaron de la “entrada masiva”, según documento clave que no enseña el Gobierno español, revelando en sus conversaciones que Rabat conocía los planes; que el CNI avisó el día 29 a la Delegación del Gobierno en Ceuta de que una multitud esperaba en Castillejos pero el Delegado Pérez Triano no le dio importancia; o que Defensa movilizó al Ejercito en Ceuta tres días antes del asalto, ordenó a los 3.000 militares en la ciudad prepararse ante la amenaza que habían detectado CNI y CIFAS y las unidades pusieron a punto sus vehículo y municionaron armas para salir de inmediato del cuartel en caso necesario, al extremo de que el Jemad propuso a Robles a mediodía del día 30 sacar las unidades a la calle pero Marlaska no lo autorizó hasta las 19´30 cuando la invasión, consentida por todos, ya era imparable.

          Y lo alarmante, sorprendente e inadmisible, ante tanta irresponsabilidad, es que pague el pato el Jefe de Gabinete del Delegado del Gobierno, González Sanz, que, siendo el receptor de las alertas y el interlocutor con el CNI, acaba de dimitir tras asegurar que obviamente alertó a su Jefe, el Delegado del Gobierno, que niega haber sido informado de la alerta, cuando el dimitido confirma que “existen informes que demuestran los avisos y alertas desde Delegación a los ministerios”. Es obvio que el Ejecutivo, pretende zanjar la controversia interna tomando como chivo expiatorio o cabeza de turco al Jefe de Gabinete del Delegado del Gobierno en Ceuta, mientras los verdaderos responsables, incluido el Delegado, el Ministro y el Presidente del Gobierno siguen en sus poltronas….. Entretanto, Policía y Guardia Civil detectan movimientos para un nuevo asalto a Ceuta el 20 de septiembre…¿nos vamos a fiar de nuevo en que Rabat no lo permitirá porque para ello le pagamos? En fin, como para estar tranquilos con estos gobernantes que, más que protegernos, buscan su acomodo personal a costa de lo que sea y la dimisión del Jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta es la devaluada moneda a pagar por hechos tan graves, cuando ni siquiera se ha pedido formalmente explicaciones a Marruecos por lo sucedido. Si en política interna estamos como estamos, mejor no hablamos de política exterior, para evitar que se nos pongan los pelos de punta. Es lo que hay.

Jorge Cremades Sena