LA RULETA DE LA FORTUNA

                        España se ha convertido en una mastodóntica ruleta de la Fortuna en la que unos cuantos, probablemente demasiados, son tocados favorablemente por la varita mágica de la diosa romana para desgracia del resto, la inmensa mayoría, condenados por ella a todos los males. En su caprichoso proceder a la hora de repartir la suerte ha reservado la buena para los corruptos, dotándoles de inmensas riquezas, y la mala para los demás, privándoles incluso de un trabajo para sobrevivir honradamente y obligando a quienes lo conservan a grandes sacrificios para llegar a fin de mes. Parece que nada se puede hacer contra el designio de los dioses y sólo cabe la resignación. Aunque no hay que olvidar que a lo largo de la Historia los mortales condenados por los dioses, asqueados de tanto infortunio, han dicho “¡basta ya!” en determinadas ocasiones para cambiar de forma radical tanta desgracia. Y lo han conseguido más de una vez. Soportar lo insoportable tiene un límite que, a mi juicio, ya está más que rebasado. Quienes llevamos mucho tiempo exigiendo tolerancia cero contra la corrupción política al margen de la militancia partidaria de los corruptos – y a diferencia de quienes sólo ven, o quieren ver, la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el propio- no sabemos ya qué más tiene que suceder para que se ponga el punto y final a esta lacra que atenta directamente contra el sistema democrático. Si ni legisladores, ni  gobernantes, ni ejecutivas de los partidos políticos, ni sus militantes ponen el punto y final, son ellos el problema y no la solución. Y la sociedad ya tiene bastantes problemas como para soportar además el que, sin lugar a dudas, es origen de buena parte de ellos.

            La endémica corrupción en España ha llegado a niveles insostenibles. El pueblo ya no puede soportar que, casi a diario, surjan casos de corrupción política o financiera sin que quienes son responsables de evitarlo –las distintas administraciones públicas y los partidos políticos- ni siquiera lo consideren como un problema esencial para desarrollar el Estado de Derecho en el que viven. La sucesión vertiginosa de casos de corrupción clamorosos con cantidades astronómicas, que paliarían la crisis económica, impide que, la resaca social de la borrachera por el último caso publicado, dé tiempo suficiente a la recuperación para afrontar la nueva borrachera del siguiente caso, provocando un alcoholismo crónico irreversible, mientras que los partidos parece que lo superan con absoluta normalidad. Por tanto, se supone que la única explicación de que los partidos políticos no corten de raíz el problema es para evitar el “delírium trémens” y sus efectos negativos, aunque olvidan que mantener el vicio es aún mucho peor que afrontar los efectos del síndrome de abstinencia, pues, si los partidos políticos no acaban con la corrupción, será ésta quien acabará con ellos. Ya no vale el “y tú, más”, tan utilizado cuando, siendo principiantes, los casos de corrupción de uno u otro signo político se distanciaban en el tiempo, dando lugar a que, en cada caso, el anterior ya se hubiese digerido y olvidado. Ya no se pueden vender como casos aislados o de unos u otros. Son permanentes y de todos. La confluencia temporal de muchos de ellos, que afectan a casi todos los partidos y niveles administrativos, desde el municipal a los aledaños de la Corona, pone en evidencia las vergonzantes demagogias de quienes por la mañana actúan de inquisidores del contrario y por la tarde se tienen que defender de él, convertido en su inquisidor. Un simultáneo cambio de papeles en la misma orgía.

            Sin ir más lejos, unos veinticinco casos relevantes de corrupción –amén de otros de menor entidad, de los ya resueltos con anterioridad y de los que, siendo “vox populi”, aún no están denunciados- se investigan en estos momentos en los tribunales, que, con más de trescientos imputados de distintos colores políticos, se ven desbordados. Ni siquiera vale la pena citarlos, dan asco, son sobradamente conocidos y algunos casi olvidados. No son asuntos menores ya que, tratándose de robar, cuanto más mejor. Es la única forma de acumular fortunas de decenas, cientos y miles de millones de euros que causan vértigo al común de los mortales, que las está pasando canutas. Todos actúan igual. Primero trincan, si se les denuncia se declaran inocentes y exigen la presunción de inocencia hasta la saciedad, poniendo todas las trabas posibles a la instrucción judicial -dilatarlo al máximo tiene grandes ventajas- y, cuando, a pesar de todo, se descubren sus desorbitadas cuentas en paraísos fiscales y sus desbordantes patrimonios, camuflados con redes de sociedades interpuestas y con testaferros, intentan justificar lo injustificable ante la solidez de los indicios, en vez de pedir perdón por haber utilizado la política para doctorarse en actividades delictivas, renunciar al cargo político que tengan y asumir las responsabilidades derivadas de ellas en vez de recurrir en última instancia a acuerdos de conformidad o, ya condenados, al indulto. Que el 93% de los españoles considere que no se castiga debidamente a los políticos corruptos, no es casualidad. Que la mayoría esté de ellos hasta las narices, tampoco. O la diosa Fortuna invierte el sentido de esta diabólica ruleta, castigando severamente a los corruptos y premiando simplemente con una vida digna a los trabajadores honrados, o serán éstos quienes se vean obligados a cerrar el infernal casino en que se está convirtiendo nuestro sistema democrático, donde la honradez es apuesta perdedora. De momento, el edificio ya está casi rodeado.  

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

¿A QUÉ JUEGA EL PSOE?

                        La aprobación de la declaración de soberanía en el Parlamento catalán supone un serio varapalo para el PSOE, única formación que en un trance político de tanta envergadura no ha sabido estar a la altura de las circunstancias. Se supone que, tras un debate interno, cada partido decide el sentido del voto que emitirán sus parlamentarios. Así lo han hecho todos, incluida la coalición CiU a pesar de las evidentes discrepancias entre CDC y UDC al respecto. Todos, menos el PSC-PSOE. Cinco de sus parlamentarios se han rebelado negándose a votar la resolución oficial del partido. Y menos mal que no alteraba el resultado final de la votación. Al final, van a tener razón quienes dicen que, perdida la O de obrero y la S de socialista, el PSOE está a punto de perder la E de español y hasta la P de partido. Lo cierto es que, desde hace tiempo, no se sabe bien a qué juega. Su empeño por jugar a todo le conduce a una deriva en la que al final no va a jugar a nada. Hubo un tiempo en que no era así. Con aciertos y errores, el PSOE era un sólido instrumento político de ámbito territorial español con clara vocación mayoritaria, imprescindible para gobernar en democracia. Quienes tuvimos el honor de militar en él y desempeñar funciones de cierta responsabilidad política y orgánica bien sabemos las exigencias requeridas para conseguirlo y las necesarias renuncias personales de tipo ideológico para priorizar los objetivos programáticos de centro-izquierda, viables en el corto plazo, frente al programa máximo que, por su carácter utópico, condenaba inexorablemente a una vocación minoritaria y testimonial. Aun quedan en nuestra memoria las dificultades para conjugar las distintas sensibilidades internas sobre asuntos como el marxismo, la OTAN, la reconversión industrial u otras tantas, que amenazaban con fracturar el partido. Pero las reglas internas de juego eran muy claras. Debatido el asunto, el mensaje hacia la ciudadanía, es decir, el proyecto programático oficial, era el mayoritario que, con mayor o menor entusiasmo, defendíamos todos públicamente o, al menos, acatábamos. Las discrepancias quedaban puertas adentro, pero el proyecto ofertado a la ciudadanía era único, firme, fiable y homogéneo. Única forma de generar credibilidad, confianza, garantía y seguridad en los votantes a través de un sólido liderazgo democrático.

            Ante asuntos tan trascendentales como el planteado por Artur Mas lo peor para un partido político es su indefinición y su indisciplina. En ambas ha incurrido el PSOE y no es la primera vez que sucede. No en vano su caída electoral viene siendo una constante peligrosa y, a pesar de la que está cayendo en el PP, no remonta en las encuestas. Mucho me temo que el asunto catalán le va a restar más apoyos, no sólo en Cataluña, sino también en el resto de España. Si una parte minoritaria del PSC quiere jugar al nacionalismo, lo mejor para el PSOE ahora es invitarlos a que se vayan y formen un nuevo partido nacionalista para que el resto quede como una verdadera federación más, como en el resto de territorios autonómicos, pues en estos momentos no lo es. Sólo así conseguirá el PSOE recuperar su imagen de partido de ámbito territorial español, libre de hipotecas nacionalistas por las que, ante el órdago independentista de CiU-ERC, ha incurrido en una bochornosa indefinición y una intolerable indisciplina, que le desacredita dentro y fuera de Cataluña. Todos los demás, errados o no, han apostado de forma clara y concisa, que es lo que exige la ciudadanía. Ya se verá si su apuesta es ganadora o no. Pero el PSC-PSOE se ha quedado fuera de juego.

            No basta que Lucena, portavoz del PSC en el Parlament, manifieste ahora su “serio disgusto” y lo achaque a la “tensión” generada por la apuesta soberanista de Mas,  llevada a “límites difícilmente soportables”. En tales situaciones es precisamente cuando más se exige dar la talla sin medias tintas, nervios o tensiones. La campaña electoral clarificó sobradamente los objetivos de Mas y su peculiar concepto del “derecho a decidir”, del “soberanismo”, de la “legitimidad democrática” y de los métodos de llevarlos a efecto para conseguir la independencia por encima de “tribunales y constituciones”, es decir, al margen de la legalidad española e internacional. El posterior pacto CiU-ERC despejó cualquier duda que algún ingenuo pudiera tener. Por tanto, no cabían anuncios de “abstención” o la introducción de ambigüedades como el “federalismo”. Sólo cabía y cabe posicionarse a favor o en contra de forma contundente. Pero si se trata de un partido serio de ámbito territorial español -que no autonómico o local- con verdadera convicción democrática representativa, sólo cabe posicionarse con un “no” rotundo a semejante locura antidemocrática. De haberse hecho a tiempo y desde el principio, con autoridad, con absoluta claridad y sin especulaciones electoralistas, hubiese bastado aplicar la declaración de Rubalcaba en el último Comité Federal de que “Si el debate se centra en el derecho a decidir no habrá salida. No vamos a encontrar una solución. No cabe. Eso es un sí o un no. El resto de España nunca va a aceptar que una parte decida sobre algo que afecta al todo. El PSOE tampoco”. O las de Jáuregui ante la proposición no de ley de ERC, tachada de “frívola y oportunista” porque el referéndum “es una competencia exclusiva” del Estado “que no se puede delegar”. Proposición rechazada en el Congreso por 276 noes y 42 síes. Lástima que Pere Navarro, nadando entre dos aguas, haya tenido que justificar su “no” en que el PSC llevaba en su programa el derecho a decidir pero no la declaración de soberanía. ¿En qué quedamos? Derecho a decidir, qué. Ese es el problema, que seguimos sin saber a qué juega el PSOE.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

INDULTOS Y ACUERDOS DE CONFORMIDAD

                        Mal asunto para la convivencia y la paz social si se generaliza, como sucede en la sociedad española, la percepción de que la Justicia es injusta y no trata a todos con el mismo rasero. El uso, abuso o mal uso de  los indultos y de los acuerdos de conformidad tiene mucho que ver al respecto, al margen de otras cuestiones que, relacionadas con la deplorable lentitud de la administración de justicia o las diferencias por razones económicas de acceso a la misma, sitúan ventajosamente a unos cuantos frente a la mayoría, avalando el dicho popular “hecha la ley, hecha la trampa” que genera una peligrosa alarma social. Pero, si tanto el indulto como el acuerdo de conformidad es práctica legal habitual –no sólo en España, sino en el resto de países de nuestro entorno-, ¿por qué aquí genera tanta desconfianza y en los demás estados no? La respuesta es obvia. Como en otros muchos asuntos, se hace un mal uso de los mismos. No cabe otra explicación. Al margen de matices más técnicos, que han de hacer los expertos en la materia, conviene que la opinión pública sepa “grosso modo” de qué se está hablando para evitar demagogias añadidas en uno u otro sentido.

            El indulto es una medida de gracia que, con carácter excepcional, consiste en la remisión, total o parcial, de las penas de los condenados en sentencia firme, otorgada por el Jefe del Estado –en nuestro caso, el Rey- a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros. Al tratarse de una medida de gracia con carácter individualizado, su concesión o denegación, queda al margen de cualquier justificación, aunque la resolución debe fundarse en razones de equidad, oportunidad o conveniencia pública para no derivar en un mal uso o abuso de la arbitrariedad que la medida lleva implícita. Y es aquí donde, justamente, está la causa del malestar que la concesión o denegación del indulto genera en la sociedad española. Nadie entiende, por ejemplo, que se deniegue el indulto a un extoxicómano rehabilitado, que ayuda a colectivos antidroga y cuida de su padre anciano y enfermo, mientras se le concede a banqueros por acusación y denuncia falsa, a “kamikazes” homicidas, a agresores sexuales, a abogados colaboradores de los etarras, a agresores de un vendedor ambulante, a policías torturadores, a condenados por el GAL, a difusores de fotos íntimas, a desviadores de fondos públicos o a alcaldes y otros cargos políticos o técnicos por conceder licencias ilegales para proyectos urbanísticos u otras fechorías.

            Por su parte, la conformidad es el acuerdo al que llega un acusado con el fiscal y la acusación particular si la hay, tras reconocer los hechos que se le imputan, antes del juicio, dando lugar a una sentencia firme por parte del juez y a la finalización del proceso penal. Es tan habitual que, bien aplicada, ha popularizado el dicho “más vale un mal acuerdo que un buen pleito” pues, en realidad, ahorra esfuerzos, reduce costes, acelera procedimientos y descongestiona la carga de trabajo en los juzgados. Por tanto, aceptado el reconocimiento de los hechos imputados y asumida la culpabilidad, nada que objetar a una pena pactada, situándola en el tramo más benévolo de la horquilla punible prevista para dichos delitos, despejando la incertidumbre de una sentencia en caso de celebración del juicio. Sin embargo, nadie entiende que dicho pacto se solicite y se conceda tras años y años de instrucción en los que los acusados mantienen públicamente su inocencia, apelan a la obligada presunción de la misma, utilizan todos los recursos para entorpecer la instrucción y sólo recurren al acuerdo cuando el juicio ya es inevitable, las pruebas evidentes y, por ende, la condena en el tramo mínimo más que probable. Un verdadero chollo frente a un severo castigo más que merecido.

            Si, de entrada, una justicia lenta ya no es justa, con estas prácticas, por muy legales que sean, se convierte en injusta de pies a cabeza, salvo que la aplicación de las mismas tuviera un efecto ejemplarizante y no, como sucede, todo lo contrario. Más aun si sus beneficiarios son funcionarios públicos, gobernantes o políticos a quienes, como sucede en cualquier país civilizado, se debe exigir un plus de honradez y honestidad sobre el resto de los mortales, al igual que, por razones de su estatus, gozan de determinados privilegios sobre los mismos. No en vano, tanto jueces como tribunales están obligados a defender el Estado de Derecho y actuar de la forma más severa dentro de la legalidad contra la corrupción política que lo degrada y corrompe. Igual ha de hacerse a la hora de conceder indultos. Aquí, lamentablemente, se tiene la sensación de que sucede justo lo contrario, generando un tsunami de desconfianza en la Justicia que amenaza con llevarse por delante al propio Estado de Derecho que, en ningún caso, puede convertirse en un paraíso de la corrupción para propios y extraños. ¿Es tan difícil conseguir que lo que es normal en países homologados al nuestro sea también normal aquí? Esa es la cuestión.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena 

EL MOVIMIENTO NACIONAL

                        No he podido evitarlo. De repente me ha venido a la memoria el Movimiento Nacional que, durante tanto tiempo, nos amargó la vida. El nombramiento del republicano Oriol Junqueras como jefe de la oposición en la Cámara legislativa catalana ha sido el culpable de tan infausto recuerdo. Se me habían olvidado ya los gobiernos sin oposición oficialmente reconocida. Después de todos estos años de democracia, por la que tanto luchamos los españoles, pensé que ya era irreversible que los parlamentarios que no apoyan a un gobierno conforman su oposición y que, de entre ellos, el líder del partido más votado es nombrado oficialmente como jefe de la misma. Así han funcionado todas las cámaras legislativas en todas las legislaturas y en todos los niveles territoriales. Por ello Artur Mas desempeñó el cargo de jefe de la oposición en el gobierno tripartito de Montilla (PSC-ERC-ICV) y, por ello, nadie entiende que ahora no se haya nombrado oficialmente jefe de la oposición a Pere Navarro, cuyo partido, el PSC, es el más votado entre los que se oponen al gobierno tripartito de Mas (CDC-UDC-ERC). Y es que, al igual que no se puede soplar y sorber al mismo tiempo, no cabe sostener y oponerse al gobierno simultáneamente en un sistema democrático. Eliminar la oposición del sistema legal, como hacen los totalitarismos, o acallarla menoscabando su estatus con estratagemas legales, como hacen ahora los independentistas catalanes, es atentar contra la democracia, con resultado de muerte o de heridas graves respectivamente.

            Pues bien, el gobierno de Artur Mas, al no obtener CiU la mayoría “excepcional” que solicitaba en campaña electoral, sino todo lo contrario, se sustenta en la mayoría “suficiente” que, para gobernar, le proporciona ERC, el siguiente partido más votado, y, tras suscribir un sólido pacto de gobierno con él, nombra jefe de la oposición a su líder, mentor y principal valedor del programa gubernamental que entrambos aplicarán durante la legislatura. Es decir, Artur Mas solicita en primer lugar una mayoría “excepcional”, que limita por voluntad popular el papel de la oposición pero sin menoscabar su estatus; los electores no se la conceden y, como respuesta, lo limita él mismo y menoscaba su estatus nombrando jefe de la misma a quien, obviamente, es soporte fundamental de su gobierno y, por tanto, no es oposición. Y, para que la operación sea factible y quede todo atado y bien atado, ningún republicano forma parte del gabinete, pero una especie de gobierno en la sombra o consejo paritario, formado por hombres y mujeres de CiU y ERC, se encarga de la hoja de ruta gubernamental a lo largo de la legislatura. Lo siento, pero, salvando las distancias, no he podido evitar el recuerdo de aquel siniestro Consejo Nacional del Movimiento que, formado por sus consejeros nacionales, se reunía periódicamente en el Palacio del Senado para dar cierta apariencia de sistema parlamentario junto a las Cortes Españolas monocromáticas.

            Aquellos eran tiempos de un rabioso nacionalismo español y, ya se sabe, lo menos importante para sus creadores eran los españoles y su dignidad. Lo esencial era España y todo, absolutamente todo, quedaba supeditado a ella. Aquella España “una, grande y libre”, surgida de su imaginación e impuesta por la fuerza, dirigida por el Movimiento Nacional, que definían como “la comunión de los españoles en los ideales que dieron vida a la Cruzada y constituye el Movimiento social y político de esa integración”. Evidentemente, las ideologías, las reivindicaciones socioeconómicas y las libertades, que dan lugar a la oposición, eran obstáculos inaceptables para consolidar el proyecto de aquella España, que, según la Falange –única ideología permitida-, era una “unidad de destino en lo universal”. El menosprecio, cuando no la prohibición, de cualquier desviación del ideario oficial era moneda común al considerarlo pernicioso para su España imaginaria, incluido el uso de las lenguas españolas distintas al castellano, considerando traidores o malos españoles a quienes actuasen al margen del pensamiento único establecido. Y, por idénticas razones, el desprecio, cuando no la burla, a los estados democráticos vecinos y a los organismos internacionales que, obviamente, no acogían a España en su seno porque sus dirigentes no respetaban la legalidad instituida y, además, se permitían culpabilizarlos de todos sus males, cuando su desarrollo económico dependía del entorno desarrollado por ellos. Ese era el “destino universal” de aquella España ultranacionalista, ya casi olvidada, que el actual ultranacionalismo de los dirigentes catalanes me ha traído a la memoria.

            En efecto, unidos por la Cruzada independentista, lo menos importante es la ideología que tengan los catalanes o sus diferencias económico-sociales o culturales. Lo esencial es la comunión e integración de todos los catalanes –al margen de su condición económica, social o cultural- en los ideales que inspiran la Cruzada independentista para alumbrar la imaginaria Cataluña, que, como aquella España “una, grande y libre”, según el proyecto de Mas, va más allá “de cualquier formación política y de cualquier persona” y no lo detendrán “ni los tribunales ni las constituciones”. Justo lo que sucedía en aquella España negra, impuesta por encima de la Constitución vigente y mantenida por encima de la legalidad internacional y sus tribunales, que, obviamente, la condenaron al aislamiento y al subdesarrollo, respecto a su entorno, durante tantos años. Ese fue su destino “en lo universal” hasta que la Constitución actual la colocó en la normalidad interna e internacional. Aunque sabemos que la Cataluña diseñada por el gobierno de Mas y de su jefe de oposición, insólito en Europa, es menos pretenciosa y sólo aspira a ser una unidad de destino en lo europeo, desconocemos cómo lo van a conseguir. Aunque sí sabemos cómo lo consiguieron los ultranacionalistas españoles. Pero, en fin, eran otros tiempos, que no debiéramos olvidar con tanta facilidad.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena 

GANAS DE VOMITAR

GANAS DE VOMITAR

                        En estos días se están vertiendo ríos de tinta y torrentes de palabras en los medios de comunicación escritos y en programas televisivos o radiofónicos acerca de la presunta corrupción vinculada a CiU y a algunos de sus más conocidos dirigentes. Nada nuevo bajo el Sol. Es cuestión de días. Son tantos y tantos los casos de corrupción, conocidos y por conocer, que vienen dándose a lo largo y ancho del territorio español y que afectan prácticamente a políticos de todos los colores, que uno más, el enésimo de la lista, sólo es un nuevo aval más para el merecido calificativo de mediocre que, según la organización Transparencia Internacional, tiene España en el índice de percepción de la corrupción y que viene empeorando progresivamente año tras año. Pero la coincidencia del salto a los medios de la presunta corrupción de CiU con la toma de posesión de Artur Mas como presidente de la Generalitat de Cataluña ha conferido a este caso una dimensión insospechada, susceptible de todo tipo de especulaciones, cuando realmente es similar a los anteriores, en el fondo y en las formas, salvo el añadido demagógico del nacionalismo como método para desviar la atención ante la opinión pública y eludir así las responsabilidades personales e institucionales. Si en otros casos los implicados y sus defensores mediáticos recurren a supuestos complots de contrincantes políticos, a mentiras periodísticas en medios no afines y a otras artimañas similares para disfrazar sus indecentes actuaciones, en el presente caso la diferencia sustancial es identificar las acusaciones con un ataque a Cataluña y no a sus dirigentes que, presuntamente, la están saqueando.

            Si este ambiente putrefacto de corrupción política causa náuseas a la ciudadanía, las formas de tratarlo públicamente, provoca verdaderas ganas de vomitar. Desde el momento en que un nuevo caso de presunta corrupción política se publica en un medio de comunicación se desencadena una ceremonia pública de confusión que, a la postre, consigue erosionar lo menos posible a los presuntos corruptos, al extremo de que produce un mínimo coste electoral a sus partidos. La ceremonia, bastante similar en todos los casos, suele comenzar con la condena al medio que publica la información y al oportunismo político que lo motiva; continúa con el desmentido de lo publicado, la declaración pública de inocencia y el anuncio de una querella al medio denunciante; y, finaliza, con la publicación por entregas de una serie de datos más concretos sobre el caso, mientras una serie de tertulianos se posicionan a favor o en contra del mismo. Lo que debiera ser un clamor unánime de repulsa con tolerancia cero, se convierte en un debate político y mediático con los mismos protagonistas que, según el guión, cambian su papel de buenos o malos con idénticos argumentos exculpatorios o condenatorios. Al final, agotado el interés mediático, la vía judicial sigue su curso. De nuevo el silencio. La asqueada ciudadanía quedará en la duda de si se puso o no la querella, si lo publicado es veraz o no, si se investigan todos los indicios publicados, si se persiguen las negligencias y complicidades anunciadas, en definitiva, si todas y cada una de las graves acusaciones públicas que tanto la escandalizaron serán esclarecidas con rigor. Pero comprobará que, condenados o no, los acusados conservan y siguen disfrutando de sus fabulosas fortunas, esas que, presuntamente, jamás hubiesen obtenido sin su paso por la actividad política o sin sus oscuros vínculos con ella. Es así de asqueroso.

En la presunta corrupción de CiU, con un rosario de casos (Banca Catalana, Millet, Pretoria, Adigsa, Eurobank, ITV, Palau de la Música…), varios condenados de por medio, incluso algunos indultados posteriormente, y la sede de CDC presentada como aval por más de tres millones de euros, lo irrelevante, como en el resto de casos, es qué periódico lo publica, por qué lo hace y qué pretende. Matar al mensajero es un truco muy viejo. Tampoco importa por qué otros medios lo silencian y algunos incluso atacan al que lo publica. ¡Allá cada cual con su estrategia! Menos aún, si las fuentes son fiables o no y si los informes policiales están autorizados o no. Que cada cual responda de sus responsabilidades si así se les exige. Lo relevante, lo esencial, es si los hechos denunciados son ciertos o no, si, una vez publicados, la fiscalía actúa en consecuencia, si los jueces hacen lo propio para esclarecerlos y si, al final, en caso de ser ciertos, los acusados son condenados de forma rigurosa y no benévola. Es la única forma de despejar la sospecha de que las fabulosas fortunas que disfrutan los hijos de Pujol, incluida la colección de coches de lujo que exhibe Oriol, las han obtenido de forma fraudulenta y de conocer si las supuestas cuentas de los Oriol, los Mas y compañía en paraísos fiscales son legales o no, así como la procedencia de los ingresos. Entretanto, por más que algunos tertulianos se empeñen en disfrazarlo, el común de los mortales no entiende que algunos políticos o sus hijos, pertenecientes a familias normales de clase media, sin un gran patrimonio heredado, se enriquezcan desorbitadamente al margen de actividades turbias o que tengan cuentas en paraísos fiscales, incluso si son legales. ¿Y si los hijos de Pujol han nacido con una inteligencia especial para los negocios? ¿Y si las cuentas en paraísos fiscales son para evitar el expolio al que España somete a Cataluña? Si en 1984 los convergentes ya percibieron como un ataque desde Madrid el caso Banca Catalana, su primer gran escándalo judicial, cabe la posibilidad de que todo este turbio asunto en torno a CiU tenga una explicación lógica, no vaya a ser que los de Madrid se hayan inventado las fortunas y las cuentas de los Pujol, los Mas y compañía o, en caso contrario, que lo estén haciendo con honor patriota para defender a Cataluña del resto de españoles. ¿Y quién defiende a los catalanes? Otro presidente, Pascual Maragall, desde la misma autoridad que ahora tiene Artur Mas, se dirigió a las filas convergentes en 2005 en sede parlamentaria con la frase “Ustedes tienen un problema y se llama tres por ciento”. Se equivocó, al parecer, era cuatro. Seguramente el error es lo que provocó el posterior silencio. Lo dicho. Dan ganas de vomitar.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena 

CATALUÑA, UN LABERINTO

                        La investidura de Artur Mas, gracias al pacto con ERC, su radical enemigo ideológico, convierte a Cataluña en un laberinto político y económico de difícil salida. No en vano, el pertinente debate se ha centrado en el sacrosanto independentismo y en la ceguera económica para salir de la crisis. Si el primer asunto, casi el único, ha provocado demagogia a raudales para disimular su inviabilidad, el segundo ha evidenciado las contradicciones insalvables entre los dos modelos antagónicos que ahora gobernarán. Los distintos partidos políticos -salvo PP, C´s y CUP por su doble condición de mantener un discurso coherente y no haber gobernado con anterioridad- tendrán que hacer juegos malabares si quieren salir del laberinto sin daños irreparables. Tanto CíU, como ERC, PSC e ICV­, reos de sus propias incoherencias e indefiniciones, arrastran a sus espaldas el lastre de una gestión gubernamental en Cataluña manifiestamente mejorable que, en definitiva, les hace responsables directos de la crítica situación que sufre la sociedad catalana. Si el nefasto gobierno tripartito de izquierdas (PSC, ERC, ICV) acabó como el rosario de la aurora y hundió electoralmente a sus miembros; si después, con apoyo del PP, el errático gobierno de derechas de CiU, claro vencedor del desastre anterior, fue abortado por la alucinación soberanista de Artur Mas, resucitando a los damnificados del tripartito, salvo al PSC, que no tiene arreglo; todo apunta, desde el mismo debate de investidura, a que el gobierno contradictorio CiU-ERC acabará en un fiasco descomunal, no sólo en su objetivo independentista, sino también en su gestión económica.

            Como un malabarista inseguro, consciente de que el mínimo error puede poner su truco al descubierto, el semblante y el tono de Artur Mas en el debate de investidura en nada se ha parecido a la chulesca brillantez exhibida sólo hace dos años. Entonces era el claro vencedor tras pulverizar al tripartito; ahora, reconvertido en independentista, es el gran perdedor, aun ganando las elecciones, al necesitar el auxilio de su más peligroso contrincante. Por ello, sólo cuando la popular Sánchez-Camacho le ha instado a cumplir las leyes y a obedecer la Constitución, vaticinando que el pacto tiene “fecha de caducidad” y que cuando “no pueda celebrar la consulta, ERC hará una OPA sobre sus votantes”, Mas ha reaccionado con su estilo chulesco habitual contestándole “¿Quiénes son ustedes para silenciar al pueblo de Cataluña?” y rematar con estupideces como “Yo me creeré que tener un Estado no es importante cuando España renuncie al suyo y acepte que se constituyan los Estados Unidos de Europa”. El resto, un intento desesperado para que otros grupos, especialmente el socialista, se decidan a prestarle apoyos que le liberen de alguna forma de las garras de los republicanos. Sin embargo, tanto ICV como PSC, conscientes de que se disputan un electorado de izquierdas con ERC, prefieren mantenerse al margen del acuerdo gubernamental ante el probable desgaste electoral a causa de las obligadas concesiones en política económica que Junqueras tendrá que hacer a la derecha para que gobierne Artur Mas, aunque, de momento, sea éste quien las haya hecho a ERC para conseguir su apoyo, descontentando a gran parte de sus votantes, especialmente a los de Unió, firme socio hasta ahora de Convergencia. Cada uno juega sus bazas de cara a un próximo futuro repleto de frustraciones ciudadanas en el terreno económico y en el soberanista. Tanto Herrera (ICV) como Navarro (PSC) han rechazado la oferta de Mas cuando éste y Junqueras han pretendido animarles a apoyar las primeras medidas económicas que, impuestas por ERC, son más próximas a las que ellos defendían anteriormente.

Herrera, dejando en segundo plano el asunto soberanista, ha arremetido contra los recortes del gobierno de Mas y contra los casos de corrupción, recordándole que la sede de CDC está embargada. “Usted planta cara en el escenario nacional pero no en el económico”, le ha reprochado, y ahora las medidas “llegan tarde y muy mal”. Un aviso a navegantes, en este caso a ERC y a sus responsabilidades futuras. Ya Coscubiela, portavoz de ICV en el Congreso, había avisado antes que quien facilite la investidura de Mas será “corresponsable” de los recortes futuros. Por parte de Mas, el silencio en el tema de la corrupción y las contradicciones en lo económico al descalificar las políticas de ICV, que ahora él aplica a instancias de ERC, ante el descontento generalizado del empresariado, las élites económicas catalanas y sus socios de Unió.

Navarro, dejando claro que los compromisos económicos CiU-ERC “no merecen credibilidad” a los socialistas por los incumplimientos de Mas en el acuerdo de mínimos anterior con ellos, sí ha prometido abstenerse en todo lo referente al referéndum si es legal, acordado con el Gobierno y vinculante, anunciando que el PSC defenderá el “no” a la independencia y el “sí” a la vía federalista. Un brindis al Sol que evidencia la pérdida de rumbo del socialismo catalán, desautorizado por Elena Valenciano, vicesecretaria general del PSOE, que rechaza una consulta “ilegal y desastrosa para Cataluña y para España” ya que el partido “dirá que no siempre a un referéndum en el que se plantee la separación de Cataluña”.

Ni el esfuerzo de Mas, omitiendo en todo momento la fecha pactada con ERC para celebrar la consulta, ni su reiteración de que ésta se hará “bajo el marco legal que la ampare” y con “un consenso amplio”, ha conseguido incrementar los apoyos para buscar una salida digna del laberinto que ha creado. Cada uno intenta encontrar la suya propia, conscientes de que, si no están entre los más listos de la clase, pueden quedar atrapados para siempre en el intento. Y el gobierno de Mas, acaba de iniciar su andadura. Si todos los líderes políticos catalanes ya han hablado; si cada uno, en uso de su libertad, ha expresado lo que piensa sobre su proyecto, sólo queda saber si Artur Mas hace extensivo a todos los que no comulgan con él la pregunta “¿Quiénes son ustedes para silenciar al pueblo de Cataluña? La respuesta es fácil. Sus representantes, elegidos al igual que usted por una parte del mismo que, obviamente, no piensa como usted ni en los temas económicos, ni en los ideológicos, ni en los territoriales. Menos aún en la forma de afrontarlos.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena 

HA LLEGADO EL MOMENTO

                        Se acaba de firmar un acuerdo entre Artur Mas y Oriol Junqueras, léase entre CiU y ERC, que garantiza no sólo la investidura del primero como Presidente de la Generalitat, sino también un apoyo matemático parlamentario, suficiente para que su gobierno tenga una cierta estabilidad en la legislatura que comienza. Así lo han anunciado ambos líderes independentistas en una comparecencia conjunta ante sus respectivos diputados, que suman poco más de la mitad de la cámara al haber obtenido casi un 45% de los votos emitidos. El resto, por una u otra razón, queda al margen de un pacto que, a todas luces, acarreará graves consecuencias a Cataluña y generará incertidumbres en el resto de España y en la UE. No en vano es una alianza antinatura, ideológicamente hablando, entre dos proyectos políticos opuestos, cuyo único nexo de unión es el independentismo -desde que el liberal Mas decidiera apostar por el radicalismo izquierdista de ERC-, que, obviamente, no resuelve los problemas diarios que sufren los ciudadanos por la crisis galopante en que está inmersa Europa y que en Cataluña es aún peor por “los incumplimientos del Gobierno central” según Junqueras. ¡Faltaría más!

            Como protagonistas de la tragicomedia anunciada en las pasadas elecciones, Mas y Junqueras –tanto monta, monta tanto- se disponen a materializar la estabilidad de un gobierno que tiene como supremo y casi único objetivo celebrar un referéndum soberanista en 2014 y, en consecuencia, dotar a Cataluña de estructuras de estado o de un estado propio en el marco de la UE. Un estado que, para ERC, se diseña como una “República Catalana” sin ejército “que contribuirá a construir un paradigma de seguridad humana más global y multidimensional que la simple defensa militar”. Y, para encauzarlo, hay que reconvertir las delegaciones comerciales catalanas en embajadas con competencias exclusivas que mantengan relaciones bilaterales con el resto de países del mundo, elaborar una Constitución de Cataluña (supongo que ésta será para acatarla), expulsar de Cataluña a la guardia civil y a la policía nacional para que los mossos d´esquadra sea el único cuerpo policial, crear una Banca de Cataluña que garantice créditos públicos a empresas catalanas y una agencia tributaria propia que gestione los tributos que se recauden, aunque, como paso intermedio, se establezca un consorcio Estado-Generalitat pero con el objetivo de lograr la hacienda propia. ¿Y qué debe hacer el gobierno central ante todo esto? Muy fácil. Según, Bosch, portavoz de ERC en el Congreso, Rajoy debe tranquilizar a la UE sobre el “pacto de libertad” entre CiU y ERC diciéndoles que el gobierno de España respetará “la voluntad de las urnas y la de convocar un referéndum”, que no habrá “represalias” si Cataluña se independiza, deseando que Rajoy cumpla sus obligaciones “como hombre de Estado”, que garantice “la paz y la estabilidad” y reclamándole el compromiso de que no habrá veto ni al proceso independentista ni a la permanencia en la UE de una supuesta Cataluña independiente, pues en Europa “no se expulsa a nadie y menos por motivos de un proceso democrático”. Sólo le ha faltado pedirle que, ante la hipotética independencia, no sólo se le exima del pago de la descomunal deuda pública catalana, sino que además se financie ventajosamente los cuantiosos gastos que dicho proceso requiere, aunque sea por reconocimiento y gratitud al tiempo histórico –es decir, todo- en que Cataluña decidió voluntariamente formar parte sustancial del Estado Español.

            La errática trayectoria de Mas es el mejor reconstituyente para una ERC, enferma desde el fracaso del nefasto tripartito, y el peor veneno para CiU, reconfortada tras poner en evidencia ante los catalanes la pésima gestión de quienes ahora convierte en socios. Que le pregunten al PSC de Montilla. Ni los propios votantes de CiU, especialmente los de UDC, entendieron el mensaje electoral de Mas, que ahora sorprende a propios y extraños echándose en los brazos de su reconstituido enemigo, beneficiario principal de su fracaso. Así lo asume al justificar el pacto con ERC como “un mandato claro” de las urnas a CiU en vez de entender que la sustancial caída de apoyos supone lo contrario, un fracaso personal que sólo con su dimisión posibilitaría que CiU retomase de nuevo su trayectoria tradicional con un nuevo liderazgo. Pero Mas, arrinconado por exigencias radicales de ERC, asume no sólo su proyecto minoritario sino también su proceso de ejecución, su hoja de ruta y su modelo económico para salir de la crisis. Un proceso hacia el abismo que él mismo reconoce no exento de dificultades al haber “muchos adversarios y muchos de ellos son muy poderosos y actúan sin muchos escrúpulos”, concluyendo que, en todo caso, “ha llegado el momento” para afrontarlo.

            Y, en efecto, ha llegado el momento de que, a diferencia del pasado, sin ningún absurdo complejo, todos y cada uno de los españoles, incluidos los catalanes, todas y cada una de las instituciones estatales, incluidas las catalanas, asuman sus respectivas responsabilidades democráticas. Ya no vale poner paños calientes, si es que alguna vez valió de algo, al chantaje, la mentira y la ofensa. Es la única forma de restaurar la democracia, al menos, en sus principios más básicos, para que todos entiendan y defiendan que, en democracia, no caben pactos de libertad, su marco jurídico es la libertad; que aplicar los mecanismos coercitivos a quienes actúan ilegalmente no es represalia, sino el ejercicio por parte de la autoridad competente de una obligación para no incurrir en grave irresponsabilidad; que todas y cada una de las instituciones y sus autoridades, en su ámbito competencial, no sólo deben cumplir la ley sino también hacerla cumplir; que quienes ponen en peligro la paz y la estabilidad son aquellos que no acatan la legalidad vigente, especialmente si gracias a ella tienen una responsabilidad institucional; que, todos y cada uno de los territorios que conforman el estado, no son patrimonio de nadie sino de todos los ciudadanos que en conjunto ejercen la soberanía; que en asuntos de estado, como es el caso, ni siquiera son válidas mayorías suficientes para validar la alternancia política gubernamental sino un amplio consenso de toda la ciudadanía; que identificar la crítica o denuncia a cualquier autoridad como un ataque al pueblo o territorio que gobierna es puro fascismo o totalitarismo… Y, como éstas, otras tantas circunstancias que, desgraciadamente, nos han abocado al difícil momento que estamos padeciendo. Por fin, coincidiendo con Mas, ha llegado el momento de cambiar de rumbo. Menos mal que, al menos, Junqueras, más prudente que Mas en esto, ha manifestado que la voluntad de celebrar el referéndum en 2014 se supedita a “que las circunstancias lo hicieran inviable”. ¿A qué les suena? Siempre cabe un pequeño resquicio para la cordura.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena 

MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA

                        Que la calidad educativa deja mucho que desear y no se corresponde con el esfuerzo inversor de la sociedad española en Educación es un hecho indiscutible. Los informes y estudios nacionales e internacionales así lo corroboran y, por si hay dudas, basta con acercarse a muchos de nuestros centros educativos –especialmente de Secundaria- para comprobarlo. Ahora, cuando la crisis económica obliga a ralentizar dicho esfuerzo, urge optimizar los recursos disponibles para conseguir una enseñanza de mejor calidad que evite su caída definitiva en el negro abismo del fracaso total. Los factores que inciden en tan negativos resultados son tan diversos y de tan diversa índole que su análisis pormenorizado excede los límites de este espacio. En todo caso, en más de una docena de artículos publicados y, todos ellos, colgados en mi blog “Ojo crítico”, he ido analizando aquellos que, por mi experiencia docente, he padecido, junto a mis compañeros, en mi centro de trabajo durante estos últimos tiempos. Por tanto, vaya por delante que, por mi parte, es digno de elogio que el ministro del ramo pretenda afrontar la mejora de la calidad educativa. Algunos lo venimos reclamando desde hace tiempo. Así lo exige la interminable lista de exalumnos condenados a un fracaso predecible, temprano e inexorable, que, con nombres y apellidos, forma parte de las estadísticas que avalan el deterioro progresivo de nuestro sistema educativo.

            Pero, dicho esto, me temo que, una vez más, la Educación se utiliza como arma arrojadiza con fines electoralistas, principal causa de su deterioro, lo que empeorará incluso su situación actual con un previsible debate estéril, a cara de perro, para dinamitar el necesario consenso que requiere su mejora definitiva. Es lo que se espera después de la Conferencia Sectorial de Educación en la que el ministro Wert presenta a los consejeros autonómicos un borrador de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Las actitudes irresponsables y las declaraciones demagógicas posteriores son el preámbulo del falso debate que se avecina. Desde el inaceptable abandono de la consejera catalana Irene Rigau a la chulesca respuesta metafórica de Wert, comparándose a un “toro bravo”, ante las críticas recibidas, por insultantes o demagógicas que sean, son el más claro síntoma de la frivolidad e irresponsabilidad con que se va a afrontar uno de los más serios problemas que tiene la sociedad española. Lo peor para mejorar la calidad educativa es que aparezcan toros bravos, que se crecen con el castigo, y vaquillas mansas, que, eludiendo el primer lance en el coso, embisten desde el burladero, mientras se jalea la faena desde el tendido, cuando lo que hay que hacer es, entre todos, coger el toro por los cuernos con todas las consecuencias. Por tanto, la opinión pública debe prepararse para soportar el futuro espectáculo. Está en juego el futuro de nuestros hijos y nietos.

            Es inaceptable que un simple borrador con más de veinte medidas, acertadas o no, que ha de servir como base para iniciar un debate razonado y razonable, haya quedado ensombrecido desde el principio por la cuestión lingüística, causante del maleducado desplante de Irene Rigau, cuya obligación es, en todo caso, fundamentar razonadamente sus discrepancias con el texto ministerial para buscar un punto de encuentro que, en este concreto supuesto, contemple en el sistema educativo idéntica protección y garantía de aprendizaje de las dos lenguas cooficiales en las comunidades bilingües. Así se hace en todos los países con idéntica circunstancia. ¿Existe dicho equilibrio en Cataluña? Esa es la cuestión. Si es así, asunto zanjado, nada que modificar al respecto, se documenta y nada que discutir. Si no lo es, hay que tomar medidas, preferiblemente consensuadas, para conseguir dicho equilibrio. Y así, en todas y cada una de las propuestas del borrador, más las que a lo largo del debate parlamentario se vayan incorporando.

Sin embargo, una vez más, se opta por la demagogia, la chulería, la amenaza o el victimismo, dándose la paradoja de que, quienes incitan a la desobediencia civil e incumplen las sentencias del Constitucional, manifiestan que recurrirán a él si el ministro no retira el borrador. ¿Y si dicho tribunal, como en otras ocasiones, no les da la razón? Entretanto, los obligados razonamientos, los datos reales y las propuestas alternativas se sustituyen por la irracionalidad ideológica, la mentira y el insulto. Los problemas reales del Sistema Educativo quedan eclipsados por la resurrección de los fantasmas del pasado, reencarnados en el ministro y en el partido al que pertenece, convirtiendo a Wert en un franquista de pies a cabeza y, ¡cómo no!, a España en un estado fascista, empeñado en someter a los catalanes a las perversidades del dictador hasta arruinarlos económica y culturalmente. Felipe V resucita y se reencarna en Wert con los decretos de Nueva Planta, el general Espartero con el bombardeo a Barcelona y Franco, al ser más moderno, ni siquiera ha muerto, está en todas partes, menos en Cataluña. Este irreal y demagógico escenario sustenta la correspondiente llamada a la rebeldía social para mejorar el futuro. Y, ante este siniestro panorama, diseñado por quienes han de mejorar la calidad educativa -para eso les elegimos y les pagamos-, el ministro decide exhibir sus cualidades de “toro bravo” en vez de desmontar el grotesco espectáculo ante la opinión pública con hechos y datos objetivos y argumentos razonados y razonables. ¿Es que nadie va a poner un poco de cordura en este ambiente esquizofrénico? La ciudadanía merece que, tratándose de un asunto estrictamente educativo, se utilice una cierta dosis de pedagogía política a la hora de exponer públicamente los verdaderos problemas que atraviesa la Educación en España. Sólo así podrá acertar a la hora de apoyar las verdaderas soluciones, si es que éste es el objetivo que se pretende. Yo dudo mucho que así sea.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena 

GRACIAS, CHORIZOS

                        Como era de esperar, el resultado obtenido por la amnistía fiscal, promovida por el Gobierno, ha resultado un rotundo fracaso. De los 2.500 millones de recaudación que había previsto (una minucia ante el mastodóntico fraude existente) para reducir el déficit, sólo se han recaudado 1.200 millones de euros, tal como ha anunciado Cristóbal Montoro, coincidiendo con dos asuntos que, para algunos analistas, suponen algo más que una mera coincidencia. Me refiero a la detención del expresidente de la CEOE Díaz-Ferrán en el marco de la “operación Crucero” y a la decisión “in extremis” del Ejecutivo de no actualizar las pensiones por el desvío de la inflación. Cabe especular, aunque el gobierno lo niegue, que el primer asunto se utilice para desviar la atención ante el fracaso recaudatorio y el segundo para compensar los 1.300 millones que no se han recaudado. Es lo de menos. Al fin y al cabo ya sabemos quienes hemos de pagar el pato para reducir el déficit. Entretanto, junto a los viejos y conocidos casos de corrupción, que duermen el sueño de los justos en los tribunales, afloran otros nuevos, para no variar, como la “operación Emperador” de las mafias chinas (en libertad a causa de un despiste judicial), el “caso Mercurio” en el Ayuntamiento de Sabadell o los casos Mas y Pujol de supuestas cuentas en paraísos fiscales. Un elenco de casos sonados de corrupción que, junto a otra serie interminable de menor entidad, hacen de España uno de los países más corruptos, un verdadero paraíso para los delincuentes. Este fiasco de la amnistía fiscal (no sólo por su fracaso recaudatorio, sino también por otros muchos aspectos) ratifica todos y cada uno de los argumentos expuestos en su contra en mi artículo “Insulto a la ciudadanía” (publicado en el blog “Ojo crítico” el pasado 16 de abril), cuyo título, a tenor de los argumentos del ministro Montoro para defender la medida, queda elevado ahora a la categoría de afrenta intolerable.

            En efecto, mientras el fiscal general del Estado considera “imprescindible” aumentar la plantilla de la Fiscalía Anticorrupción por el “evidente incremento de fenómenos de corrupción política, social y financiera”, reclamando una oficina de recuperación de activos para el reintegro de lo defraudado; mientras considera “desolador” el excesivo tiempo invertido en investigación y enjuiciamiento de delitos, cuyas dilaciones provocan sentencias tardías e ineficaces o prescripciones inaceptables de los delitos investigados; mientras los propios técnicos de Hacienda consideran un fracaso recaudatorio ante el volumen de lo defraudado, que evalúan en una pérdida de ingresos de 148.000 millones entre 2008-10; mientras todo el mundo considera la amnistía un estrepitoso fracaso, Montoro manifiesta que “ha valido la pena realmente hacer una operación así en un momento como vive España” ya que “permite recaudar mucho más en un momento vital para financiar los servicios públicos y conseguir alcanzar el objetivo de déficit público”. Sólo le ha faltado agradecer la generosidad de los chorizos que se han acogido a la amnistía y han aflorado 12.000 millones de dinero negro y cuentas en el extranjero a cambio de no ser sancionados y tributar al 10%, provocando un claro agravio comparativo frente a empresas y contribuyentes honrados que, en el mejor de los casos, duplican o triplican dicho gravamen. Además, el ministro incluso niega la existencia de una amnistía fiscal y califica la operación como “una regulación de bases” positiva ya que, en ejercicios siguientes, generará ingresos tributarios continuados, pues se trata de un importante volumen de activos y bienes que durante años han permanecido ocultos y al aflorar pasan a tributar con normalidad en el futuro. ¡Faltaría más!. Sólo le ha faltado hacer una súplica u ofertar más ventajas a la inmensa mayoría de chorizos que, siendo titulares de dichos activos y bienes ocultos, han decidido rechazar la generosa oferta de convertirse en ciudadanos honrados por tan módico precio.

            Cuando hasta el fiscal general del Estado considera que el alto nivel de corrupción atenta directamente contra el sistema democrático y las encuestas dicen que siete de cada diez españoles están en desacuerdo con el funcionamiento del mismo, es muy grave que el ministro de Hacienda valore positivamente esta chapuza insolidaria, injusta y antidemocrática. La erradicación o, al menos, la reducción de la corrupción, en cualquiera de sus modalidades, sólo es posible con un endurecimiento de las penas, asociadas a la devolución de lo malversado o defraudado, y con una mayor agilidad en la investigación, persecución y enjuiciamiento de los delitos. Es lo que Montoro debiera haber anunciado. Lo contrario es favorecer un marco de impunidad para los chorizos y de indefensión para los honrados, quienes han de soportar estoicamente las consecuencias sociales, políticas y económicas que, directa o indirectamente, provocan sus fechorías. Es el marco que, lamentablemente, hemos creado en España y, en tales circunstancias, sólo nos falta ya, siguiendo las pautas del ministro, dirigirnos a quienes se han acogido a la amnistía para decirles: Gracias, chorizos, por la generosidad que demostráis al aflorar voluntariamente parte del dinero que nos habéis robado. Gracias por diferenciaros de la mayoría de chorizos que no lo han hecho.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena 

YA NADA SERÁ IGUAL

            Al margen del resultado electoral en Cataluña que, tras el giro secesionista de CiU, pone de manifiesto la crisis de Estado que padecemos; al margen del varapalo que ha recibido Artur Mas; y, al margen del desenlace final de su aventura independentista que, tras su fiebre sentimental y utópica, requiere, en todo caso, grandes dosis de racionalidad y realismo por parte de todos, se abre un nuevo escenario, espero que democrático, en el que ya nada será igual en España, políticamente hablando. Si el nacionalismo fue el cáncer que destruyó Europa en el pasado, es obligado evitar que su metástasis destruya España en el presente y la mejor receta, sin lugar a dudas, es la democracia, antídoto perfecto frente al virus totalitario que genéticamente acompaña a cualquier nacionalismo. Pero la democracia no se garantiza porque un pueblo, en este caso el español, decidiera en su momento dotarse de un marco jurídico democrático; requiere además que las distintas instituciones y autoridades que lo conforman sean leales con la legalidad establecida, cumpliéndola y haciéndola cumplir de forma permanente. Es lo que, lamentablemente, ha fallado en nuestro país, especialmente en lo referente al desarrollo del título VIII de la Constitución. Sólo así se entiende que el anti-españolismo, después de tres décadas de democracia, supere hoy en determinados territorios al existente en la Transición y que, incluso, germinen brotes verdes del mismo en territorios donde no existía. Por tanto, es positivo que Artur Mas haya liquidado de un plumazo el tradicional nacionalismo catalán, quitándose la careta que ocultaba sus verdaderas intenciones independentistas, que superan incluso el planteamiento de sus mentores como Prat de la Riba o Francesc Macía, quien, como primer presidente de la Generalitat, proclamó unilateralmente la “República Catalana como Estado integrante de la Federación Ibérica” o su sucesor, Lluis Companys, al proclamar “el Estado Catalán dentro de la República Federal Española”. El órdago sin precedentes de Artur Mas requiere que, de una vez por todas, se acometa con todas las consecuencias, la reforma del caótico Estado Autonómico pues, a las pruebas me remito, nada puede ya, ni debe, seguir siendo igual, salvo que el objetivo sea la autodestrucción del Estado Español.

            Sin embargo, esta crisis de Estado, consecuencia de su propia negligencia, no se superará con un simple maquillaje para buscar acomodo ventajoso de Cataluña dentro del mismo; otros territorios exigirían idéntica reivindicación insolidaria haciendo inviable la existencia del propio Estado. Tampoco, haciendo oídos sordos al fracasado órdago masista para que salga indemne del berenjenal en que se ha y nos ha metido. Superar la crisis de este acéfalo y, s su vez, pluricefálico Estado Autonómico pseudofederalista, parecido a una hidra con diecisiete cabezas que pugnan por devorarse unas a otras, requiere de una segunda Transición, un nuevo pacto entre todos los españoles. Si el primero sirvió para salir de la dictadura nacionalista española, el segundo debe sacarnos de la devaluada democracia a causa de los nacionalismos periféricos, enfrentados, con más o menos éxito, hasta la saciedad de forma desleal contra el Estado del que forman parte, gracias a las ventajas que éste les otorga, incluso en la legislación electoral, y a la permisividad, cuando no complicidad, con sus actos antidemocráticos. Un pacto que, ante la inviabilidad de un estado unitario y la inoperancia de mantener el genuino estado autonómico tal cual, pasa, según algunos analistas, por crear un estado federal que evite procesos independentistas anacrónicos e inasumibles no sólo en España sino también en los demás estados que conforman la UE. Pero no hay que olvidar que el primer requisito del federalismo, normalmente entre entidades políticas soberanas, que no es el caso, requiere dejación de soberanía por parte de los estados federados a favor del Estado Federal resultante, mientras que aquí se pretende precisamente lo contrario. La cuestión es que la Historia de cada cual es la que es, por más que se quiera enmascarar.

            En cualquier caso, lo primero a tener en cuenta es que el problema de fondo no es el modelo de estado, sino la voluntad política por parte de todos de actuar con lealtad democrática, sometiéndose a sus reglas de juego y desautorizando a quien actúe al margen de las mismas. Así lo supusieron los constituyentes al diseñar el Título VIII de la Constitución para transformar el estado español, tradicionalmente unitario y centralista, en estado descentralizado de corte federalista, aún siendo “rara avis” en el proceder histórico de los estados existentes. Y no ha fallado el modelo, lo ha invalidado quienes, desde el inicio, lo han dinamitado sin ningún tipo de cortapisas incentivando y desarrollando políticas centrífugas e insolidarias, que esencialmente son impensables en cualquier tipo de estado y especialmente si es federal. Con estos planteamientos, hablar de federalismo o de cualquier otro modelo estatal es una gigantesca pantomima. Un estado democrático no es viable si apoya e incentiva políticas liberticidas que pretenden destruirlo con métodos ilegales, extorsionando las libertades que dicho estado garantiza. Es, sencillamente, una contradicción inasumible. Por tanto, lo primero que toca ahora es garantizar explícitamente que cualquier decisión tendente a superar la crisis de Estado se ajustará estrictamente a la legalidad vigente, es decir, la legalidad constitucional, que es la única legítima y democrática, desenmascarando y desautorizando a quienes apelan a una supuesta “legitimidad democrática” al margen de la anterior. La mejor forma de fortalecer la democracia es exigir que, en cada momento, cada palo aguante su vela. Las últimas declaraciones de Durán i Lleida en el sentido de mantener la reivindicación del famoso referéndum desde la legalidad es un buen inicio. Esperemos que tras ellas no existan nuevas caretas que ocultan la realidad. La liquidación del pseudonacionalismo constitucionalista de CiU para transformarse en independentismo, al menos, aclara a sus votantes y al resto de ciudadanos a lo que realmente estamos jugando. Es una opción tan legítima como cualquier otra, siempre que se desarrolle dentro de los cauces legales. Lo anterior era sustancialmente peor y más confuso. Por ello ya nada puede, ni debe, seguir siendo como hasta ahora.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena