MAS, A MENOS

            Se mire como se mire el resultado electoral en Cataluña supone un rotundo fracaso para CiU, ganador de las elecciones, y un batacazo personal para Artur Mas que, por honestidad democrática, debiera presentar su dimisión. Un batacazo de tal magnitud que eclipsa el fracaso del PSC-PSOE -el otro partido que junto a CiU y SI pierde escaños- y el éxito del resto de partidos que, en mayor o menor medida, consiguen aumentarlos. El populista proyecto de Mas para liderar el independentismo ha ido a menos de forma estrepitosa, provocando innecesariamente una inestabilidad de gobierno en Cataluña sustancialmente mayor que la existente cuando decidió disolver el Parlament. No le bastaba el veredicto popular de hace dos años que le permitía gobernar Cataluña con su proyecto nacionalista desde una mayoría parlamentaria de 62 escaños –a 6 de la mayoría absoluta- y solicitaba ahora una “mayoría excepcional” para gobernarla con su nuevo proyecto independentista. Quería que el pueblo hablara de nuevo, pero no de su gestión, sino del nuevo maná prometido. El pueblo ha hablado y le acaba de decir que la mayoría excepcional que solicitaba se queda en 50 escaños –a 18 de la mayoría absoluta- ya que para independentismos genuinos ERC tiene la patente desde hace tiempo y por ello le otorga la mayor subida en número de escaños, 21 frente a los 10 anteriores, que la convierte en la segunda fuerza política, relegando al PSC al tercer lugar con 20 escaños frente a los 28 anteriores. Si a ello añadimos la desaparición de los cuatro escaños de SI y la irrupción con tres escaños de CUP como nueva opción independentista, la ligera subida del PP (19 escaños, frente a 18) y de ICV (13, frente a 10), junto a la espectacular subida de C´s (9, frente a 3), resulta un Parlament con 74 escaños independentistas, frente a los 76 anteriores que sumaba CiU, ERC y SI.

            Mas va a menos porque ha sometido a los catalanes y al resto de españoles a un enfrentamiento innecesario que, además, cuesta dinero, desconcierta a los votantes tradicionales de CiU, anima a los independentistas de Esquerra, inquieta al resto de países de la UE y añade nuevos problemas que dificultan las soluciones a la crisis que sufre Cataluña y el resto de España, menoscabando la credibilidad del gobierno ante sus interlocutores            internacionales. Los catalanes no han caído en su hábil estrategia de tapar su desastrosa gestión de la crisis con una apuesta hacia la nada que, en el mejor de los casos, sólo genera incertidumbres en un lejano horizonte y un caos en el horizonte próximo. Ni sus patrañas de ofertar una Cataluña más rica que ni siquiera saldría de la UE, ni su osadía de culpar al resto de españoles de un expolio inexistente, ni sus promesas de inmolarse personalmente tras encauzar el camino del paraíso, han logrado hacer caer en la trampa a un pueblo que, una vez más, demuestra más sentido de la responsabilidad que el que tienen sus gobernantes.

            Mas va a menos porque, despreciando un escenario político viable para resolver los problemas de Cataluña, los catalanes le devuelven un escenario más complejo para que no sólo demuestre sus cualidades mesiánicas sino también las de gobernante. Cierto que sin CiU no hay alternativa de gobierno para la legislatura que comienza, pero cierto también que sólo CiU no puede liderar ni el futuro gobierno ni el proceso del nuevo proyecto. Se ha convertido en reo de su propia irresponsabilidad. Cualquiera de las alianzas posibles –ERC, PSC o PP-, que matemáticamente le garantizan una mayoría suficiente para gobernar, le supone costes políticos imprevisibles, tanto si prioriza el objetivo de la gobernabilidad de Cataluña o el de su mágico proceso independentista. Para el primer caso necesita al PP que, en buena lógica y por decencia política, exigiría como mínimo una renuncia expresa al proyecto independentista. Para el segundo, a ERC que, por coherencia, exigiría un calendario para convocar el referéndum ilegal y, entretanto, la renuncia expresa a las políticas de gobierno de CiU. Para ambos casos, al PSC que, por su indefinición e incoherencia, igual vale para un roto que para un descosido como viene demostrando en los últimos tiempos. Habrá que estar atentos a las piruetas de Mas para salir del atolladero en que se ha metido y ha metido a CiU.

De momento en su tardía y dramática comparecencia en televisión tras el resultado de las urnas, emplaza a todos a la responsabilidad para que se hagan corresponsables de su irresponsabilidad. Que Mas vaya a menos, no quiere decir que haya perdido su habilidad para la puesta en escena a la hora de vender humo. Sabe perfectamente que en política es todo posible. Sobre todo, si los que tiene enfrente son más ingenuos e irresponsables que él. Es el último cartucho para recuperar a un Mas venido a más.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena 

BOCHORNOSO ESPECTÁCULO

            Como era de esperar las elecciones catalanas están ofreciendo un bochornoso espectáculo dentro y fuera de España. No se podía esperar otra cosa de unas elecciones innecesarias, convocadas a mitad de legislatura, con el objetivo de plantear como problema, a resolver por vía de urgencia, un asunto, el independentismo, que, entre todos los que tiene Cataluña sin resolver, es, en todo caso, el que más puede esperar y el de más compleja e incierta solución. Ante un paro insostenible, una calificación económica de bono basura, una deuda descomunal, una incapacidad para afrontar el gasto corriente y otras tantas variables igual de desalentadoras, es bochornoso que el gobierno catalán nacionalista de derechas, presidido por Artur Mas, sin motivo aparente, salvo su incapacidad para afrontar esta situación crítica, someta a los catalanes a tamaña irresponsabilidad. Es bochornoso que el caprichoso proyecto populista de Mas se anteponga a los problemas reales de los ciudadanos, al extremo de hacerlos desaparecer del debate político electoral y presentar de forma virtual una Cataluña libre de la crisis que padece España y el resto de Europa, para que nadie les diga a los electores qué va a pasar el día después de las elecciones, cuando esta Cataluña virtual se convierta de nuevo en la Cataluña real, probablemente –según las encuestas- con el mismo gobierno nacionalista de derechas, ahora independentista, que les sometía al derroche identitario y a la penuria económico-social.

            Es bochornoso que, con la que está cayendo, la innegable inteligencia política de Artur Mas para cambiar el terreno del debate electoral, convirtiendo la campaña en un plebiscito independentista para beneficio personal, haya sido capaz de incapacitar a los demás partidos políticos para desenmascararle ante la sociedad catalana. Le ha bastado liquidar el nacionalismo de CiU, transmutándola al independentismo frívolamente, para que, ni los partidos independentistas de toda la vida ni los constitucionalistas, ahogados en internas luchas personales y en incoherencias ideológicas, sean capaces de protagonizar unos comicios, por primera vez sin nacionalistas con los que tan cómodos se sentían unos y otros en elecciones precedentes. Todos, en mayor o menor medida, son reos ahora del coqueteo con el nacionalismo egoísta cuando les ha convenido. La difuminación progresiva de las clásicas variables ideológicas, izquierda-derecha y constitucionalismo-independentismo, pone ahora en evidencia que quienes juegan con fuego, al final, suelen quemarse. Desaparecido el falso nacionalismo-constitucionalista de la escena política, todo su legado anti-españolista –acumulado durante años con la colaboración de casi todos los demás- inclina la balanza a favor de un callejón de difícil salida democrática. Es el destino final de un itinerario que comienza con el trueque de los gobiernos centrales -tanto del PSOE como del PP- con CiU para garantizarse la mayoría parlamentaria cuando lo han necesitado, que se consolida con el funesto gobierno catalán tripartito entre PSC-PSOE, ERC e ICV y que culmina con el apoyo del PP al último gobierno de Artur Mas. En todo este tiempo, la permisividad, cuando no la colaboración, con declaraciones y actuaciones inconstitucionales, que culminan con el último Estatuto de Autonomía, han propiciado este ambiente de rechazo a lo español y de adhesión a lo catalán, con la paradoja de que cualquier crítica a actuaciones antidemocráticas del gobierno catalán te convierte en un asqueroso españolista dictador enemigo de Cataluña, mientras que cualquier elogio a dichas actuaciones totalitarias te convierten en un defensor de la catalanidad y paladín de la democracia.

            Ahora de poco vale que desde la UE, desde el gobierno popular de Rajoy o desde la oposición socialista de Rubalcaba se diga que el proyecto de Mas no encaja en las estructuras democráticas y lleva a Cataluña, en el mejor de los casos, al aislamiento. Si García-Margallo mantiene que supondría “un golpe de Estado en términos jurídicos”, Mas se inventa el fenómeno político de “un golpe de Estado democrático”, si se le impide llevarlo adelante. Si se publican supuestas corrupciones de CiU o del mismísimo Mas, responde que es un ataque a Cataluña. Si Marcelino Iglesias manifiesta los horrores del hipernacionalismo en el pasado, Mas ni siquiera necesita contestarle, sus compañeros del PSC ya se encargan de que matice sus palabras. Cualquier crítica, cualquier acusación sobre su forma de proceder se convierte en un acoso a Cataluña, cuyos gobernantes sí pueden insultar al resto de España y sus instituciones sin que ello suponga ataque alguno. Todo juega a favor de esa nueva Cataluña, una, grande y libre, que, pase lo que pase, ha creado Mas, con la ayuda de todos, a su imagen y semejanza. Una Cataluña en la que a Mas, al igual que a Luis XIV de Francia, bien se le podría atribuir la famosa frase “El Estado soy yo”, aunque, lo cierto es que el “Rey Sol”, poco antes de morir, dijo “Me marcho, pero el Estado siempre permanecerá”. Esperemos que el señor Mas, al que deseo una larga vida, no tarde tanto tiempo en reconocer que los estados están por encima de las personas. Y los catalanes, también.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena 

NI TRIBUNALES, NI CONSTITUCIONES

¿Qué pensarían ustedes si un gobernante, les dice públicamente que ni los tribunales, ni las constituciones pararán su proyecto político? ¿Qué, si además añade que dicho proyecto va mucho más allá de cualquier formación política y de cualquier persona? ¿Qué, si finaliza diciendo que su partido político es el instrumento a favor del mismo? Sin poner nombre ni rostro al personaje, seguramente pensarían que se trata de un visionario, que, en posesión de la verdad absoluta y por encima de la justicia y la ley, está dispuesto a utilizar cualquier medio para conseguir su mesiánico fin, justificado por los infinitos beneficios que aportará a sus gobernados. Pero ¿qué harían si semejantes argumentos totalitarios los esgrimiera en campaña electoral alegando que un proyecto de tal magnitud sólo se puede encabezar con un fuerte liderazgo y para ello necesita votos prestados que le otorguen una mayoría excepcional? Aun conociendo su mágico proyecto, aun coincidiendo con él, seguramente tendrían muy claro, como mínimo, a quien no deben votar. Teniendo en cuenta que el mismísimo Hitler fue más cauto a la hora de anunciar su apocalíptico proyecto y sus métodos para implantarlo antes de ganar las elecciones de 1934 e instalado ya en el poder como canciller, sería imposible que cualquier demócrata confiara en alguien que previamente le anuncia que la justicia y la legalidad han de subordinarse a una causa que está por encima de las personas, las ideologías –salvo la suya- y los partidos políticos.

Pero, si además de todo lo anterior, que podría ser fruto de un mal momento, analizaran su trayectoria política, en la que desde su ideología liberal-nacionalista, hubiese obtenido un gobierno autonómico venciendo en buena lid democrática por mayoría simple en unas elecciones ajustadas a la legalidad constitucional y con un proyecto acorde a la misma, pero, desde entonces, gobernase desacatando la legalidad que le ampara en los asuntos que le interesa, haciendo caso omiso de las sentencias judiciales competentes, considerando ajeno y hostil al Estado del que forma parte su territorio y culpándolo de su mala situación para ocultar su desastrosa gestión, probablemente, su desconfianza se tornaría en preocupación bien fundamentada. Si además se hubiese atrevido a exigir al gobierno central del Estado un tratamiento fiscal insolidario más favorable que para el resto de territorios que lo conforman sabiendo que está fuera de la legalidad vigente, y, ante la obviedad de no conseguirlo, hubiese osado advertir al presidente del gobierno que se atenga a las consecuencias, para, acto seguido, disolver el legislativo autonómico a mitad de mandato, convocar nuevas elecciones y presentarse como líder del proyecto independentista de otros partidos minoritarios rivales, derrotados por él en los últimos comicios, para conseguir parte de sus votos que, sumados al voto nacionalista sin opción electoral propia por primera vez, le otorguen esa mayoría excepcional para poder implantarlo al margen de las leyes y de los tribunales…¿qué conclusión sacarían?

Pues bien, es lo declarado y actuado, hasta la fecha, por Artur Mas, presidente de la Generalitat de Cataluña y líder de CiU, federación de nacionalistas liberales y democristianos catalanes, protagonista junto al resto de partidos de ámbito estatal en la configuración actual del Estado Español, que además ha gobernado Cataluña en casi todo el periodo democrático y ha sostenido gobiernos estatales, tanto socialistas como populares, cuando éstos no han obtenido mayorías absolutas en las Cortes Generales. Innegable pues la alta responsabilidad de CiU en la actual estructura gubernamental de la España democrática, así como en su gobernabilidad. Pero Mas descubre ahora que “entre Cataluña y España se ha producido un sentimiento de fatiga mutua” así como que “la España del norte se ha cansado de la España del sur, y la Europa del norte también se ha cansado de la Europa del sur” y, animando a que los catalanes asuman tan sólidos argumentos, decide liderar un proyecto trascendental consistente en independizar un territorio, que voluntariamente forma parte de España desde hace cinco siglos y jamás fue independiente a lo largo de toda su historia anterior, justo cuando goza de una autonomía política, administrativa y cultural, que incluso muchos estados federales quisieran para sí mismos. En su delirio de converso no tiene reparo alguno en derramar demagogia a raudales para desfigurar el pasado de Cataluña, evadir sus propias responsabilidades en su situación presente y diseñar su futuro como un paraíso prometido. España y Europa, no sabemos si toda o sólo la del norte o la del sur, modificarán su legalidad democrática para albergar este nuevo estado que, situado al norte de España y al sur de Europa, podrá incluso decidir su orientación geográfica según le convenga para que ni quepa la posibilidad de que finalmente sea toda España, incluida Cataluña, y toda Europa quienes acaben cansándose del señor Mas. Si esa Europa del norte se ha cansado de la del sur, menos de Cataluña, ¿por qué iba a cansarse de ella cuando sea independiente? Entonces, ya sería norte. Ya ven, es así de sencillo.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

SIEMPRE CON RETRASO

            Un buen gobernante, un buen político, debe resolver no sólo los problemas de la ciudadanía, sino también prever los que, según los indicios, puedan sobrevenir en el futuro, adoptando todas las medidas preventivas a su alcance para que, en caso de no poder evitarlos, sus efectos causen el menor daño posible. En España sucede todo lo contrario. Nuestros gobernantes, en ambos supuestos, siempre llegan con retraso. Como resultado, los problemas se acumulan y las soluciones no llegan o llegan tarde y mal. Tarde, porque lo hacen cuando los daños, siendo evitables, ya son irreparables y han causado alarma social. Mal, porque, en tales circunstancias, las medidas se suelen tomar precipitadamente, ante la urgencia de calmar la conmoción social, sin la reflexión necesaria para dar respuesta eficaz a idénticos problemas en el futuro. 

            Han tenido que morir cuatro jóvenes, aplastadas por una avalancha humana en una macrofiesta de Halloween celebrada en el Madrid Arena, para que en concentraciones de jóvenes posteriores se estén tomando amplias medidas de seguridad, incluso abusivas según algunos. Han tenido que suicidarse dos personas deshauciadas para que el PP y el PSOE intenten por fin un acuerdo sobre la necesidad urgente de tomar medidas para que semejante drama social, más bien tragedia, no siga repitiéndose ni un día más. Y así podríamos citar múltiples casos sobre distintas problemáticas que, a todas luces, necesitan la intervención de la administración, requerida muchas veces por la ciudadanía, pero que sólo se produce cuando llega la tragedia, cuando sólo queda el lamento. “Se veía venir”, es la frase recurrente. Pero, si se veía venir, ¿quién es el responsable de no haber puesto los medios para evitarlo? Ahora ya no basta con ponerlos, además hay que asumir las responsabilidades políticas, penales y administrativas que correspondan por no haberlos puesto a su debido tiempo.

            Siempre con retraso a la hora de aplicar la normativa establecida, como en el primer caso, y a la de adecuar a las circunstancias actuales una legislación obsoleta, como en el segundo. Dos vicios congénitos en el proceder de nuestros gobernantes, negligencia e imprevisión, que invalidan doblemente su nefasta gestión. O se carece de leyes y normas eficaces ante los problemas de la gente o se aplican mal las existentes. Lo acaecido en el Madrid Arena se hubiese evitado simplemente supervisando la aplicación rigurosa de la normativa de seguridad establecida para ese tipo de eventos; lo acaecido por los deshaucios, simplemente derogando una ley arcaica y sustituyéndola por otra que responda a las necesidades reales de la sociedad actual que nada tiene que ver con la que en su día la motivó.

            Ahora, aunque tengamos que resignarnos al “más vale tarde que nunca”, hemos de tener claro que, al margen de las responsabilidades de cada uno, los verdaderos culpables de tanto dolor ni son los jóvenes que pretenden divertirse, ni las empresas que organizan eventos de ocio, ni los prestatarios que no pueden afrontar el pago de su hipoteca, ni los bancos que quieren cobrar los préstamos concedidos. Los verdaderos culpables, los primeros responsables por acción u omisión, son quienes, pudiendo evitarlo, permiten un marco de riesgo o de abuso, que rebasa lo razonable, en el ejercicio de los derechos ciudadanos sin ponderar que unos derechos han de prevalecer siempre sobre otros en caso de colisión entre ellos. La negligencia administrativa, en el caso Madrid Arena, no debe quedar impune, al margen de la responsabilidad concreta del promotor por no atenerse a la normativa vigente y sobrepasar su legítimo derecho a obtener el razonable beneficio, poniendo en riesgo para incrementarlo la vida de quienes ejercer su derecho a divertirse. Con la imprevisión legislativa y gubernamental, en el tema de los deshaucios, sucede lo propio al permitir que miles y miles de personas soporten una legislación abusiva del derecho bancario a obtener beneficios con sus préstamos privándoles de su derecho a una vivienda al no poder afrontar las cuotas hipotecarias por circunstancias sobrevenidas, al extremo de que, aún entregando la vivienda, quedan como deudores con el banco para toda la vida.

            Pero, dicho lo anterior, lo inadmisible ahora es que, aprovechando la conmoción social, se actúe precipitadamente para que, como siempre, en el río revuelto ganen los pescadores. No es lo mismo solucionar el problema de quienes se endeudaron para comprar su vivienda, confiando en las facilidades del momento, que de quienes lo hicieron conscientemente, con mayores facilidades aún, para especular y enriquecerse, aunque ahora, con sus fortunas a buen recaudo, figuren como insolventes y pretendan acogerse a las obligadas soluciones que se establezcan para los primeros. Sabemos que, al final, los de siempre, siempre salen ganando y que es el pueblo quien, a la postre, paga la factura. Sólo faltaría que, una vez más, en ella, además del menú del día, se incluyan menús a la carta, con café, copa y puro.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena 

ESTADO DE DERECHO, DEMOCRACIA Y LIBERTAD

            Aunque parezca banal, el perverso derrotero de demasiados acontecimientos indeseables que suceden en España, hace necesario que, al menos de vez en cuando, recordemos qué es un Estado de Derecho y cómo se ejerce la democracia y la libertad en el mismo, tal como lo entienden todos los ciudadanos en los distintos países libres y democráticos del mundo. En España, por lo visto, no lo tenemos tan claro y, por ello, vale la pena reflexionar al respecto en beneficio de todos.

            El Estado de Derecho, ya desde su acepción formal, está sometido al principio de legalidad, pero en su acepción real, como es el caso, requiere además que cualquier poder esté limitado por la ley, condicionando no sólo sus formas sino sus contenidos. Por tanto, además del principio de legalidad, que incluso estados autoritarios pueden asumir, requiere como mínimo la obligatoriedad del Derecho respecto al Estado, la supremacía de la Constitución y la responsabilidad del Estado frente a sus ciudadanos. En el Estado Constitucional de Derecho, como es el caso, el principio de legalidad, consustancial a todo Estado de Derecho, no sólo obliga a la administración y la jurisprudencia, sino también al legislador ordinario que ha de respetar la Constitución, garante de los derechos fundamentales y del modelo institucional estatal. Por ello, en cualquier país democrático y civilizado, regido por el Estado de Derecho, sus ciudadanos y especialmente sus gobernantes entienden que el primer requisito de una convivencia en paz y libertad es la lealtad constitucional, es decir, la obligación de fidelidad a las reglas de juego establecidas, recogidas en su Constitución, y el acatamiento a la legalidad vigente que emana de las mismas. Sin entrar en más detalles técnicos –ni el espacio lo permite, ni el objetivo de pedagogía política lo requiere- en cualquier Estado de Derecho Democrático sus autoridades se rigen, permanecen y se someten al derecho legítimo vigente, actuando todos ellos conforme al ordenamiento territorial, institucional y competencial establecido. Es la diferencia sustancial con estados autoritarios, dictatoriales o totalitarios de cualquier signo ideológico.

            Es precisamente el respeto y acatamiento a las reglas de juego establecidas en la Constitución lo que asegura una convivencia pacífica, democrática y libre, evitando que se convierta en violenta, anárquica y libertina, antesala para facilitar la instauración de regímenes totalitarios. Por ello la Constitución, además de garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos, además de legitimar los distintos poderes del Estado y la autoridad de los cargos que la ejercen, además de marcar el territorio y la organización político-administrativa estatal, así como otros muchos aspectos no menos importantes, es a la vez el corsé necesario que marca las líneas rojas que jamás han de rebasarse. Es el límite indispensable para posibilitar el ejercicio práctico de la libertad y la democracia a una sociedad, así como la garantía de una convivencia pacífica y segura. Es la concreción necesaria para llenar de contenido ambos conceptos, pues en su acepción teórica, libertad y democracia, no son más que conceptos abstractos que, en todo caso, jamás pueden significar que cada cual haga lo que le venga en gana o que un grupo decida hacerlo a su antojo simplemente porque una mayoría del mismo así lo quiere a su libre albedrío. Por eso es incuestionable que cada una de las instancias estatales, cada autoridad legítima que la represente, se someta en todo momento al cumplimiento escrupuloso de la ley, actuando conforme a las competencias que ésta le haya encomendado. De no hacerlo, queda ineludiblemente deslegitimado para seguir ejerciendo su autoridad, obtenida gracias a la legalidad que ahora pretende desacatar aunque sea para conseguir loables y legítimos objetivos. Cualquier reivindicación tiene cabida dentro de la legalidad, incluida la reforma de la propia Constitución si para ello fuese necesario, pero siempre respetando los requisitos establecidos al respecto. Lo contrario supone situarse en la senda del totalitarismo.

            Cuando, para conseguir su proyecto político, un gobernante democrático actúa contra la legalidad que legitima su propia autoridad, invade competencias que la soberanía popular no le ha confiado, desafía al entramado institucional establecido y al resto de autoridades del estado, enfrenta interterritorialmente a los ciudadanos y alienta a sus seguidores a desafiar insolidariamente al bien general, culpando a los demás de todas las dificultades y considerándoles como una rémora para salir de las mismas, se convierte en el peor enemigo de la democracia, la paz y la libertad. Un visionario peligroso que, prevaliéndose del estatus conseguido democráticamente, sólo entiende la democracia como método para conseguir el poder personal suficiente para imponer su ideología liberticida. Un dictador en potencia que no tendrá reparos en acusar como tal al Estado de Derecho del que forma parte si éste le aplica las sanciones que establece la Constitución para evitar precisamente su demolición. ¿Sucede algo de esto en España? Analícenlo ustedes.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena 

TRIUNFO HISTÓRICO

            Se cumplen treinta años del histórico triunfo del PSOE por mayoría absoluta en las elecciones generales celebradas el 28 de octubre de 1982, que supusieron un antes y un después en nuestra historia reciente, pues finiquitaba la transición democrática al consolidar, con un posterior traspaso de poderes ejemplar, la alternancia política y, por tanto, la democracia en España que acababa de nacer. El PSOE, con Felipe González a la cabeza, obtenía 202 diputados, la mayoría más cómoda obtenida hasta hoy por cualquier otra formación política, e iniciaba un proceso de transformación social, política y económica en España sin precedentes. En tiempos tan difíciles el pueblo español apostó de forma contundente por aquel sugerente eslogan socialista de campaña electoral, “Por el cambio”, que sintetizaba la esperanza de la inmensa mayoría de ciudadanos por acabar definitivamente con la España negra del franquismo que todavía presentaba un color gris oscuro, invitando a la desesperanza, a pesar de los esfuerzos por evitarlo del líder de la transición Adolfo Suárez y de la mayoría de líderes políticos. La UCD, coalición mayoritaria gubernamental hasta el momento, había saltado por los aires el año anterior al extremo de que ni siquiera dejó acabar la primera legislatura democrática como Presidente del Gobierno a Adolfo Suárez, sustituyéndole por Calvo Sotelo. Y, para colmo, en plena sesión de investidura del nuevo presidente, un grupo de militares, pistola y fusil en mano, tomaba el Congreso de los Diputados, impidiendo la investidura con la pretensión de acabar una vez más con la libertad del pueblo español y haciendo realidad los rumores de “ruido de sables” en los cuarteles que, desde los inicios del cambio político tras la muerte de Franco, se extendía por todos los corrillos. Era el esperpéntico, patético y, felizmente frustrado, golpe de estado del 23F.

Triunfo histórico no sólo para el PSOE, sino también para el pueblo español que, ante las incertidumbres y dificultades de las opciones de centro-derecha, decidió conceder un inmenso poder al único partido político que podía sacarnos del atasco. Y así fue. Se inició un tremendo esfuerzo para convertir España en un país normal, libre y democrático, como el resto de países civilizados del mundo. Quienes tuvimos el gran honor, como diputados o senadores, de formar parte de las Cortes Generales en aquella legislatura jamás olvidaremos la eclosión de alegría de tanta y tanta gente que se nos acercaba para felicitarnos y felicitarse, haciéndonos sentir la inmensa responsabilidad que asumíamos ante ellos. La situación no era halagüeña, casi todo estaba por hacer. La izquierda volvía al Gobierno de España tras 46 años y, a diferencia de entonces, lo hacía aglutinada en un partido sólido, renovado y con vocación de moderación y no de revanchismo, frente a una derecha que, con amplia experiencia de gobierno durante la dictadura, había fracasado en su intento de aglutinar en un proyecto sólido de consolidación democrática a sectores antagónicos, desde socialdemócratas a sectores con escasas convicciones democráticas.

Triunfo histórico que, revalidado en las dos siguientes legislaturas con mayoría absoluta más otra con mayoría relativa, permitió afrontar los cambios necesarios (algunos complicados, otros dolorosos) para alejar definitivamente los fantasmas del pasado y transformar el país en casi todos los campos. Un esfuerzo titánico de consolidación de la hegemonía del poder civil (reforma militar, lucha antiterrorista…),  de desarrollo del Estado del Bienestar (generalizar pensiones con las no contributivas, universalizar la sanidad, ampliar la protección por desempleo, iniciar políticas de igualdad, reforzar la educación con más becas, con la LODE, LOGSE, LRU…), de creación de infraestructuras (plan de autovías, AVE...), de superación del aislamiento internacional (integración en la CEE –hoy UE-, OTAN, lazos con Iberoamérica y El Magreb…), de impulso al modelo de Estado Autonómico (aprobación de estatutos…), de saneamiento de la economía (reconversión industrial, regulación agrícola…) y de tantas otras reformas que supusieron una modernización y un prestigio de España sin precedentes. La democracia quedaba asegurada y, como en otros muchos países, con un marcado bipartidismo entre un centro-izquierda y un centro-derecha -consolidado en estos años- sumando ambos más del 90% de apoyos. En estas circunstancias la nueva alternancia se produce en 1996 cuando el PP de Aznar gana las elecciones. Todo normal si sólo la lógica erosión de gobernar hubiese sido la causa. Pero lamentablemente iba acompañada de otros fenómenos, entre ellos la corrupción (instalada desde entonces en unos y otros) que tiraba por tierra la máxima de González: “los socialista podemos meter la pata, pero no la mano”.

Después de treinta años de aquel histórico triunfo estamos obligados todos, pero especialmente los socialistas, a hacer una reflexión profunda que explique por qué tanto entusiasmo y esperanza se ha tornado en tanto desinterés y desesperación, y por qué los nacionalistas, hoy independentistas, lo aprovechan para alentar un nuevo entusiasmo sólo en sus territorios pero sobre bases antidemocráticas. Cobra vigencia el eslogan del treintañero triunfo del PSOE y, de nuevo, para alejar las amenazas que acechan a la democracia, la paz y la libertad. ¿Es qué no hemos aprendido nada? ¿Es que no hemos enseñado nada los de entonces a nuestros hijos? Está claro, estamos fallando estrepitosamente.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

HERENCIAS NEFASTAS DEL PASADO

            Mientras España está en la UVI y sus médicos, en este caso los políticos, deben aunar todos sus esfuerzos para intentar recuperarla lo antes posible, muchos de los que forman parte del quirófano para intervenirla se empeñan en prolongar su agonía, cuando no en acelerar su defunción. Sea por incompetencia o irresponsabilidad, es alarmante la progresiva deriva de declaraciones y actuaciones públicas de líderes políticos, incluso algunos con responsabilidades gubernamentales en distintas instituciones, que son intolerables en democracia e inasumibles desde el sentido común, provocando un rechazo generalizado por parte de la ciudadanía. No en vano todas las encuestas sitúan a la clase política como uno de los principales problemas actuales del país al generalizar un asunto que debiera circunscribirse al ámbito individual. Pero no es menos cierto, que dicha generalización está más que justificada ante la manifiesta permisividad de los partidos políticos hacia los excesos de tan ilustres militantes y ante la dejación de autoridad desde las instituciones a la hora de defender el Estado de Derecho.

            Sólo en este ambiente de mediocridad, incompetencia e irresponsabilidad se puede entender, por ejemplo, que el líder de la oposición en la Asamblea de Madrid, el socialista Tomás Gómez, en sesión parlamentaria acuse de haber robado la infancia de los abuelos de los diputados de izquierdas a los abuelos de los diputados de derechas y a éstos, sus nietos, de pretender ahora robarles también su vejez con el asunto de las pensiones. Ingenioso argumento, probablemente a falta de otros, que no sería adecuado ni en un mitin partidario, pues muchos de los militantes asistentes se ofenderían por la acusación que hace a alguno de sus abuelos. Salvo que Gómez considere que la ideología es hereditaria, lo que le situaría en las antípodas del sentido común, nadie entiende -salvo el PSOE que no hace nada por evitarlo- este tipo de mensajes políticos que, obviamente, conducen a las derrotas sucesivas del PSM frente al PP madrileño.

            Más alarmante es que Felip Puig, nada más y nada menos que Conseller de Interior en Cataluña, manifieste impunemente que los Mossos d´Esquadra estarán al servicio de Cataluña en caso de conflicto ante el temor de que en el contexto de cambio “haya gente que quiera contraponer una legalidad jurídica a una legalidad democrática”. Salvo que Puig desconozca el funcionamiento del Estado de Derecho, es decir, de la democracia, lo que inevitablemente conduciría a destituirle por incompetente, son intolerables sus declaraciones de perfil totalitario que, de no hacerlas por ignorancia, debieran llevar aparejado a su cese algún tipo de imputación penal. Aunque, si su jefe de filas, el Sr. Mas, se permite el lujo de saltarse a la torera la legalidad democrática vigente a la que debe obediencia, apelando a que la exigencia de su cumplimiento supone volver a la España “una, grande y libre”, es obvio que Puig actúa por obediencia debida y, por tanto, su cargo está bien asegurado. El de Mas, también.

Que, tras más de tres décadas de democracia, se siga apelando al pasado para desenterrar sus herencias nefastas y usarlas como arma política, olvidando que una generación de españoles, herederos de las mismas, decidimos consensuar su enterramiento para poder ofrecer a nuestros hijos una España mejor que la heredada de nuestros padres, es la peor de las herencias para nuestros nietos. Sólo desde la mediocridad política e intelectual, que invita a la incompetencia y la irresponsabilidad, se entiende que un demócrata prefiera resucitar los fantasmas del pasado -que ya pertenecen a los libros de Historia- como argumento político en vez de buscar soluciones viables de futuro para superar los problemas del presente. Sólo se entiende desde la mediocridad o desde una mentalidad totalitaria, que es aún peor.

Pero lo trágico es que actuaciones como las citadas o peores aún se suceden casi a diario sin que nadie haga nada para evitarlo. Ni los partidos políticos, aunque sólo sea para evitar su progresivo descrédito, ni las autoridades gubernamentales, aunque sólo sea por obligación, toman medidas ante semejantes exabruptos. La consecuencia, un deterioro peligroso del Estado de Derecho en que día a día se hace más difícil una convivencia en paz y libertad. Si en todos estos años no hemos sido capaces de asumir nuestra propia Historia para, desde la libertad conseguida, aprender que sus episodios más negros jamás deben repetirse y, si en vez de erradicar los comportamientos que los provocaron, nos empeñamos en reproducirlos o fomentarlos, estamos condenando a nuestros nietos a la tragedia que vivieron sus bisabuelos. No es casualidad que algunos episodios actuales, tengan la misma carga antidemocrática de revanchismo, intolerancia e intransigencia que los acaecidos antaño, olvidando que esta España nada tiene que ver con la de entonces. Evitarlo es bien fácil: hacer pedagogía política y, sobre todo, aplicar la legalidad vigente, sometiendo al imperio de la ley a todo aquel que la viole. Dos asuntos que dejan mucho que desear en nuestro Estado de Derecho.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

HAMBRE

            ¿Se imaginan casi diecinueve Españas juntas con toda su población muerta de hambre? Pues no se lo imaginen, es real. Unos 870 millones de personas, según la FAO, pasan hambre en el mundo; de ellos, unos 16 millones en países desarrollados. O dicho de otra forma, de cada 100 personas que habitan el planeta Tierra, casi 13 de ellos pasan hambre y, por tanto, carecen del elemento básico, junto al agua, imprescindible para seguir viviendo. Muchos de ellos sufren esta tragedia de forma tan extrema que, tras una existencia de desnutrición, miseria y enfermedad, apenas pueden llegar a la edad adulta. Son datos escalofriantes que debieran zarandear permanentemente las conciencias de quienes estamos en la otra orilla, la del bienestar, luchando por una vida digna, la nuestra, como si fuera posible la dignidad negándosela a los demás, al extremo de no reconocerles cualquier derecho que los dignifique, incluido el elemental derecho natural de alimentarse. Con una mínima aproximación al problema concluiríamos que hay escasez de alimentos y, por tanto, se trata de una cuestión de supervivencia que, inevitablemente, condena al hambre a esa parte de la población mundial. Sin embargo, la propia FAO, manifiesta que anualmente se tiran a la basura 1.300 millones de toneladas de alimentos, tanto en zonas desarrolladas (95-115 kilos por habitante y año en Europa y EEUU) como subdesarrolladas (6 kilos, en el S y SO de Asia o en África Subsahariana), evidenciando que el problema no está en la escasez de alimentos a nivel mundial sino en la mala gestión de los mismos. Este inhumano desperdicio alimentario, que condena a tanta gente a morirse de hambre, obedece a múltiples causas, que van desde las limitaciones técnicas que tienen los productores en países subdesarrollados -que afectan al sistema de recolección, almacenamiento, refrigeración, conservación y distribución de alimentos- hasta los viciosos comportamientos de los consumidores en los países industrializados, pasando por los intereses económicos y especulativos de intermediarios y productores. El hambre en el mundo no es pues la consecuencia de una maldición divina, sino el resultado trágico del egoísta proceder del ser humano.

            El filósofo inglés Thomas Hobbes, partiendo del concepto que Plauto tenía del hombre cuando desconoce a sus congéneres, popularizó la famosa frase “Homo homini lupus” (El hombre es un lobo para el hombre) considerando el egoísmo como un elemento básico del comportamiento humano, al extremo de que concibe la convivencia gracias al intento de la sociedad por corregirlo, justificando así la existencia de un estado controlador con poder absoluto. Posteriormente, Rousseau, en las antípodas de Hobbes, mantuvo que “el hombre es bueno e inocente por naturaleza, lo que le corrompe es la sociedad” pues, según él, el “buen salvaje” vivía feliz hasta que apareció el egoísmo y el ansia de riqueza, es decir, la propiedad y con ella la sociedad y la injusticia. Juzguen ustedes mismos estas disquisiciones filosóficas que, en el fondo, coinciden en lo referente al egoísmo de la condición humana al margen del sistema de convivencia que desarrollen en cada momento y lugar los distintos grupos. La realidad es que desde la revolución neolítica (única sustancial al convertir al hombre en productor y, por tanto, en generador de excedentes y riqueza) los diversos grupos humanos han centrado sus esfuerzos en incrementar la producción para apropiarse de ella sin límites y no para redistribuirla y cubrir las necesidades de todos, generando una lucha externa entre las distintas comunidades y otra interna en cada una de ellas. Por ello, desde entonces, al margen de los distintos sistemas político-organizativos que se han dado a lo largo de la Historia, el hambre y la saciedad son las dos caras de la misma moneda en la vida del hombre.

            Que en pleno siglo XXI, con la economía globalizada y una alta tecnología que, aplicada al transporte y a los sectores productivos, hace el planeta tan pequeño, carece de justificación que se tire a la basura alimentos suficientes para erradicar el hambre, lo que pone en entredicho, una vez más, no sólo la supuesta bondad del hombre sino además su racionalidad. Sólo así se puede explicar que, para no saturar el mercado y mantener precios rentables, se destruyan toneladas de productos alimentarios antes de ponerlos en el mercado; que, por normativas de calidad alimentaria, se tire a la basura toneladas de alimentos caducados en vez de distribuirlos gratis días antes de su fecha de caducidad; que se gaste todas las energías y recursos en la producción de alimentos, para tirarlos, y no en conseguir un mejor aprovechamiento, distribución y consumo de los mismos. Que en plena crisis económica en España, por ejemplo, se amontonen en los cubos de basura de los restaurantes más de 63.000 toneladas de comida al año (unos 2´5 kilos diarios cada uno de ellos) para que los clientes habituales enfermen de colesterol mientras miles de españoles padecen hambre extrema es simplemente intolerable.

            ¿No sería más racional y mejor poner coto a este derroche nacional y universal? ¿No sería incluso más barato? Seguramente el problema de hacer las cosas bien es que nos impediría hacer campañas de ayuda alimentaria de vez en cuando para evitar el exterminio por inanición de tantos millones de personas y, en ese caso, ¿cómo nos demostramos a nosotros mismos todas las cualidades bondadosas que, supuestamente, adornan la condición humana?

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

NOMBRAMIENTOS PÚBLICOS, DE MAL EN PEOR

            Se mire como se mire es difícil entender los criterios que nuestros gobernantes utilizan para nombrar los diferentes cargos públicos en los distintos niveles institucionales. Lo cierto es que en los últimos años, desde ministros a cargos de menor importancia, hacen declaraciones y toman decisiones que dejan mucho que desear, al extremo de que los ciudadanos no llegan a entender los méritos que dichos sujetos atesoran para ser merecedores de las responsabilidades que se les encomiendan, pues, si de ellos dependiera, no obtendrían su confianza ni para presidir la rotativa presidencia de su comunidad de vecinos. En un artículo anterior (Ver “Ocurrencias y despropósitos” colgado en mi blog “Ojo crítico” jcremades1948@gmail.com, en marzo de 2011) recogía algunas de las más significativas barbaridades, de palabra u obra, protagonizadas hasta entonces por determinados cargos públicos, que sonrojaban a cualquier persona con sentido común, al margen de su preparación académica o técnica. También exponía el brillante destino que dichos personajes obtenían tras el cese de sus funciones como premio a su manifiesta incompetencia. Mi objetivo era recoger este elenco de incapacidades con la esperanza de que en lo sucesivo se fuera más cauto a la hora de investir a determinados personajes de representatividad pública, pues, al fin y al cabo, son el reflejo de la ciudadanía a la que representan y administran.

            Pero no escarmentamos. Vamos de mal en peor. Si entonces los responsables de tan acertados nombramientos eran los socialistas y el gobierno de Zapatero, ahora son los populares y el gobierno de Rajoy quienes hacen lo propio –como en otros muchos asuntos- superándoles ampliamente, aunque de momento no sea con cargos de primer orden. Pero todo se andará, el itinerario es idéntico. Las ocurrencias y despropósitos que nos regalaron, entre otros, Magdalena Álvarez, Bibiana Aído o Leire Pajín quedan eclipsadas, de no haberlas protagonizado siendo ministras, por la del presidente de los españoles en el exterior, José Manuel Castelao que, para dar validez al acta de la reunión de una de las comisiones a la que le falta un voto, manifiesta “No pasa nada. ¿Hay nueve votos? Poned diez… Las leyes son como las mujeres, están para violarlas”. Si en su día supimos, gracias a tan insignes personalidades, que el aborto es comparable a ponerse tetas, que un feto es un ser vivo pero no humano, que tener hijos es de ultraderecha y rancio o que cambiando el sexo del PIB mejora la economía, ahora sabemos que las leyes y las mujeres son entes susceptibles de ser violados a nuestro antojo. Cierto que el abogado Castelao no es ministro y sólo es presidente del Consejo General de la Ciudadanía en el Exterior, órgano consultivo y asesor del Ministerio de Empleo, cargo que ya desempeñó entre 1998 y 2002, aunque tampoco es un desconocido que acaba de llegar pues fue diputado del PP en el Parlamento de Galicia entre 2005 y 2009, pero, en todo caso, el menor rango del cargo que ocupa no le exime del repudio general por su talante machista y antidemocrático que raya lo delictivo.

            En cualquier país civilizado tamañas barbaridades supondrían el cese inmediato de dichos personajes. Aquí no sólo se les mantiene en el cargo sino que, además, cuando cesan, se les premia con otro cargo, normalmente mejor pagado, en otras parcelas de la “cosa pública”. Basta conocer el destino actual de muchos de ellos. Por eso, cuando el tal Castelao decide dimitir de su cargo mantiene que lo hace por “motivos personales” y dice “nadie me ha pedido mi renuncia”. Lleva razón. La ministra Fátima Báñez, propulsora de su nombramiento, debiera haber salido al paso, aunque sólo fuese por decencia estética, cesándole “ipso facto” o, en su defecto, diciendo públicamente que esa era su intención en caso de que Castelao no hubiese presentado su renuncia voluntaria. Se hubiesen despejado muchas incógnitas al respecto. Menos mal que algún portavoz de su departamento ha dicho que “el comentario fue, como mínimo, muy desafortunado” ¡Faltaría más!

Habrá que estar atentos al posible destino que las autoridades reservan a Castelao, pues, ya ven, siempre se puede encontrar un hueco en la ONU, OPS, BEI, FMI o vaya usted a saber dónde. Hay tantas instituciones, nacionales o internacionales, donde recurrir que todo es posible para que personas con tanto merecimiento disfruten de un espléndido futuro a costa del erario público. De momento lo que sí hemos de reconocer a Castelao, es su ejemplaridad paradigmática en la defensa de los nuevos planteamientos sobre la edad de jubilación, ya que a sus setenta y un años de edad aún sigue activo en el servicio público. Con un poco de suerte su jubilación definitiva ya estará próxima, se la ha ganado sobradamente, y no será necesario elucubrar sobre sus nuevos destinos. La naturaleza juega a favor de que no tengamos que avergonzarnos por segunda vez, como en casos anteriores, de los venturosos destinos que nuestros gobernantes reservan a personas que tan dignamente obraron en el desempeño de sus responsabilidades públicas. O, no; como diría Rajoy.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

ASÍ NOS VA

            Visualizando imágenes de la intentona de asalto el Congreso de Diputados, del debate de Política General en el Parlamento catalán y de las comparecencias en la comisión de investigación de los EREs del Parlamento andaluz, coincidentes en estos últimos días, y, sobre todo, escuchando debates posteriores al respecto, protagonizados por políticos y tertulianos en diversos medios informativos, he llegado a la conclusión de que todo lo que nos está sucediendo nos lo merecemos. Aunque sean tres episodios puntuales, coincidentes en el tiempo, reflejan una realidad que de forma progresiva se ha instalado en nuestra peculiar forma de entender la democracia y, por tanto, la libertad como un ejercicio de tolerancia, cuando no de comprensión, a la desobediencia civil, al desacato institucional y a la corrupción política, entre otras figuras delictivas. En definitiva, a considerar la ilegalidad como derecho de libertad y, por ende, su persecución como ejercicio de represión dictatorial. Justo todo lo contrario de lo que sucede en los demás estados democráticos consolidados.

            En cualquiera de ellos sería ilegal una manifestación convocada para ocupar el Parlamento (exigiendo por “ordeno y mando”, la disolución de las Cortes, la dimisión del Gobierno y de la Jefatura del Estado y la convocatoria de elecciones constituyentes) y, en caso de producirse, sería reprimida de forma contundente por las fuerzas de orden público, que para eso están. Aquí, no sólo se legalizan dichas convocatorias, sino que, además, cuando las autoridades pertinentes crean un dispositivo disuasorio para evitar la invasión de la Cámara, tan democráticos sujetos se permiten el lujo de saltarse las barreras de seguridad, insultar a los antidisturbios, agredirles con palos, piedras y otros objetos contundentes, obligando a las fuerzas de orden público (únicas con legitimidad democrática para usar la fuerza) a imponer el orden y la obediencia con métodos más o menos expeditivos para evitar males mayores. ¿Dónde se centra el debate posterior? En la actuación de la policía y no en la gravedad de los hechos que la han provocado. Así, quienes en el fondo plantean un golpe de estado civil aparecen como víctimas de una represión dictatorial. Los excesos de algunos asaltantes se convierten en anecdóticos (“siempre hay minorías violentas”) y los de algunos policías, en categóricos (“vuelven los grises”). Es obvio que lo deseable para los manifestantes y algunos tertulianos es que las fuerzas de orden público presentes (tan indignadas por los recortes como el resto de funcionarios) se pasasen a su lado. Así, el golpe casi hubiese tenido éxito.

             En cualquiera de ellos (centralista, federal, o confederal; de las autonomías, no, pues somos el único), si la máxima autoridad del Estado (en este caso el Sr. Mas) en una de sus instituciones territoriales ejerciese competencias que no le corresponden e ilegalmente las propusiese y mantuviese por encima de la autoridad competente según su legalidad democrática, éstas serían anuladas de inmediato, obligándole a rectificar su totalitario proceder o a una desautorización inmediata y, además, se enfrentaría al repudio contundente de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Aquí simplemente se le recuerda por parte de la instancia superior (como si el sujeto no lo supiera) que su actuación no se ajusta a la legalidad vigente y que existen mecanismos para impedir que se lleve a cabo. ¿En qué se centra el debate posterior? En que no es el momento de plantear dicha ilegalidad pues lo prioritario es resolver la crisis, en que su pretensión (en este caso independentista) tiene o no viabilidad económica, en que hay que buscar fórmulas para desatascar el desencuentro… Todo, menos dejar bien claro que fuera de la Constitución no hay salida y sólo la voluntad mayoritaria del pueblo español, la soberanía popular, es quien tiene la última palabra y ésta reside en las Cortes Generales. Así de claro y contundente. Por el contrario, quienes agreden por desacato institucional aparecen como víctimas, mientras que los agresores son los que defienden el entramado institucional del estado con escrupuloso respeto. El desmantelamiento estatal está servido.

            En cualquiera de ellos, si los máximos responsables de administrar los fondos públicos (en este caso Chaves, Griñán y Magdalena Álvarez) de una institución estatal (en este caso de la Junta de Andalucía), ante la malversación de más de mil millones de euros, manifiestan en una comisión parlamentaria de investigación, que no sabían “nada de nada” y que se enteraron “por la prensa”, serían desautorizados por incompetentes o mentirosos e inhabilitados para ejercer cualquier responsabilidad política en el futuro, al margen de las posibles responsabilidades penales en que hubiesen incurrido. Aquí se les mantiene en activo ejerciendo altas responsabilidades políticas y partidarias. ¿En qué se centra el debate posterior? Como hay tantos temas de actualidad concurrentes, en algún comentario más o menos jocoso, para zanjarlo con el ya categórico “Y tú, más”, al fin y al cabo, ¿qué rebaño carece de ovejas negras?

            Que España es diferente, no hay duda. Y así nos va.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena