Las imágenes de la celebración de la Pascua
Militar nos han dejado en la retina a un monarca débil físicamente, aunque con
una fuerza moral intachable, que en su reaparición pública fuera del Palacio de
la Zarzuela ha tenido dificultad para leer su discurso, evidenciando que la
recuperación física de su última intervención quirúrgica camina lentamente.
Obviamente dicho evento ha ocupado de forma preponderante el interés de la prensa
hasta el momento en que se acaba de conocer que el juez Castro imputa a su
hija, la Infanta Cristina, por blanqueo de dinero y delito fiscal, citándola a declarar
el próximo 8 de marzo. En todo caso, si corremos un tupido velo sobre las
especulaciones, no exentas de morbosidad e intereses políticos, que
inmediatamente han inundado los medios de comunicación, como era previsible,
cabe, en ambos asuntos, quitar el polvo de la paja para tener una visión exacta
de lo que se trata.
Sobre la comparecencia del Rey no cabe elucubrar, como
algunos pretenden, sobre la conveniencia o no de su abdicación. Su debilidad
física, que algunos alegan como causa para solicitarlo, para nada menoscaba su
capacidad intelectual ni física, como consecuencia de una enfermedad, y es,
simplemente, consecuencia de un accidente. Por tanto lo importante del evento
es el mensaje de austeridad y ánimo al Ejército que, como otras instituciones,
se ha visto afectado por los recortes. La defensa real ante la cúpula militar
de dichos recortes y el respaldo y agradecimiento al “esfuerzo” de las FFAA
para seguir manteniendo la “operatividad”, aunque el ministro Morenés pida, en
su papel, más presupuesto, es lo que toca y procede en época tan crítica desde
el punto de vista económico. Más susceptible de crítica es el silencio, tanto
del monarca como del ministro, acerca de dos asunto que, a mi juicio, en
semejante acto debieran haber sido dignas de mención como el reto soberanista
de Artur Mas y la tan cacareada reunión de ex presos etarras, en cuyo haber
siniestro se cuentan por decenas y decenas muchos militares y guardias civiles.
Supongo que, ante la afición de criticar una cosa y la contraria, se habrá
preferido la posterior crítica sobre el silencio que la furibunda que se
hubiese desatado basada en presuntas intromisiones como ya viene sucediendo
cada vez que el Jefe del Estado abre la boca sobre cualquier asunto concreto
que exceda el ámbito de lo genérico.
Sobre la imputación de la Infanta, como en otros muchos
imputados ya condenada de antemano por el juicio público popular, sólo se me
ocurre matizar que, una vez más se pone en evidencia que en España el principio
jurídico de “presunción de inocencia” en la práctica y sentimiento popular
siempre se convierte en “presunción de culpabilidad”, incluso antes de la
imputación, que, en caso de no producirse, produce verdadera rabia en la
ciudadanía. Y, dicho esto, al margen de su culpabilidad o inocencia, que
demostrarán o no los tribunales (como en el resto de casos), añadir que es
urgente modificar la figura del imputado que, desde que se instituyera para garantizar
más seguridad al acusado, se ha convertido en todo lo contrario en procesos
larguísimos en los que falla desde el “secreto del sumario” hasta otra serie de
cuestiones que, como dice el jefe de la Casa Real, supone un verdadero “martirio”,
no sólo en este caso, sino en todos los que albergan un interés público por la
relevancia de los personajes implicados. Lo lamentable es que, lamentablemente,
en la mayoría de los casos casi siempre esa popular “presunción de culpabilidad”
se convierte, total o parcialmente, en una sentencia jurídica de culpabilidad.
Este es el verdadero drama que, como en otros muchos asuntos, demuestra que la
sabiduría popular va por delante de la institucional. En fin, en el caso de la
Infanta, ya veremos cómo queda el asunto, cuando se decida sobre los ya
anunciados recursos por parte de su defensa a que, como todo ciudadano, tiene
derecho Cristina y su marido.
Y sobre el resto de noticias, eclipsadas por las
anteriores, destacar que la mediación de la Ministra de Fomento ha propiciado
un cierto preacuerdo en Panamá sobre el asunto del Canal y el consorcio
dirigido por Sacyr, avalada en su día por el gobierno de ZP contra el criterio
técnico e implicada en la supuesta financiación de la campaña autonómica de
Cospedal (las grandes empresas no entienden de colores políticos, ni estos
respecto a ellas); que Andalucía gasta 6 millones en equipar hospitales “fantasma”
con las obras paradas, mientras la cúpula de UGT-A regaló en su día 40 cámaras
de video en Reyes a cargo de la Junta en una factura falsificada como partida
para desempleo; que la izquierda abertzale hará una cadena por el “derecho a
decidir” a imagen y semejanza de la catalana; o que ha habido record de
inversión extranjera en deuda española y el Tesoro ha conseguido financiar sus
emisiones a un bajo interés del 2´45% en 2013.
Entretanto el juez Castro y el fiscal Horrach (caso
Urdangarin) a la gresca sobre la imputación de la Infanta. Si en su momento fue
el fiscal quien arremetió contra el juez (Ver artículo “Castro y Silva
¿víctimas o verdugos?” colgado el 19-12-13 en mi blog Ojo crítico, http://jcremadesena.blogspot.com.es/,) ahora es éste quien
ironiza en su auto de imputación, manifestando que “se pierden las formas y eso
no es deseable” o que cuando pase esta fase normal “quizás pocas personas
quieran recordar que para llamar a una persona a prestar declaración en calidad
de imputada….sin que nadie se escandalice….se habría precisado escribir poco
menos que un tratado de derecho procesal”.
En
fin con este elenco cotidiano de asuntos poco presentables, siendo benévolo en
el calificativo, no extraña que en varias encuestas recientes se manifieste un
rechazo amplio a la independencia de Cataluña, una incredulidad sustancial a las
explicaciones del PP, PSOE y UGT sobre la corrupción, una desconfianza sobre
los líderes políticos y sindicales implicados en asuntos escabrosos de sus
organizaciones; y, en definitiva, una creencia mayoritaria de que los ERES son
una trama orquestada por la Junta de Andalucía, de que Cospedal recibió una
comisión sustancial para financiar su campaña, de que Chaves y Griñán conocían
y consentían el fraude de los ERE, de que las facturas falsas de UGT era una
trama organizada por el sindicato y de que Cándido Méndez debería dimitir, así
como la confianza en la juez Alaya para esclarecer tan turbios asuntos.
Lamentablemente esta es la España que tenemos.
Jorge Cremades Sena
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