miércoles, 7 de noviembre de 2018

LA JUSTICIA EN EL PUNTO DE MIRA


                        Dos sentencias, la del Tribunal Supremo decidiendo liberar a los bancos del pago del impuesto sobre las hipotecas y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condenando a España por no dar un juicio justo al ex etarra Otegi, ponen a la Justicia española en el punto de mira de quienes, interesadamente, vienen intentando desde siempre desprestigiar nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho con la reiterada apelación a que España, a diferencia de otros países miembros de la UE, no es un país justo y, por tanto, es poco democrático. Una falsedad manifiesta e interesada de los agoreros de la perfección democrática angelical (o, según se mire, estandartes del caos y la destrucción democrática), ya que, curiosamente, España es uno de los países menos condenados en toda su historia por el Tribunal de Estrasburgo (según datos de marzo de 2018 del propio TEDH, que por cierto no es una de las instituciones de la UE, Italia ha sido condenada en 31 ocasiones, Alemania en 16, Portugal en 13, Francia en 12, España en 6, Reino Unido en 5 y….Suecia en 1), lo que requiere preguntarse por qué nuestro país es tan mal valorado al respecto por los propios españoles y tan denigrado en el exterior, cuando en todos los sitios cuecen habas y en muchos de ellos, tomados como ejemplos, muchas más que aquí. En definitiva, o los españoles somos masoquistas o nuestros políticos nos hacen serlo, cuando son ellos en las Cortes Generales quienes tienen la potestad de cambiar las leyes y los procedimientos para que los tribunales y los jueces que los forman no puedan concluir de forma documentada y razonada jurídicamente una cosa y la contraria (como sucede con el caso de las hipotecas) o para impedir que una sentencia condenatoria tras probar los hechos juzgados se vea enturbiada por cuestiones procedimentales fácilmente salvables (como sucede en el caso de Otegi). Pero en España se tiene la sensación de que nadie está dispuesto a coger el toro por los cuernos para mejorar procedimientos y leyes, manifiestamente mejorables, frente a quienes distorsionando las realidades se encargan de minimizar o magnificar las cosas según les conviene para embarrar la situación con mentiras o verdades a medias sencillamente porque se sienten más a gusto en el barrizal (cuanto peor, mejor) que proponiendo mejoras legislativas o procedimentales para resolver los inevitables problemas que vayan surgiendo. Al fin y al cabo lo que tanta alarma interesada está generando en estos días, al margen de los errores o aciertos que haya habido, consiste en que el Supremo decide al final dejar las cosas como estaban durante veinte años, y en que Estrasburgo da la razón a Otegi en que en el tribunal que le juzgó y le condenó por hechos delictivos probados, había algún miembro supuestamente no imparcial. Pues bien, las reacciones de unos y otros no se han hecho esperar: sobre las hipotecas Gobierno y PP piden respeto a la sentencia, Ciudadanos dice que es “incomprensible” y Podemos llama a tomar las calles contra la Justicia; sobre Otegi, sus socios y afines, aprovechan la sentencia para seguir atacando a España en vísperas del juicio del “procés” catalán. Vale pues, aunque sea brevemente, analizar lo realmente acaecido en ambos casos y, sobre todo, dónde radica el origen de que estas cosas ocurran.
            Sobre el asunto de las hipotecas es cierto que el Supremo ha dado un innecesario espectáculo, pues, al final, el Pleno de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, en sentencia muy bien documentada y casi dividido al 50% (15 votos contra 13) decide no respaldar la sentencia de un tribunal de la misma Sala, igualmente muy bien documentada, y opta por mantener lo que se venía haciendo desde hace veinte años, es decir, que paguen los clientes y no el banco, generando, por un lado, frustración entre los hipotecados (presentes, pasados y futuros) que no sólo veían liberarse de tal pago sino además de que aplicándolo con efecto retroactivo percibirían lo que habían abonado por tal concepto, y, por otro lado, satisfacción en la banca, y alivio en las CCAA y en el Gobierno, que se libran de disparar el déficit al tener que pagar al menos 5.000 millones (según la retroactividad que se aplicara) y evitan volver a la supervisión de Bruselas. El Supremo opta así por “dejar las cosas como están”, frente a todas las expectativas alimentadas durante dos semanas de caos jurídico, quedando en una grave crisis de credibilidad que además magnifican algunos. Pero ¿cómo se puede explicar estas contradicciones del propio Supremo? El mismísimo Lesmes, su Presidente, da en el clavo al  calificar la ley hipotecaria de “poco clara”, instando a que se cambie lo antes posible. ¿Y quién es el responsable de esta falta de claridad que avala una sentencia y la contraria? Obviamente el Legislativo. Este es el quid de la cuestión….¿Ha habido algún grupo, algún gobierno que lo haya planteado en el Congreso? Sí que los hay ahora culpando a la Justicia y arremetiendo contra ella cuando los responsables del desaguisado son los diputados y senadores que no hicieron bien su trabajo. Ahora todos se rasgan las vestiduras y buscan soluciones con no pocos ribetes demagógicos del asunto, mientras otros reaccionan con mayor o menor sentido común. Pedro Sánchez anuncia que los bancos pagarán el impuesto ya que “nunca más lo harán los españoles” y Pablo Iglesias contesta que “no basta; hay que devolver el dinero a las familias” (supongo que estará pensando en lo que también él acaba de pagar por el hipotecazo de su chaletón), mientras desde el BBVA Torres sostiene que “no se puede penalizar al que ha cumplido la Ley”……esta es la clave, la Ley, cuya responsabilidad es de los parlamentarios. El Presidente de la Sala Tercera, Luis Díez Picazo, que decantó el fallo del Supremo, había defendido que pagasen los bancos pero sin retroactividad (otro asunto del que habría mucho que hablar por mera seguridad jurídica) y al no ser apoyado cambió de postura para dejar, apoyado por abundante jurisprudencia, las cosas como estaban desde hace tantos años…..no pocos, incluidos magistrados, piensan que “ahora saldrán a la calle como con La Manada”.
            Algo parecido se puede decir sobre la sentencia de Estrasburgo favorable al recurso de Otegi, a quien algunos presentan ahora como un ciudadano maltratado por la Justicia española al no haber tenido un juicio justo, un verdadero balón de oxígeno para los secesionistas radicales que, tergiversando las cosas, las cogen con pinzas para denigrar todo lo que suene a España. Pues bien, tan trascendental decisión de Estrasburgo, ni exonera a Otegi de los delitos por los que fue condenado ni le convierte en un ciudadano ejemplar, simplemente sentencia que el tribunal que le condenó en 2011 no fue imparcial o era sospechoso de parcialidad, dado que la magistrada, Ángela Murillo, presidenta del mismo había mostrado prejuicios en su contra en un juicio anterior…… lo que no invalida realmente los delitos cometidos por semejante personaje, quien, en todo caso, tiene derecho a exigir la reposición de los posibles perjuicios que se le hubieran causado. ¿No hubiera sido más saludable que Murillo no hubiera formado parte del Tribunal? No pocos chorizos se han ido de rositas por cuestiones o errores procedimentales durante el proceso….. Ahora a seguir los totalitarios arremetiendo contra España, cuando suelen saltarse la legalidad a la torera cuando les conviene.
            Por cierto, hablando de totalitarismos, mientras una serie de historiadores están contra el relato escolar sobre ETA (los expertos rebaten la idea de que la banda nació contra Franco y no contra España) y las víctimas echan en falta una deslegitimación clara del terrorismo, el PSOE, incomprensiblemente arremete contra el acto a favor de España en Alsasua acusando de fomentar el odio a los partidos constitucionalistas que se manifestaron en el pueblo navarro en apoyo de la Guardia Civil, que, como bien saben, fue apaleada en un bar por los radicales abertzales, quienes seguramente para algunos no fomentan odio alguno. En efecto, durante la manifestación convocada por Ciudadanos, Albert Rivera fue recibido a gritos e insultos, en un pueblo que, desgraciadamente, se ha convertido en una factoría de odio dejada de la mano del Estado, donde los energúmenos radicales no tienen reparo alguno en tirar piedras al líder de Ciudadanos para impedirle que se manifieste libremente en sus calles durante la manifestación, a la que se sumaron PP y Vox, estando entre los agitadores nada menos que El Carnicero de Mondragón…..aunque sólo fuera por los compañeros socialistas asesinados por ETA, el PSOE de Sánchez, si no quería participar en la manifestación (por aquello de los apoyos que requiere el Gobierno de todo el que pase por al lado), al menos debiera haberse callado, pero acusar a los convocantes de “agitar” ha sido una decisión injustificada e injustificable desde cualquier punto de vista. Quiero entender y tengo la esperanza de que, mientras algunos, como Ábalos, comparan el uso de la Abogacía del Estado con el de un gabinete de prensa, manifestando que “es normal que haya sintonía con la posición del Gobierno” (es decir, acusar de sedición y no de rebelión a los secesionistas totalitarios catalanes), otros destacados socialistas como Guillermo Fernández Vara, Presidente de la Junta de Extremadura, aunque defienda el inútil diálogo con los separatistas y diga que ve a Pedro Sánchez “sereno”, sostenga al menos que “es una falta de respeto absoluta a la Justicia hablar de indultos” (tal como varios miembros del Gobierno de Sánchez han hecho)…..yo añadiría que desgraciadamente incluso es algo más que una falta de respeto.
            Por lo que respecta al PP nuevas grabaciones de Cospedal y su marido con Villarejo revelan que le encargaron espiar al hermano de Rubalcaba (“hay que hacerle un rastreo telefónico y ver sus tarjetas”) y finalmente la ex secretaria general del PP deja su cargo en la Ejecutiva y todo apunta a que también dejará su escaño y la política, convirtiéndose en el primer cese de la “era Casado”, quien, al parecer, le exigió abandonar la cúpula del partido, aunque de momento sigue en su escaño frente a las críticas del PSOE y sus aliados, mientras desde el PP instan a Sánchez a que haga lo mismo con la Ministra Delgado, que incluso se permitió mentir a los españoles negando haber estado con Villarejo y las conversaciones mantenidas con él. Casado, aunque debiera haberlo hecho mucho antes, aparta a Cospedal, tras citarla en Génova para que asumiera responsabilidades, precipitando la decisión tras reunirse con García Egea y aunque ella asegura que “no me han pedido que deje el escaño” todo apunta a que no durará demasiado tiempo en el mismo.
            En cuanto se refiere a otros asuntos cabe citar que han sido halladas 17 persona muertas en dos tragedias en el Estrecho y otros 17 inmigrantes desaparecen en las costas de Cádiz y Melilla); que se recupera un cuarto cadáver en aguas de Cádiz (al partirse una patera podrida en la que sólo la mitad de los más de cuarenta migrantes llevaba chaleco salvavidas) y dieciséis persona siguen desaparecidas; que Errejón tiene la desfachatez de cuestionar la hambruna en Venezuela en su apoyo a Nicolás Maduro; que Sánchez asume gobernar con los Presupuestos de Rajoy (traslada a la Ejecutiva del PSOE su intención de continuar en Moncloa “con o sin” sus cuentas y Calviño lo comunica oficialmente a Bruselas); que Carmena incumplirá el límite de gasto con un desvío de 220 millones (el interventor alerta de que este año se saltará también el objetivo de estabilidad); que Pilar Barreiro, la senadora del PP exculpada por el TS, sostiene que “en España la presunción de inocencia está de adorno”; que el Gobierno plantea cerrar los espacios donde se exalte a Franco; que Endesa gana 1.193 millones hasta septiembre, un 10% más; y que el fiscal de los ERE concluye que Chaves y Griñán tomaron la decisión de “no ver más”, Chaves “creó” los ERE y Griñán no los paró.     
Jorge Cremades Sena

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