Dos
sentencias, la del Tribunal Supremo decidiendo liberar a los bancos del pago
del impuesto sobre las hipotecas y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
de Estrasburgo condenando a España por no dar un juicio justo al ex etarra
Otegi, ponen a la Justicia española en el punto de mira de quienes,
interesadamente, vienen intentando desde siempre desprestigiar nuestra
democracia y nuestro Estado de Derecho con la reiterada apelación a que España,
a diferencia de otros países miembros de la UE, no es un país justo y, por
tanto, es poco democrático. Una falsedad manifiesta e interesada de los
agoreros de la perfección democrática angelical (o, según se mire, estandartes
del caos y la destrucción democrática), ya que, curiosamente, España es uno de
los países menos condenados en toda su historia por el Tribunal de Estrasburgo
(según datos de marzo de 2018 del propio TEDH, que por cierto no es una de las
instituciones de la UE, Italia ha sido condenada en 31 ocasiones, Alemania en
16, Portugal en 13, Francia en 12, España en 6, Reino Unido en 5 y….Suecia en
1), lo que requiere preguntarse por qué nuestro país es tan mal valorado al
respecto por los propios españoles y tan denigrado en el exterior, cuando en
todos los sitios cuecen habas y en muchos de ellos, tomados como ejemplos,
muchas más que aquí. En definitiva, o los españoles somos masoquistas o nuestros
políticos nos hacen serlo, cuando son ellos en las Cortes Generales quienes
tienen la potestad de cambiar las leyes y los procedimientos para que los
tribunales y los jueces que los forman no puedan concluir de forma documentada
y razonada jurídicamente una cosa y la contraria (como sucede con el caso de
las hipotecas) o para impedir que una sentencia condenatoria tras probar los
hechos juzgados se vea enturbiada por cuestiones procedimentales fácilmente
salvables (como sucede en el caso de Otegi). Pero en España se tiene la
sensación de que nadie está dispuesto a coger el toro por los cuernos para
mejorar procedimientos y leyes, manifiestamente mejorables, frente a quienes
distorsionando las realidades se encargan de minimizar o magnificar las cosas
según les conviene para embarrar la situación con mentiras o verdades a medias
sencillamente porque se sienten más a gusto en el barrizal (cuanto peor, mejor)
que proponiendo mejoras legislativas o procedimentales para resolver los
inevitables problemas que vayan surgiendo. Al fin y al cabo lo que tanta alarma
interesada está generando en estos días, al margen de los errores o aciertos
que haya habido, consiste en que el Supremo decide al final dejar las cosas
como estaban durante veinte años, y en que Estrasburgo da la razón a Otegi en
que en el tribunal que le juzgó y le condenó por hechos delictivos probados,
había algún miembro supuestamente no imparcial. Pues bien, las reacciones de
unos y otros no se han hecho esperar: sobre las hipotecas Gobierno y PP piden
respeto a la sentencia, Ciudadanos dice que es “incomprensible” y Podemos llama
a tomar las calles contra la Justicia; sobre Otegi, sus socios y afines,
aprovechan la sentencia para seguir atacando a España en vísperas del juicio
del “procés” catalán. Vale pues, aunque sea brevemente, analizar lo realmente
acaecido en ambos casos y, sobre todo, dónde radica el origen de que estas
cosas ocurran.
Sobre
el asunto de las hipotecas es cierto que el Supremo ha dado un innecesario
espectáculo, pues, al final, el Pleno de la Sala Tercera de lo Contencioso
Administrativo, en sentencia muy bien documentada y casi dividido al 50% (15
votos contra 13) decide no respaldar la sentencia de un tribunal de la misma
Sala, igualmente muy bien documentada, y opta por mantener lo que se venía
haciendo desde hace veinte años, es decir, que paguen los clientes y no el
banco, generando, por un lado, frustración entre los hipotecados (presentes,
pasados y futuros) que no sólo veían liberarse de tal pago sino además de que
aplicándolo con efecto retroactivo percibirían lo que habían abonado por tal
concepto, y, por otro lado, satisfacción en la banca, y alivio en las CCAA y en
el Gobierno, que se libran de disparar el déficit al tener que pagar al menos
5.000 millones (según la retroactividad que se aplicara) y evitan volver a la
supervisión de Bruselas. El Supremo opta así por “dejar las cosas como están”,
frente a todas las expectativas alimentadas durante dos semanas de caos
jurídico, quedando en una grave crisis de credibilidad que además magnifican
algunos. Pero ¿cómo se puede explicar estas contradicciones del propio Supremo?
El mismísimo Lesmes, su Presidente, da en el clavo al calificar la ley hipotecaria de “poco clara”,
instando a que se cambie lo antes posible. ¿Y quién es el responsable de esta
falta de claridad que avala una sentencia y la contraria? Obviamente el
Legislativo. Este es el quid de la cuestión….¿Ha habido algún grupo, algún
gobierno que lo haya planteado en el Congreso? Sí que los hay ahora culpando a la
Justicia y arremetiendo contra ella cuando los responsables del desaguisado son
los diputados y senadores que no hicieron bien su trabajo. Ahora todos se
rasgan las vestiduras y buscan soluciones con no pocos ribetes demagógicos del
asunto, mientras otros reaccionan con mayor o menor sentido común. Pedro
Sánchez anuncia que los bancos pagarán el impuesto ya que “nunca más lo harán
los españoles” y Pablo Iglesias contesta que “no basta; hay que devolver el
dinero a las familias” (supongo que estará pensando en lo que también él acaba
de pagar por el hipotecazo de su chaletón), mientras desde el BBVA Torres
sostiene que “no se puede penalizar al que ha cumplido la Ley”……esta es la
clave, la Ley, cuya responsabilidad es de los parlamentarios. El Presidente de
la Sala Tercera, Luis Díez Picazo, que decantó el fallo del Supremo, había
defendido que pagasen los bancos pero sin retroactividad (otro asunto del que
habría mucho que hablar por mera seguridad jurídica) y al no ser apoyado cambió
de postura para dejar, apoyado por abundante jurisprudencia, las cosas como
estaban desde hace tantos años…..no pocos, incluidos magistrados, piensan que “ahora
saldrán a la calle como con La Manada”.
Algo
parecido se puede decir sobre la sentencia de Estrasburgo favorable al recurso
de Otegi, a quien algunos presentan ahora como un ciudadano maltratado por la
Justicia española al no haber tenido un juicio justo, un verdadero balón de
oxígeno para los secesionistas radicales que, tergiversando las cosas, las
cogen con pinzas para denigrar todo lo que suene a España. Pues bien, tan
trascendental decisión de Estrasburgo, ni exonera a Otegi de los delitos por
los que fue condenado ni le convierte en un ciudadano ejemplar, simplemente
sentencia que el tribunal que le condenó en 2011 no fue imparcial o era sospechoso
de parcialidad, dado que la magistrada, Ángela Murillo, presidenta del mismo
había mostrado prejuicios en su contra en un juicio anterior…… lo que no
invalida realmente los delitos cometidos por semejante personaje, quien, en
todo caso, tiene derecho a exigir la reposición de los posibles perjuicios que
se le hubieran causado. ¿No hubiera sido más saludable que Murillo no hubiera
formado parte del Tribunal? No pocos chorizos se han ido de rositas por cuestiones
o errores procedimentales durante el proceso….. Ahora a seguir los totalitarios
arremetiendo contra España, cuando suelen saltarse la legalidad a la torera
cuando les conviene.
Por
cierto, hablando de totalitarismos, mientras una serie de historiadores están
contra el relato escolar sobre ETA (los expertos rebaten la idea de que la
banda nació contra Franco y no contra España) y las víctimas echan en falta una
deslegitimación clara del terrorismo, el PSOE, incomprensiblemente arremete
contra el acto a favor de España en Alsasua acusando de fomentar el odio a los
partidos constitucionalistas que se manifestaron en el pueblo navarro en apoyo
de la Guardia Civil, que, como bien saben, fue apaleada en un bar por los radicales
abertzales, quienes seguramente para algunos no fomentan odio alguno. En efecto,
durante la manifestación convocada por Ciudadanos, Albert Rivera fue recibido a
gritos e insultos, en un pueblo que, desgraciadamente, se ha convertido en una
factoría de odio dejada de la mano del Estado, donde los energúmenos radicales
no tienen reparo alguno en tirar piedras al líder de Ciudadanos para impedirle
que se manifieste libremente en sus calles durante la manifestación, a la que
se sumaron PP y Vox, estando entre los agitadores nada menos que El Carnicero
de Mondragón…..aunque sólo fuera por los compañeros socialistas asesinados por
ETA, el PSOE de Sánchez, si no quería participar en la manifestación (por
aquello de los apoyos que requiere el Gobierno de todo el que pase por al
lado), al menos debiera haberse callado, pero acusar a los convocantes de “agitar”
ha sido una decisión injustificada e injustificable desde cualquier punto de
vista. Quiero entender y tengo la esperanza de que, mientras algunos, como
Ábalos, comparan el uso de la Abogacía del Estado con el de un gabinete de
prensa, manifestando que “es normal que haya sintonía con la posición del Gobierno”
(es decir, acusar de sedición y no de rebelión a los secesionistas totalitarios
catalanes), otros destacados socialistas como Guillermo Fernández Vara,
Presidente de la Junta de Extremadura, aunque defienda el inútil diálogo con
los separatistas y diga que ve a Pedro Sánchez “sereno”, sostenga al menos que “es
una falta de respeto absoluta a la Justicia hablar de indultos” (tal como
varios miembros del Gobierno de Sánchez han hecho)…..yo añadiría que
desgraciadamente incluso es algo más que una falta de respeto.
Por
lo que respecta al PP nuevas grabaciones de Cospedal y su marido con Villarejo
revelan que le encargaron espiar al hermano de Rubalcaba (“hay que hacerle un
rastreo telefónico y ver sus tarjetas”) y finalmente la ex secretaria general
del PP deja su cargo en la Ejecutiva y todo apunta a que también dejará su escaño
y la política, convirtiéndose en el primer cese de la “era Casado”, quien, al
parecer, le exigió abandonar la cúpula del partido, aunque de momento sigue en
su escaño frente a las críticas del PSOE y sus aliados, mientras desde el PP
instan a Sánchez a que haga lo mismo con la Ministra Delgado, que incluso se
permitió mentir a los españoles negando haber estado con Villarejo y las conversaciones
mantenidas con él. Casado, aunque debiera haberlo hecho mucho antes, aparta a
Cospedal, tras citarla en Génova para que asumiera responsabilidades, precipitando
la decisión tras reunirse con García Egea y aunque ella asegura que “no me han
pedido que deje el escaño” todo apunta a que no durará demasiado tiempo en el
mismo.
En
cuanto se refiere a otros asuntos cabe citar que han sido halladas 17 persona
muertas en dos tragedias en el Estrecho y otros 17 inmigrantes desaparecen en
las costas de Cádiz y Melilla); que se recupera un cuarto cadáver en aguas de
Cádiz (al partirse una patera podrida en la que sólo la mitad de los más de
cuarenta migrantes llevaba chaleco salvavidas) y dieciséis persona siguen
desaparecidas; que Errejón tiene la desfachatez de cuestionar la hambruna en
Venezuela en su apoyo a Nicolás Maduro; que Sánchez asume gobernar con los
Presupuestos de Rajoy (traslada a la Ejecutiva del PSOE su intención de
continuar en Moncloa “con o sin” sus cuentas y Calviño lo comunica oficialmente
a Bruselas); que Carmena incumplirá el límite de gasto con un desvío de 220
millones (el interventor alerta de que este año se saltará también el objetivo
de estabilidad); que Pilar Barreiro, la senadora del PP exculpada por el TS,
sostiene que “en España la presunción de inocencia está de adorno”; que el
Gobierno plantea cerrar los espacios donde se exalte a Franco; que Endesa gana
1.193 millones hasta septiembre, un 10% más; y que el fiscal de los ERE
concluye que Chaves y Griñán tomaron la decisión de “no ver más”, Chaves “creó”
los ERE y Griñán no los paró.
Jorge Cremades Sena
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