PRESTIGIAR LA JUSTICIA…Y LA POLÍTICA

                        El desprestigio progresivo de la Justicia y de la Política en España es un hecho incuestionable, siendo preocupante la devaluada talla de nuestros gobernantes y dirigentes políticos a la hora de afrontar y, sobre todo, resolver los graves problemas de los ciudadanos, que es para lo que, en definitiva, se les paga. El esperpéntico espectáculo de la renovación del CGPJ es el último capítulo bochornoso, protagonizado por la cuestionada ministra de Justicia, la socialista Delgado, y su antecesor en el cargo, el popular Catalá, es decir, del PSOE y el PP, con el beneplácito de Podemos, participante del grotesco reparto de vocales de tan alta institución, siendo Ciudadanos el único partido que se libra de la quema en este asunto al negarse a participar del banquete. En efecto, PSOE y PP, con el visto bueno de IU-Podemos, pactan renovar el órgano de gobierno de los jueces abusando, al menos en las formas, del cada vez más deteriorado mecanismo legal de elección de sus miembros que ha puesto en evidencia la intromisión “in crescendo” del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, manoseando de forma indecente la compleja y difícil separación de poderes que todo sistema democrático debe observar escrupulosamente si quiere no sólo parecerlo sino serlo. Y en España, desde que en los años ochenta se modificara el anterior sistema de elección de vocales del CGPJ (doce de ellos elegidos por los jueces, cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado) por el actual modelo (diez propuestos por el Congreso y diez por el Senado, pero ninguno por los jueces –en cada caso, seis, entre jueces y magistrados, y cuatro, entre juristas de reconocida competencia- para que ellos en el pleno elijan luego al Presidente, quien presidirá también el Tribunal Supremo) y en ambos casos ratificados por las Cortes con una mayoría cualificada de tres quintos, la cosa ha ido de mal en peor, al extremo de que en la práctica la elección es entre el Ejecutivo y la Oposición, es decir, un reparto de vocales entre PSOE y PP (tanto monta, monta tanto), según el turno de gobernabilidad, cada vez más descarado e indeseable. Tan descarado e indeseable que, tras el pacto cerrado entre Delgado y Catalá (es decir, entre PSOE y PP, con la aprobación de Podemos), se filtra públicamente que el Presidente del CGPJ sería el juez Marchena cuando el pleno de vocales ni se había reunido para, como es preceptivo, elegir al Presidente, lo que, ante la opinión pública mostraba la docilidad de los miembros del Consejo a la hora de aplicar lo dictado por los dirigentes políticos proponentes…..desprestigiando más aún, si cabe, la ya desprestigiada Justicia. Pero, no conformes aún con semejante desvergüenza formal, dado que el pacto consistía en diseñar un Consejo con mayoría progresista de vocales y un Presidente conservador (lo que al final no convencía ni a tirios ni a troyanos), el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, se permite alardear en un grupo de WhatsApp con casi 150 miembros de su partido (seguramente para amortiguar las críticas internas a tan incomprensible pacto) de que controlaría “desde detrás” órganos clave del Tribunal Supremo, sumiendo en una grave crisis no sólo a la desprestigiada Justicia, sino también a la desprestigiada política, con minúscula, a la que nuestros gobernantes nos tienen ya lamentablemente acostumbrados. Por tanto, cabe preguntarse…. ¿quién prestigiará ahora las desprestigiadas Justicia y Política, esenciales para el prestigio de nuestro Estado de Derecho, cada vez más desprestigiado y golpeado?, ¿quién va a pagar por tamañas irresponsabilidades  acumuladas? Este es el quid de la cuestión.

            Pues bien, ante tamaños despropósitos intolerables, ha tenido que ser precisamente el mismísimo juez Manuel Marchena quien ponga un punto de cordura e higiene democrática renunciando por carta al alto cargo para el que de forma tan indecente habían designado. Marchena, con su renuncia por carta a Presidir el CGPJ (aspiración máxima de cualquier magistrado), prestigia la Justicia y desnuda al PSOE y al PP (de rebote también a Podemos) alegando “jamás he concebido la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política”. Un sacrificio sin duda en lo personal que, sin duda, le honra como persona y como profesional de la judicatura. Por su parte, los verdaderos responsables de esta crisis institucional, tanto PSOE como PP, andan intentando tirarse los trastos a la cabeza, mientras Podemos mantiene un cierto silencio para ver si amaina el temporal…..sólo Ciudadanos está en condiciones de sacar pecho de este asunto. Los populares culpan a la Ministra Delgado de filtrar el nombramiento de Marchena antes de haberlo elegido los vocales, los socialistas dicen que la filtración de los whatsapps de Cosidó sale del propio PP, Cosidó hasta niega ahora que él los escribiera y algunos sostienen que, si lo hizo, fue para convencer a los suyos de la bondad del acuerdo para renovar el Consejo, Cosidó (quien, por cierto, se desmarca de los robos policiales a Bárcenas, diciendo “yo sólo planificaba la Policía” cuando era su Director General) asegura que cuenta con el respaldo de su partido y sigue como portavoz del PP en el Senado….. Y Casado rompe el pacto con el PSOE y desautoriza tanto a Cosidó como a Catalá pero no les cesa, abogando ahora por recuperar el sistema con el que los jueces participaban en la elección de su órgano de gobierno, mientras Sánchez, que coincidía en su día con Ciudadanos en dicha fórmula (Rivera es el único coherente con sus planteamientos en este asunto), rectificando otra vez más, rechaza ahora dicha iniciativa apostando por retomar el pacto con el PP, mientras los separatistas planean utilizar esta crisis del Poder Judicial para llevar el caso a Europa y ver si pueden sacar tajada de la misma en el juicio del procés que, por cierto, presidirá Marchena de nuevo tras su renuncia, tal como estaba previsto antes de este fiasco. Ya Marchena, por pura dignidad, en el acto con Marlaska el pasado jueves, trasladó sus dudas ante la filtración prematura de su nombramiento y los whatsapps de Cosidó han sido la gota que colmó el vaso. Si no hay mal que por bien no venga, esperemos que nuestros políticos aprovechen este caos para prestigiar la Justicia y la Política en nuestro país de una vez por todas.

            Y en una nueva rectificación del Gobierno de Sánchez, que había dicho que no sería obstáculo alguno para el Brexit, España exige aclarar la situación de Gibraltar en el acuerdo, pidiendo que se modifique un artículo para que la negociación sobre el Peñón quede al margen del pacto, mientras la patronal británica apoya a May para evitar el daño a la economía. Así pues, España condiciona la cumbre del Brexit a un acuerdo sobre Gibraltar y sólo dará el visto bueno al pacto con Reino Unido si tiene la última palabra sobre el futuro del Peñón, rectificando así el Gobierno al pedir negociar con Londres en un futuro, por lo que Borrell reclama ahora modificar el artículo 184 del acuerdo para que deje claro que el estatus de la anacrónica colonia británica no está cerrado, mientras la UE relativiza este ultimátum de España.

            Y otra rectificación o bandazo del Gobierno de Sánchez, en este caso en Defensa, obligada a rectificar ante el lógico malestar del Ejército, pues la Ministra Robles anuncia ahora que las FFAA sí estarán en el Salón de la Enseñanza de Barcelona “defendiendo la paz, la seguridad y la libertad”, lo que supone que no se humillará a las FFAA ante Colau y el independentismo, que pretendían lo contrario. Si en este caso la rectificación del Gobierno es positiva, veremos si es capaz de rectificar también en algunos otros asuntos para enderezar los entuertos. En efecto, Celaá entrega a Torra el control del castellano confiada en su “lealtad institucional” para “compensar” la falta de español en las aulas, permitiendo que la Generalitat decida cuantas asignaturas imparte en español, cuando precisamente desde las mismísimas instituciones los secesionistas totalitarios zarandean al Estado de Derecho. Para muchos, una serie de gestos a los independentistas del PDeCat y ERC con la esperanza de que apoyen sus Presupuestos, como también lo es votar con sus socios de moción de censura en contra de prohibir la absolución o indulto a los “golpistas” si son condenados. Entretanto se conoce que la corrupción de CDC (hoy camuflada como PDeCat, y mezclada en JxCat, Crida o como quieran), la famosa trama del 3%, llegó a pedir hasta el 10%..... ¡y son los socios perfectos para una moción de censura con el objetivo de acabar con la corrupción!. Entretanto se sabe que los consejeros pagaron con dinero público sus viajes a Waterloo para ver al prófugo Puigdemont y que la CNMV culpa al “procés” del fracaso para atraer empresas desde Gran Bretaña, achacando a la tensión en Cataluña del fracaso para atraerlas ante la salida del Reino Unido de la UE.

Por cierto, hablando de Presupuestos, Sánchez, en su última rectificación al respecto (mañana veremos la siguiente), reconoce que en caso de no aprobarse las cuentas su “vocación de agotar la legislatura se ve acortada” (eufemística forma de manifestar su empeño frustrado de mantenerse en el poder como sea y hasta donde pueda), agitando el adelanto electoral, que según las encuestas ganaría, contra sus propios socios. Por su parte el ministro Ábalos, dando voz a un sector del Gobierno que pide un adelanto electoral, no niega la posibilidad de que el 26 de mayo se convierta en un “super-domingo” electoral con elecciones locales, autonómicas, europeas y generales, aunque los barones creen que una convocatoria conjunta en 2019 les perjudicaría en sus respectivos territorios y Moncloa desautoriza al Ministro. Lo cierto, al margen de especulaciones más o menos pintorescas, es que Bruselas ve riesgos para la estabilidad en las cuentas de España, mientras los expertos dicen a Sánchez que en abril o hay Presupuestos o elecciones anticipadas, advirtiendo los constitucionalistas y letrados de las Cortes Generales al Gobierno del “deber” en todo caso de presentar sus cuentas al Congreso, ya que el artículo 134 de la carta Magna no contempla una prórroga indefinida, por lo que parte del Ejecutivo empuja al Presidente a contemplar, sí o sí, el adelanto electoral, cuando hace dos días sentenció que gobernaría con decretos-leyes y hace seis días pedía a Rajoy que si no tenía Presupuestos debería adelantar los comicios ya que el abuso del decreto-ley no era democrático.

Por lo que respeta a otros asuntos cabe citar que siete jueces del Supremo se suman a la huelga por la subida salarial; que Blázquez reconoce los abusos sexuales en la Iglesia y promete erradicarlos; que un taxi llevó al “Rey del cachopo” con la maleta en la que apareció el torso de su novia; que descarrila por un desprendimiento de tierras a causa de las lluvias un tren de cercanías entre Tarrasa y Manresa causando un muerto y 49 heridos; que, según acuerdo de los partidos políticos, la ley sólo permitirá desahucios si se deja de pagar el 3% del crédito, más o menos cuando se acumulen entre 12 y 15 cuotas impagadas frente a las actuales tres para iniciar el proceso; que la Fundación Franco crece un 25% ante la anunciada exhumación, mientras se celebra el aniversario del 20-N con homenaje al dictador similar al de otros años, añadiendo los expertos que los socialistas “están creando un mito” que antes no existía; y que Sánchez se reúne con Mohamed VI a quien traslada que España ha pedido a la UE ayudas “estructurales” para que Marruecos controle los flujos migratorios y a cambio acuerdan “favorecer las políticas de retorno”, o sea, que Rabat acepte más devoluciones de inmigrantes a cambio de dinero.

Y del exterior cabe citar que Airbnb abandona las colonias israelíes, pues la web retira sus ofertas de alojamiento en Cisjordania para “no interferir en el conflicto”; y que el Presidente de Renault-Nissan es detenido en Japón por fraude fiscal, con lo que Carlos Ghosn, el ejecutivo estrella del motor, se enfrenta, entre otras cosas, a la destitución en sus cargos.

Jorge Cremades Sena