EMPEZAR DE NUEVO

 

                    En su anuncio en Barcelona de los indultos Pedro Sánchez presentaba los perdones a los sediciosos con un mensaje de concordia al decir “mi propuesta es dar paso a un nuevo proyecto de país” ya que, según él, “podemos empezar de nuevo”, mientras Aragonés, el President de la Generalitat, que calificaba la medida de “gesto”, insistía en la ilegal amnistía y en el ilegal referéndum de autodeterminación, y Casado, el jefe de la oposición en el Congreso de los Diputados, denunciaba un “pacto trampa” del Gobierno con los secesionistas para “desarmar España” en tanto que las voces más críticas del PSOE bajaban el tono para facilitar este supuesto tránsito hacia la concordia. Sánchez, que ganó las elecciones con la promesa firme a los españoles, incluidos los catalanes, de que las sentencias habrían de cumplirse en su totalidad y de que no concedería los indultos, claudicaba ahora, rectificando una vez más, y, culpando de la situación a constitucionalistas y separatistas por igual, aprobaba los indultos convencido de estar liderando la segunda transición en España con ese “nuevo proyecto de país” con los secesionistas, desvelando en el Liceu de Barcelona que los indultos, que aprobaría al día siguiente, son “el primer paso” del proceso de reformas y haciéndolo ante un auditorio de políticos, empresarios y periodistas afines, mientras ignoraba a la oposición constitucionalista, imprescindible en todo caso para lograr cualquier modificación constitucional en el Congreso si realmente pretende esa “profunda renovación” de España. Con tales propósitos, Sánchez proclama unilateralmente una etapa de diálogo tras los indultos parciales aprobados en el Consejo de Ministros, que, tras el informe contrario del Supremo, no afectan a la inhabilitación y sí a la pena de prisión y a la malversación (el Tribunal de Cuentas aún reclama diez millones) y quedan condicionados a que los indultados no delincan en seis años. Indultos que, nada más ser concedidos, envalentonan al secesionismo radical en su desafío separatista y que Aragonés como President de la Generalitat desprecia desde las instituciones y sigue exigiendo cínicamente el “fin de la represión” en Cataluña y el manido derecho de autodeterminación que, como la inmensa mayoría de regiones europeas, Cataluña no tiene ya que, entre otras cosas, no está contemplado en nuestra Constitución, aprobada por el soberano pueblo español con la aportación sustancial de los españoles-catalanes que, curiosamente, la refrendaron en su día con más apoyos incluso que en el resto de España cuando la democracia y la autonomía estaban en juego. Hoy ni la democracia ni la autonomía son valores a seguir defendiendo para los secesionistas catalanes, que exigen “referéndum ya” con Aragonés asegurando que los reclusos salen a la calle “con la voluntad reforzada de construir la república catalana”, que no supone delito alguno ya que nuestra Constitución lo ampara, pero, habiendo sido condenados por intentarlo al margen de la legalidad vigente, que sí es delito, ninguno dice arrepentirse de tan totalitaria metodología, ni renuncia expresamente a volver a ponerla en marcha en el futuro a pesar de tan incomprensible magnanimidad del Presidente del Gobierno poniéndolos en libertad, cuando en la campaña electoral decía todo lo contrario, pues no imaginaba que, si quería gobernar, llegaría a la Presidencia del Gobierno gracias al apoyo del secesionismo.

          Así las cosas, con los secesionistas envalentonados y un Gobierno de España resaltando la “grandeza” del secesionismo a la espera de un gesto que alivie la tensión, mientras elogia la figura “indiscutible” de Junqueras por su “búsqueda de soluciones dialogadas”, cuando éste y los suyos anuncian que en la patética mesa de negociación caben todas las propuestas por ilegales que sean, cabe preguntarse desde qué punto de partida es posible “empezar de nuevo” y en qué consiste ese “nuevo proyecto de país” que pretende Sánchez mientras su Gobierno reprocha ahora al Supremo y a la Fiscalía que hayan obviado la “perspectiva política” y la “utilidad pública” de los indultos y él mismo dice en una intervención de tres minutos en Moncloa y sin preguntas, a una decisión que califica de “histórica”, que “es la mejor decisión para el país; los presos han pagado un alto precio” y destaca como motivación el “peso indiscutible de Junqueras en las relaciones entre Cataluña y España”, como si se tratara de dos estados independientes y Cataluña no fuera una región, autonomía, o llámenle como quieran, perteneciente a España, aunque por semejantes derroteros al final van a conseguir que no lo sea. De momento, las opiniones, ahora favorables al secesionismo por parte del Gobierno de España junto a las demagógicas propagandas de los secesionistas en ámbitos internacionales sin ser contrarrestadas por el Ejecutivo español, van haciendo mella a favor del independentismo, al extremo de que, sin réplica alguna, el Consejo de Europa denigra la democracia española y la compara insólitamente con la de Turquía, aprobando el informe de un diputado socialista letón que cuestiona el proceso judicial del 1-O y pide los indultos, que ya ha concedido Sánchez, y que regrese Puigdemont, mientras la UE plantea ser “mediador” para Cataluña tras los indultos, interpretando desde Bruselas que la sentencia que dictó el Supremo contra los líderes del procés fue “política” y que dichos indultos son la confirmación de que el TS dictó una “sentencia política” y que en Cataluña hay un “conflicto político”, sin que desde el Gobierno de España se salga al paso, contra lo que hacía Sánchez en la campaña electoral, de que los secesionistas no han sido juzgados por sus ideas sino por la comisión de delitos contemplados en nuestro democrático Código Penal y tras un juicio con todas las garantías procesales, homologadas y homologables con las del resto de países de la UE y, por tanto, de “sentencia política” nada de nada. Y tampoco sin que se salga al paso de que en democracia el “conflicto político” ha de resolverse y la “política” ha de ejercerse siempre dentro del marco democrático legal establecido y no fuera del mismo, como es el caso. Por tanto, con la negligencia de nuestro Gobierno en la defensa de nuestro ordenamiento jurídico, en definitiva, de nuestra democracia, no cabe duda de que “empezar de nuevo”, como dice Sánchez, es volver con peores condiciones todavía al desafío totalitario previo al 1-O, pues ese paso previo a “un nuevo proyecto de país”, que propone Sánchez, no es factible si se hace al margen de la legalidad democrática vigente.

          No sorprende pues que los nueve indultados, recibidos en las puertas de la prisión por el mismísimo President de la Generalitat, salgan de la cárcel llamando eufórica y chulescamente a la independencia, reclamando la ilegal amnistía y el inexistente derecho a la autodeterminación, mientras cínicamente, sin que nadie les salga al paso, denuncian una inexistente “represión”, mientras Sánchez se dispone a explorar con ellos las vías de diálogo y Casado, en el Congreso de los Diputados, le exige que dimita y convoque elecciones para que sea el soberano pueblo español (que no sólo el catalán, carente de soberanía), quién decida ante la grave amenaza que padece desde el totalitarismo secesionista con el visto bueno del Ejecutivo. En efecto, los indultados, eufóricos por su victoria, salen de prisión entre gritos de “lo volveremos a hacer” y atribuyen a Europa su puesta en libertad, celebrando su triunfo sobre el Gobierno de España para lograr la amnistía y la independencia, mientras retoman el control del secesionismo totalitario pese a la inhabilitación (Junqueras toma el control de ERC en la patética negociación con el Gobierno, Sánchez lidera Junts y Cuixart dirige el ala más radical del secesionismo), mientras el CGPJ “deplora” las críticas del Consejo de Europa y el Gobierno de Sánchez asume los mantras engañosos del independentismo y los indultados por él, entre otras lindezas, manifiestan: “salimos a ganar lo que no pudimos ganar el 1-O”, “hoy no se acaba nada, todo continúa”, “no retrocederemos, y no aceptaremos ningún silencio a cambio de ningún indulto”. Y mientras tanto Sánchez, que, tras los indultos, blinda así los Presupuestos para 2022 con el apoyo de ERC y sigue necesitado de una mayoría parlamentaria para las reformas que exige Europa y que no quiere pactar con la oposición constitucionalista mayoritaria, justifica la medida de gracia que da lugar a este espectáculo bochornoso de sometimiento al radicalismo secesionista como “de interés público”. Por su parte PP, Vox y Ciudadanos prometen recurrir ante el Supremo lo que consideran un desarme del Estado de Derecho, mientras Garamendi pide “perdón” para cerrar la crisis abierta en la CEOE por los indultos y cuando de los recursos parece ser que sólo el de Vox tiene algunas posibilidades de prosperar ante las dudas del Supremo, pues Casado se equivoca presentando los indultos como ilegales, que no lo son, pues se trata de una decisión del Ejecutivo, errada o no, totalmente legítima y legal que donde hay que combatirla en todo caso es en el ámbito de la política y no de la justicia.

          Por otro lado el Gobierno bajará temporalmente, mientras dure la escalada, el IVA de la factura de la luz del 21% al 10% y lo aprobará junto al fin de las mascarillas en el exterior. Cede así ante la escalada de precios aunque de forma limitada, suspendiendo también el 7% de generación eléctrica…..medidas que no satisfacen casi a nadie ya que deja fuera de la rebaja tarifaria al 75% de los comercios y lo limita a seis meses pese a que todo apunta a que el precio de la luz seguirá subiendo y disparado en 2022. Y en cuanto se refiere al fin de las mascarillas, Sanidad las retirará pese al avance de la cepa india, mientras Europa avisa de que causará una ola similar a la de otoño, por lo que los expertos llaman a la prudencia ante la medida, mientras sólo Valencia vacuna a los turistas de otras regiones en pleno inicio de la estación veraniega.

          Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que Ferraz acelera el relevo de Susana Díaz y, ante su negativa a dimitir, el PSOE hará primarias en Andalucía en julio para su relevo; que la Selección Española de Fútbol, tras dos partidos mediocres, golea a Eslovaquia, 0-5, y pasa a octavos de la Eurocopa como segunda de grupo y se medirá con Croacia; que una docena de asociaciones de víctimas plantan al Gobierno por acercar a los presos etarras y se ausentarán del acto que les rinde homenaje en el Congreso; que el PP abre el debate sobre si presentar una moción de censura al Ejecutivo antes que Vox, pues el anuncio de Abascal de intentar otra censura rompe la estrategia de Génova al respecto; que Gobierno e inversores presionan a Galán para que dimita, mientras Iberdrola se desploma en Bolsa tras la imputación de su presidente por espionaje en el “caso Villarejo”; que Jon Rahm hace historia en el US Open, pues el golfista vasco, de 26 años, es el primer español que gana el torneo y es número uno mundial; que Bárcenas da más datos “relevantes” de robo de documentos que comprometen a Rajoy; que la Policía cree que Podemos justificó pagos a Neurona con documentos falsos, mientras el partido intenta acreditar al juez trabajos electorales con pasaportes duplicados y aporta los datos de supuestos trabajadores que carecían de visado en regla; que el Rey manifiesta en la entrega de los premios Cavia, Luca de Tena y Mingote que “la Prensa debe proteger los valores democráticos que a todos concierne” y apela a los principios constitucionales como “bases sólidas de nuestra democracia”; y que en la prisión barcelonesa de Brians-2 aparece colgado el fundador de McAfee a quien EEUU acusaba de evadir impuestos por lo que estaba pendiente de ser extraditado, apuntando todo a un suicidio antes de su entrega a las autoridades estadounidenses.

          Y del exterior, destacar que Nicaragua se lanza a la caza de periodistas mientras las ONG denuncian torturas; que la UE trata de asfixiar al régimen bielorruso de Lukashenko; que Bruselas abre otro caso contra Google por el control publicitario, pues la Comisión cree que la empresa distorsiona la competencia; que catorce países de la UE plantan cara a Hungría por la ley contra los homosexuales; que Bruselas ofrece a Turquía otros 3.000 millones por los refugiados sirios; que China acaba con la prensa libre en Hong Kong al cerrar el “Apple Daily”; y que un grupo de juristas define el concepto de “ecocidio” como nuevo delito contra el Planeta Tierra para su persecución global y como un “acto ilícito o arbitrario” cometido con riesgo consciente de causar “daños graves extensos o duraderos al medio ambiente” con la idea de incorporarlo al Estatuto de la Corte Penal Internacional.

Fdo. Jorge Cremades Sena