El
berenjenal en que se ha metido el Gobierno de Sánchez y en el que ha metido al
PSOE es de consecuencias imprevisibles, incluso para el propio Estado de
Derecho democrático que, a todas luces, queda más desprotegido contra los
amantes del totalitarismo y contra los chorizos tras la eliminación del delito
de sedición y la rebaja del delito de malversación como pago al apoyo de su
gobierno que le dan los delincuentes del procés, quienes han recibido un balón
de oxígeno y presumen de ello aunque, como buenos liberticidas, siguen
insatisfechos y quieren mucho más, ya que la Justicia, a pesar de todo, sigue
buscando que paguen ante la ciudadanía por sus conductas delictivas aunque el
Gobierno se empeñe en borrar del Código Penal los delitos por los que fueron
condenados, seguramente pensando miserablemente que “muerto el perro se acabó
la rabia”. En efecto, el juez Llarena, obligado por la irresponsable decisión
del Ejecutivo de Sánchez, retira la sedición (ya inexistente de nuestro Código
Penal) contra el prófugo Puigdemont,
pero no la malversación, lo que, puestos a elucubrar, puede facilitar la
entrega del fugado por parte de Bélgica que ya no puede alegar de forma
torticera que dicho delito no existe en su normativa penal. Y es que Llarena
(¡menos mal que, al menos, todavía tenemos la Justicia!), desde el Supremo,
advierte al Ejecutivo de que el ilegal 1-O hoy quedaría impune y le reprocha en
un duro auto que no se trató de “desórdenes públicos” (como quedaría ahora tras
la eliminación de la sedición), sino que el Govern “desbordó el orden
constitucional”, con lo que el juez frena, gracias a la malversación, la
amnistía total que busca Sánchez para tener la fiesta en paz con los secesionistas
de ERC, constatando la “despenalización” de un asalto independentista en
España, pues el nuevo delito de desórdenes públicos, sustituto del de sedición,
no es aplicable ya que, a lo sumo, se podría aplicar el de desobediencia
(demasiado barato para la gravedad de lo acaecido el lamentable 1-O). Es como
queda ahora la protección del Estado de Derecho con las reformas de Sánchez en
el Código Penal, aunque, menos mal, que los errores en la reforma del Gobierno
permiten a la Justicia mantener la malversación sin rebaja alguna, con lo que
Puigdemont se enfrentaría a 12 años (salvo que el Gobierno, tras ser juzgado,
le indultara, como ha hecho con sus colegas condenados), mientras la Sala se
dispone a debatir si sigue el mismo criterio para no reducir la inhabilitación
de Junqueras y compañía. Obviamente los secesionistas, con el fugado Puigdemont
a la cabeza, no están conformes con la decisión y quieren más, al extremo de
que el prófugo expresident manifiesta “no volveré ni esposado ni rendido ante
un juez español” y arremete contra la Justicia burlándose de los tribunales
españoles por acusarle de “unos delitos menores que no son ni siquiera eso”,
retando al Estado diciendo “lucharé por volver libre”. Es el berenjenal en que
Sánchez se ha metido y ha metido al PSOE con tal de mantenerse él en el poder
como sea y a costa de lo que sea, sin reparar en el flagrante daño que ha
causado al Estado de Derecho y a la credibilidad de la Justicia española cuando
él mismo decía que lo acaecido el lamentable 1-O podría ser no ya sedición sino
rebelión. En fin, es lo que hay….y las elecciones a la vuelta de la esquina.
Entretanto
los jueces contradicen las reformas de la malversación y de la sedición,
mientras los fiscales del 1-O defenderán que Junqueras siga inhabilitado por
malversación y no aplicarán la rebaja del Gobierno, lo que conllevaría a penas
de cárcel a los “lugartenientes” de ERC en Barcelona, aunque discrepan de
Llarena al sostener que los líderes del “procés” sí pueden ser condenados por
desórdenes públicos. Así las cosas en el PSOE temen ahora la reacción de ERC al
fracasar la desjudicialización pretendida y afirman que “Esquerra no va a parar
ni se va a conformar” con lo dictado por Llarena, que dificulta obviamente los
planes de Sánchez quien sabía a lo que se exponía pues “el Gobierno trasladó
que había que asumir el riesgo para cerrar el procés y eso parece que no va a
ser así” y “el futuro no tiene pinta de ir a mejor, puede empeorar” con lo que
“hemos asumido un gran riesgo para nada”. ¿Ahora se dan cuenta en el PSOE de la
voracidad totalitaria de los radicales separatistas y de que no pararán hasta
conseguir la independencia de Cataluña? Ahora, cuándo hay que rendir cuentas en
las urnas de todo lo que se ha hecho mal. Además la división de la izquierda y
la caída de Ciudadanos amenazan el poder de Sánchez, basado, como ven, en
terrenos resbaladizos. Por un lado, Feijóo, que lo sabe, orienta su equipo, las
listas y el programa a ofrecer un proyecto alternativo transversal, mientras
Íñigo de la Serna, el coordinador del programa electoral del PP, manifiesta que
“ofrecemos una alternativa a cantidad de gentes que ya no se reconoce en el
PSOE” y ve en las autonómicas y municipales la “primera fase de la moción de censura
a Sánchez”, mientras el PP quiere negociar la integración con Arrimadas ya que
hay medio millón de votos en juego, considerando que “la pelea en Ciudadanos es
sólo por ver quien cierra la caja y se queda con la mejor parte”, y mientras
Arrimadas, que acaba de imponerse a la candidatura de Edmundo Bal por un 53%
frente al 39% en las primarias, avisa de que “quien se cree el más importante
es el más prescindible” y cede la presidencia de Ciudadanos a un equipo
recordando que los otros “sólo quieren nuestros votos”. Por otro lado el PSOE
de Sánchez y Yolanda Díaz toman posiciones en Andalucía y Cataluña para
revalidar su continuidad, aunque Sumar ya asume el error de no concurrir con su
marca a las elecciones del 28-M.
No
extraña que, así las cosas, barones socialistas busquen distanciarse del
desgaste de la “marca Sánchez” y adviertan de que el goteo de rebajas por la
reforma de la malversación (en un país donde la corrupción es bastante
importante) durante la campaña del 28-M puede “erosionar” las siglas del PSOE.
Y mientras, según SigmaDos, el popular López Miras arrasa y conserva el
gobierno de Murcia, Feijóo manifiesta: “no me presento para liderar un bloque,
sino un gobierno de mayorías”, “el Gobierno nos cuesta 6.000 millones de deuda
al mes, así gobierna cualquiera”, “con Sánchez ha crecido la pobreza en España,
el problema no son los ricos, sino el número de pobres”, “cambiaremos la ley
del sí es sí para subir las penas a los delincuentes sexuales”…..en fin, toda
una declaración de intenciones no sólo sobre los manejos del Gobierno con sus
socios secesionistas y podemitas, sino también sobre el desastre económico por
el que España está atravesando y sobre las chapuzas en los asuntos de
agresiones sexuales, mientras el PSOE no pide el cese de la “número dos” de Igualdad
tras su patética broma con el “sí es sí” que ha generado malestar en Moncloa, y
mientras se suma a los anteriores medio centenar de beneficiados en otra semana
negra con la aplicación de la polémica ley…. como para andar con bromitas sobre
el asunto.
Entretanto,
mientras Ayuso reta a Hacienda para captar inversores del exterior (bonifica al
respecto un 20% el IRPF a nuevos residentes que aporten capital a Madrid), el
Tesoro pedirá 256.846 millones para financiar un gasto público record (supone
un 10% más de deuda pese a multiplicarse su coste por más de 30) con lo que el
Gobierno tendrá que volver a recurrir masivamente a los mercados para afrontar
este mayor gasto público de la historia. Y cuando, por otro lado la bolsa de la
compra sube un 15´9%, a la vicepresidenta Díaz sólo se le ocurre acusar a las
empresas de “forrarse” y aprovecha la escalada descontrolada del precio de los
alimentos, la mayor desde 1994, para agitar el fantasma de la intervención,
seguramente pensando en su modelo ideológico comunista de abolición del libre
mercado, cuando la realidad es que la inflación se comió 40.000 millones de las
familias en 2022 al cerrar el año con un alza promedio del 8´4%, la mayor desde
1986, y una gran merma del poder adquisitivo para los hogares, con un IPC de
los alimentos que se coloca en el 15´7%, al nivel de la grave crisis de los 90,
llegando la inflación alimentaria a la tasa histórica más alta, mientras se
dispara la demanda de productos de ahorro con una clara ofensiva de las
entidades no bancarias ante la baja remuneración de los depósitos.
Y
en esta bacanal de éxito de las minorías imponiéndose con chantajes inadmisibles
a las mayoritarias opciones, ya sean del PSOE o del PP, porque así lo decidimos
los ciudadanos, en Castilla y León, con Gobierno de coalición PP-Vox, pretenden
que los médicos presionen contra el aborto, pues el Vicepresidente Gallardo, de
Vox, se dispone a ordenar a los sanitarios que ofrezcan a las mujeres escuchar
el latido del feto o ver una ecografía, con lo que Vox (al igual que hace
Podemos o los secesionistas con Sánchez para sacar adelante sus minoritarias
propuestas....y si no se acabó la fiesta de la gobernabilidad, o de la
ingobernabilidad, según se mire) saca adelante sus medidas antiabortistas en la
región castellano-leonesa, ya que la Consejería de Sanidad, en manos del PP,
“instará” a los médicos a ofrecer a todas las embarazadas las opciones que
piden sus socios…..y, ante ello, el Gobierno de Sánchez exige al gobierno de
Castilla y León que paralice el plan contra el aborto y, al respecto, le envía
un requerimiento para evitar la presión a las mujeres, olvidando que él mismo
es víctima de idéntico chantaje por parte de las minorías que le apoyan en
otras tantas políticas indeseables que todos conocemos. ¿No sería más razonable
que PSOE y PP acordarán de una vez por todas atajar conjuntamente este acoso y
derribo a la moderación que practican las opciones radicales que lo españoles
no respaldan mayoritariamente? Pues parece ser que no ya que, a pesar de las
evidencias, prefieren dar una imagen de unidad interna del partido cuando no la
hay, aunque, tal como hace Sánchez, implique a los ministros sin carnet en la
campaña electoral, exhibiendo una inexistente sinergia entre partido y Gobierno
con una foto de unidad donde figuran los miembros de la Ejecutiva del PSOE y
los ministros de su Gobierno, obviamente menos los de Podemos, que van por
libre como todo el mundo sabe.
Y
en plena rebaja de la malversación, decidida por Sánchez para contentar a sus
socios secesionistas….y a otras hierbas, se conoce que Álvarez Cascos recibió
4´7 millones con negocios opacos tras salir del Gobierno popular como Ministro
de Fomento, destacando los pagos de constructoras a las que adjudicó obras
siendo ministro, cuyos cobros canalizaba a través de una inmobiliaria y una
sociedad de compra-venta de arte, mientras cajas, ayuntamientos y la
Generalitat Valenciana contrataron con sus empresas desde 2004. Y también se
conoce que un informe de la inspección de Hacienda acredita “operaciones
simuladas que se sacaban en ventanilla tres minutos después” para generar
efectivo la trama Azud y pagar comisiones, cuando durante décadas financiaba a
los socialistas valencianos y pagaba sobornos al PP….. En fin, como para
relajar en vez de endurecer las penas por delitos de corrupción de nuestros
políticos.
Por
lo que respecta a otros asuntos cabe citar que fracasa el Ingreso Mínimo Vital
ya que sólo ha alcanzado al 64% de los beneficiarios previstos en 2022,
frustrando las expectativas anunciadas; que Colau arrincona el español en
Barcelona para impulsar su candidatura; que una treintena de altos cargos del
PNV participaron en delitos con "etiqueta vasca"; que el Barça
castiga al real Madrid y gana, 1-3, la Supercopa de España disputada en Arabia
Saudí; que el PP presiona en Europa por la exclusión de conservadores en el TC;
que la coalición busca el pacto de las pensiones al límite del plazo de la UE;
y que los servicios de urgencia colapsan en hospitales de media España ya que
los profesionales atienden hasta un 40% más de pacientes aquejados por virus.
Y
del exterior, destacar que la UE prepara un macroplán de ayudas para plantar
cara a EEUU, pues Bruselas pide a los países que valoren los subsidios y
exenciones a empresas; que, según Roberta Metsola, Presidenta de la Eurocámara,
“el Qatargate ha destruido la confianza que costó 20 años construir”; que un
fiscal especial investigará los documentos “top secret” que guardaba Biden y
los republicanos se lanzan en tromba contra él; que mueren al menos 68 personas
al estrellarse un avión en una ciudad cercana a Katmandú de dónde acababa de
despegar, otra tragedia aérea en Nepal; que el Supremo brasileño investigará a
Bolsonaro por el golpe a la democracia, cuando el poder de la Iglesia Evangélica
se extiende sin freno por América Latina y el expresidente se exilia en
Orlando, un feudo de votantes fieles que residen en EEUU; y que hay cientos de
muertos en la cruenta batalla de Soledar mientras Zelenski promete al ejército
ucraniano todos los medios necesarios para expulsar de la ciudad a Rusia, que
asegura que la ha capturado y Ucrania lo niega, cuando un gran despliegue
ucraniano contiene en Bajmut a los mercenarios rusos de Wagner, quienes abren
una brecha con el Kremlin por esta primera presunta victoria.
Fdo. Jorge Cremades Sena
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