CADA VEZ PEOR

 

                        Con impostada alegría el Gobierno de Sánchez y el Grupo Parlamentario Socialista celebraban en el Congreso de los Diputados la aprobación de la Ley de Amnistía impuesta por el secesionismo (y muy especialmente por Puigdemont, el más beneficiado cuando se aplique) por la pírrica ventaja de 178 votos a favor y 172 en contra, mientras que los variopintos socios de Sánchez (todo el secesionismo catalán, vasco y gallego, más todo el populismo del entramado de Sumar, incluido Podemos) exhibían su verdadera alegría y se felicitaban mutuamente por haber impuesto al patético y débil “gobierno Frankenstein dos” todas sus exigencias (incluso las que el propio Gobierno consideraba inconstitucionales a bombo y platillo hasta anteayer) a cambio de nada….bueno, sí, a cambio de los siete votos de Junts para seguir gobernando, pues los de los demás socios ya los habían comprado mucho más baratos. Una amnistía que, aunque algunos intentan equipararla, nada tiene que ver con la promulgada en 1977 que, con sus errores y aciertos, pretendía transitar sin violencia de un régimen dictatorial a un régimen democrático mediante un amplio consenso político-social y respondía a un verdadero clamor social y político, saliendo aprobada en el Congreso por 296 votos a favor, dos en contra, 18 abstenciones y un voto nulo (eso sí es mayoría incuestionable). Nada que ver pues con la actual amnistía sanchista aprobada con calzador en el Congreso, que transita hacia no se sabe dónde desde un régimen democrático, homologado con los que conforman la UE, donde los comportamientos delictivos se dirimen en los tribunales de justicia mediante procesamientos con todas las garantías procesales para los procesados; y, como ven, nada que ver con el resultado de la votación, que no obedece a clamor social o político alguno sino a satisfacer a quienes, a cambio de unos votos para apalancar al Ejecutivo, han cometido graves delitos contra el Estado de Derecho y, para colmo, sin compromiso alguno por parte de dichos delincuentes de no volver a repetir los mismos delitos. Así pues, por más que se pretenda disfrazar esta torticera amnistía, la realidad es que vamos cada vez peor en la consolidación democrática que se pretendía con la consensuada amnistía de 1977, pues ahora lo que se consigue es deteriorar gravemente el Estado de Derecho al desautorizar el Ejecutivo al Tribunal Supremo, blanqueando los delitos a cambio de nada (bueno, sí; de siete votos) y, por ende, dejando inmaculados a una serie de delincuentes que encima presumen de que esta amnistía “no es punto final de nada” sino el inicio de retomar su proyecto totalitario para imponer la autodeterminación de los pueblos de España por vía inconstitucional si el Estado chantajeado no se pliega a concederles este derecho como sea y, si fuera preciso, al margen de los cauces democráticos establecidos, como se hizo en el “procés”, hoy blanqueado por el Gobierno de España, o forzando previamente situaciones de dudosa legalidad (como ha sido el caso de esta amnistía) que no obedecen a ningún clamor general ni a ningún amplio consenso político-social para resolver un conflicto inexistente, sino que obedece a intereses personales espurios de unos pocos, como es el caso. Cabe decir de una vez por todas, claro y alto, que, de conflicto político, nada de nada, pues, a diferencia de lo que sostiene el secesionismo totalitario (especialmente el ultraderechista representado por Junts, con el prófugo a la cabeza) y que lamentablemente avala el Ejecutivo de Sánchez, en España no se persigue a nadie ni se impide que los secesionistas promuevan su proyecto separatista, lo que se persigue y debiera impedirse, como es lógico, es que pretendan imponerlo al margen de la ley y de la Constitución sin previa reforma de ésta que lo permitiera, lo que supondría unas mayorías amplias que hoy no se dan en España por más que uno de los partidos mayoritarios, en este caso el PSOE de Sánchez, juegue con esa ambigüedad, como hace con la amnistía recién aprobada, cuando lo que tiene que hacer, si es que así lo quiere, es asumir el objetivo de sus socios secesionistas como propia propuesta electoral socialista o, en caso contrario, decirle a dichos socios totalitarios que la fiesta se acabó, pues en asunto tan crucial no caben medias tintas ni ambigüedades, nos jugamos nuestra democracia.

            Cada vez peor pues con una amnistía que da el pistoletazo de salida a una precampaña electoral catalana tras decidir el president Aragonés un adelanto electoral al 12 de mayo, porque los socios de Sánchez no le han aprobado los presupuestos en el Parlament, generando más alboroto político si cabe, ya que, al parecer, la verdadera razón del adelanto electoral es el temor de ERC a un crecido Puigdemont después de que los “comunes” de Ada Colau (léase Yolanda Díaz), todos ellos socios del Gobierno sanchista de España, hayan tumbado los presupuestos catalanes, que sirven de excusa para adelantar los comicios, con lo que un Aragonés acorralado lanza un pulso al prófugo que no descarta presentarse como candidato por Junts a la Generalitat e incluso volver a España, aun con el riesgo de ser apresado, para hacer campaña electoral en plena tramitación de la amnistía, según dice su abogado Boye. Es obvio que la pretensión de Aragonés es dejar a Junts sin margen para situar al expresident como candidato tras su hipotético regreso triunfal a España como amnistiado una vez se apruebe definitivamente la ley que doblega el brazo al Estado de Derecho Español y, por obra y gracia de Sánchez, le convierte en verdadero héroe del secesionismo frente a aquellos que, como el líder de ERC Junqueras y otros se doblegaron a dicho Estado de Derecho. La realidad es que el adelanto electoral en Cataluña sacude más aún el sacudido tablero político español (incluido el catalán) y, ante la incertidumbre, obliga también a Sánchez a renunciar a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y, obviamente, a mentir o contradecirse una vez más, lo que ya es habitual en el Presidente, pues él mismo cuando estaba en la oposición exigía a Rajoy que dimitiese ya que “aprobar los Presupuestos es la primera y principal obligación de un Gobierno, porque sin Presupuestos no hay nada que gobernar”. En fin, sin más comentarios, es Sánchez, quien anuncia que prorrogará las Cuentas y todo arreglado, con él, ya ven, se puede gobernar como sea, con los demás, no. En todo caso el PSOE culpa a la Vicepresidenta comunista Yolanda Díaz de este fiasco presupuestario por no haber sido capaz de convencer a su socia Ada Colau para que en Cataluña le aprobaran a Aragonés las Cuentas y éste se queja de que “la irresponsabilidad ha podido con unos buenos presupuestos”, mientras Puigdemont sostiene que “estaré en el debate de investidura” del nuevo Govern (ya ven, siempre hay un roto para un descosido).

            Entretanto, unos y otros, interpretan de forma contradictoria al informe de la Comisión de Venecia con la colaboración de los medios de comunicación al extremo de que casi es imposible saber lo que dice y, obviamente, dispuestos a que, si no les conviene, al final le restarán importancia diciendo que al fin y al cabo es un órgano consultivo. Pero como dicho informe no descarta en Europa el objetivo de la amnistía como método adecuado para solucionar conflictos, aunque recomienda que debiera requerir un consenso amplio para ser aprobada con amplia mayoría, acotar su alcance temporal, respetar la Constitución del país afectado o no tramitarse de urgencia….les sirve a Gobierno y oposición para sacar del mismo el mayor beneficio: la oposición no logra una desautorización internacional concreta y contundente, y el Gobierno no consigue el aval exhaustivo que buscaba. En todo caso Bruselas avisa que la amnistía del procés incluye delitos que la UE define como terrorismo y no cumple toda la directiva comunitaria, mientras el dictamen del órgano consultivo cuestiona el alcance y la tramitación (no el fondo del asunto) y la “profunda división” que provoca y recuerda que debe ser el Poder Judicial quien decida si personas concretas pueden beneficiarse. Así las cosas, mientras Yolanda Díaz lamenta que Sánchez renuncie a los Presupuestos, Junts y ERC, aunque enfrentados en Cataluña, reniegan de la “concordia” de Sánchez y siguen pidiendo la independencia y el referéndum, dejando claro Puigdemont que la controvertida amnistía “no es punto final de nada”, sabiendo que necesita que el juez Llarena renuncie a detenerlo si regresa a Cataluña para ser investido “president”, cuando se presupone, conociendo al personaje, que el prófugo dejará caer a Sánchez si no logra el Govern. Por otro lado Sánchez y ERC se unen para frenar a un Puigdemont, crecido tras haber impuesto su amnistía, mientras se preparan, como el resto de partidos, para afrontar las inminentes elecciones en Cataluña, convocadas por sorpresa tras haber pedido Aragonés a Yolanda Díaz que mediara con los “comunes” de Colau y haberlo rechazado la Vicepresidenta.

            Y por si no fuese suficiente todo este embrollo, PSOE y PP, en vez de dejar que los tribunales trabajen, se enzarzan en un patético debate sobre corrupción con el famoso “y tú más” por bandera, con un tenso rifirrafe en el Congreso entre Sánchez y Feijóo. El caso Koldo y el del novio de Ayuso, aunque no sean equiparables, sirven de patética excusa para usar la corrupción como reclamo electoral en vez de como acicate para que se acabe con ella de una vez por todas y dejar que los tribunales de Justicia esclarezcan los hechos. Ayuso acusa al Gobierno porque Hacienda investiga a su pareja, lo que considera una “cacería” y recuerda que “no hay un solo contrato con la Comunidad de Madrid” y que se trata de una “persecución política” que busca su “destrucción personal” asegurando que su novio “sufre una inspección fiscal salvaje” (el victimismo como bandera) y la ministra Montero, bien calladita en el caso Koldo, insta a la presidenta madrileña a dar explicaciones diciendo en sede parlamentaria que actúe “con absoluta transparencia respecto a si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la Hacienda Pública…. con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia”; pero se da la circunstancia de que cuando pronunció dichas palabras ningún medio de comunicación había publicado nada de nada, lo que permite al PP acusar a la ministra de revelación de secretos, bien por parte de ella o de la Fiscalía, enredando así más todavía un asunto, lamentablemente bastante habitual, de evasión de impuestos en un problema político, pues los mismos inspectores de Hacienda ven “gravísima” la filtración, pues el desliz de la ministra podría ser un delito por revelar información privada. La pareja de Ayuso demandará a la ministra por revelación de secretos y a dicha denuncia podría añadirse otra a la Fiscalía de Madrid mientras se presume que el Fiscal General utiliza la Fiscalía contra Ayuso (que no está acusada de nada), mientras el Colegio de Abogados se niega a firmar un comunicado conjunto con la Fiscalía para zanjar el escándalo, mientas la Asociación de Fiscales exige la dimisión del Fiscal General y mientras el Consejo General de la Abogacía condena la filtración. Entretanto Bruselas cifra en 17´7 millones el impacto del caso Koldo en fondos, por lo que el Gobierno deberá retirar proyectos afectados de la cofinanciación comunitaria. Ya ven, cada vez peor.

            Por lo que respecta a otros asuntos, citar que la comida se encarece otro 5´3%, el doble que el IPB general; que el 80% de catalanes vive en una zona tensionada de alquiler de vivienda; que hay 700.000 parados más de los que reconoce Yolanda Díaz, pues el desempleo real es un 27% mayor que el registrado oficialmente al no contemplar los fijos inactivos discontinuos; que la comisión de las residencias dice que se podrían haber evitado 4.000 muertes; que casi 5.000 presos quedan confinados en sus celdas por las protestas de los funcionarios en Cataluña tras el asesinato en la cárcel de una funcionaria a navajazos por un preso; y que policías y guardias civiles marchan para que su profesión sea declarada de riesgo, con más de 12.000 agentes manifestándose en demanda de mejoras laborales y exigiendo la dimisión del ministro Marlaska.

Fdo. Jorge Cremades Sena