Cuando en democracia no
se gobierna con lealtad y respeto a las reglas de juego democráticas
establecidas las frustraciones ideológicas de la ciudadanía se van amontonando
al extremo de que, con el tiempo, van consolidando una especie de hartazgo político
generalizado, no ya con este o aquel partido o con este o aquel gobierno, sino
con el propio sistema democrático, que ya no les vale, poniendo así en grave
peligro la libertad y los derechos de los ciudadanos que contemplan hastiados
cómo se desvanecen sus ansias y esperanzas de una convivencia pacífica y
segura, frente a quienes actúan con absoluta impunidad. Y esa añorada y
frustrada seguridad pasa inevitablemente por imponer siempre las reglas de
juego democráticas establecidas y respetar las sentencias dictadas en firme por
los tribunales de Justicia que, con todas las garantías procesales, se dicten
contra quienes las hayan incumplido, lo que, de entrada, invalida “per se”, o
debiera invalidar, cualquier negociación, pacto o contubernio de favor con los
condenados o con quienes huyen de la Justicia para eludir sus responsabilidades,
especialmente si se trata de gobernantes de cualquier ámbito territorial ya que
en ese caso no sólo tienen la responsabilidad y obligación de cumplir las leyes,
como cualquier ciudadano, sino además de hacerlas cumplir al formar parte libremente
del entramado institucional del Estado de Derecho. Por tanto, lo que de entrada
tiene que hacer este o cualquier otro Gobierno, si quiere empezar a poner orden
y rebajar el hartazgo generalizado de la ciudadanía española, es, tal como
prometió su Presidente Sánchez, traer al prófugo Puigdemont diciéndole al
entonces candidato del PP “a ustedes, señor Casado, se les fugó Puigdemont, y
yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas
ante la justicia española” (exquisita promesa democrática), en vez de, como ha
hecho y sigue haciendo, dedicarse a indultar a los colegas del prófugo
condenados, eliminar del Código Penal alguno de sus delitos probados o rebajar
las penas de otros y, por si no fuera suficiente tamaña arbitrariedad, en vez
de, como prometió, traer al prófugo para que le juzguen los tribunales de
Justicia, arroparlo y ampararlo al extremo de estar pactando con él una
patética ley de amnistía que borre del mapa todas las graves fechorías contra
el Estado de Derecho que cometió siendo parte del mismo como President de la
Generalitat de Catalunya, con lo que el Ejecutivo, se pone de parte de los
perseguidos de la Justicia y en contra de los tribunales, incluido el Tribunal
Supremo. Con semejante forma de gobernar cualquier Gobierno ya hubiera dimitido
por poner en grave riesgo la estabilidad democrática, más aún si, como es el
caso, el partido político del Presidente ni siquiera es capaz de conseguir ser
el partido más votado en los comicios. Pero, ya ven, en España da igual y PSOE
y Junts (la izquierda nacional y la derecha catalana) acercan posturas para
intentar cerrar esa ley de amnistía que el prófugo rechaza de momento porque no
se considera personalmente amparado con el texto ya pactado, cuando el Tribunal
Supremo, ya tan desautorizado por Sánchez, investiga además por “terrorismo” al
prófugo al situarle como “autor intelectual” de Tsunami, mientras la Eurocámara
se dispone a defender la prohibición de amnistías a malversadores (otro asunto
por el que se investiga a Puigdemont) negociando que la directiva contra la
corrupción incluya la prohibición de amnistías en toda la UE. Y mientras el
Supremo, contra el criterio de la Fiscalía General y a favor de la mayoría de
los fiscales (otro sinsentido peliagudo) abre la citada causa por terrorismo a
Puigdemot y al diputado de ERC Wagensber, que huye a Suiza, la Comisión de
Venecia, organismo del Consejo de Europa, que considera legítima la amnistía
para la reconciliación, censura la tramitación urgente de la misma que exige el
prófugo, al que cinco jueces del Supremo imputan terrorismo sin “duda alguna” y
deciden por unanimidad investigarle mientras el Presidente del Gobierno se
anticipa a sentenciar públicamente que no hay terrorismo alguno (palabra de
Sánchez) mientras negocia la amnistía por la vía de urgencia con el prófugo.
Un hartazgo político generalizado al
que, sin duda alguna, colabora el cáncer de la corrupción crónica instalada en
España y que escala al punto álgido con el patético “caso Koldo” en plena
pandemia, que tan beneficiosa ha sido para algunos listillos y tan trágica para
el resto. El “caso Koldo” se suma así a toda una lista de conductas
inaceptables (e insoportables) que, en este caso afecta directamente al
Gobierno de Sánchez y al PSOE, quienes, con la bandera de acabar con la
corrupción, consiguieron derribar al anterior gobierno popular, mientras ahora
son los protagonistas de la misma a la espera del alcance que pueda tener la
investigación en curso, cuando se van conociendo aspectos de la trama tras el
levantamiento del secreto del sumario. De momento sabemos (y esto no ha hecho
más que empezar) que el empresario y comisionista Aldama, presidente del Zamora
FC y clave en la trama del “caso Koldo”, presentó la propuesta de venta de
mascarillas en el Ministerio de Transportes dirigido por Ábalos donde tenía un
“pase especial” y accedía al Secretario General de Puertos del Estado; que la
Guardia Civil cazó a Ábalos con la trama hace apenas un mes, cuando se reunió
con Koldo en un reservado de la marisquería madrileña La Chalana el 10 del
pasado enero por la noche tras salir del Congreso de los Diputados y las
investigaciones creen que hacía de “intermediario” para evitar que Baleares
reclamara las mascarillas de Armengol al detectar los seguidores que el hermano
de Koldo dio en noviembre al ex ministro documentos investigados; que el juez
del “caso Koldo” rastrea los correos de diez altos cargos y señala a Ábalos
como “intermediario” del caso; que en la trama corrupta, en que hay mordidas de
hasta 17 millones de euros, 88 cuentas y 13 fincas, la investigación sitúa al
Ministerio como el “eslabón fundamental”; que el juez requisó los correos de
los presidentes de Puertos y de Adif, mientras ex cargos de la SEPI manifiestan
que Ábalos era el “valedor del empresario en mil casos”; que un chivatazo
alertó a Koldo cuatro meses antes de su detención; que la Guardia Civil señala
que Interior no ha justificado la contratación con los investigados; que el
Gobierno avaló el nombramiento de Koldo con un escueto “reúne las condiciones”
y a los seis meses de adjudicarse el primer contrato apoyó que el asesor de
Ábalos fuera consejero de Renfe Mercancías; que el ministro ya había cerrado
filas con él en la Cámara Baja en febrero de 2020; que el famoso Aldama compró
seis coches de lujo con los beneficios, desde Ferrari Portofino a Land Rover;
que el sumario sitúa a Ábalos como “la llave” de la trama corrupta y que un
implicado se jactó de introducir al cabecilla de la red en Transportes a través
del ex ministro, quien, por cierto, no está imputado de momento, mientras un
informe de la UCO devela que Koldo alardeaba de seguir trabajando para su ex
jefe “dos años después”.
En definitiva, un peliagudo asunto
de corrupción que va mucho más allá de un Ministerio (hay otros afectados, sin
duda) y que sitúa además en el punto de mira a los gobiernos, entonces
socialistas, de Baleares y Canarias, y muy especialmente a la hoy presidenta
del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, nada menos que la tercera
autoridad del Estado Español, mientras cinco involucrados aún siguen trabajando
en Transportes con el nuevo ministro Puente y el juez del caso rastrea los
correos de diez altos cargos. En efecto, se conoce que Koldo mantenía
“influencia” con varios cargos de Puente, quedando acreditado que, tras la
caída de Ábalos, éste mantenía su relación con ellos y trataba de llegar a
“Óscar”, a quien la Guardia Civil identifica con el nuevo ministro. Y es que
Armengol avaló las mascarillas pese a saber que eran “fake” pues su govern
balear certificó la calidad “satisfactoria” de la mercancía dos meses después
de haberla retirado por ser fraudulenta y accedió a la petición de la trama de
emitir un informe favorable que le permitiera firmar más contratos públicos,
mientras hoy Ábalos reconoce que lo de Baleares fue una “estafa” y que “ahí sí
hubo quebranto para las arcas públicas”, mientras, según la causa, la hoy
Presidenta del Congreso de los Diputados ocultó a la Guardia Civil las
mascarillas fraudulentas de Baleares, escondidas hasta hoy en un almacén,
cuando hizo un pago exprés a la trama (en seis días en vez de los 43 de media)
y no reclamó a la trama la cantidad pagada hasta que perdió las elecciones en
Baleares dando paso a un gobierno del PP. Además se sabe que Air Europa
contrató a los comisionistas de la trama Koldo para cobrar una deuda de 176
millones con Venezuela y Hacienda denuncia el “llamativo” encargo de la
aerolínea a Aldama a cambio de cinco millones.
Así las cosas, Armengol, tras el
pase de Ábalos al grupo mixto del Congreso, es ahora el punto más débil de
Sánchez, mientras el ex ministro dice sobre Santos Cerdán que “está en la misma
situación” que él, en pleno malestar en el PSOE porque “no han estado finos” y
acusa a sus excompañeros de Gabinete de “populismo justiciero”, cuando se
conoce además que Page (el malo de la película para los sanchistas) rechazó las
mascarillas de Armengol porque eran “claramente defectuosas”, respondiendo la
Junta de Castilla-La Mancha en 2020 “no podemos realizarles la compra” tras ver
la oferta de la trama de Koldo, al igual que Asturias y Aragón que también la
rechazaron. Obviamente Feijóo arremete contra el Presidente del Gobierno porque
“lo sabía y lo tapó” e insta a Bolaños y Puente a dar explicaciones y en pleno
silencio cómplice y sospechoso de los socios de Sánchez (tanto de gobierno como
de apoyo parlamentario) pide la dimisión de la Presidenta del Congreso por
“colaborar activamente” en la estafa, mientras se conoce que el cabecilla del
“caso Koldo” temía que interrogasen al comisionista sobre Ábalos, el Delcygate
y “las maletas” en Barajas de la número dos de Maduro, todavía sin aclarar.
Entretanto también se sabe que la ex mujer de Ábalos, Carolina Perles, alertó
al PSOE de que “Koldo lo lleva a la ruina” trasladando su “preocupación” a
dirigentes nacionales, del PSPV y a “una persona cercana a Sánchez”, mientras
Feijóo presiona al Presidente para “que salga del bunker” y “dé la cara” con su
“Gobierno en descomposición” mientras los ministros sanchistas tratan de evitar
el “sacrificio de Armengol” por el “daño infinito de la trama”, intentando
vincular cualquier vinculación de los populares en la misma para desviar la
atención.
Pero, de momento, el Gobierno, atrincherado en su cloaca, se aferra a la
amnistía para reactivar la legislatura, totalmente paralizada hasta la fecha, y
las negociaciones se intensifican en momento tan crítico, mientras Puigdemont
habla de una nueva etapa sin “la losa del exilio” (¡hay que tener jeta!),
cuando, según los sondeos, sólo el 27% de los españoles respalda dicha ley de
gracia que el prófugo ya da por hecha….Y por si no tuviéramos suficiente con el
prófugo, Imanol Pradales, candidato del PNV a lehendakari, manifiesta: “me
siento sólo vasco, estoy de acuerdo con la independencia de Euskadi”, “tengo
ocho apellidos castellanos pero muchos, como yo, nos sentimos abertzales”,
“Euskadi es una nación en un Estado plurinacional” y “la Ley de amnistía es una
buena medida, va a ayudar a avanzar en la convivencia en el caso del conflicto
catalán y fuera de Cataluña”. Dicho y hecho, ya ven; lo que falta por ver es si
todo eso que dice y que la Constitución no contempla, lo va a reivindicar de
acuerdo a la Carta Magna o contra ella, como hace Puigdemont y compañía. De
momento, entre el “caso Koldo” y la amnistía, según GAD3, en caso de elecciones,
el PP obtendría el 37´9% de votos y entre 159-165 diputados, PSOE 28´4% y
110-116, Vox 11´1% y 24-28, Sumar 8´8% y 14-18, y Otros 10´2% y 33 escaños…..
no parece que los españoles estén de momento por las mayorías cualificadas
necesarias para reformar la Constitución y dar cobertura legal a las
ocurrencias del secesionismo, pero, no pasa nada, se imponen antidemocráticamente
por la fuerza y, si no cuela, para eso está la amnistía a la carta, para
lavarlo todo y que no quede rastro delincuencial alguno.
Fdo. Jorge Cremades Sena
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