Ya estamos acostumbrados al
enredo político de usar la anécdota como categoría o de tomar la parte por el
todo en demasiadas políticas, algunas de gran importancia para la
gobernabilidad del Estado, como peligrosa estrategia para ocultar los
verdaderos problemas que tenemos los españoles. Y con semejante estrategia es
relativamente fácil engañar a la gente siempre que se le añada determinadas
dosis de cinismo, de mentiras o de verdades a medias, al extremo de que, según
convenga, los errores concretos de unos u otros, se elevan a la categoría
ideológica de graves fallos del sistema que hay que corregir inmediatamente, se
tenga o no mayoría parlamentaria para hacerlo, si el error o fallo lo comete
una entidad privada, pero si lo comete una entidad pública simplemente se
reduce a una mera negligencia. El ejemplo más reciente es el lamentable caso
del hospital de Torrejón, público pero con gestión privada concertada, que, en
vez de ser corregido inmediatamente, se utiliza como ejemplo de que lo que hay
que hacer es eliminar la colaboración público-privada que en servicios básicos,
como Sanidad o Educación, funciona con cierta normalidad, mientras que si el fallo
o mala gestión proviene de un ente público, por ejemplo RTVE, apenas pasa nada
y no se utiliza para poner en solfa el sistema público establecido cuyo
objetivo es y debe ser optimizar la calidad del servicio pagado con fondos
públicos bien directamente o mediante un concierto adecuado para garantizarlo.
Si la empresa privada que gestiona el Hospital de Torrejón exigió “rápidas
ganancias” o menoscabó la calidad del servicio alegando pérdidas para
justificar los recortes y dice “adecuaremos el servicio al dinero que nos van a
entregar”, exíjase el cumplimiento del contrato de colaboración, y punto; por
tanto, actúese en concreto contra el incumplimiento de lo pactado pero no se
eche por tierra la colaboración público-privada, que en otros muchos hospitales
de España funciona sin problemas con arreglo al contrato de colaboración
suscrito, cuyo cumplimiento estricto depende de la inspección del Ministerio.
Sin embargo, una vez más, en vez de ponerse de acuerdo la Consejería y el
Ministerio, verdaderos responsables de que los servicios públicos se presten con
la mayor eficacia, Ayuso se compromete a erradicar “cualquier mala práctica”,
que es lo que debe hacer en todos los hospitales, sean públicos o públicos con
gestión privada y Mónica García, la ministra de Sanidad, dice “vamos a derogar
la ley que permite el modelo del “hospital de Torrejón”, cuando ni siquiera
tiene los votos necesarios en el Congreso para hacerlo y cuando no hay ninguna
ley, que yo sepa, que permita el modelo de Torrejón, que no existe, sino un
fallo concreto del modelo existente de colaboración público-privada que se
subsana y punto…. Sin duda lo que le chirría a la ministra es el modelo de
colaboración público-privada y por ello anuncia que el Gobierno ultima una
norma que no lo prohíbe (seguramente sería inconstitucional) pero sí lo limita,
lo que está más acorde con una ideología filocomunista que socialista, mientras
los médicos, cada vez con peores condiciones laborales, inician una huelga de
cuatro días contra la ministra Mónica García y su Estatuto Marco, que concita
un rechazo generalizado, y mientras el Tribunal de Cuentas rastrea decenas de
contratos del CNIO a raíz del cese de Blasco tras revelaciones de prensa,
mientras donantes privados dejan de aportar cientos de miles de euros desde que
se destapó el escándalo.
Y ya puestos a enredar, la pelea entre
los partidos políticos, en vez de acordar soluciones razonadas y razonables,
protagoniza el Día de la Constitución, pues, de tanto estrujarla, no sólo los
votantes minoritarios nacional-secesionistas, dejan de considerarla válida para
nuestra convivencia democrática, sino también los votantes de PSOE y Vox, pues,
según SigmaDos, por primera vez suman mayoría quienes opinan que ya no es apta.
Sánchez agita la “ruptura” que le pide Junts el Día de la Constitución y tacha
al PP de “heredero del franquismo”, mientras pide “paciencia” para retomar
lazos con los secesionistas y Francina Armengol reclama “adecuar” la Carta
Magna “al siglo XXI” y a la “diversa realidad territorial del país”, mientras
Feijóo acusa a Sánchez de presidir el gobierno que “más ha atacado” la
Constitución y promete “reconstruirla” si llega a gobernar. Todo ello en un
solemne acto con las ausencias habituales de los secesionistas, socios de
Sánchez, a las que, por otras razones, se suma también Vox….y al final, entre
todos la mataron y ella sola se murió.
¿Y qué piensan los ciudadanos de todo
esto? Pues bien, a nivel nacional, según SigmaDos, el 65% pide elecciones ya
ante la degradación de las instituciones, el apoyo al adelanto electoral es
casi unánime en el centro-derecha y alcanza ya al 41% de los votantes
socialistas, el 87´5% ve “dañadas” las instituciones y la confianza en el Gobierno
PSOE-Sumar cae siete puntos y se sitúa en el 27%, la refriega partidista hunde
a Congreso y Senado, las dos instituciones públicas con menos apoyo y la suma
de las “derechas” alcanza por primera vez el umbral de los 200 diputados pues
el PP obtendría 147 escaños y Vox 57, mientras PSOE y sus socios sólo consiguen
sumar 147 escaños, 32 menos que la suma de investidura de hace dos años. Y,
según 40DB, PP y Vox afianzan su ventaja tras la prisión de Koldo y Ábalos, los
ultras de Abascal obtendrían cinco puntos más que en 2023, el bloque
PSOE-Sumar-Podemos perdería casi siete puntos, el 60% quiere elecciones aunque
la mayoría cree que Sánchez aguantará y los votantes del PP valoran más a Ayuso
que a Feijóo. Y si nos vamos a Extremadura, ya en plena campaña electoral, con
la popular Guardiola al “choque” con Abascal desde el inicio de campaña y el
candidato socialista Gallardo investigado por el caso del “hermanísimo” de
Sánchez, según NCReport, el PSOE perdería 50.000 votos y seis diputados, el PP
crecería y ganaría a la izquierda en su conjunto y Vox incrementaría tres
escaños, pues los resultados serían: PP 42´9% de los votos y 30 escaños, dos
más que en 2023; PSOE 33´1% y 22, seis
menos; Vox 11´5% y 8, tres más; y Unidas Podemos 8% y 5, uno más. Hagan cuentas
y valoren lo que ello supondría para el PSOE en caso de confirmarse esos
resultados en las urnas.
Pero a Sánchez y su minoritario
Gobierno de coalición parece no importarle demasiado lo que la ciudadanía
reclama, mientras al enredo de la corrupción política se suma ahora el enredo
de un machismo repugnante que solivianta al propio partido, pues tras conocerse
los casos de acoso sexual en las filas socialistas, las denuncias de sus
víctimas y el silencio cómplice del partido al respecto, el PSOE se limita
ahora a lamentar en una nota interna “no haber arropado a las víctimas” de
Salazar, intentando zanjar la crisis ante cargos y militantes de base casi
siete meses después de las primeras denuncias de compañeras, denuncias que
dormían el sueño de los justos. Ferraz reconoce ahora “no haber estado a la
altura” (como en otros tantos asuntos) ante los casos de acoso sexual del asesor
de Sánchez en Moncloa; y María Jesús Montero, al parecer, tampoco estuvo a la
altura en Torremolinos donde se vio con la denunciante del líder socialista
Antonio Navarro, el “paracaidista” de Ferraz suspendido ahora de militancia en
Málaga….y, si te he visto, no me acuerdo. Y mientras aparecen las críticas en
el PSOE por la “negligencia” de la Ministra Torró en el “caso Salazar”, se
especula con que Sánchez le “teme” porque lo sabe todo de sus primarias y es el
guardián de todos los secretos, aunque hasta la llegada de Sánchez el sevillano
nunca tuvo responsabilidades a nivel Federal. Un Sánchez a quien se podría aplicar
el título de la famosa película “Con él llegó el escándalo”, mientras trata de
capear el temporal como puede….y cada vez puede menos, aunque ahora asume de
boquilla el error del PSOE por no llamar a las víctimas de Salazar, asunto que
afecta a las ministras-candidatas Montero y Alegría por su inacción y merma las
aspiraciones de rescatar Andalucía y Aragón, mientas el Presidente se limita a
asumir de palabra, que no de obra, y “en primera persona” la “responsabilidad”
del escándalo que achaca cínicamente a la “velocidad de la tramitación de las
denuncias”…. Entretanto dirigentes del PSOE ya señalan a Ferraz por el “caso
Salazar” entendiendo que “la sede es una cáscara vacía”, mientras los afines a
Sánchez abren el cruce de “navajas” entre ellos, pues el asunto muestra una
feroz lucha entre facciones y los partidarios de Sánchez en su conjunto cada
vez son menos un bloque compacto, apuntando a una grave crisis gubernamental
que agita al partido y se prepara para afrontar el final de esta turbulenta
etapa sanchista…. Y cómo medida estrella, por fin Sánchez destituye a Antonio
Hernández, “mano derecha” de Salazar en Moncloa, señalado como su cómplice y
encubridor tras las denuncias de acoso sexual.
Obviamente prosigue la investigación
de los casos de corrupción en las filas socialistas y Ábalos será juzgado en el
primer trimestre de 2026, mientras la UCO obtiene información relevante de
Santos Cerdán en Ferraz y ultima su informe patrimonial en el que se incluirán
los pagos que realizó su familia con una tarjeta de Servinabar y se detallarán
sus movimientos bancarios, los de su mujer y los de su hermana….sencillamente
el juez instructor del Supremo no se cree que las reuniones con Acciona fueran
para saber su opinión sobre las obras; y mientras tanto, los abogados del Estado
avalan que Begoña Gómez pudiera firmar los pliegos de su cátedra.
Así las cosas, la CEOE manifiesta que
Yolanda Díaz “usa la motosierra contra los empresarios”; el “caso residencias”
se reactiva con la declaración de ex cargos de Ayuso y familiares de los
fallecidos pugnan por abrir una macro-causa como en la dana; se generan listas
de espera para comprar casa en la periferia de las grandes ciudades pues el
precio de la vivienda vuelve a crecer a ritmo de la burbuja, un 12´8%; y sobre
la presión fiscal del Gobierno, los ingresos crecen en 82.000 millones desde
2019, cifra a la que hay que sumar el incremento de 2025, que ha crecido un
8´2% hasta octubre.
Y mientras Europa se revuelve contra
el apoyo de Trump a los ultras y el Presidente del Consejo Europeo considera “inaceptable”
la “amenaza de interferencia política” de EEUU, la UE allana el camino para
crear centros de deportación a migrantes fuera de territorios comunitarios, al
estilo de lo que hace Meloni para Italia en Albania; en definitiva, la UE pacta
endurecer la política migratoria y lo hace con el único rechazo de España, pues
Marlaska es el único ministro de Interior que expresa su rechazo al plan de la
Presidencia Socialista danesa de establecer centros de deportación o “centros
Meloni” para deportar a inmigrantes a terceros países como los creados por la
italiana Meloni en Albania para que pidan asilo desde allí. Por otro lado,
mientras Clavijo amenaza al Gobierno por vetar a Canarias en la Cumbre con
Marruecos y amenaza con “o nos tratan con lealtad o pasamos a la oposición” y
desde el partido del presidente canario sopesan seguir los pasos de Junts, el
jefe de Gobierno de Marruecos, Aziz Akhannouch, dice “no somos simples vecinos;
cada uno es socio y mercado estratégico para el otro”, defiende que las relaciones
entre España y Marruecos son excelentes y que “hay una convergencia plena con
España sobre el Sahara”…. (pero nadie explica los motivos del giro copernicano
de Sánchez en el asunto).
Por su parte un Trump enfrascado en su
presión contra Maduro, que responde con más represión a los venezolanos, apoya
a los ultras para “corregir la trayectoria” de la UE a la que acusa de socavar
la libertad de expresión y la soberanía de los países, vaticina que su
civilización desaparecerá en veinte años y critica la gestión de la
inmigración. Es lo que hay.
Jorge
Cremades Sena
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu comentario, gracias