PROFESORADO INTERINO, DRAMA PROFESIONAL

                             Si aceptamos el concepto de interino como el “que ejerce un cargo o empleo por ausencia o falta de otro” y conocemos la elevada cantidad de profesores interinos que trabajan en nuestros centros educativos (unos 11.000 en la Comunidad Valenciana y 80.000 en toda España), concluiremos que algo falla estrepitosamente; es imposible que tan elevada cantidad de profesores titulares estén ausentes o falten habitualmente a su trabajo al extremo de que su plaza tenga que ser ocupada sistemáticamente por un interino. Si ocupan plazas que todavía no han sido cubiertas por un titular, algún interés (o demasiado desinterés) ha de tener la administración para no dotarlas de forma definitiva por la vía de las conocidas oposiciones o arbitrando cualquier otro sistema de acceso estable a las mismas; y si se han convocado dichas oposiciones y las plazas no han sido cubiertas al no haber aprobado los interesados ¿cómo es posible que estos compañeros, a los que la Administración no les reconoce idoneidad para ocupar la correspondiente plaza, inmediatamente sean contratados como profesores interinos? Lo cierto es que, desvirtuando el propio concepto de interinidad, la Administración Educativa acepta que miles de profesores presten servicios en la enseñanza durante muchos años de su vida (algunos más de 15 ó 20 años) en unas condiciones de absoluta desigualdad laboral y económica con respecto a los demás profesores, quienes realizamos idéntico trabajo, manteniendo una situación socialmente intolerable y educativamente perniciosa.

          Es socialmente intolerable porque al colectivo de interinos se le niegan los más elementales derechos que la sociedad reconoce al resto de trabajadores ya que, después de ser contratados durante largos años por la misma empresa (La Administración), se les mantiene en una absoluta y permanente situación de precariedad e inestabilidad laboral (si el siguiente curso no eres contratado aquí termina el compromiso), sin derecho a ningún tipo de indemnización, ni a ningún plus por antigüedad, ni a la certidumbre de una futura jubilación, amén de otra serie de derechos en el terreno de la conciliación de la vida laboral y familiar, formación, licencias, etc, que sería prolijo pormenorizar. A pesar de que muchos de ellos tienen acumulados muchos años de trabajo, no se les incluye la componente salarial derivada de los trienios y sexenios, partes sustanciales de la nómina de los funcionarios, condenándoles, año tras año, a la misma retribución inicial como si se estrenaran por primera vez en el trabajo. Es la trasgresión evidente del fundamental principio de “a igual trabajo, igual salario” y la magnificación del agravio comparativo al igualar al interino con el funcionario en todas las obligaciones pero no en todos los derechos. Es la consagración de la injusticia social y la indignidad personal a la que se somete a unos profesionales que trabajan precisamente para que las futuras generaciones tengan como principios básicos de sus vidas la justicia y la dignidad.

          Es educativamente perniciosa ya que la prestación del esencial servicio de la Educación se resiente gravemente con este paradójico sistema dual de uno de sus pilares básicos, el profesorado, dividido en dos colectivos tan dispares; mientras el de los funcionarios disfruta de un estatus de estabilidad y seguridad muy por encima del resto de los trabajadores, el de los interinos sufre un estatus muy por debajo incluso de éstos. En el trabajo educativo, cuyos resultados siempre han de evidenciarse a medio y largo plazo, donde la planificación y la programación son fundamentales, y, donde el contacto con el entorno (centro educativo, barrio, pueblo, etc) entre profesorado-alumnado es imprescindible, es intolerable que una gran parte del profesorado esté sometido, curso tras curso, a los vaivenes caprichosos de una posible contratación temporal (con demasiada frecuencia cada año en un centro distinto), provocando una permanente movilidad e inseguridad profesional que, obviamente, perjudica gravemente la tarea educativa no sólo individual sino colectiva.

          Tal situación es injustificable desde cualquier punto de vista; ni siquiera el evidente ahorro económico conseguido puede justificar la situación deplorable a que se somete a los interinos, ya que sería indecente hacerlo si se compara con el perjuicio personal a los mismos y con el daño al sistema educativo en general. ¿Qué otra razón puede justificarlo? Es urgente que, en caso de existir alguna, la Administración la argumente con claridad o, en caso contrario, que acabe de una vez con esta lacra del sistema educativo, devolviéndole la dignidad arrebatada. La actual situación conduce a pensar que, por otros motivos mezquinos, la Administración Educativa prefiere mantener una gran bolsa de trabajo temporal en los centros docentes en vez de consolidar una plantilla fija, desvirtuando conscientemente el concepto de “interinidad”, necesario estrictamente para que pueda cubrirse momentáneamente un puesto de trabajo por ausencia temporal de su titular o porque la plaza, recientemente creada, no ha sido cubierta todavía, pero, en ningún caso, para otro tipo de situaciones.

                            Fdo. Jorge Cremades Sena 

SELECCIÓN DEL PROFESORADO, EL ETERNO PROBLEMA

                        Me quedo perplejo al conocer la noticia de que el informe presentado por la Consejera de Educación de Madrid, Lucía Figar, concluye que sólo el 13´6% de los candidatos a una plaza de maestro de primaria supera la prueba de conocimientos en las oposiciones, al extremo de que más del 50% falla en cuestiones básicas, tratándose de un examen basado en conocimientos exigibles a alumnos menores de doce años. De ser cierta la noticia –los sindicatos cuestionan su veracidad- se trata de una verdadera tragedia para el futuro de nuestro sistema educativo. Que aspirantes a una plaza de docente, como se dice en los medios de comunicación, digan que el Ebro pasa por Madrid, que la gallina es mamífero, que Ávila es una comunidad autónoma…, que ignoren el significado de “escrúpulo” o de “pronóstico” y que cometan faltas de ortografía como “anbito” o “veverlo”, entre otras tantas barbaridades que se divulgan en los medios, es meridianamente inadmisible y, obviamente, inhabilita al aspirante para impartir clases, sea como funcionario o interino. Además revela que 3.857 interinos, que no superaron la prueba, han logrado trabajar por antigüedad y los 336, que aprobaron, no lo hicieron al carecer de experiencia y estar en la cola de la bolsa de trabajo. Por su parte los sindicatos tachan el informe de “sesgado” y de “falta de rigor” y califican como “una vergüenza” que la consejera dé publicidad a estos datos, argumentando que “posiblemente no sean correctos” y que su “única finalidad” es justificar el cambio de los criterios de baremo vigentes en las listas de interinos, es decir, la antigüedad, que, según la secretaria de CCOO, Isabel Galvín, son “los más justos de España” y que, según el secretario de ANPE, Francisco Melcón, lo que se pretende es “establecer bolsas específicas con criterios discrecionales de designación del profesorado” sin control sindical.

La Educación, una vez más, no se toma en serio y se utiliza como arma política arrojadiza cuando debiera ser uno de los principales asuntos de consenso. La falsa polémica desatada por el citado informe pivota sobre dos requisitos, conocimiento y experiencia, esenciales en un buen docente como en cualquier otra profesión. Pero si el primero es básico desde el inicio –no se puede enseñar lo que se desconoce-, el segundo se puede adquirir con el ejercicio de la profesión, aunque ambos deban mejorar a lo largo de la vida laboral. Por eso, de entrada, si lo que dice el informe es cierto, no cabe discusión, al margen de las intenciones de los autores del mismo al divulgarlo, pues la vergüenza no es publicar los datos, sino que candidatos a ejercer como maestros, sean los que sean, cometan errores en tan elementales cuestiones y excluirlos de la docencia es lo más sensato. Pero, dicho lo anterior, también es vergonzoso que, aprovechando los pésimos datos del informe, unos y otros, se enzarcen en una guerra mediática de intereses que, en definitiva, provoca una falsa imagen generalizada del profesorado, cuando, como en todas las profesiones, los hay buenos, malos y regulares.

              De lo que se debiera tratar es de buscar una buena fórmula de selección del profesorado que, a todas luces, es deficitaria en nuestro sistema educativo desde tiempos inmemoriales. El actual sistema de oposiciones es manifiestamente mejorable, ya que no garantiza la idoneidad docente. Así es desde que en los años setenta del pasado siglo aprobé las mías; me he jubilado y, a pesar de las variables introducidas, sigue siendo bastante deficitario. Hay que tener en cuenta que para ejercer la docencia, no sólo basta conocer la materia a impartir, que es una obviedad, sino que, además, son imprescindibles otros conocimientos pedagógico-didácticos y una serie de cualidades personales en el ámbito sicológico que los actuales sistemas de acceso no contemplan o lo hacen de forma insuficiente. Resultado, la frustración de muchos de los que acceden a la docencia, muchos de ellos excelentemente preparados en las materias que imparten. Pero una cosa es saber y otra, bien distinta, es saber enseñar lo que sabes y, a la vez, saber educar, que rebasa ampliamente el ámbito de los conocimientos. ¿Por qué el debate no se centra en estas cuestiones que son las reales? Ellos sabrán.

            Si a lo anterior añadimos el injusto dual sistema de acceso a la docencia con funcionarios e interinos, diseñado por evidentes intereses económicos, la esquizofrenia colectiva está servida. El propio informe desvela que, al margen de las medidas que se tomen, no se resuelve el asunto de la capacitación. Si 3.857 interinos, incapacitados por la administración para la docencia por no superar las pruebas, han trabajado, mientras que 336 aprobados no lo hacen al estar en la cola de la bolsa de trabajo, poco o nada se resuelve, por lógico que sea, poniendo a éstos a la cabeza ya que 3.521 –basta hacer una resta- seguirían trabajando a pesar de no tener, según la administración, la capacidad mínima para hacerlo. Es indecente enmascarar el interés de la administración y los sindicatos por el control de las listas de interinos, que es lo que provoca realmente esta polémica, como un debate sobre la idoneidad del profesorado. Bastantes problemas tienen los interinos como para que los intereses de unos y otros les compliquen aún más su existencia en vez de mejorarla. Como ser pormenorizado al respecto no cabe en este espacio, os remito a un artículo anterior, “Profesorado interino, drama profesional” que cuelgo ahora en mi blog, aunque está publicado en diversos medios el 25 y 26 de enero de 2007, donde expongo las injusticias que sufren los interinos. Poco ha mejorado el tema desde entonces.

Durante mi larga experiencia docente he visto a muchos interinos hacer un trabajo excepcional, al igual que a muchos funcionarios. También he visto lo contrario. Por eso me duele que frívolamente se cuestione mediáticamente al profesorado de forma generalizada y sin conocimiento de causa. Muchos tertulianos, algunos muy expertos en su materia, debieran acercarse a un aula de Primaria o Secundaria e impartir clases sobre la materia que mejor dominen durante una semana, sólo una semana. Así entenderían de lo que estamos hablando, pues hay músicas que es difícil tocar de oído, sobre todo si se tiene poco sentido del ritmo.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

QUO VADIS, PSOE?

                        No es la primera vez, por más que lo siento, que, en diversos artículos critico la deriva del PSOE en estos últimos años. Son demasiados los episodios erráticos, las meteduras de pata, las incoherencias, las mediocridades y las estériles luchas cainitas como para, desde mis convicciones democráticas y socialistas, no criticar el suicidio progresivo del partido que más tiempo ha gobernado la España democrática y ha sido el referente por excelencia de las clases trabajadoras. Un suicidio avalado no sólo por los hechos citados, no ajenos a otros partidos, sino además por las soluciones que proponen, a todas luces insuficientes, y por las explicaciones sobre las mismas, a todas luces carentes de credibilidad y preñadas de hipocresía. Queda tan lejana aquella frase de Felipe González, “los socialistas podemos meter la pata, pero no la mano” que, a día de hoy, no es lo más grave su manifiesto incumplimiento sino la incapacidad para erradicar con solvencia ambos supuestos, al extremo de que, recordando el título de la novela de Sienkiewicz, sólo cabe preguntarle “Quo vadis, PSOE?”, pues nadie entiende adónde va el partido que tanto ilusionó en su día a la mayoría de los españoles. Si a Pedro el Apóstol por interpretar la confusa respuesta de Jesús le costó ser inmolado, sólo la exigencia de una respuesta clara y diáfana a la dirección del partido, caiga quien caiga, podrá salvar al socialismo de su autoinmolación.

            ¿Adónde va el PSOE sin proyecto común ilusionante, sin dirección carismática y sin disciplina interna? A ninguna parte. En tales condiciones es imposible conservar su aspiración mayoritaria, imprescindible para ser alternativa de gobierno. Cada episodio se convierte en una potencial hemorragia de pérdida de votos a pesar del malestar social que genera la derecha por su forma de gobernar. El deterioro del PP no es proporcional al ascenso del PSOE, lo que genera graves incertidumbres de alternancia política de cara al futuro. Pero es lógico que esto suceda si, tras el descalabro electoral por la pésima gestión gubernamental de Zapatero, que al menos se podría disimular o medio justificar por la crisis económica, sus sucesores digitalizados incluso se muestran incapaces de poner orden dentro de sus propias filas, dedicándose a una sórdida guerra interna por conservar las migajas de poder que cada uno conserva. Y así, obviamente, es absurdo que cada metedura de pata, por no decir otra cosa, se intente justificar o enmendar ante la opinión pública, siendo peor el remedio que la enfermedad, tal como sucede, entre otros casos, con la moción de censura en Ponferrada o con el desafío del PSC.

            En Ponferrada, nada novedoso, Benidorm, con los matices que se quiera, es el antecedente perfecto. El guión, idéntico; sólo cambia el escenario y los actores. Se trata de arrebatarle el poder con pactos indeseables (ahora, con un acosador; antes, con un tránsfuga) a quien lo detenta con mayoría relativa so pretexto de lograr la gobernabilidad del municipio supuestamente mal gobernado por quien ha decidido el pueblo. La iniciativa, del grupo municipal. El partido deja hacer o apoya en la sombra hasta que la felonía se consuma y entonces, hipócritamente, la desautoriza. ¿A quién pretenden engañar? El nuevo alcalde y todos los concejales desobedecen, se van del partido y dejan el pueblo sin representación socialista hasta las siguientes elecciones. Entonces piden el reingreso al partido que, en listas cerradas, los vuelve a presentar como su mejor opción, pues otra lista diferente sería perdedora. Una jugada maestra pero éticamente reprobable que, si se lleva a cabo, lo mejor es pasar página, pues intentar justificarla es mucho peor. Es lo que ha sucedido. Rubalcaba queda desautorizado en su innecesario ultimátum mientras destacados miembros del PSOE aprovechan su falta de autoridad para menoscabar su gestión públicamente. Su leal Oscar López asume como “error” personal el apoyo a la mascarada y pone su cargo a disposición del partido, que, obviamente, no le acepta la renuncia. ¿Acaso su objetivo no era apartar de la política a un acosador? Es su inverosímil argumento ético. Le ha faltado redondear que la coincidencia de la operación con el día de la mujer así lo avala. ¿No es el mejor momento para conseguir tan noble aspiración? Fin de la farsa.

            No obstante, políticamente hablando, es aún más grave la posición de la cúpula del PSOE ante el problema planteado por el PSC ya que deja a los votantes socialistas catalanes sin la opción de apostar por su propia ideología. Rubalcaba se limita a explicar que son dos partidos distintos con el compromiso, precisamente, de que el PSOE no se presente en Cataluña y el PSC ponga sus parlamentarios a disposición del PSOE, manteniendo ambos los principios socialistas. Una alianza entre partidos “hermanos” que ha funcionado con altibajos puntuales. Pero no dice que ahora el problema es de fondo y, por tanto, no basta con buscar un nuevo protocolo de relaciones. Mientras los soberanistas catalanes rompen unilateralmente con España, el PSC hace lo propio con el PSOE al no poner sus parlamentarios a su disposición, por lo que la única forma de no dejar huérfanos a los votantes socialistas de Cataluña, que los hay, es que el PSOE se presente como tal en las próximas elecciones. Para ello urge que el PSOE consolide una federación propia en Cataluña como tiene en el resto de territorios. ¿Por qué no lo hace? Pere Navarro descarta la ruptura porque “sería una fiesta para la derecha” pero es incapaz de entender -al igual que Rubalcaba- que no hacerlo será un lamentable velatorio para el socialismo democrático. Cuando el nacionalismo se instala como esencial principio del socialismo es lo que suele suceder. La Historia así lo avala Lo dicho, Quo vadis, PSOE? La respuesta, cuanto antes, mejor.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

SIMPLEMENTE, KAFKIANO

                        Es tan extraño, tan absurdamente complicado, el comportamiento y la actuación de destacados dirigentes políticos y personajes relevantes para la opinión pública española que está provocando en la ciudadanía tal estado de desconcierto que convierte el presente en un momento histórico simplemente kafkiano. O, sencillamente, han perdido el norte y les es difícil recuperar la lógica y el sentido común, o, sibilinamente, actúan adrede para crear una ceremonia de la confusión propicia para sus intereses particulares; salvo que todo obedezca a sus altas dosis de incapacidad para ejercer responsablemente el cargo que se les tiene asignado. Sea por lo que fuere, lo cierto es que han generado tal grado de frustración en los ciudadanos que hace difícil ver con claridad, no sólo dónde vamos, sino también dónde estamos y, lo que es peor, de dónde venimos, propiciando que casi todas las instituciones del Estado, los partidos políticos y sindicatos, los jueces y magistrados, las ideologías, las leyes y hasta nuestra Constitución estén siendo cuestionadas de forma creciente. Crece el rechazo ciudadano al sistema en su conjunto y la demanda de una especie de revolución que cambie todo radicalmente, sin reparar en que el problema no es el entramado político-institucional, homologable con los países de nuestro entorno, sino el comportamiento improcedente de la clase dirigente, con lo que, probablemente, haciendo los retoques pertinentes y exigiendo las responsabilidades encomendadas a cada cual, tal como sucede en los países vecinos, se conseguiría la normalidad que ellos disfrutan.

            En ninguno de estos países se concibe que el principal partido que les gobierna, tras conseguir una reciente mayoría absoluta, sea incapaz de resolver de un plumazo el bloqueo al que le somete un presunto delincuente, mientras que el principal partido de la oposición, recientemente relegado del gobierno, se desmorona en mil pedazos ante la incapacidad de un liderazgo para evitar la anarquía. ¿Por qué el PP no se querella como tal ante un Bárcenas insolente y chulesco? ¿Por qué el PSOE no rompe con el díscolo PSC y crea su propia federación en Cataluña? ¿Por qué Rajoy y Rubalcaba prefieren complicar lo fácil con estrategias absurdas que nadie entiende? Simplemente, kafkiano.

            En ninguno de estos países se admite que desde las instituciones democráticas se desafíe al propio Estado al margen de la legalidad que las legitima. Menos aún si se hace de forma reiterada y chulesca, al extremo de tachar al gobierno de opresor y antidemocrático ante la posibilidad de que ejerza su responsabilidad para impedir que semejantes desmanes prosperen. ¿Por qué los partidos democráticos no consensúan un manifiesto de repulsa contundente a esta deriva antidemocrática y de apoyo al Gobierno para que, en el uso de sus competencias constitucionales, la erradique definitivamente? ¿Por qué se enredan en interpretaciones confusas si lo fácil es aplicar la ley? Simplemente kafkiano.

            En ninguno de estos países se entiende que el partido que hace gala de determinados principios, sólo los defienda públicamente cuando le interesa, dejando en los demás casos como paladín de los mismos a quienes, supuestamente, son más tibios en su defensa. ¿Por qué la cúpula del PSOE no repudia públicamente a su secretario de organización en Huelva, Jesús Ferrera, por manifestar que la ministra Báñez “estaría mejor…haciendo punto de cruz”? ¿Por qué no lo hizo con su socio Valderas cuando, ante Cayo Lara, llamó a Blanca Alcántara “la de las tetas gordas”? ¿Por qué, si han distorsionado hasta el propio lenguaje para adecuarlo a la igualdad, dejan que sea el PP quien repudie semejantes expresiones machistas? ¿Por qué estos comportamientos absurdos si lo fácil es la coherencia en la defensa de los principios ideológicos? Simplemente, kafkiano.

              En ninguno de estos países se tolera que los distintos poderes del Estado, sus autoridades y funcionarios actúen al margen de sus estrictas competencias o hagan dejación de sus responsabilidades, por lo que avalan sin fisuras las sanciones que correspondan en caso de que tales conductas se produzcan. ¿Por qué aquí no se hace con el fiscal general del Estado, Torres-Dulce, al expedientar al fiscal-jefe de Cataluña, Rodríguez Sol, por su comportamiento inadecuado? ¿Por qué somos malévolos con quienes asumen su responsabilidad y benévolos con quienes la incumplen o se extralimitan al ejercerla? Simplemente, kafkiano.

            Son los ejemplos más recientes de todo un rosario de comportamientos similares que sería eterno relatar. Además, por si no fuera suficiente, una serie de tertulianos televisivos o radiofónicos, empeñados en defender lo indefendible, se encarga de crear una opinión pública esquizofrénica con argumentos irresponsables que distorsionan los hechos al extremo de que, en muchas ocasiones, quien debiera ser reprobado es aplaudido socialmente y viceversa. Así las cosas, de nada servirán los cambios, lógicos y necesarios, para modernizar nuestro Estado de Derecho si, entre todos, no somos capaces de cambiar nuestro comportamiento colectivo, que pasa por el acatamiento estricto a la legalidad, caiga quien caiga, y la exigencia mayoritaria de que la haga cumplir quien tiene la responsabilidad de hacerlo, sea quien sea. Es así de fácil. Es lo que hacen todos los países democráticos desarrollados. Por eso funcionan, al margen de la legalidad que cada uno de sus pueblos se haya dado. Por eso su modelo de estado es válido y el nuestro no. Siendo así de fácil ¿por qué nos empeñamos en complicarlo de forma tan absurda? En definitiva, simplemente, kafkiano.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

ITALIA, UN EJEMPLO A RECHAZAR

                        Las elecciones en Italia, que consolidan un escenario ingobernable para los italianos y un horizonte preocupante para los europeos, debe servir de ejemplo a los españoles para corregir una serie de errores que, salvando las distancias, tiene bastante similitud con los que condujeron a Italia a tan indeseable situación. No en vano el panorama político español actual es bastante equiparable al que tenía Italia hace dos décadas, cuando un proceso judicial, conocido como “Manos Limpìas”, descubre una amplia red de corrupción en el seno de los principales partidos políticos tradicionales y en diversos grupos empresariales, que, en definitiva, concluye con la desaparición de dichos partidos y la aparición de otros a imagen y semejanza de liderazgos populistas. Desde entonces la inestabilidad política y el populismo han sido los protagonistas. Con una sucesión de gobiernos de coalición, basados en el interés particular de los líderes partidarios coaligados, y, muy especialmente, del todopoderoso Silvio Berlusconi, Italia no ha vuelto a la normalidad política tradicional. Y éste es el riesgo que se corre en España si, de una vez por todas, los partidos políticos son incapaces, como sucedió en Italia, de ganarse de nuevo la confianza de los ciudadanos, perdida por el irresponsable proceder de sus cúpulas dirigentes y la apatía de sus militantes. Si, en su día, Manos Limpias intentó acabar con la corrupción política imperante, en vez de hacerlo los propios partidos políticos, no es descabellado pensar que en España, con más de trescientos casos de corrupción política en curso, puede suceder lo propio. En Italia, de aquellos polvos vienen estos lodos; en España, de estos polvos, ya veremos.

            En Italia, como sucede hoy en España, a inicios de la década de los noventa se hace necesario impulsar reformas institucionales ante una serie de críticas al sistema político italiano que, “in crescendo”, habían aparecido pocos años antes. La situación era preocupante: los partidos tradicionales, desacreditados; el déficit público, elevado; las finanzas del gobierno, en crisis; y el gasto público, reducido, entre otras variables por el estilo. El descontento social se agrava cuando en 1992 se pone al descubierto la amplia red de corrupción político-empresarial que afecta a los principales partidos. Aparecen “salvapatrias” que ponen en cuestión la continuidad del sistema, desafiándolo desde frentes muy diversos (desde protestas de naturaleza territorial a movimientos pro referéndums) con el concurso de sectores judiciales y medios de comunicación. Al final, de forma precipitada, sólo hacen reformas electorales, a todas luces insuficientes. Pero el problema era mucho más profundo y en las elecciones de 1994 se confirma lo peor: la desaparición de los partidos clásicos, que no su regeneración, y el vertiginoso ascenso de opciones populistas, especialmente Forza Italia de Berlusconi, cuyo único mérito consistía en no estar acusados de corrupción, obviamente al no tener anteriormente responsabilidades de gobierno. Se inicia así el periodo berlusconiano, cuyo líder, a base de coaliciones y rupturas con otros partidos, por intereses particulares y no por homogeneidad ideológica, protagoniza la antipolítica en Italia hasta nuestros días. Ni socialistas, eurocomunistas o democratacristianos, que habían pilotado la política italiana desde la postguerra mundial, han tenido nada que hacer desde entonces. La ciudadanía italiana queda huérfana ideológicamente. Es lo que sucede cuando los acontecimientos desbordan a la miopía política. Para los españoles, un aviso a navegantes.

             Si una sociedad pierde sus referentes ideológicos es muy difícil recuperarlos. No es pues descabellado el resultado de estas últimas elecciones en Italia. Los mismos que hace quince meses celebraban la renuncia de Berlusconi (procesado por varias causas y escándalos a pesar del blindaje legal diseñado por él mismo y con Italia al borde de la bancarrota) al grito de “payaso” y “aleluya”, ahora votan su nueva alianza derechista al extremo de impedir la gobernabilidad por parte de la otra alianza centroizquierdista de Bersani, la más votada, y de hundir al tecnócrata Monti, valedor de las políticas de la UE. Además, un nuevo fenómeno antisistema, Beppe Grillo, acapara el descontento social. Es el antipartido por excelencia. Su programa, ninguno. Su proyecto, cero. Su objetivo, atraer buena parte del descontento social generalizado. Y así se convierte en árbitro de la difícil situación, para afirmar que no formará gobierno con ninguna de las dos coaliciones. Su éxito electoral se basa en la promesa de iniciar una “guerra de generaciones”, para atraer el voto joven, y en el insulto a la clase política de forma generalizada (él no se considera como tal), para atraer el voto protesta, ya que “todos ellos son unos perdedores que han estado aquí unos 25 o 30 años y que condujeron a este país a una catástrofe”. Puede que en algunas cosas no le falte razón, pero, en todo caso, sólo plantea el problema sin aportar su posible solución que es lo esencialmente importante.

            Ni Bersani, con mayoría de diputados, ni Berlusconi, con mayoría de senadores, pueden gobernar en solitario. Ni siquiera con el apoyo de Monti. Por su parte, Grillo les da a “los viejos partidos seis meses…y todo se va a acabar” pues “ya no podrán seguir pagando las jubilaciones ni los salarios de los empleados públicos”. Es curioso que a sus 64 años de edad considere “viejos partidos” a los surgidos hace dos décadas y prehistóricos a los tradicionales, que, con aciertos y errores, eran verdaderos partidos políticos. Sin proyecto concreto viable, sin ideología determinada y sin partidos políticos la supuesta “democracia directa” del Movimiento 5 Estrellas de Grillo, diseñado en internet y bien vendido como producto comercial, se muestra eficaz para erosionar la tradicional “democracia representativa”, aunque no dice qué haría para seguir pagando las jubilaciones y los salarios públicos si los italianos le hubiesen encomendado el gobierno. Destruir sistemas sin alternativas viables conduce directamente al caos.

En España el caldo de cultivo para desarrollar “Berlusconis” y “Grillos” está servido. Es un poderoso veneno contra la democracia y el caso italiano puede servirnos para encontrar el antídoto. Esperemos encontrarlo antes de que sea demasiado tarde.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

DEBATE DE LOS DISLATES

                        El debate sobre el (mal) Estado de la Nación que, más que nunca, requería altas dosis de responsabilidad por parte de sus protagonistas para consensuar una serie de medidas imprescindibles para sacar a España del oscuro túnel de la crisis global que padece, se ha convertido en el debate de los dislates. Son tantos los errores cometidos durante su desarrollo que Rajoy, presidente de un gobierno tan criticado por la opinión pública, no ha tenido grandes dificultades para salir relativamente victorioso (tal como afirman todos los diarios) frente a una oposición que, anclada en el slogan mitinero, ha desperdiciado la gran ocasión de, al menos, consolidarse como una alternativa creíble que genere esperanza de futuro. Pero, siendo esto muy grave, las cosas pueden empeorar si, al final, sólo se trata de una victoria pírrica de Rajoy y la trágica realidad hace insostenible la sólida estabilidad conseguida en las urnas. La solución de los graves problemas, entre ellos los que han protagonizado el debate –la crisis económica, la corrupción y el soberanismo-, exige altura de miras, grandes consensos y no victorias episódicas de unos u otros.   

            Cuando Rajoy pone como principal objetivo la reducción del paro, que sigue creciendo, y señala los ajustes macroeconómicos como requisito previo para cambiar la tendencia, es un error, salvo que se esté en desacuerdo con el planteamiento, no reconocerle las mejoras obtenidas en dichos ajustes. Más aún si se hace en el primer debate de la legislatura, pues el recurso fácil de imputar al gobierno en exclusiva la dramática situación permite recurrir a la reciente herencia recibida, secuestrando, en definitiva, el verdadero debate y debilitando la solidez de las posibles medidas para mejorar la situación. Hace un año estábamos muertos, ahora estamos en la UCI, y, hace un año, yo era la oposición. Deme tiempo, la legislatura acaba de empezar y cuento con amplia mayoría. Es el resumen de lo que Rajoy contesta a Rubalcaba y al resto de portavoces. Yo, al menos, intento paliar el problema de los deshaucios; usted, no hizo nada al respecto. Y así sucesivamente. Rubalcaba al final ha de reconocer y lamentar la cruel realidad. La victoria de Rajoy, pírrica al menos, está servida. El descrédito de Rubalcaba, también. De la mayoría del resto de portavoces, mejor ni hablar. Las utopías, cuando no se pueden pagar las facturas y los acreedores exigen el pago, sirven de poco. Es la consecuencia lógica de no estar a la altura de las circunstancias.  

            Cuando Rajoy señala una serie de medidas anticorrupción y, frente a lo que percibe la inmensa mayoría de ciudadanos, no reconoce a España como un país corrupto, eludiendo nombrar, como todos los dirigentes políticos, los casos de corrupción propios, como es el caso Bárcenas, salvo que se esté limpio de polvo y paja, sólo cabe apoyar sin reparos dichas medidas, aportar otras nuevas si se tienen y reconocer y hacer reconocer al contrario el “mea culpa” en la parte que toque a cada cual por no haber hecho nada al respecto anteriormente. Es la única forma de hacer creíble que, por fin, todos están dispuestos a acabar con la corrupción en vez de utilizarla de forma maniquea como arma política arrojadiza según les conviene. El reciente escándalo del espionaje así lo avala, pues el chantaje es la mejor forma de ocultar la corrupción, pero no de eliminarla.

            Cuando Rajoy ofrece el diálogo como método de tratar cualquier asunto, incluido el soberanismo, pero siempre que se ajuste a la legalidad, no caben medias tintas. Es tan obvio que no admite discusión. Plantear en el debate el modelo territorial que tenga cada cual ni es el lugar, ni es el momento, ni conduce a nada. Es, simplemente, ganas de marear la perdiz. Y es precisamente el incumplimiento de la legalidad vigente, en estos y en los demás asuntos, la causa principal de la tragedia, sin precedentes, que estamos padeciendo. Seguramente cumpliendo y haciendo cumplir la legalidad evitaría en gran medida la necesidad de cambiar muchos asuntos que hoy no funcionan.

            Tal elenco de dislates ha permitido que Rajoy, inesperadamente por la que le está cayendo, saliera airoso sin ofrecer “nada de brotes verdes, ni nubes pasajeras, ni anticipos primaverales”, simplemente describiendo la cruda realidad heredada, que, según él, justifica sus incumplimientos electorales momentáneamente para poner las bases que permitan cumplirlos al final de legislatura; anunciando una serie de medidas concretas indiscutibles frente a la ausencia de propuestas viables de sus oponentes; y, ofreciendo diálogo y discusión para mejorarlas, sin olvidar obviamente la mayoría parlamentaria que le respalda. ¿Acaso no era el momento de recoger el guante por parte de la oposición con propuestas alternativas o complementarias? Ni una cosa, ni otra. Se opta por la irresponsabilidad de intentar deteriorar aún más al deteriorado gobierno mediante juicios de intenciones e imputaciones de intereses ocultos, mientras la ciudadanía espera el esfuerzo común en la búsqueda de soluciones. Lamentablemente la oposición, sabiendo que, como bien dice Rubalcaba, “un gobierno no puede estar pendiente de que una mañana Bárcenas sufra un ataque de sinceridad”, no ha entendido que, en caso de darse dicho ataque, es el pueblo quien no puede estar pendiente de que el gobierno siguiente siga estando pendiente de que cientos de “Bárcenas”, que los hay de todos los colores, puedan sufrir idénticos ataques de sinceridad. Se perdió la oportunidad de una victoria de la Política, con mayúsculas. Es lo que el pueblo necesitaba.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

AUTODETERMINACIÓN Y LEGALIDAD

                        La frivolidad con la que algunos definen el derecho de autodeterminación o libre determinación como el “sancta sanctorum” de la democracia exige situarlo en sus justos términos para evitar, precisamente, que se convierta en un peligroso virus antidemocrático. No en vano ha sido reivindicado no sólo por el liberalismo, el nacionalismo o la socialdemocracia, sino también por el marxismo-leninismo o el nazismo, doctrinas totalitarias, que nada tienen que ver con las actuales democracias representativas. Como concepto político, que no filosófico, consiste en el derecho de un pueblo a decidir sus propias formas de gobierno, a perseguir su desarrollo económico, social y cultural, y a estructurarse libremente, sin injerencias externas y conforme al principio de igualdad. Su origen se remonta a hitos históricos que alumbraron la Edad Contemporánea -Declaración de Independencia de EEUU, Revolución Francesa y Guerra de Independencia Hispanoamericana-, se consolida a lo largo del XIX en paralelo a la idea de “nación” y se generaliza en el XX gracias al proceso de descolonización, generando un amplio debate en la comunidad internacional hasta nuestros días, justo para evitar las sangrientas consecuencias derivadas de su abuso e indefinición legal. Si la Sociedad de Naciones -la primera liga de naciones, creada tras la Primera Guerra Mundial-, aun reconociendo su importancia, no concedió carta de naturaleza a la autodeterminación, como regla positiva en el Derecho Internacional, la ONU –creada tras la Segunda Guerra Mundial- sí reconoce el principio de “libre determinación de los pueblos” junto al de “igualdad de derechos” como base del nuevo orden internacional. Y es justo este reconocimiento lo que justifica y exige su desarrollo posterior a través de varias resoluciones, para que la autodeterminación se ejerza en el marco de una legalidad internacional, que, en el fondo, sólo pretende poner en valor y en equilibrio la diversidad de intereses en juego con el objetivo de garantizar la paz y la estabilidad. Con todos los fracasos, todas las carencias y, ¡por qué no!, todas las hipocresías, la ONU, aún siendo manifiestamente mejorable, es la mayor organización internacional, englobando 193 estados, prácticamente todos los países soberanos reconocidos.

            En un contexto histórico en que la mayoría de los pueblos del mundo estaban sometidos al colonialismo, la autodeterminación cobra una dimensión espectacular en lo que se ha denominado su “vertiente externa” que, relacionada con la soberanía, prohíbe el colonialismo y, en general, la explotación extranjera, otorgando a los pueblos en tales circunstancias el derecho a decidir la formación de un Estado independiente, la libre asociación, la integración en un Estado ya existente o cualquier otro estatuto que libremente decida su población. Esta vertiente tiene su origen en la independencia de EEUU e Hispanoamérica y culmina con el exitoso proceso descolonizador del último tercio del siglo XX. Pero, no agotado el problema con la independencia de las colonias, para otros supuestos reivindicativos distintos, se contempla la “vertiente interna” de la autodeterminación, con raíces en la Revolución Francesa y la consiguiente supresión del Absolutismo, consistente en el derecho de los pueblos a decidir su organización política y perseguir su desarrollo cultural, social y económico, es decir, a preservar su identidad y participar en la dirección de los asuntos públicos a todos los niveles. En definitiva, a vivir en democracia, con gobiernos que representen al conjunto de la población, sin discriminación por motivos de raza, religión u otra circunstancia. La contemplación de ambas vertientes, la externa y la interna, es imprescindible para que, en cada supuesto, el derecho de autodeterminación no se convierta en agente atomizador y generador de conflictos entre los estados constituidos en el planeta, que en su mayoría, más del 90%, son plurinacionales sociológicamente, pues sus poblaciones tienen o proceden de diversas culturas o pueblos, incluidos los surgidos tras la independencia colonial.

            Por ello la ONU, los acuerdos internacionales y el sentido común, para evitar que la autodeterminación se convierta en un problema en vez de una solución, ha ido perfilando su reconocimiento como derecho si se dan determinadas circunstancias, concretando qué pueblos son titulares del mismo y en qué supuestos. Está en juego la paz, la libertad y la estabilidad internacional, pues, al fin y al cabo, se trata de preservar los derechos ciudadanos –de todos los ciudadanos-, individuales o colectivos, en beneficio de una convivencia internacional estable y pacífica. No en vano, el concepto de “pueblo”, como sujeto del derecho de autodeterminación en su doble vertiente, es problemático y tiene varios significados, prevaleciendo en la cultura occidental, el de “conjunto de habitantes de un estado” (pueblo español, alemán, francés, etc) sin menoscabo, al menos en su vertiente interna, del de “grupo diferenciado dentro de un estado” (pueblo catalán, bávaro, bretón, etc), que nada tiene que ver con los “pueblos colonizados” o los sujetos a “dominación extranjera” –inexistentes prácticamente en Europa-, cuyo derecho de autodeterminación está más que justificado y, por ello, reconocido por la comunidad internacional, incluidas ambas vertientes.

            Sin embargo, el reconocimiento internacional del derecho de autodeterminación para los pueblos considerados como “grupo diferenciado dentro de un estado” y, por tanto, formando parte de los considerados “conjunto de habitantes de un estado” necesariamente pasa por tener muy en cuenta el derecho constitucional del estado en  cuestión, su integridad territorial y su soberanía, consecuencia del proceso histórico del pueblo o pueblos que lo han constituido. En tales circunstancias, si la vertiente interna del derecho de autodeterminación está asegurada por las garantías democráticas –esta es la clave-, no cabe justificación internacional para validar la vertiente externa, es decir, la soberanía, salvo que así esté definido constitucionalmente en el estado del que forma parte o, en caso contrario, así lo decida el pueblo soberano, en este caso el “conjunto de habitantes” del estado en cuestión y no unilateralmente el “grupo diferenciado” que forma parte de él. Menos aún si dicho estado está más que consolidado y reconocido por la comunidad internacional, con una vigencia histórica –consecuencia del esfuerzo común de todos los pueblos que lo integran- de varios siglos, incluso antes del momento en que el derecho de autodeterminación apareciese como concepto político. Si además de todo lo anterior, el “grupo diferenciado” jamás se configuró como estado propio, jamás fue sometido por el resto de la población o por una potencia extranjera que lo oprime y, simplemente, siempre ha sufrido y disfrutado los mismos avatares históricos que el resto de pueblos o “grupos diferenciados” que conforman y comparten el estado al que pertenecen, en vez de derecho de autodeterminación, estamos hablando de otra cosa. Una agresión antidemocrática en toda regla y un desafío a la comunidad internacional que no podría reconocer la viabilidad del supuesto derecho de autodeterminación, pues, al no ajustarse a la legalidad, atropellaría derechos consolidados del estado amputado y abriría el camino a un proceso atomizador que haría peligrar la paz y la estabilidad mundial, poniendo patas arriba el actual mapa-mundi político. Poner bajo sospecha la soberanía –libremente decidida- y la integridad territorial –históricamente consolidada- de un estado es lo más parecido a colocar la paz y la estabilidad mundial bajo un polvorín a punto de estallar.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

"CASO BÁRCENAS", NADA SORPRENDENTE

                        El caso Bárcenas se ha convertido en la mecha incendiaria que ha hecho estallar la caja de los truenos, provocando tal estruendo que impide percibir el resto de chirridos de nuestra deteriorada estructura democrática. El paro “in crescendo”, la crisis económica galopante, el secesionismo irresponsable, los deteriorados servicios públicos, la intolerable lentitud de la justicia, el aumento de la pobreza, el creciente desapego ciudadano a los políticos e instituciones, entre otras preocupantes variables, han dejado de chirriar para convertirse en leves susurros apenas perceptibles. Bárcenas, sus desorbitadas cuentas en Suiza, sus supuestos sobres con sobresueldos, su presunta contabilidad en B y, en definitiva, la financiación ilegal del PP, vinculada al caso Gürtel, ha silenciado todo lo demás. Y no es para menos. Se trata de un asunto de extrema gravedad, pero como otros tantos que, lamentablemente, venimos soportando desde hace demasiado tiempo. Por tanto, es insólita la apariencia de sorpresa con que ha irrumpido en el ambiente, cuando, en el contexto general de la financiación ilegal de los partidos y de la corrupción política, se trata de un asunto más, por grave que sea, nada sorprendente. Ni sorprende el fondo del asunto, ni sorprende la forma. ¿Es qué hay alguien que no se lo esperara? Ni siquiera se trata de hechos puntuales de rabiosa actualidad, sino que forma parte del elenco de casos que dormitan, durante años, el sueño de los justos en los tribunales a la espera de que cualquier irregularidad durante la instrucción o la prescripción de los supuestos delitos les libere del merecido castigo.

            Asimismo, nada sorprendente en la reacción de los afectados, ni en la de sus oponentes. Desde el ya lejano “¡Váyase, Sr. González!” de Aznar, al actual “Váyase, Sr. Rajoy” de Rubalcaba, el modelo sigue siendo el mismo. Basta comprobarlo en las hemerotecas. Sólo cabe un matiz diferenciador. La rotundidad de Aznar, con moción de censura incluida, era un “váyase” con todas las consecuencias, convoque elecciones que yo las gano, contrastando con la indecisión de Rubalcaba, que, sin moción de censura, es un “váyase” pero no del todo, ponga a otro de su partido que yo no gano los comicios si los convoca. No es casual ni sorprendente, sino la evidencia del hartazgo actual que tiene la sociedad de todos sus representantes políticos. Si a los ciudadanos ya no les interesa ni siquiera cambiar de álbum ¡cómo va a interesarles cambiar los cromos! ¿Qué se gana cambiando las caras para que todo siga igual? ¿Qué pretende por tanto Rubalcaba con su propuesta? Desde luego, no un cambio de modelo. Ni siquiera, la alternancia. Sabe que el hipotético resultado electoral podría abocarnos a una peligrosa inestabilidad gubernamental. Rajoy también lo sabe. Es la tragedia, escrita y dirigida por las oligarquías partidarias que, sólo interesadas en conseguir el poder como fin en sí mismo, han generado en la ciudadanía tal desconfianza que, si no se corrige urgentemente, tendrá consecuencias imprevisibles. Es preocupante que los oligarcas de los partidos políticos sigan sin entender que la mayoría de los ciudadanos ya no cree sus mentiras o falsas promesas, ni confía en sus estrategias, ni tolera sus cinismos e incoherencias, sólo asumibles por el grupo clientelar que les rodea, probablemente para no arriesgar sus particulares intereses o para acercar la posibilidad de conseguirlos en un futuro inmediato. Basta acercarse a las encuestas para constatarlo.

            Por tanto, a estas alturas ya no vale, políticamente hablando, un debate público sobre, si los papeles de Bárcenas son falsos o no, si hubo sobres sorpresa y quienes fueron los agraciados, si las cuentas en Suiza han sido lavadas por la amnistía de forma irregular, si proceden de actividades delictivas o si se trata de la punta del iceberg del “caso Gürtel”. Sabemos por experiencia contrastada que, al tratarse de asuntos en manos de la Justicia, dentro de diez o doce años saldremos de dudas. O no, como diría Rajoy. Es lo que hay. Vale menos aún introducir en el debate si se trata de un chantaje de Bárcenas o de una maniobra de Esperanza Aguirre, si están detrás los de CiU para tapar sus propias vergüenzas, si Guerrero el de los EREs andaluces también tiene papeles manuscritos o si Rubalcaba no exige a Griñán que dimita, tal como exige a Rajoy. Sabemos que son los trucos habituales de los dirigentes políticos, quienes, a falta de proyectos sólidos alternativos y conductas intachables contrastables, necesitan, para salir mínimamente airosos, minimizar sus propias miserias, magnificando las ajenas cuando la ocasión es propicia, sin reparar que al final, como no somos idiotas de remate, están fomentando su, más que merecido, descrédito social. Es lo que, al margen de las tardías sentencias judiciales, tantas veces incomprensibles para el común de los mortales, hace verosímil socialmente la corrupción sistémica en España. Basta con preguntar por la calle para saberlo.

Ya no vale tampoco el “váyase”, ni, el “y tú más”. Sólo vale una regeneración del sistema político hasta situarlo en la normalidad democrática. En definitiva, un Estado viable económica y políticamente, con partidos democráticos -no oligárquicos- leales y respetuosos con la legalidad, con separación de poderes que garantice la independencia del poder judicial, con administración pública basada en el mérito y la igualdad de oportunidades que evite el nepotismo y con un Parlamento que represente la soberanía popular encauzada por los partidos políticos y no por sus cúpulas dirigentes. El papel del pueblo soberano en un sistema democrático serio no puede quedar reducido, como sucede en España, al derecho de elegir cada cuatro años entre varias listas encorsetadas según el capricho e interés particular de las aristocracias partidarias que, en caso contrario, llevarían años fuera de la actividad política. Si aún les queda algo de dignidad, ahora tienen la ocasión de abrir las ventanas de par en par para que entre ese aire fresco, en vez de, una vez más, poner en marcha el ventilador para que todos los rincones del deteriorado edificio se impregnen del hedor putrefacto que ellos mismos han generado para conseguir este ambiente irrespirable.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

LA RULETA DE LA FORTUNA

                        España se ha convertido en una mastodóntica ruleta de la Fortuna en la que unos cuantos, probablemente demasiados, son tocados favorablemente por la varita mágica de la diosa romana para desgracia del resto, la inmensa mayoría, condenados por ella a todos los males. En su caprichoso proceder a la hora de repartir la suerte ha reservado la buena para los corruptos, dotándoles de inmensas riquezas, y la mala para los demás, privándoles incluso de un trabajo para sobrevivir honradamente y obligando a quienes lo conservan a grandes sacrificios para llegar a fin de mes. Parece que nada se puede hacer contra el designio de los dioses y sólo cabe la resignación. Aunque no hay que olvidar que a lo largo de la Historia los mortales condenados por los dioses, asqueados de tanto infortunio, han dicho “¡basta ya!” en determinadas ocasiones para cambiar de forma radical tanta desgracia. Y lo han conseguido más de una vez. Soportar lo insoportable tiene un límite que, a mi juicio, ya está más que rebasado. Quienes llevamos mucho tiempo exigiendo tolerancia cero contra la corrupción política al margen de la militancia partidaria de los corruptos – y a diferencia de quienes sólo ven, o quieren ver, la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el propio- no sabemos ya qué más tiene que suceder para que se ponga el punto y final a esta lacra que atenta directamente contra el sistema democrático. Si ni legisladores, ni  gobernantes, ni ejecutivas de los partidos políticos, ni sus militantes ponen el punto y final, son ellos el problema y no la solución. Y la sociedad ya tiene bastantes problemas como para soportar además el que, sin lugar a dudas, es origen de buena parte de ellos.

            La endémica corrupción en España ha llegado a niveles insostenibles. El pueblo ya no puede soportar que, casi a diario, surjan casos de corrupción política o financiera sin que quienes son responsables de evitarlo –las distintas administraciones públicas y los partidos políticos- ni siquiera lo consideren como un problema esencial para desarrollar el Estado de Derecho en el que viven. La sucesión vertiginosa de casos de corrupción clamorosos con cantidades astronómicas, que paliarían la crisis económica, impide que, la resaca social de la borrachera por el último caso publicado, dé tiempo suficiente a la recuperación para afrontar la nueva borrachera del siguiente caso, provocando un alcoholismo crónico irreversible, mientras que los partidos parece que lo superan con absoluta normalidad. Por tanto, se supone que la única explicación de que los partidos políticos no corten de raíz el problema es para evitar el “delírium trémens” y sus efectos negativos, aunque olvidan que mantener el vicio es aún mucho peor que afrontar los efectos del síndrome de abstinencia, pues, si los partidos políticos no acaban con la corrupción, será ésta quien acabará con ellos. Ya no vale el “y tú, más”, tan utilizado cuando, siendo principiantes, los casos de corrupción de uno u otro signo político se distanciaban en el tiempo, dando lugar a que, en cada caso, el anterior ya se hubiese digerido y olvidado. Ya no se pueden vender como casos aislados o de unos u otros. Son permanentes y de todos. La confluencia temporal de muchos de ellos, que afectan a casi todos los partidos y niveles administrativos, desde el municipal a los aledaños de la Corona, pone en evidencia las vergonzantes demagogias de quienes por la mañana actúan de inquisidores del contrario y por la tarde se tienen que defender de él, convertido en su inquisidor. Un simultáneo cambio de papeles en la misma orgía.

            Sin ir más lejos, unos veinticinco casos relevantes de corrupción –amén de otros de menor entidad, de los ya resueltos con anterioridad y de los que, siendo “vox populi”, aún no están denunciados- se investigan en estos momentos en los tribunales, que, con más de trescientos imputados de distintos colores políticos, se ven desbordados. Ni siquiera vale la pena citarlos, dan asco, son sobradamente conocidos y algunos casi olvidados. No son asuntos menores ya que, tratándose de robar, cuanto más mejor. Es la única forma de acumular fortunas de decenas, cientos y miles de millones de euros que causan vértigo al común de los mortales, que las está pasando canutas. Todos actúan igual. Primero trincan, si se les denuncia se declaran inocentes y exigen la presunción de inocencia hasta la saciedad, poniendo todas las trabas posibles a la instrucción judicial -dilatarlo al máximo tiene grandes ventajas- y, cuando, a pesar de todo, se descubren sus desorbitadas cuentas en paraísos fiscales y sus desbordantes patrimonios, camuflados con redes de sociedades interpuestas y con testaferros, intentan justificar lo injustificable ante la solidez de los indicios, en vez de pedir perdón por haber utilizado la política para doctorarse en actividades delictivas, renunciar al cargo político que tengan y asumir las responsabilidades derivadas de ellas en vez de recurrir en última instancia a acuerdos de conformidad o, ya condenados, al indulto. Que el 93% de los españoles considere que no se castiga debidamente a los políticos corruptos, no es casualidad. Que la mayoría esté de ellos hasta las narices, tampoco. O la diosa Fortuna invierte el sentido de esta diabólica ruleta, castigando severamente a los corruptos y premiando simplemente con una vida digna a los trabajadores honrados, o serán éstos quienes se vean obligados a cerrar el infernal casino en que se está convirtiendo nuestro sistema democrático, donde la honradez es apuesta perdedora. De momento, el edificio ya está casi rodeado.  

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

¿A QUÉ JUEGA EL PSOE?

                        La aprobación de la declaración de soberanía en el Parlamento catalán supone un serio varapalo para el PSOE, única formación que en un trance político de tanta envergadura no ha sabido estar a la altura de las circunstancias. Se supone que, tras un debate interno, cada partido decide el sentido del voto que emitirán sus parlamentarios. Así lo han hecho todos, incluida la coalición CiU a pesar de las evidentes discrepancias entre CDC y UDC al respecto. Todos, menos el PSC-PSOE. Cinco de sus parlamentarios se han rebelado negándose a votar la resolución oficial del partido. Y menos mal que no alteraba el resultado final de la votación. Al final, van a tener razón quienes dicen que, perdida la O de obrero y la S de socialista, el PSOE está a punto de perder la E de español y hasta la P de partido. Lo cierto es que, desde hace tiempo, no se sabe bien a qué juega. Su empeño por jugar a todo le conduce a una deriva en la que al final no va a jugar a nada. Hubo un tiempo en que no era así. Con aciertos y errores, el PSOE era un sólido instrumento político de ámbito territorial español con clara vocación mayoritaria, imprescindible para gobernar en democracia. Quienes tuvimos el honor de militar en él y desempeñar funciones de cierta responsabilidad política y orgánica bien sabemos las exigencias requeridas para conseguirlo y las necesarias renuncias personales de tipo ideológico para priorizar los objetivos programáticos de centro-izquierda, viables en el corto plazo, frente al programa máximo que, por su carácter utópico, condenaba inexorablemente a una vocación minoritaria y testimonial. Aun quedan en nuestra memoria las dificultades para conjugar las distintas sensibilidades internas sobre asuntos como el marxismo, la OTAN, la reconversión industrial u otras tantas, que amenazaban con fracturar el partido. Pero las reglas internas de juego eran muy claras. Debatido el asunto, el mensaje hacia la ciudadanía, es decir, el proyecto programático oficial, era el mayoritario que, con mayor o menor entusiasmo, defendíamos todos públicamente o, al menos, acatábamos. Las discrepancias quedaban puertas adentro, pero el proyecto ofertado a la ciudadanía era único, firme, fiable y homogéneo. Única forma de generar credibilidad, confianza, garantía y seguridad en los votantes a través de un sólido liderazgo democrático.

            Ante asuntos tan trascendentales como el planteado por Artur Mas lo peor para un partido político es su indefinición y su indisciplina. En ambas ha incurrido el PSOE y no es la primera vez que sucede. No en vano su caída electoral viene siendo una constante peligrosa y, a pesar de la que está cayendo en el PP, no remonta en las encuestas. Mucho me temo que el asunto catalán le va a restar más apoyos, no sólo en Cataluña, sino también en el resto de España. Si una parte minoritaria del PSC quiere jugar al nacionalismo, lo mejor para el PSOE ahora es invitarlos a que se vayan y formen un nuevo partido nacionalista para que el resto quede como una verdadera federación más, como en el resto de territorios autonómicos, pues en estos momentos no lo es. Sólo así conseguirá el PSOE recuperar su imagen de partido de ámbito territorial español, libre de hipotecas nacionalistas por las que, ante el órdago independentista de CiU-ERC, ha incurrido en una bochornosa indefinición y una intolerable indisciplina, que le desacredita dentro y fuera de Cataluña. Todos los demás, errados o no, han apostado de forma clara y concisa, que es lo que exige la ciudadanía. Ya se verá si su apuesta es ganadora o no. Pero el PSC-PSOE se ha quedado fuera de juego.

            No basta que Lucena, portavoz del PSC en el Parlament, manifieste ahora su “serio disgusto” y lo achaque a la “tensión” generada por la apuesta soberanista de Mas,  llevada a “límites difícilmente soportables”. En tales situaciones es precisamente cuando más se exige dar la talla sin medias tintas, nervios o tensiones. La campaña electoral clarificó sobradamente los objetivos de Mas y su peculiar concepto del “derecho a decidir”, del “soberanismo”, de la “legitimidad democrática” y de los métodos de llevarlos a efecto para conseguir la independencia por encima de “tribunales y constituciones”, es decir, al margen de la legalidad española e internacional. El posterior pacto CiU-ERC despejó cualquier duda que algún ingenuo pudiera tener. Por tanto, no cabían anuncios de “abstención” o la introducción de ambigüedades como el “federalismo”. Sólo cabía y cabe posicionarse a favor o en contra de forma contundente. Pero si se trata de un partido serio de ámbito territorial español -que no autonómico o local- con verdadera convicción democrática representativa, sólo cabe posicionarse con un “no” rotundo a semejante locura antidemocrática. De haberse hecho a tiempo y desde el principio, con autoridad, con absoluta claridad y sin especulaciones electoralistas, hubiese bastado aplicar la declaración de Rubalcaba en el último Comité Federal de que “Si el debate se centra en el derecho a decidir no habrá salida. No vamos a encontrar una solución. No cabe. Eso es un sí o un no. El resto de España nunca va a aceptar que una parte decida sobre algo que afecta al todo. El PSOE tampoco”. O las de Jáuregui ante la proposición no de ley de ERC, tachada de “frívola y oportunista” porque el referéndum “es una competencia exclusiva” del Estado “que no se puede delegar”. Proposición rechazada en el Congreso por 276 noes y 42 síes. Lástima que Pere Navarro, nadando entre dos aguas, haya tenido que justificar su “no” en que el PSC llevaba en su programa el derecho a decidir pero no la declaración de soberanía. ¿En qué quedamos? Derecho a decidir, qué. Ese es el problema, que seguimos sin saber a qué juega el PSOE.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena