Mientras
el Gobierno de España intenta concentrar la responsabilidad en Junqueras, dando
máxima importancia, si llega el caso, a la inhabilitación del Vicepresidente
catalán tras haber asumido éste el mando de la ilegal consulta, la Generalitat
garantiza que los Mossos no cumplirán la Ley (sorprendente proceder del Govern,
institución democrática que ha de ser garante de la legalidad vigente),
asegurando cínicamente el nuevo Conseller de Interior que los policías
autonómicos permitirán votar en el ilegal referéndum “con libertad y
seguridad”, cuando en un Estado de Derecho Democrático es precisamente el
Imperio de la Ley y el sometimiento al mismo el que garantiza tanto la libertad
como la seguridad de sus ciudadanos. Entretanto, hasta el propio letrado mayor
del Parlament de Catalunya tumba la legitimidad del “procés” independentista,
censurando que el secesionismo haya contrapuesto “el principio democrático y el
principio de legalidad” para “relativizar las reglas del sistema constitucional”
y sosteniendo que, ante la falta de una mayoría social el 27-S, el Govern
“enfatizó el carácter unilateral del proceso” que ha logrado “escasa
receptividad internacional”, con lo que, según el informe, “pretender que el
Estado Español mantiene formas autoritarias es un grave error de apreciación
política y, sobre todo, jurídica”. Por su parte, mientras Colau cae del burro y
rechaza ceder espacios para el referéndum, el Gobierno de Rajoy, que evitará de
momento tomar el control de los Mossos, decide bloquear los gastos de la
Generalitat para la ilegal consulta, por lo que Hacienda, que ya detectó en
junio un desvío injustificado para procesos electorales, ya examina las
partidas para evitar desvíos al respecto y controlará semanalmente los fondos
advirtiendo que cortará la financiación si el Govern destina dichos fondos a
sufragar la consulta. Por tanto, Moncloa impone un control semanal y retirará
el FLA si se usa para pagar los gastos del referéndum ilegal, mientras,
sorprendente e inexplicablemente, el “nueve PSOE” de Sánchez (no sabemos si por
decisión directa de sus militantes o de él personalmente) y el PSC (tanto
monta, monta tanto) se desmarcan de dicho control del gasto para evitar su mal
uso porque “no sirve para resolver el conflicto” (estúpido argumento, ya que lo
que se pretende es impedir una concreta ilegalidad inminente). Por su parte el
Ejecutivo catalán dice que el Estado se atascará “si se corta el grifo” de la
financiación, cuando ello sólo sucedería en caso de que la destinen ilegalmente
para garantizar la ilegal consulta, por lo que serían responsables directos de
la situación. Y, mientras el independentismo vuelve a caer en los sondeos, el
Tribunal de Cuentas da el primer paso para que Artur Mas pague de su bolsillo
los gastos del 9-N, en tanto que el PDeCat y el Govern, usando el genuino
estilo de Lola Flores en su momento, pide un euro a cada catalán para pagar la
multa del ex President. En fin, que cada ciudadano vaya tomando nota de las
actuaciones y declaraciones de cada uno de los partidos e instituciones sobre
este esperpéntico y peligroso asunto del ilegal “procés” independentista y
actúe en consecuencia de cara a las próximas elecciones autonómicas y
generales.
Entretanto,
impacta la noticia de que el banquero Miguel Blesa, símbolo del saqueo de las
Cajas de Ahorro, es hallado muerto con un tiro en el pecho en un cortijo
cordobés propiedad de un amigo suyo, donde solía ir de caza y, tras las
primeras hipótesis sobre el suceso, las investigaciones, que descartaban un accidente
desde el principio o una agresión violenta y apuntaban al suicidio, confirman
tras la autopsia que Blesa, a sus 69 años de edad, se ha suicidado, procediendo
con absoluta sangre fría, tras analizar “la trayectoria del disparo, la zona
alcanzada y la posición del cuerpo y el arma”; Blesa, que no dejó nota de
suicidio en la finca, según círculos cercanos “no salía a la calle porque le
abucheaban” y, pendiente de un recurso, ya había sido condenado a varios años
de cárcel y tenía otros procesos judiciales pendientes por temas de corrupción.
Por cierto, hablando de corrupción, siguen apareciendo detalles acerca del
encarcelamiento de Ángel Villar, sobre el que el Consejo Superior de Deportes
impulsa su inhabilitación, mientras el juez decreta prisión sin fianza para él,
para su mano derecha y para su hijo Gorka, por crear una red “corrupta” en la
Federación; en efecto, parece ser que Villar infló en más de 50 millones de
euros las cuentas de la Federación de Fútbol y la auditoría del CSD denuncia
que ocultó el destino de 14´6 millones en subvenciones y escondió otros 5´8
millones procedentes de ayudas de organismos internacionales; que
Anticorrupción investiga a más de 20 empresas por la “trama Vllar”; que
presuntamente impulsó con Ignacio González una universidad para su “red
clientelar”, en la que Cortés Elvira, ex Secretario de Estado para el Deporte
con Felipe González, iba a ser el rector del Campus, para el que en 2013 se
detrajeron doce millones de euros de la Federación de Fútbol; y que, por otro
lado, maquilló pérdidas de 18 millones 15 días antes de ser detenido al
modificar las cuentas que iba a presentar en la Asamblea….los “pinchazos”
telefónicos durante la investigación son meridianamente claros: “te tendrás que
gastar 10 o 15 millones más” dice Gorka a su padre para asegurarse el poder en
la Federación, mostrando que el hijo del Presidente marcaba los pasos para
comprar favores en las elecciones de la RFEF, con frases como “deja de
confundir lealtad con incapacidad…te meto tal cosa o te jubilo de puta madre”,
o la de Clemente al Vicepresidente Padrón: “son votos comprados…decir amén,
amén, amén…por llevarse unos dineros”. En fin, sin comentarios, corrupción en
estado puro.
Y,
siguiendo con la corrupción, mientras el Congreso dictamina que el PP montó una
policía política ya que el informe de la comisión parlamentaria concluye que se
utilizó al Cuerpo para obstaculizar investigaciones y perseguir adversarios (lo
que de estar probado debiera suponer una denuncia judicial en toda regla), la
Guardia Civil, por su parte, busca pruebas del 3% en la Generalitat y en el
Parlament de Catalunya. Como ven la Justicia no se detiene ante las
instituciones tomadas por el nacionalismo y, a pesar de que el Govern de
Puigdemont se inventa una falsa resistencia a la orden judicial, entra en la
Generalitat y en el Parlament en busca de pruebas sobre la trama corrupta del
3% que, en su día, hiciera pública Maragall en un arrebato de honradez,
reculando después sin más explicaciones, requiriendo la agenda del ex Consejero
Gordó, hombre fuerte de Artur Mas, aunque el portavoz del Govern ordenara que
no se permitiera entrar a los agentes. Para concluir el capítulo de las
corruptelas, según dos testigos, la Comunidad de Madrid eliminó datos clave del
“número tres” de Cifuentes, Jaime González Taboada, relacionados con el “caso
Púnica”.
En
cuanto se refiere a otros asuntos, cabe citar que la exhumación de Dalí a causa
de una reclamación de paternidad desata en Figueras una insólita expectación;
que la Audiencia prohíbe a una yihadista el uso del velo en la cárcel; que las
víctimas de violencia de género podrán cobrar seis meses de subsidio de
desempleo tras un pacto de Estado al respecto; que la Audiencia dice que
prohibir el autobús de Hazte Oír fue “ideocrático” y, por tanto, podrá circular
al igual que el “Tramabús” de Podemos; que Florentino Pérez busca socios con
6.000 millones para lanzarse sobre Abertis; y que unas setenta personas
procedentes de Siria, llegadas a través de Melilla, comienzan a ser trasladadas
a un centro de Guadalajara tras diez días durmiendo en un parque de Madrid.
Y
en asuntos del exterior cabe citar que tres palestinos mueren en varios choques
en Jerusalén, un baño de sangre en la vuelta de los “viernes de la ira”; que
Dudamel se suma a la lista de artistas por la democracia en Venezuela, mientras
un comandante de Maduro, ante la huelga de la oposición, manifiesta que “vamos
a dar un golpe duro a las ratas”; que dimite el portavoz de la Casa Blanca tras
seis meses en el cargo y Trump encarga a un financiero la estrategia de
comunicación, una nueva crisis en el Gobierno de Trump que ya suma una dimisión
por mes mientras se acentúa la polarización de la sociedad; y que, mientras la
UE urge a Reino Unido a que ponga un precio al “Brexit” y advierte a Polonia
por su clara deriva autoritaria, por lo que la Comisión amenaza con suspender
el voto a Varsovia si se consuma el control político del sistema judicial
polaco, el BCE mantiene los estímulos a la economía pese al crecimiento, ya que
Draghi sostiene que la recuperación aún no ha llegado ni a los salarios ni a
los precios y, por tanto, demora el cambio de rumbo.
¡Ah,
y en lo que respecta al fútbol, el Chelsea ficha a Morata por unos 80 millones!
Jorge Cremades Sena
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