INDIGNACIÓN GENERALIZADA

                            La sentencia sobre “La Manada” desata una lógica indignación generalizada (según NCReport, el 87´9% de los encuestados la cree “injusta”), frustrando ampliamente las expectativas sociales al respecto, lo que se manifiesta con centenas de manifestaciones multitudinarias a lo largo y ancho de las ciudades y pueblos de España. En efecto, al margen de las razones jurídicas, que las habrá, lo cierto es que la sociedad no entiende que lo acaecido en los Sanfermines se salde por parte de los jueces con una condena de nueve años por abuso sexual al no considerar probada la violación porque requiere violencia e intimidación, cuando se esperaba que la agresión sexual era más que evidente. Y, para colmo, uno de los tres jueces, emite un voto particular, proponiendo la absolución con el argumento de que en el video se ve sexo en un “ambiente de jolgorio y regocijo” y que la víctima tenía “excitación sexual”. En definitiva, los argumentos de la sentencia para condenar a nueve años de cárcel a los cinco jóvenes sevillanos con las penas más duras por abuso, frente a los 22 años que pedía el fiscal por agresión sexual, consisten en que “no hubo intimidación” y sólo ven “una atmósfera coactiva” contra la joven violada, añadiendo que no sufrió violencia ni amenazas ya que “no hubo golpes, desgarros….fuerza eficaz”, aunque admite como hechos probados que “rodeada por cinco varones, de edades muy superiores y fuerte complexión, la denunciante sintió un intenso agobio y desasosiego, que le produjo estupor y le hizo adoptar una actitud de sometimiento y pasividad, determinándole a hacer lo que los procesados le decían que hiciera” (fin de la cita, que diría Rajoy). Sin entrar en los pormenores y las razones de la sentencia, que es recurrible obviamente y hay que acatar cuando sea firme, ni en los personales presuntos errores que pueda tener cada uno de los jueces y las pertinentes sanciones en caso de que las hubiere, lo que se pone de manifiesto es la necesidad de una reforma del vigente Código Penal Español, uno de los más garantistas del mundo, y así lo han reconocido tanto el Gobierno como los partidos políticos al anunciar que revisarán la legislación actual, mientras psicólogos y psiquiatras se unen a la ola de críticas al fallo que nos ocupa y mientras se genera una alarma ente los jueces por la “excesiva” reacción contra la sentencia, al extremo de que el Presidente del Poder Judicial (no olvidemos que en democracia existe la división de poderes) dice que las críticas políticas “comprometen gravemente” el sistema y “dañan a la Justicia”, en tanto que Fiscalía recurre el fallo. Y es que seguramente no se puede sostener el amplio margen de interpretación por parte de los jueces ante determinados presuntos delitos y las circunstancias que les rodean, como el concepto de violencia, difusamente definidas penalmente. Nada tiene que ver la sociedad actual con la de la primera sentencia firme del Supremo en 1979 en un caso de violación grupal desde que se cambió el Código Penal en el 73, imponiendo una condena de seis años y 5.000 pesetas tras probar que “la metieron en el coche a la fuerza y la llevaron a un descampado donde nadie pudiera verles; allí la violaron durante dos horas; tres de ellos la sujetaban para inmovilizarla y los otros tres llevaban a cabo excesos carnales sucesivamente”…. Los tiempos han cambiado y la sociedad, también; la necesidad de adecuar la legalidad a las reivindicaciones sociales mayoritarias actuales a la vista está…. la reforma del Código Penal es prioritaria y urgente.

              Y en pleno ambiente de crispación social por la sentencia de La Manada, el caso Cifuentes convierte a Ciudadanos en el partido más votado en Madrid, pues, según Metroscopia el PP se desploma a la tercera posición, el PSOE muestra tímidas señales de recuperación y Podemos pasaría a ser la cuarta fuerza política. Los resultados serían: Ciudadanos 32´9% de votos y 48 escaños (en 2015, 12´1% y 17); PSOE, 22´5% y 33 (25´4% y 37); PP, 17´7% y 25 (33´1% y 48); y Podemos, 15´9% y 23 (18´6% y 27). No obstante, Pedro Sánchez sostiene que “el PP no está tan mal, se le subestima como al PSOE” y que “Albert Rivera se ha “aznarizado”, está virando a la derecha y antepone su interés electoral al del conjunto de la sociedad española” y añade “tiendo la mano a Rajoy para un acuerdo sobre la sostenibilidad futura de las pensiones porque ahora sólo se garantizan dos años de dignidad”. No sabemos si Sánchez tendrá razón o no, pero sí sabemos que Ciudadanos es la preocupación principal del PP (y suponemos que del PSOE), que el Gobierno cargará el alza de las pensiones a Google, Apple o Facebook (tratará de aplicar ya este año la “tasa Google” y la recaudación de este nuevo tributo, que en 2018 será de 500 millones irá destinada a sufragar el aumento de las mismas) y que Bruselas no oculta sus dudas sobre la sostenibilidad de las cuentas con la subida prometida. Entretanto Cifuentes pierde el pulso con Rajoy y también cede la presidencia del PP madrileño (envía una carta de renuncia a Cospedal y Ángel Garrido insinúa que su ex jefa podría incluso dejar también el escaño en la Asamblea), mientras Granados dice, tras declarar en la Audiencia, que “si buscas venganza, cava dos fosas”, mientras el director del máster es imputado judicialmente y mientras el juez cita a Gallardón como investigado en el “caso Lezo” en plena crisis del PP por el “caso Cifuentes”, arguyendo que “pudo existir una sobrevaloración” de la compra de Inasa por Canal, y también cita a los antiguos consejeros Mayor Oreja y Cobo por el pago de 83 millones. Una profunda crisis del PP de Madrid que Génova tratará de contrarrestar prescindiendo de Garrido y de Cifuentes y apostando por Casado para resolverla y relanzar al partido, pues Rajoy, sin ningún margen de error más en el partido, piensa crear una gestora con el vicesecretario como hombre fuerte, promete al PP arremeter contra Ciudadanos tras aprobar los Presupuestos y tranquiliza a sus compañeros convencido de que la izquierda caerá y Ciudadanos no dará el “sorpasso”, mientras los hechos avivan la preocupación y el debate de la sucesión a sólo un año de las elecciones municipales y autonómicas.

              Por otro lado el problemón catalán, algo apagado mediáticamente por estos otros asuntos, continúa con un nuevo desafío de Torrent con un pleno para cambiar la ley e investir a Puigdemont en contra de la suspensión del Tribunal Constitucional, que aborta cualquier intento de lograrlo, aunque el separatismo pacta formar un Govern tras otro acto con el ex president, pues parece ser que JxC y ERC acuerdan reivindicar simbólicamente al prófugo de la Justicia española con el cambio de ley de la presidencia, que no prosperará, y días después apostar por un Govern viable para evitar la obligada convocatoria de nuevos comicios.

              En cuanto se refiere a otros asuntos cabe citar que el PNV se jacta de haber frenado a Rivera con su apoyo a los Presupuestos; que el ex tesorero de Ganemos es clave en las ayudas de Carmena (Fernando Sabín es fundador y socio de una red de catorce cooperativas que reciben subvenciones municipales); que la Audiencia aparta por tercer vez a un juez del “caso Gürtel” por ser afín al PP; y que el paro sube más de los previsto y baja la población activa, pues la tasa de desempleo crece dos décimas y se sitúa en el 16´74% con lo que el empleo sufre el peor arranque del año del último lustro, mientras los puestos de trabajo del sector público crecen ya el doble que en el privado (en fin, ¡lo que faltaba!).

              Y mientras la muerte del niño Alfie Evans conmociona a Reino Unido (tras una dura batalla legal entre padres y médicos fue desconectado del respirador artificial), las dos Coreas acuerdan vivir en paz y sin armas nucleares, en tanto que por primera vez un presidente norcoreano pisa suelo del sur.

Jorge Cremades Sena