LA NUEVA NORMALIDAD

                        Sánchez anuncia su “plan de desescalada” para conseguir su “nueva normalidad” a la que se llegaría tras cuatro fases comprendidas entre el 4 de mayo y finales de junio; un plan establecido sin acuerdo alguno ni con la oposición ni con las CCAA, ni con los agentes sociales y económicos, por lo que, de entrada, tanto el PP como los nacionalistas se desmarcan del mismo en medio de bastantes críticas por parte de los demás agentes. El anunciado plan, decidido unilateralmente por el Gobierno, se aplicará por provincias e islas a distinto ritmo, con lo que cada demarcación irá avanzando (o no) para superar cada fase y poder pasar a la siguiente, siempre que consiga una serie de criterios establecidos o parámetros como, entre otros, camas libres de UCI, tasa de contagios, etc etc. Así, cada una de las fases de dos semanas de duración, tendrá un nivel y posibilitará el alcance de un disfrute diferente dentro del confinamiento. En líneas generales para la primera fase, o fase 0, que abarcará del 4 al 10 de mayo, se permitirá, entre otras cosas, paseos, peluquerías con cita y bares con comida para llevar; para la fase 1, del 11 al 24 de mayo, apertura de terrazas e iglesias con aforo limitado a un tercio del normal; para la fase 2, del 25 de mayo al 7 de junio, centros comerciales, teatros y futbol a puerta cerrada; y para la fase 3, del 8 al 21 de junio, playas, discotecas y transporte público al 100%. Un plan, en definitiva, impreciso e inconcreto, que más bien parece una declaración de intenciones, una especie de borrador, aceptable desde el punto de vista teórico pero que, en la práctica, deja demasiadas incertidumbres, preocupaciones y contradicciones desde el inicio, entre ellas que, salvo cuatro islas (Formentera, Hierro, Gomera y La Graciosa), que superan los parámetros de la fase cero e iniciarán el itinerario desde la fase uno, todo el resto de territorios inicie el plan de desescalada desde el nivel cero cuando hay lugares que, como dichas islas, cuentan con idéntico nivel para iniciarlo desde el nivel uno, y cuando incluso hay siete CCAA (Extremadura, Murcia, Valencia, Canarias, Andalucía, Asturias y Baleares) que ya reúnen las condiciones para iniciar el desconfinamiento desde la fase uno, pero se ven obligadas a iniciarlo desde el mismo nivel cero que las restantes, cuando algunas de éstas (especialmente Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha o Castilla-León) incumplen los parámetros incluso para iniciar la fase cero, si nos atenemos a la tasa actual de letalidad o de infección. Otros asuntos del plan en discusión son la demarcación provincial (el Gobierno hasta se abre ya a cambiar las provincias por áreas sanitarias), la limitación de la movilidad a la provincia hasta la última fase o el timorato proceso establecido para reactivar la economía con condiciones insuficientes e inviables para lograr tan necesario objetivo. Todo ello cuando se tiene la sensación de que, al no haberse hecho los deberes en tiempo y forma, se pretende ahora cargar las tintas en evitar, como sea y al precio que sea, un rebrote de la infección, cuando, siendo este objetivo muy importante, lo esencial y lo que hay que garantizar es que, en caso de que surja un rebrote (siempre posible salvo que toda la población estuviera confinada eternamente y aislada en sus casas), se cuente con los medios suficientes para controlarlo y erradicarlo lo antes posible, lo que requiere, entre otras cosas un previo y concienzudo estudio de la situación de la pandemia, que, lamentablemente, no se ha hecho en España, entre otras cosas por la escasez de test (y otros materiales sanitarios), admitiendo por fin el Gobierno que ha hecho menos test de los que dice al dar Sanidad, por vez primera, datos precisos al respecto (pese a que Illa habló de 47.000 PCR diarias, en diez días habrían aumentado sólo en 100.000), mientras a la OCDE se daba un dato inflado (incluyendo todo tipo de test y no sólo los PCR), con lo que situaba a España entre los mejores países, el octavo, para, resuelto, el entuerto, tener que bajarla al lugar decimoséptimo. Al final, el necesario estudio serológico para marcar la desescalada es totalmente irreal, pues, aunque Sanidad empieza ahora a poner los test en marcha para 90.000 personas, sus conclusiones, previstas para junio, no serán relevantes al no haberse hecho suficientes diagnósticos al principio.

            La realidad es que con 212.917 infectados, 24.275 fallecidos y 108.947 altas hospitalarias, España inicia un “plan de desescalada” que genera inquietud en el mundo empresarial (industria, hoteles, hostelería, inmobiliarias y grandes almacenes temen que sea insuficiente para la reactivación económica), mientras nacionalistas y el PP, junto a otros partidos de la oposición, dejan en el aire o niegan su apoyo a una nueva prórroga de la alarma, que pretende Sánchez, acusándole de apostar por “un estado de tutela permanente”, y mientras Pymes y autónomos ven inviable el plan (el sector hostelero calcula que más del 30% de los negocios no podrán abrir sus puertas; la patronal del turismo afirma que sin movilidad entre provincias hasta el final del plan de desescalada no habrá hoteles; y espectáculos, salas de música, teatros y bares creen que con el aforo limitado a un tercio no podrán funcionar, sencillamente porque no es rentable). Una desescalada sin calendario y en continuo estado de alarma desde mayo hasta, como pronto, finales de junio, con la que Sánchez busca imponer su “nueva normalidad” ignorando a las CCAA (primero decide y luego las convoca para informarlas, en vez de hacer lo contrario) y sin someterlo al Congreso de los Diputados, como, entre otros, acaba de hacer Francia, por lo que sólo el Gobierno decidirá sobre la apertura escalonada de comercios, los desplazamientos entre provincias o la vuelta al deporte o al colegio, que en principio será en septiembre con el nuevo curso escolar, salvo para clases de refuerzo y guardería para padres que trabajan. Entretanto Sánchez constata su soledad, con críticas de sus socios y de la oposición, mientras los juristas cuestionan las sucesivas prórrogas del estado de alarma, que limita derechos, en tanto que Rufián sentencia al Presidente preguntándole amenazadoramente “¿le importa la Legislatura?”, aunque Casado mantendrá el “sí” a las medidas de excepción por las víctimas. Por su parte, Rafael Matesanz, fundador de la Organización Nacional de Trasplantes, manifiesta que “se han parapetado en los técnicos para tomar decisiones políticas”, que “antes del 8-M había indicios más que sobrados para tomarse en serio el peligro” y que “los expertos escogidos para gestionar la crisis sanitaria no han estado acertados”. Por su parte, el socialista García-Page sostiene que “Iglesias es listo, se queda la parte positiva, pero no le saldrá bien”, que “sólo saldremos de ésta si el PSOE piensa exclusivamente en España”, que “Sánchez debe buscar el máximo consenso, es una crisis sin ideología” y que “cientos de miles de madrileños han podido traer la enfermedad a Castilla La Mancha; pero no quiero estigmas, todos somos españoles”.

            Y en este espacio de incertidumbres, cabría destacar también que Illa estudia fijar turnos en las salidas a la calle para evitar aglomeraciones; que se investiga la compra de mascarillas “fake” a un intermediario del PSOE balear; que pierde peso el Comité que preside Teresa Ribera; que los súper chinos de Madrid se adelantan a la “nueva normalidad” con control de temperatura; que empresas nacionales exportan test PCR porque no se los compra España; que muchos juristas creen “disparatado” gobernar con órdenes en el BOE de Illa y piden volver ya a la normalidad legislativa, alertando de que “es un Estado de excepción encubierto”; que España no prevé una apertura de las fronteras hasta octubre, con lo que estaremos sin turismo extranjero; y que hay un verdadero colapso en las ayudas del Gobierno, pues un millón de afectados por ERTEs y despidos no podrán cobrar las ayudas gubernamentales en mayo por la saturación del Servicio Público de Empleo Estatal ante la avalancha de casos. Y como las condiciones concretas y precisas para la escalada de fases son imprecisas e incluso inexistentes, el Gobierno acompañará el tránsito de una a otra con una especie de manual de instrucciones para saber cada quien a qué atenerse y en qué estadio está.

            Por lo que se refiere a la economía, la pandemia provoca el peor trimestre para el empleo desde 2013, mientras el Gobierno aparca el plan para reclutar personal sanitario extranjero. En efecto, 848.000 empleos suspendidos tras los 15 primeros días de crisis (285.000 perdidos y otros 562.900 afectados por un ERTE), mientras, según Moody´s, España necesitará un rescate y ayudas europeas de 150.000 millones, esperando que el Gobierno pida dicho rescate para pagar la deuda. Sólo en Sanidad y residencias hay más de 37.000 despedidos, mientras Amazon, el gigante del comercio en Internet, se convierte en el gran empleador, siendo la tabla de salvación para quienes, habiendo perdido su empleo, ahora se convierten en repartidores. Entretanto el Gobierno busca un mayor control de la Justicia en plena crisis económica y en pleno estado de alarma, utilizando el colapso de los juzgados para intervenir por decreto en el Poder Judicial, de espaldas a la oposición y a jueces, fiscales, abogados y funcionarios. Por su parte el Rey, que ya ve “luz verde al final del túnel” y dice que “no nos podemos relajar y hay que ser muy prudentes en la fase en la que estamos” e implica a destacadas personalidades de la cultura, la ciencia, el deporte y la empresa para establecer un plan con el que recuperar la confianza internacional en la capacidad de España para superar la crisis, convirtiéndolos en una especie de “embajadores” con el objetivo fundamental de reflotar la imagen de España en el exterior.

            Respecto a otros asuntos cabe citar que Canarias y Baleares, como otras zonas turísticas, están en alarma por el hundimiento del turismo; que el Gobierno se dispone a evitar la asfixia de Iberia con créditos blandos y España consensuará con Alemania y Francia una solución para las aerolíneas; que la Liga de Futbol iniciará los test masivos a futbolistas el próximo martes y espera volver a mediados de junio para acabar la competición; y que ya son casi 21 millones de españoles quienes cobrarán del Estado, con lo que más del 40% de los españoles vivirá del erario público tras el confinamiento, pues sólo un tercio de la población dispondrá de un empleo remunerado.

            Y del exterior, destacar que Ángela Merkel, verdadero “anticuerpo” político contra el coronavirus, combina su lado más humano con una política de hierro ante la crisis; que los desbordados servicios funerarios en EEUU ofrecen en Nueva York ataúdes de cartón en vez de madera, para acelerar el proceso de incineración; que se desata cierta alerta pediátrica por la aparición de cuadros clínicos graves en niños detectados por pediatras en varios países europeos; que Francia comienza su desconfinamiento el 11 de mayo y hará 700.000 test a la semana; que las muertes se disparan en Reino Unido y ya superan a las de España; y que China da por vencida la crisis y convoca a 3.000 delegados a su asamblea política.

Jorge Cremades Sena