RENTA MÍNIMA VITAL

                        Sin lugar a dudas se ha generado una polémica acerca de la pretendida renta mínima vital, que propone el Gobierno de coalición, polémica no sólo dentro de los propios miembros del Ejecutivo sino en el resto de opciones políticas y sectores sociales. Y no es para menos, pues un somero cálculo económico de la medida, que no es coyuntural o circunstancial sino que viene para quedarse, nos llevaría a un compromiso de gasto mínimo anual de unos 5.500 millones de euros en plena crisis económico-social y sanitaria, por lo que habría que ver cómo se afronta en circunstancias de clara recesión económica y laboral que se avecina. No es pues baladí la polémica generada, dentro del Ejecutivo como en el resto de fuerzas políticas y sociales, sobre la aplicación de esta medida, necesaria por otra parte, pues no se trata de un debate entre buenos, que quieren dotar a todo el mundo de condiciones dignas de supervivencia, y malos, que pretenden matar de hambre a los sectores más desfavorecidos. Ni se trata de vender la medida como una novedad, un antes y un después desde la nada al todo, en la protección de los sectores más desprotegidos ya que en la actualidad, tanto las CCAA como los Ayuntamientos, ya destinan buena parte de sus recursos a tan noble objetivo social, como no podía ser de otra forma en una sociedad avanzada como la nuestra. Se trata por tanto de generalizar y homogeneizar a nivel de Estado una urgente necesidad; de coordinarla con los territorios para que sea lo más homogénea posible y no surjan desajustes indeseables; de estudiar una serie de situaciones familiares y de cuantías suficientes de renta mínima para que no sirvan de acicate a un rechazo de un mercado laboral precario con rentas más bien escasas, temporales y a tiempo parcial en un contexto crónico de economía sumergida en nuestro país; y, en definitiva, de buscar pactos con las autonomías y municipios para completar sus rentas de inserción y absolver progresivamente los subsidios no contributivos actuales articulando la ayuda a través de las familias, de las que ya se definen hasta doce tipos distintos, con el objetivo de optimizar los recursos, siempre escasos, evitando duplicidades y picarescas que serían contraproducentes para el objetivo que se pretende. Y todo ello no se consigue de la noche a la mañana, requiere tiempo, pues no es cuestión de hacerlo rápido y mal, como pretende el populista Pablo Iglesias, sino adecuadamente y bien, como quiere el socialista Escrivá, pues, no en vano, la medida estaba prevista para ser aplicada y estudiada concienzudamente a lo largo de la legislatura y ahora no se puede, ni se debe improvisar ni tomarla precipitadamente, aprovechando la tragedia provocada por la crisis del coronavirus. No en vano, el ministro Escrivá, frente a lo que sostiene Iglesias, cree que faltan “flecos”, mientras Iglesias intenta a toda costa imponer una medida, que no es coyuntural sino permanente, al margen de otras consideraciones, entre ellas la viabilidad de la misma una vez pasada la tormenta. No en vano los ministros económicos socialistas intentan frenar la presión de los populistas y sus contubernios con el Presidente Sánchez, al extremo de que Escrivá, tiene que enterarse por la prensa, como él mismo ha dicho, de que el Vicepresidente comunista ya había cerrado con Sánchez acelerar la medida, mientras el Gobierno renuncia a presentar los Presupuestos ante la falta de apoyos para sacarlos adelante (todavía estamos con los Presupuestos de Rajoy). Por tanto, renta mínima vital sí, pero acompañada de una memoria económica y un estudio adecuado que la haga viable; no una chapuza más que finalmente, como tantas otras de marcado carácter electoral y populista, frustre las expectativas de la mayoría de los ciudadanos.

            Y en este enrarecido ambiente, cuando se prevé que la reactivación económica no llegará hasta finales de año en el mejor de los casos (turismo y ocio no se reactivarán hasta entonces) y cuando casi 920.000 autónomos comienzan a recibir la prestación extraordinaria en pleno atasco burocrático en el desarrollo de los ERTEs, el Gobierno social-comunista de Sánchez da la espalda a las empresas con ayudas seis veces menores que las de Alemania y la mitad que las de Francia con gobiernos conservadores y liberales. Entretanto Sánchez convoca a las fuerzas políticas de la oposición y de la coalición gubernamental a un gran pacto para salir de la galopante crisis económico-social y política que se vecina, a lo que, con mayores o menores reticencias y matices, todos han dicho “sí” salvo Vox y la CUP que se niegan a cualquier diálogo con el Ejecutivo. De un lado los independentistas pretenden retomar cuanto antes la mesa de diálogo para la negociación secesionista, de otro lado Arrimadas, aunque critica la inconcreción del pacto que pretende el Presidente y se indigna porque no le propuso nada en los cuarenta minutos de reunión por videoconferencia, se presta a una colaboración en esa “mesa de reconstrucción” o foro de partidos que propone el Jefe del Ejecutivo. Y a la espera de lo que resulte de la reunión de hoy entre Sánchez y Casado por videoconferencia, aplazada por las reticencias del líder popular al no haber sido convocado en tiempo y forma por el Presidente, el líder de la oposición, clave indiscutible para cualquier acuerdo futuro solvente, adelanta que apoyará a Sánchez “sólo para salvar vidas, no para arruinar España”, mientras los “barones” defienden que intente el gran pacto y, aunque desconfían de Sánchez, entienden que su líder debe llevar una alternativa, en tanto que Moncloa busca apoyo a los Presupuestos y diálogo en Sanidad y Educación. En efecto, a pocas horas de la videoconferencia Sánchez-Casado, el líder del PP manifiesta: “el presidente pretende ganar tiempo a costa de repartir errores entre todos”, “si quiere hablar con todos los grupos hagámoslo en el Congreso, no en una Mesa” y confiesa ante el Ibex que “Sánchez quiere lo de Zapatero en 2010 y le diré que no” ya que sólo busca compartir la responsabilidad de los ajustes, rechazando sentarse en una “mesa” con ERC y Bildu, aunque se muestra abierto a cerrar acuerdos económicos y sociales con el Presidente, pero no darle un “cheque en blanco”; y mientras empresarios y ex políticos trasladan a Ferraz y a Génova la necesidad de que se cierre un acuerdo para hacer frente a la crisis, Casado incluso sale al paso de las lógicas críticas por saltarse el confinamiento el ex Presidente Rajoy para hacer deporte y añade “desconozco dónde iba Rajoy, sí he visto a Sánchez e Iglesias saltarse la cuarentena”. Todo ello cuando, según SigmaDos, se refuerza el bipartidismo y castiga a Vox y Podemos, pues el PSOE obtendría hoy un 31´7% de los votos, 3´7 puntos más que el 10-N; el PP un 25´4%, 4´6 puntos más; Vox un 11´9%, 3´2 puntos menos; UPodemos un 11´5%, 1´3 puntos menos; y Ciudadanos un 5´4%, 1´4 puntos menos…… ya ven, demoscópicamente las espadas siguen en alto y muy igualadas entre la izquierda y la derecha.

            Entretanto la pandemia y su gestión sigue su curso en plena polémica por el recuento de los fallecidos, cuando ya son 191.726 los infectados en España, 20.453 los fallecidos y 77.357 las altas médicas, mientras los expertos desconocen por cuanto tiempo está a salvo quien ha superado la infección. En efecto, son miles de muertos y están mal contados mientras Cataluña se suma a Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura, gobernadas por opciones políticas distintas, para exigir a Sanidad que modifique el método de conteo de los fallecidos en domicilios y residencias de ancianos (las CCAA suman 11.300 muertos en residencias sin comprobar las causas y Sanidad no contabiliza a quienes fallecen sin haberle hecho un test PCR) en tanto que el Presidente de la Sociedad de Geriatría avisa de que “vamos a ver un repunte en los centros cuando lleguen los test; nos han despistado los antecedentes y se ha actuado tarde”. En fin, un caos de datos que siembra dudas sobre el fin del confinamiento, mientras Sanidad afirma que necesita “una mayor calidad” de las cifras para organizar la vuelta a las calles e insiste en contabilizar sólo casos confirmados de infectados y fallecidos pese a la escasez de test, cuando la generalización de los mismos es pieza clave para intentar garantizar el fin progresivo del confinamiento más o menos de forma solvente para evitar el regreso de un nuevo repunte de la pandemia; al final, Sanidad establece un nuevo método de recuento después de 34 días y dicta una orden para garantizar las mascarillas (otro elemento clave de cara a la vuelta a las calles) cinco semanas después del estado de alarma, en tanto que las CCAA proponen diecisiete maneras para llevar a cabo la desescalada, que se aproxima, y en la conferencia de presidentes varios líderes exigen decidir ellos cómo dirigir el desconfinamiento, que Sánchez considera que ha de hacerse por territorios y de forma asimétrica. No obstante, Sánchez comparece en “prime time” para anunciar la petición de una nueva prórroga de la alarma hasta el 9 de mayo, aunque elude concretar ningún itinerario sobre el confinamiento, pero dice que los niños podrán salir “un rato” desde el 27 de abril (España confina aún a los niños al 100%) y que la desescalada se hará por zonas, “según criterios técnicos”, aunque sin aclarar cómo (varios países ya han suavizado el encierro y el resto ha precisado cómo lo hará). Entretanto cabe añadir que Renault reanuda la producción de cajas de cambio en su fábrica de Sevilla tras aplicar un ERTE y lo hace con medidas de seguridad como la toma de temperatura al entrar en cada turno de trabajo; que Sanidad de Madrid cree que los niños no deben salir aún a la calle; que Torra busca reforzar el independentismo durante la crisis, por lo que el Govern impulsa sus propias medidas frente a las del Ejecutivo; que Más Madrid ofrece apoyo total a Almeida y por boca de Rita Maestre invoca un pacto de la Cibeles para hacer frente al coronavirus en Madrid; que, según encuesta de 40dB, un 59% de los españoles apoya un confinamiento más estricto aún; que la atención primaria será una pieza clave para controlar los contagios; que el Gobierno mantiene el IVA de las mascarillas en el 21% pese a ser de primera necesidad; que, según Fernández Vara, presidente de Extremadura, “esta crisis se llevará por delante a toda la clase política de España” y “habrá un antes y un después en el turismo”; y que Sanidad cae en un nuevo “timo” y retira miles de mascarillas “fake”, mientras el Gobierno considera “proveedor de confianza” a la empresa que le vendió las mascarillas defectuosas, generando indignación entre los profesionales (entregó 350.000 unidades defectuosas en Madrid, Cataluña o Andalucía con un nivel de penetración de material filtrante cinco veces por encima del recomendado). ¡Ah, y parece ser que en la videoconferencia Sánchez-Casado, que acaba de terminar, ambos han sentado las bases para esa mesa de reconstrucción!

            Y mientras cuatro CCAA se descuelgan del plan educativo del Gobierno (la orden ministerial para que casi todos los alumnos pasen de curso no se aplicará en Madrid, Castilla y León, Andalucía y País Vasco, en tanto que Murcia lo acatará aunque no suscribe el documento y Cataluña anuncia que prepara su propio decreto), lo que preocupa a profesores y alumnos, mete la pata el General y Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil José Santiago, al manifestar que “trabajamos para minimizar el clima contrario al Gobierno”, provocando una tormenta política en pleno debate sobre la restricción de la libertad de expresión en España…..y mientras Interior, por boca de Marlaska, dice que ha sido un “lapsus” del General, la oposición pide a Sánchez que aclare si pidió a Interior perseguir las críticas, pues PP, Ciudadanos y Vox le exigen que dé explicaciones urgentes, y los populares piden la comparecencia en sede parlamentaria del Ministro así como que el Presidente del Gobierno aclare “si ha ordenado a los Cuerpos de Seguridad coartar la libertad de expresión de los ciudadanos para tapar sus errores”, mientras una serie de juristas avisan de que “el peor virus es la censura”.

            Por lo que respecta al exterior cabe citar que la economía China retrocede por primera vez desde 1976; que la gestión de la crisis acaba con el periodo de gracia de Boris Johnson, arreciando las críticas a su Ejecutivo; que el trumpismo contra el confinamiento es alentado por el propio Trump; que Von der Leyen pide perdón a Italia por el abandono de la UE al reconocer la presidenta de la Comisión Europea que los socios “no estuvieron ahí cuando el país necesitaba una mano tendida”; que España propone un gran fondo de deuda perpetua de la UE, por lo que el Gobierno planteará en la cumbre del jueves transferencia de hasta 1´5 billones, una propuesta ambiciosa pero negociable con Merkel; y que Alemania anuncia que ha controlado el brote y ofrece ayuda a España, mientras aumenta la desconfianza mundial hacia China tras reconocer un 50% más de fallecimientos, mientras un informe afirma que Hong Kong evitó el colapso sanitario y económico por su gestión de la crisis.

Jorge Cremades Sena